Parece que nadie se atreve, pero en mi caso, tengo el suficiente carácter para decirlo sin tapujos: los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados están destruyendo los municipios de este país y nosotros mismos estamos ayudándoles a lograrlo. Basta con recorrerlos para darse cuenta el nivel de descuido y ruina en el que se encuentran muchos de ellos: cascos urbanos espantosamente mal planeados y mantenidos, veredas abandonadas a su suerte, salud, educación apenas aceptables y orden público casi siempre comprometido. La explicación no es otra que, o son terriblemente incompetentes o se niegan terminantemente a hacer el trabajo para el cual los contratamos.  Lo preocupante del caso es que nosotros mismos estamos ayudándoles a materializar tal destrucción, aceptando sus disculpas recurrentes y mentirosas relacionadas con complejidades que no existen, presupuestos suficientes que para ellos siempre serán escasos, desconocimiento de lo público convenientemente utilizado para materia...

El artículo 315 de nuestra constitución política asigna a los alcaldes la responsabilidad de “dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo”, por lo tanto, bien valdría la pena indagar un poco más para establecer en qué consisten tales funciones y servicios. Al respecto, la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012 definen, entre otras, dos funciones esenciales que le corresponden al municipio y que por ende son de completo resorte de los alcaldes: i.  Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, ii. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. Así las cosas, es claro que los alcaldes tienen la ineludible responsabilidad de cuidar que todo salga bien para nosotros, en dos dimensiones esenciales de nuestra cotidianidad: la salud y...