El verdadero significado de gobernar

 

Gobernar puede ser considerada como la actividad más noble y hermosa entre todas las que existen. En el alma de tan necesaria gesta está recogida la posibilidad de decidir sobre la felicidad de otros, de escoger si los gobernados pueden o no materializar sus sueños e ideales. En gracia de semejantes posibilidades, quien gobierna es en general visto como una esperanza, como aquel que puede sacarnos de la angustia para llevarnos por el camino de la tranquilidad.

La libertad y la justicia se han convertido en nuestro más preciado logro con el correr de los siglos. Un conjunto de aberraciones a lo largo de la historia de la humanidad se ha encargado de conducirnos a semejante conclusión. Por lo tanto, al gobernante le es entregada la custodia y protección de los principios más valiosos para el ser humano, por encima incluso de la vida y la familia. No existe en el mundo ninguna clase de oficio al que se le otorgue semejante potestad y sobre el cuál se consoliden todos nuestros deseos más profundos.

En atención a semejante voto de confianza, las personas esperan algunas cosas del gobernante, se trata de aspectos que pueden parecer menores pero que en realidad son determinantes. En primera instancia, pretenden que gobierne para todos, que preserve con el mismo ahínco y decisión la libertad de cada uno de los gobernados, que asegure decisiones justas sin reparo alguno en credo, raza, ideología, nivel socioeconómico etc.

En segunda instancia, buscan que respete sus realidades, que entienda que todos ellos están intentando construir una familia, solucionar las necesidades más inmediatas, atender los problemas cotidianos, en general, teniendo en cuenta que sus vidas son suficientemente complicadas, pretenden que no se les moleste y no se le sumen a su ya retadora existencia nuevas complejidades.

En tercera instancia, esperan estar seguros de que lo que necesitan para existir de forma decorosa, estará a su entera disposición siempre y sin restricciones. En general, buscan que toda la cotidianidad externa a su hogar permanezca  suficientemente dotada y correctamente mantenida.

En cuarta instancia, tienen la esperanza de que su entorno y realidad resultarán tranquilos y certeros, que los días no supondrán sorpresas desagradables  causantes de situaciones de angustia y desconsuelo para ellos y todos los que quieren.

En quinta instancia, desean que nadie, bajo ninguna circunstancia, experimente o improvise al tomar decisiones. Sueñan con que el gobernante entienda el valor de la increíble responsabilidad que le ha sido asignada y que por tanto, haga todo con máxima preparación, respeto y cuidado.

En sexta instancia, suponen que cuidará con esmero los recursos que cada hogar le transfiere en medio del esfuerzo y sudor de la frente. Que valorará el hecho de que hasta la persona más humilde, utilizará parte de la remuneración producto de su esforzado trabajo, para financiar la producción de bienes y servicios públicos, no obstante los podrían gastar en proporcionarse una mejor casa o una mejor educación para sus hijos.

En última instancia, aguardan a que el gobernante tenga la grandeza de aceptar con humildad que sus propias expectativas y deseos están enteramente supeditadas a las aspiraciones de los gobernados, que en medio de la más decidida gallardía mantenga por encima de los intereses de todo el gobierno, la absoluta prevalencia y soberanía de quienes pusieron en él sus ilusiones, lo hayan o no elegido.

Por lo tanto, el arte de gobernar está centrado en reconocer y aceptar como un credo todo lo anterior y en buscar a toda costa la felicidad presente y futura de todos los gobernados. En construir un entorno propicio para que cada individuo pueda materializar sus expectativas cualquiera que estás sean.

Sin duda, un resultado de estas características exige un manejo magistral de la economía, manteniendo a toda costa su estabilidad y capacidad para crear bienestar. Esto quiere decir, que mediante la conjugación de decisiones tributarias, fiscales, legales rigurosas y sobre todo responsables, se procurará el crecimiento de los ingresos y la riqueza de todos los hogares e individuos. Ahora, estas decisiones deben ser sostenibles de manera que para mejorar el presenten no se comprometa el futuro.

Por supuesto, en línea con todo lo mencionado, todo buen gobernante tiene claro hacia donde debe y puede moverse la sociedad, pero más que eso, tiene clara la manera de hacerlo de forma inteligente y cuidadosa evitando a toda costa dar saltos al vacío. Esto implica que debe ser un buen estratega capaz de plantear una estrategia sólida que encamine a los gobernados hacia la creación indiscutible de todas las condiciones necesarias para mejorar su felicidad.

En el mismo sentido, quien espere gobernar exitosamente debe dominar profundamente el arte de la gerencia. En la esencia del gobernante está la necesidad de movilizar y articular infinidad de recursos y capacidades tanto públicas como privadas para lograr los objetivos necesarios para materializar la estrategia. Este resultado únicamente se logrará si se comprende realmente la mejor forma de organizar tales recursos, capacidades y gestionarlos para que su combinación e interacción sea la mejor entre todas las posibles.

Por supuesto, todo buen gobernante debe ser un buen líder, está condición implica que entienda de forma precisa cómo motivar y persuadir a todos aquellos que deben intervenir en el logro de los objetivos, para que se comprometan con ellos y verdaderamente los alcancen. Naturalmente su liderazgo esta mediado por la orientación a  resultados y el logro, a la materialización de metas concretas antes que la acostumbrada venta de humo y promesas. Por supuesto, no se trata de un liderazgo autoritario centrado en obligar y prohibir sino más bien en motivar y facilitar.

La historia es la encargada de catalogar a los gobernantes, de definir sus bondades y desaciertos, de determinar si fueron lo suficientemente inteligentes y humildes para reconocer la magnitud de la oportunidad que la sociedad les ha dado y aprovecharla con sabiduría. Por lo tanto, nos ha dicho y nos seguirá diciendo, quiénes verdaderamente comprenden estos principios y por tanto entienden lo que es realmente gobernar. 

 

 Versión en audio

 

 

 

No necesitamos gobernantes que nos digan “quédate en casa”

No necesitamos gobernantes que nos digan “quédate en casa”, necesitamos gobernantes ágiles, eficaces que se encarguen de preparar  todo el entorno productivo, de interacción social y por supuesto, de servicios de salud; para garantizar nuestra libertad y al mismo tiempo mantener controladas las tasas de mortalidad y morbilidad del COVID-19. 

No necesitamos gobernantes que nos digan mediante medidas de “pico y placa” a qué hora y qué día podemos movilizarnos y de qué manera debemos hacerlo, necesitamos gobernantes capaces de construir y poner en operación oportunamente infraestructura de movilidad, así como sistemas de transporte eficientes y de alta calidad, capaces de disponer todo el entorno jurídico y económico para facilitar, además,  el acceso a tecnologías más limpias de transporte que garanticen nuestra salud y bienestar.

No necesitamos gobernantes que nos digan a qué velocidad debemos movernos y que nos persigan mediante policías y cámaras para castigarnos cada vez que desobedezcamos su mandato, necesitamos gobernantes capaces de proporcionarnos infraestructura y entornos de movilidad seguros por los que podamos transportarnos con completa libertad y tranquilidad preservando nuestras vidas y las de los demás.

No necesitamos gobernantes que nos digan qué substancias podemos o no consumir, necesitamos gobernantes que proporcionen las condiciones necesarias para construir un entorno de capital social robusto, que aseguren un consumo responsable e informado. 

No necesitamos gobernantes que nos digan si podemos o no llevar a un acompañante en una motocicleta, queremos gobernantes capaces de identificar y desarticular las estructuras ilegales que utilizan éste tipo de vehículos para hacer sus fechorías. 

No queremos gobernantes que nos digan si podemos o no utilizar una aplicación como Uber que nos facilita la vida, queremos gobernantes que generen todos los incentivos para que nuevas iniciativas de estas características, sean eficazmente involucradas en un proceso de transformación real, al interior de industrias que en la actualidad no funcionan bien. 

A lo largo de nuestra historia, hemos dado forma a instituciones basadas en el autoritarismo, cuyo principal fundamento es controlar el comportamiento de una sociedad ignorante que no tiene plena conciencia de sus actuaciones. Desde los gobernantes Muiscas, pasando por los españoles y criollos, hasta los “doctores” de nuestros días, el papel de los gobernantes ha estado focalizado en decirle a los gobernados lo que deben hacer, abstrayéndose de la verdadera responsabilidad centrada en proporcionar de manera ágil y oportuna todos los bienes, servicios públicos y condiciones, para que la sociedad tenga el bienestar necesario y pueda materializar su felicidad. 

Como se puede apreciar en algunos de los ejemplos que encabezan este escrito, tales instituciones aún se encuentran completamente vigentes y convivimos con ellas no obstante lo negativas, anacrónicas y destructivas que pueden ser. Tal vez convenga ampliar un poco más el argumento con la ayuda de algún ejemplo. 

En la actualidad nos enfrentamos a un problema sin precedentes que los diferentes países han afrontado de formas distintas. La mayoría de ellos, incluido Colombia, no estaban preparados para un desafío de estas magnitudes, por lo tanto, el consenso internacional estableció que lo mejor era tomar una decisión extrema como el aislamiento social, con todos sus costos, a fin de hacer tiempo, poder comprender el fenómeno y prepararse para sobrellevarlo de forma eficaz. 

No obstante, dependiendo de la estructura institucional, en cada caso, de las reglas sociales que se han configurado a lo largo de la historia, algunos países de inmediato iniciaron un proceso muy claro de redistribución de recursos públicos, dirigido a proporcionar muy rápidamente los bienes y servicios necesarios para garantizar el bienestar de las personas. Cómo consecuencia de ello, paulatinamente han ido migrando hacia medidas de distanciamiento voluntario que permitan la reactivación económica y que restablezcan la libertad de las personas. 

En el caso de Colombia, muy rápidamente los gobiernos locales tomaron decisiones tan extremas como el aislamiento obligatorio e incluso toques de queda, medida comprensible dadas las debilidades del país en relación con la provisión de bienes y servicios necesarios para enfrentar efectivamente la pandemia. No obstante, luego de aproximadamente dos meses de sobrellevar tales medidas, muchos gobiernos locales siguen tan poco preparados como al principio,  además de muy cómodos decretando toques de queda, así como drásticas medidas de aislamiento obligatorio. Los costos de la actuación de estos gobernantes autoritarios son insospechados, pero pueden ser medidos en términos de muertes causadas por la pandemia, en la medida en que lo único que han logrado es retrasar la evolución de un fenómeno epidemiológico inevitable, la destrucción de empresas, la reducción de la riqueza de los hogares, el aumento de la pobreza etc. 

Es hora de desmontar estás instituciones que nos han hecho tanto daño a lo largo del tiempo y que en una situación desfavorable como la actual, nos están metiendo paulatinamente en una de las peores crisis económicas y sociales de la historia. Cómo ciudadanos, tenemos la obligación de exigir por todos los medios y de manera implacable, la preservación de nuestra libertad como uno de nuestros derechos más preciados, al tiempo que exigimos un cambio de paradigma público y desmontamos por completo los gobiernos autoritarios para convertirlos en proveedores pertinentes de bienes y servicios públicos.  

Las externalidades de la corrupción pública

Mucho se ha oído hablar de la corrupción pública pero poco se dice de los costos no evidentes de este fenómeno sobre la sociedad, por lo tanto vale la pena dedicar unos minutos a analizar sus implicaciones.

En economía se habla de externalidades, en referencia comúnmente a los efectos no compensados de una actividad de carácter privado sobre el resto de la sociedad. En caso de que la incidencia sea negativa, hablamos de costos o reducciones de bienestar y si la incidencia es positiva, hablamos de beneficios o mejoras de bienestar. En la primera situación, se afirma que quien desarrolla una actividad privada con el objetivo de mejorar su propio bienestar, le está transfiriendo costos o está mermando la felicidad de otras personas que tienen poco o nada que ver en el asunto, mientras en la segunda, le está externalizando beneficios o está mejorando la felicidad de otras personas ajenas al proyecto particular de este individuo.

El problema de las externalidades en economía es bien conocido, en general antes de emprender cualquier actividad que busca beneficios privados, los individuos, consciente o inconscientemente, desarrollan un análisis beneficio-costo dirigido a identificar los costos potenciales en que incurrirán y los beneficios que recibirán en contraprestación. Si la resta es positiva, lo más seguro es que decidan adelantar la actividad, si es negativa la evitarán. Así las cosas, cuando los costos de una actividad son asumidos por alguien más, son externalizados o sacados de la ecuación, es más probable que las personas decidan emprender una actividad que reduce de forma importante el bienestar del resto. Tal vez convenga describir un ejemplo para aclarar un poco más el concepto:

Cuando un vecino ruidoso, en un edificio de apartamentos, pretende adelantar una fiesta, durante el proceso de análisis beneficio-costo, considerará los costos del licor y los pasabocas que posiblemente se consumirán, el costo por hora de la música en vivo que animará la fiesta y potencialmente, la reposición de uno que otro implemento casero que sea destruido cuando sus comensales empiecen a elevar los niveles de alcohol en la sangre, no obstante, durante el proceso de tomar la decisión, no tendrá en cuenta los costos que le transferirá a sus vecinos, quienes con seguridad, estarán inmersos en otras actividades, la mayoría  de las cuales, se verán interrumpidas por la apoteósica fiesta que está a punto de adelantarse. No cabe duda que en el marco de un evento de estas características, quien organiza la fiesta y sus invitados experimentarán una mejora de bienestar sustancial, la cual compararán con los costos de la preparación y que dicha resta arrojará un resultado positivo, por lo que el proyecto de fiesta seguirá su rumbo sin mayores contratiempos. Otra sería la decisión si el vecino ruidoso considerara en su evaluación los costos que transfiere a los demás y que decidiera compensarlos de alguna manera por las incomodidades o que una administración responsable e interesada por el bienestar general de todos los residentes, optara por sancionarlo con una multa suficientemente alta como para compensar el malestar que está a punto de causar, en ese caso posiblemente el beneficio recibido por su escandalosa actividad no será suficiente para compensar tales costos aumentados.

En el caso de una actividad como la corrupción el análisis beneficio-costo privado es relativamente simple: modificando irregularmente, directa o indirectamente, un conjunto de decisiones, el corrupto recibirá montos de recursos públicos que utilizará para mejorar su propio bienestar y el de sus allegados, los costos evidentes en los que incurrirá tendrán que ver con la sumatoria de los montos que debe pagar para salirse con la suya, con el cuestionamiento de su integridad, las sanciones sociales, morales, legales y de toda índole, que deberá asumir por cuenta de tales decisiones. No obstante, ¿qué pasa con los costos no evidentes? ¿Qué pasa con los costos que el corrupto transfiere a los demás, no incluye en su análisis beneficio-costo y por los cuales no nos está compensando al resto de la sociedad? Hagamos un breve análisis de algunos de ellos utilizando en primera instancia un ejemplo, con la esperanza de que el lector extienda sus fundamentos a los demás escenarios públicos, teniendo en cuenta que las dinámicas en infraestructura, son similares a las de salud, educación, etc:

1.       Costos asociados a fallas en la provisión de bienes y servicios públicos: vamos a suponer que un corrupto incide en las decisiones, en lo que tiene que ver con la selección de un proponente que construirá una nueva vía, importante para la competitividad de un país entero. En este caso, son varias las formas en que transfiere costos a la sociedad que no son necesariamente evidentes. En primer instancia, El Estado que debe seleccionarlo diseña todo un show procesal dirigido a hacer más transparentes los mecanismos de selección y de dientes para afuera, intentar frenar la corrupción; esta condición hace que procesos que deberían tardar unos cuantos días terminen durando meses y que el disfrute de la vía con las respectivas implicaciones en materia de mejora en productividad, reducción de tiempos de viaje, reducción de contaminación del aire etc.,  se retrase innecesariamente.  De otro lado, considerando que el corrupto muy probablemente no va a ser el oferente más idóneo técnicamente o de lo contrario no necesitaría utilizar la corrupción como mecanismo para resultar favorecido, la sociedad va a recibir una vía de mala calidad que no va a satisfacer sus necesidades y que seguramente tendrá que reemplazar antes de lo esperado.  Así las cosas, el recibo de los anhelados bienes y servicios públicos por parte de la sociedad, puede tardarse 2 o 3 años más de lo que debería y considerando los costos del reemplazo, pueden costar el doble o el triple de lo que costarían unos de calidad razonable.

2.       Costos asociados a la complejidad y consecuente ineficiencia administrativa: de otro lado, para intentar lidiar con la mala calidad sistemática de los productos públicos entregados y el comportamiento deshonesto de sus servidores, la organización pública que contrata las vías, debe tener en su interior ejércitos de personas encargadas de adelantar cada uno de los dispendiosos pasos necesarios, para llevar a cabo la selección de los oferentes. En sus huestes contará con infinidad de abogados que se dediquen a elaborar términos de referencia y contratos  excesivamente complejos, multitud de contratistas que adelanten los procesos de supervisión e interventoría, hasta el punto de que su tamaño puede terminar siendo 4 veces más grande del que tendría en caso de que la corrupción no existiera. Además, considerando que a pesar del tamaño de estos ejércitos el control no será efectivo, se requerirán sendas instancias externas a la entidad, de magnitudes también especialmente grandes como contralorías, procuradurías, veedurías y otras tantas, que intentarán, de dientes para afuera, reducir la corrupción, también infructuosamente.

3.       Costos asociados al pago de impuestos innecesariamente altos: no es tarea fácil financiar los recursos que desaparecen por cuenta de la corrupción, los sobrecostos de la baja pertinencia y calidad de los productos y de un aparato público innecesariamente grande. Lograrlo requerirá un flujo de ingresos fiscales suficiente, para mantener un ecosistema criminal de estas características. En contraste, en países sin corrupción, con la mitad de los recursos se podría entregar el doble o el triple de bienes y servicios públicos. Así las cosas, las implicaciones para la sociedad de tener altos niveles de corrupción, están relacionados con tener que pagar una tasa impositiva que puede ser el doble o el triple de la que pagaría si no existiera este flagelo. En este sentido, si pensamos en que los impuestos son una forma de apropiarse de parte del ingreso de las personas, que lo que gana cada uno procede de horas de trabajo cuya remuneración es usada para comprar bienes y servicios que proporcionan bienestar; la corrupción se apropia de horas de trabajo de las personas y reduce su capacidad para adquirir bienes y servicios que con seguridad mejorarían su felicidad. Eso sin mencionar que eleva los precios de los productos que dicha sociedad produce, haciéndolos menos competitivos en el panorama internacional y por lo tanto, más difíciles de vender en mercados globales, reduciendo en conjunto el ingreso total de la economía y por lo tanto su capacidad agregada para proporcionarse bienestar.

4.       Costos asociados a la conformación de delincuencia organizada pública: con el ánimo de intentar controlar entornos tan complejos como los mencionados y de garantizar en el tiempo la sostenibilidad del lucrativo negocio, los corruptos intentarán ubicar en posiciones claves a sus fichas, por lo tanto, incidirán en procesos de elección popular y nominación pública, para garantizar en el legislativo,  actores capaces de definir normas que de dientes para afuera, satisfagan a la opinión pública, pero de dientes para adentro, faciliten su accionar; en el ejecutivo actores que tomen las decisiones más convenientes para sus propios intereses, aun en contravía del bienestar de la sociedad y en la rama judicial peones que tengan la potestad de incidir durante los procesos sancionatorios, de manera que los costos dentro de su ecuación personal, resulten ser lo suficientemente pequeños como para garantizar un análisis beneficio-costo positivo.  En este caso, el resultado para la sociedad no es otro, que contar con un conjunto de normas y decisiones que la perjudican en vez de beneficiarla y un esquema de justicia completamente desigual, que trata a las personas de forma totalmente inequitativa asignándoles diferente peso en la balanza.  

5.       Costos asociados a desigualdad social y violencia: una de las formas más claras y expeditas para reducir la desigualdad, es entregando bienes y servicios públicos de alta calidad a las clases menos favorecidas, que les permitan equipararse con las que están en mejor condición, sin duda, en primer lugar, es necesaria la reducción de la iniquidad en materia de justicia. Bajo las condiciones mencionadas en los anteriores numerales, en un entorno corrupto no es posible por definición materializar ni lo uno ni lo otro, así las cosas, la corrupción extiende indefinidamente la existencia de sociedades desiguales e injustas, con evidentes conflictos de intereses entre El Estado y los ciudadanos. Mientras el primero concentra su actuación en decisiones que benefician a los pequeños grupos dominantes, los segundos incrementan su nivel de frustración en un entorno en el que no gobierna la ley, con el consecuente surgimiento de multitud de fenómenos de violencia.  Por lo tanto, las consecuencias para la sociedad no son otras que polarización y muerte. Finalmente, para intentar controlar estos fenómenos, será necesario hacer gastos mucho más altos de seguridad y defensa que los que harían Estados en los que no existe la corrupción, con el consabido aumento en los impuestos que conducen a una apropiación aún mayor por parte del Estado, del bienestar de la sociedad y la desviación de recursos de sectores de alta rentabilidad social como educación y salud, a sectores que en principio no deberían existir como los mencionados.

A manera de cierre, vale la pena mencionar, que la sanción por corrupción debería en primera instancia, reconocer una compensación consecuente a la sociedad, por todos los costos que el corrupto le externaliza y que en segunda instancia, si la sanción es lo suficientemente efectiva para que el corrupto deba involucrarla en su  análisis beneficio-costo, seguramente tendríamos mucha menos corrupción pública en nuestras sociedades que la que hoy día tenemos. 

Disponible en audio: https://anchor.fm/armando-ardila/episodes/Las-externalidades-de-la-corrupcin-pblica-e1l4mfo/Las-externalidades-de-la-corrupcin-pblica-a888913