Parece que nadie se atreve, pero en mi caso, tengo el suficiente carácter para decirlo sin tapujos: los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados están destruyendo los municipios de este país y nosotros mismos estamos ayudándoles a lograrlo. Basta con recorrerlos para darse cuenta el nivel de descuido y ruina en el que se encuentran muchos de ellos: cascos urbanos espantosamente mal planeados y mantenidos, veredas abandonadas a su suerte, salud, educación apenas aceptables y orden público casi siempre comprometido. La explicación no es otra que, o son terriblemente incompetentes o se niegan terminantemente a hacer el trabajo para el cual los contratamos.
Lo preocupante del caso es que nosotros mismos estamos ayudándoles a materializar tal destrucción, aceptando sus disculpas recurrentes y mentirosas relacionadas con complejidades que no existen, presupuestos suficientes que para ellos siempre serán escasos, desconocimiento de lo público convenientemente utilizado para materializar sus propios intereses etc., bajando preocupantemente nuestras expectativas sobre su gestión, aceptando y excusando su falta descarada de resultados y su total incapacidad para solucionar eficazmente los problemas de las personas que los eligieron.
Pero esta situación no puede continuar, de lo contrario nuestro país terminará en ruinas desde el punto de vista social y ambiental, antes de que nos demos cuenta y posiblemente ya no podamos hacer nada para corregirlo.
Tenemos que empezar a ser despiadados con ellos, exigiéndoles perfección en sus actuaciones y dejándoles claro, que quien no pueda desempeñarse de la forma esperada, no debe siquiera postularse para tal dignidad. Es necesario que acabemos con esa permisividad que está carcomiendo el bienestar propio y de nuestros seres queridos: hacen el trabajo para el cual los contratamos o los obligamos a hacerlo.
Mandemos al diablo las mentiras que justifican su incompetencia, comprendamos de una buena vez que tienen todo para hacer una gestión al menos aceptable y si no lo logran, debe ser porque atienden sus propios intereses o sencillamente no son competentes para desempeñarse en el cargo que ostentan.
Recordemos que cada ciudadano por humilde que sea, es el jefe natural de estos empleados de lo público, por lo tanto, a la menor evidencia de una mediocre gestión, pongamos el grito en el cielo, teniendo el cuidado de desoír la totalidad de las disculpas que aquellos puedan inventarse, ya que son irrelevantes para nuestros intereses.
Exijámosle además a instancias como el Departamento Nacional de Planeación, La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, que dejen de tratar a estos dignatarios territoriales como al “hijo bobo” del que no se espera nunca nada. Lo que necesitamos es que estas tres organizaciones públicas, empiecen a ser contundentes, verificando su gestión, pasando de los indicadores mentirosos e irreales a la verdad pura y dura, de suerte que si existe la más mínima evidencia de que no están siendo diligentes, aprovechen sus competencias para ser implacables con ellos.
Finalmente, abandonemos todos estos programas de orden nacional y de cooperación internacional, que buscan remplazar el trabajo que estás instancias locales se rehúsan a hacer, dejemos claro que el que no sea capaz de lograr resultados, no debe meterse a gestionar lo público. Abramos al fin los ojos y dejemos atrás está odiosa tradición de mentiras y contemplaciones que tiene nuestras regiones en el atraso y nos hunde en el desespero cada día más.
