Muchos lectores recordarán una frase atribuida, al parecer erróneamente, a María Antonieta de Austria, la odiada archiduquesa decapitada durante la revolución francesa: "si no tienen pan que coman pasteles". Tal expresión ha estado asociada, durante años, a la cultura de lo público, en la cual, el ciudadano está al servicio del Estado y tiene la obligación de pagar tantos impuestos como le sean exigidos.
María Antonieta era odiada por su pueblo, en general, era vista como una gobernante totalmente desconocedora de la realidad de los gobernados, cuya única obsesión era cobrar impuestos para financiar los derroches y los suntuosos gastos a los que estaba acostumbrada. Su vida se suscribía a la burbuja de la corte, ajena a las penurias de los hogares súbditos, situación que se supone motivó la cuestionada iniciativa, de que en su interior se comieran pasteles, cuando se le informó del hambre generalizada y la carencia de pan.
Como sabemos, las instituciones europeas dieron forma al gobierno colonial en los países latinoamericanos y lo cierto, es que su esencia se ha mantenido hasta la época actual. Naturalmente, ya no tenemos monarcas como la repudiada austriaca, pero contamos con gobernantes elegidos democráticamente, que básicamente, en la actualidad, se ajustan a los mismos imaginarios y prácticas.
En el caso colombiano, tal conclusión puede corroborarse fácilmente, revisando el comportamiento de la Hacienda Pública y los denominados “expertos” tributarios. Es claro, que el principal motor de las decisiones que se han tomado a lo largo de los últimos años, es la necesidad de más recursos para incrementar el gasto público. Lo curioso, es que ese gasto adicional, básicamente se está derrochando de manera menos evidente que en las fiestas y palacios de María Antonieta, pero igual de cuestionable.
Nuestro gasto público, está plagado de programas que cuestan cientos de miles de millones de pesos y no generan ningún resultado, obras de infraestructura con notables sobrecostos, desarrollo de estudios onerosos que nadie utiliza, vinculación de huestes de talento humano que no crea ningún valor, decisiones de gerentes inexpertos que nos llevan a gastar cientos de miles de millones en iniciativas fallidas, demandas millonarias por fallas en la toma de decisiones, gastos suntuosos que en la realidad de los proyectos llamamos “elefantes blancos”, eso sin mencionar la corrupción que aporta otra, aunque menor, proporción de tal desperdicio.
De la misma manera, la justificación para ordenar el pago de más impuestos, aunque diferente y maquillada con tecnicismos, es igual de irracional a la de la gobernante francesa. El argumento general, es que los contribuyentes no pagan suficientes impuestos, cuando la realidad, es que no se tiene idea de la carga tributaria acumulada, que el hogar promedio de cada segmento de ingresos en realidad está pagando, tampoco se conoce cuál es la afectación de dichas obligaciones, sobre su poder adquisitivo y su nivel de bienestar. Mucho menos se sabe el costo para el desarrollo económico de cada nuevo tributo y el beneficio que generaría al transformarse en gasto.
Además de todo lo dicho, nuestra Hacienda Pública no es consciente de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y que, por lo tanto, la carga tributaria está concentrada en una parte muy pequeña de la población, es decir que buena parte del gasto público está soportado por una porción diminuta del total de colombianos. Tampoco tiene claro, que las decisiones en términos de imponer cualquier tipo de tributo o contribución están descentralizadas, por lo que un mismo hogar puede verse afectado por decisiones de la nación, los departamentos y los municipios.
Dado lo anterior, la realidad de los hogares colombianos que pertenecen a los percentiles superiores de ingresos, que se denominan ricos, buena parte de los cuales en realidad son de clase media; está gravada en todas sus dimensiones e interacciones cotidianas: se pagan tributos, contribuciones etc., en un día promedio al dormir pues debe comprarse una cama y sus accesorios, al bañarse pues tanto los dispositivos como los productos usados están gravados, al desayunar pues la mayoría de elementos que se requieren para preparar el desayuno tienen cargas impositivas, al comunicarse, al adquirir los derechos sobre el predio en el que se vive, al vestirse, al transportarse pues están gravados la propiedad de los vehículos, el consumo de combustibles y su mantenimiento; también se paga al almorzar, al comer algo por la noche, eso sin mencionar que se contribuye también al pagar peajes en una vía por fuera de una ciudad, al utilizar ciertos servicios públicos, al enfermarse, al viajar en avión etc. En todo caso, los recursos con los que se procura todo lo anterior, también tienen impuestos a las transacciones financieras, renta, impuesto a las ventas, industria y comercio etc.
Tales apreciaciones nos llevan a concluir que nuestra Hacienda Pública y los denominados “expertos” deben modernizarse, deben entender mejor las implicaciones de sus decisiones y recomendaciones sobre la economía y el bienestar de los hogares, deben conocer a ciencia cierta y de forma precisa, el tamaño de la sumatoria de importes que realmente pagan al Estado los colombianos, dejando de hacer comparaciones superficiales relacionadas con el nivel de ciertos impuestos y contribuciones aislados, con países que no se parecen a nosotros en términos de nivel de desigualdad, calidad del gasto y nivel de ingresos.
Que hay que reducir urgentemente el grado de derroche de los recursos públicos con los que hoy día contamos, desapareciendo las políticas, programas y proyectos que no dan resultado, reduciendo drásticamente los sobre costos y mejorando la calidad de todas las obras públicas, mejorando las decisiones públicas y la pérdida de recursos relacionada con improvisación e inexperiencia etc. En general, mejorando drásticamente la calidad del gasto público e implementando presupuesto por desempeño y resultados en todo el Estado, para que solamente reciba los recursos, que con mucho esfuerzo aportó una parte sobrecargada de la sociedad, aquella entidad pública que demuestre que los va a gastar con responsabilidad, cuidado y va a lograr resultados notables, que redundarán en el verdadero mejoramiento del bienestar de las personas.
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