Reforma tributaria: los cambios inaplazables de la Hacienda Pública colombiana

En los últimos 20 años, hemos tenido 12 reformas tributarias formales nacionales mientras en la actualidad, tenemos otra en curso. En su mayoría, han estado concentradas en aumentar los ingresos del Estado. Es importante aclarar que, esta cifra no tiene en cuenta las decisiones que, en el marco de su autonomía, han venido tomando gobernaciones, alcaldías y ciertas entidades públicas que se financian con ingresos propios, las cuales en su mayoría han incrementado, de forma importante, las tasas asociadas a cobros, tributos, contribuciones etc. 

 

A pesar de lo anterior, para nuestra Hacienda Pública y los gobiernos de turno, los recursos nunca son suficientes. 

 

Una evolución como la descrita, ha generado un sistema tributario antitécnico, con serios problemas de diseño, que, en vez de incentivar el mejoramiento de los ingresos de las poblaciones menos favorecidas, lo que hace es depredarlas, mantenerlas por fuera de un sistema tan hostil, exacerbar su dependencia de subsidios cruzados, transferencias condicionadas y no condicionadas, mientras convierte a las poblaciones de ingresos más altos en los únicos financiadores de todo el gasto público, al tiempo que compromete la posibilidad para sostener sus condiciones y riqueza. 

 

Al final de cuentas, durante todos estos años, se han materializado distorsiones irreconciliables sobre los sectores económicos, que nos mantienen cautivos en la producción de commodities, bienes y servicios de bajo valor. 

 

La gestación de una situación como la descrita, tiene su origen, sin duda, en nuestra Hacienda Pública y las personas del entorno académico que la han asesorado durante años. Por lo tanto, si queremos mejorar el ingreso per cápita del país y reducir en alguna medida la marcada desigualdad que nos carcome, es imprescindible que demos inicio a un drástico proceso de modernización que la ubique en el siglo XXI. 

 

Lo primero y más importante es, cambiar su cultura y filosofía. Las organizaciones públicas post modernas, han entendido que existen para mejorar el bienestar de las personas, para satisfacer enteramente sus necesidades y expectativas, por lo tanto, la Hacienda Pública debe centrarse esencialmente en crear bienestar social. En este sentido, su propósito, no es solamente, recaudar recursos y distribuirlos al interior de la organización estatal, en el marco de ciertas reglas presupuestales y financieras; sino más bien, materializar el mejoramiento gradual del bienestar de cada colombiano. 

 

Un cambio en la filosofía y la cultura de la Hacienda Pública como el anotado, centra su actividad en incrementar sustancialmente el Value for Money de los recursos con los que cuenta el aparato estatal. Esto quiere decir que, debe focalizarse en lograr que cada peso que se recaude se multiplique por dos, por tres etc., al transformarse en gasto, de suerte que cada ciudadano perciba que lo que entrega en materia de impuestos, le es devuelto multiplicado, es decir que la rentabilidad social percibida como contribuyente, es considerablemente alta.   

 

Lo segundo es modificar los métodos de la gestión hacendaria. Incrementar la rentabilidad social, requiere de mecanismos diferentes a los tradicionales, en este sentido, la asignación del presupuesto debe centrarse en la capacidad del receptor de recursos públicos para materializar resultados concretos, en el análisis de su desempeño y posibilidades. 

 

La idea, es dirigir el flujo de los escasos fondos públicos, hacia las entidades que son capaces de garantizar buenos resultados gracias a su buen desempeño. 

 

Además, la política tributaria debe modificarse drásticamente. En adelante, el diseño tributario debe determinar seriamente las implicaciones de cada nuevo tributo, contribución etc., sobre el bienestar de las personas naturales y jurídicas, centrándose en el individuo, es decir, debe considerar un análisis de 360 grados que cuantifique la sumatoria de todos los posibles aportes que esté haciendo cada grupo poblacional al Estado, teniendo en cuenta todas las ramas del poder público, niveles y organizaciones. 

 

Incluso, debe estudiar, las consecuencias de las distorsiones generadas por cada nuevo tributo, contribución etc., sobre los sectores productivos, teniendo en cuenta la sumatoria de los aportes al Estado identificados a lo largo de toda la cadena productiva; para determinar la forma en que cada decisión afecta el ecosistema productivo y deteriora su capacidad para mejorar los ingresos de los colombianos. 

 

Por supuesto, lo expuesto, necesariamente implica, desmontar paulatinamente toda la política de subsidios cruzados, trasferencias condicionadas y no condicionadas, para focalizar los recursos en inversiones públicas de alto valor y con alta capacidad para configurar un ecosistema productivo que, incremente de forma importante los ingresos de las poblaciones menos favorecidas, reduciendo la desigualdad y, por tanto, equiparando la capacidad de los diferentes grupos poblacionales para financiar el gasto público. 

 

De no hacer los cambios anteriores, seguiremos operando bajo la irracionalidad antitécnica de hacer una reforma tributaria cada 1.5 años, distorsionando, complejizando y deteriorando un ecosistema productivo nacional, para el que nos urgen resultados contundentes que nos permitan evolucionar como sociedad y como país. 

 

 

 Versión en audio

 

 

María Antonieta de Austria, Hacienda e impuestos

Muchos lectores recordarán una frase atribuida, al parecer erróneamente, a María Antonieta de Austria, la odiada archiduquesa decapitada durante la revolución francesa: "si no tienen pan que coman pasteles". Tal expresión ha estado asociada, durante años, a la cultura de lo público, en la cual, el ciudadano está al servicio del Estado y tiene la obligación de pagar tantos impuestos como le sean exigidos.  

 

María Antonieta era odiada por su pueblo, en general, era vista como una gobernante totalmente desconocedora de la realidad de los gobernados, cuya única obsesión era cobrar impuestos para financiar los derroches y los suntuosos gastos a los que estaba acostumbrada. Su vida se suscribía a la burbuja de la corte, ajena a las penurias de los hogares súbditos, situación que se supone motivó la cuestionada iniciativa, de que en su interior se comieran pasteles, cuando se le informó del hambre generalizada y la carencia de pan. 

 

Como sabemos, las instituciones europeas dieron forma al gobierno colonial en los países latinoamericanos y lo cierto, es que su esencia se ha mantenido hasta la época actual. Naturalmente, ya no tenemos monarcas como la repudiada austriaca, pero contamos con gobernantes elegidos democráticamente, que básicamente, en la actualidad, se ajustan a los mismos imaginarios y prácticas. 

 

En el caso colombiano, tal conclusión puede corroborarse fácilmente, revisando el comportamiento de la Hacienda Pública y los denominados “expertos” tributarios. Es claro, que el principal motor de las decisiones que se han tomado a lo largo de los últimos años, es la necesidad de más recursos para incrementar el gasto público. Lo curioso, es que ese gasto adicional, básicamente se está derrochando de manera menos evidente que en las fiestas y palacios de María Antonieta, pero igual de cuestionable. 

 

Nuestro gasto público, está plagado de programas que cuestan cientos de miles de millones de pesos y no generan ningún resultado, obras de infraestructura con notables sobrecostos, desarrollo de estudios onerosos que nadie utiliza, vinculación de huestes de talento humano que no crea ningún valor, decisiones de gerentes inexpertos que nos llevan a gastar cientos de miles de millones en iniciativas fallidas, demandas millonarias por fallas en la toma de decisiones, gastos suntuosos que en la realidad de los proyectos llamamos “elefantes blancos”, eso sin mencionar la corrupción que aporta otra, aunque menor, proporción de tal desperdicio. 

 

De la misma manera, la justificación para ordenar el pago de más impuestos, aunque diferente y maquillada con tecnicismos, es igual de irracional a la de la gobernante francesa. El argumento general, es que los contribuyentes no pagan suficientes impuestos, cuando la realidad, es que no se tiene idea de la carga tributaria acumulada, que el hogar promedio de cada segmento de ingresos en realidad está pagando, tampoco se conoce cuál es la afectación de dichas obligaciones, sobre su poder adquisitivo y su nivel de bienestar. Mucho menos se sabe el costo para el desarrollo económico de cada nuevo tributo y el beneficio que generaría al transformarse en gasto. 

 

Además de todo lo dicho, nuestra Hacienda Pública no es consciente de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y que, por lo tanto, la carga tributaria está concentrada en una parte muy pequeña de la población, es decir que buena parte del gasto público está soportado por una porción diminuta del total de colombianos. Tampoco tiene claro, que las decisiones en términos de imponer cualquier tipo de tributo o contribución están descentralizadas, por lo que un mismo hogar puede verse afectado por decisiones de la nación, los departamentos y los municipios. 

 

Dado lo anterior, la realidad de los hogares colombianos que pertenecen a los percentiles superiores de ingresos, que se denominan ricos, buena parte de los cuales en realidad son de clase media; está gravada en todas sus dimensiones e interacciones cotidianas: se pagan tributos, contribuciones etc., en un día promedio al dormir pues debe comprarse una cama y sus accesorios, al bañarse pues tanto los dispositivos como los productos usados están gravados, al desayunar pues la mayoría de elementos que se requieren para preparar el desayuno tienen cargas impositivas, al comunicarse, al adquirir los derechos sobre el predio en el que se vive, al vestirse, al transportarse pues están gravados la propiedad de los vehículos, el consumo de combustibles y su mantenimiento; también se paga al almorzar, al comer algo por la noche, eso sin mencionar que se contribuye también al pagar peajes en una vía por fuera de una ciudad, al utilizar ciertos servicios públicos, al enfermarse, al viajar en avión etc. En todo caso, los recursos con los que se procura todo lo anterior, también tienen impuestos a las transacciones financieras, renta, impuesto a las ventas, industria y comercio etc. 

 

Tales apreciaciones nos llevan a concluir que nuestra Hacienda Pública y los denominados “expertos” deben modernizarse, deben entender mejor las implicaciones de sus decisiones  y recomendaciones sobre la economía y el bienestar de los hogares, deben conocer a ciencia cierta y de forma precisa, el tamaño de la sumatoria de importes que realmente pagan al Estado los colombianos, dejando de hacer comparaciones superficiales relacionadas con el nivel de ciertos impuestos y contribuciones aislados, con países que no se parecen a nosotros en términos de nivel de desigualdad, calidad del gasto y nivel de ingresos. 

 

Que hay que reducir urgentemente el grado de derroche de los recursos públicos con los que hoy día contamos, desapareciendo las políticas, programas y proyectos que no dan resultado, reduciendo drásticamente los sobre costos y mejorando la calidad de todas las obras públicas, mejorando las decisiones públicas y la pérdida de recursos relacionada con improvisación e inexperiencia etc. En general, mejorando drásticamente la calidad del gasto público e implementando presupuesto por desempeño y resultados en todo el Estado, para que solamente reciba los recursos, que con mucho esfuerzo aportó una parte sobrecargada de la sociedad, aquella entidad pública que demuestre que los va a gastar con responsabilidad, cuidado y va a lograr resultados notables, que redundarán en el verdadero mejoramiento del bienestar de las personas.

Versión en audio:

https://anchor.fm/armando-ardila/episodes/Mara-Antonieta-de-Austria-y-las-odiadas-reformas-tributarias-e1l09ju

Ideas en 5 minutos para terminar definitivamente con las protestas sociales

 

El tema de conversación por estos días no es otro que las masivas protestas en nuestras ciudades, poblados, calles, carreteras, zonas rurales, al interior del país y en el extranjero. Cada persona, participante o no de las movilizaciones tiene su propio punto de vista al respecto, el cual expresa abiertamente en cada conversación cotidiana y en cada publicación en sus redes sociales. Sin intentar ahondar en el despropósito de establecer si un argumento resulta más válido que otro, quisiera respetuosa y cordialmente proponer a mis inquietos lectores, algunas reflexiones que pueden ayudarnos a salir del embrollo en el que estamos metidos:

 

Lo primero que debemos hacer, con profunda humildad, es reconocer que como país no lo estamos haciendo del todo bien. Buscando no meternos en temas técnicos e intentando acudir a la pedagogía, en relación con la calidad de vida, lo que se puede decir, es que al interior de país tenemos un conjunto minúsculo de personas que gozan de mucho bienestar, un número bastante pequeño que vive más o menos bien y un número muy grande que lo está pasando bastante mal. Si lo vemos por el lado de los Key Performance Indicators (KPI) más fundamentales para medir el éxito de cualquier sociedad, es evidente que tenemos problemas: aproximadamente 4 de cada 10 colombianos son pobres, somos el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales de toda la humanidad, además estamos en el top 20 de países con más asesinatos por cien mil habitantes, esto último, sin considerar un importante nivel de subregistro con el que la mayoría de los expertos parecen estar de acuerdo.

 

Lo segundo, es analizar el papel del Estado al interior de un país, a pesar de que a lo largo de la historia se han generado múltiples propuestas al respecto, en la actualidad parece existir consenso en relación con que los Estados son organizaciones conformadas por los ciudadanos para los ciudadanos, cuyo principal objetivo es garantizar el bienestar de todos y cada uno de ellos. Por supuesto, si revisamos el diagnóstico que acabamos de hacer, en el caso de Colombia, rápidamente nos daremos cuenta de que este objetivo supremo no está siendo alcanzado. Así las cosas, podemos concluir que las tres ramas del poder público están siendo notablemente ineficaces en relación con la función principal para la cual decidimos crearlas. 

 

A pesar de lo evidente de la situación, en vez de comprometernos conjuntamente a solucionarla, a lo largo de los años nos hemos metido en una discusión ideológica basada en prejuicios, percepciones y trivialidades conceptuales sin ningún asidero técnico, que al final de cuentas termina en dos conclusiones principales: 1. Las clases más favorecidas opinan que los exitosos lo son porque trabajan y se esfuerzan más que los demás, consideran que los que exigen cualquier reivindicación son unos recostados socialistas. 2. Mientras las clases menos favorecidas creen que no podrán salir adelante sin una revolución en la que los ricos tienen la obligación de renunciar a parte de lo que han construido a lo largo del tiempo.  Semejante dicotomía, con tal precariedad argumentativa, ha dado forma al Estado y a todas las reglas sociales, sumiendo al país en el nivel de subdesarrollo actual, el cual, podría haberse superado hace décadas. 

 

Cualquiera que tenga alguna noción de gerencia, sabe que ninguna organización es capaz de moverse eficazmente en algún sentido si sus partes se dirigen hacia lugares opuestos, precisamente en esto radica el profundo problema de la dicotomía mencionada: bajo su influencia, direccionar estratégicamente un país es básicamente imposible. Así las cosas, si queremos avanzar, lo primero que debemos hacer como sociedad, es unirnos para afrontar el diagnóstico referido en apartes anteriores, dejando a un lado nuestros sesgos ideológicos. Esto último supone dar un vuelco a la idea del Estado y sociedad actuales y por supuesto a las políticas públicas resultantes. En este sentido, debemos concientizarnos de la torpeza de pretender lograr resultados diferentes con las recetas que nosotros mismos y otros países antes que el nuestro, han aplicado durante años sin lograr los cambios esperados en relación con la mejora del bienestar general. 

 

Tales políticas deberían abandonar la idea de quitarles a unos para darles a otros y concentrarse en modificar las reglas de juego que hacen que para los menos favorecidos sea más difícil generar ingresos y riqueza en relación con los más afortunados. Lo que podemos hacer en conjunto, garantizando el beneficio para todos, es construir un país de oportunidades en el que sin importar nuestros orígenes podamos llegar tan lejos como lo deseemos.  Si nos enfocamos sinceramente en esto, toda nuestra realidad empezaría a cambiar y dejaríamos de generar incentivos para que una parte de la sociedad crea que debe atacar, mientras la otra considera que debe defenderse. 

 

Ahora, como se trata de generar ideas diferentes que logren resultados distintos, lo que podemos hacer sin quitarles a unos para darles a otros, es atrevernos a recomponer todo el gasto público, concentrándolo en ampliar drásticamente, en primera instancia, la cobertura educativa y el mejoramiento de todos los servicios entregados por el Estado a las clases menos favorecidas rurales y urbanas. Esto significa redirigir sin ruborizarnos, rubros gigantescos de poca efectividad por años intocables como Defensa. En todo caso, nada logramos con tal redistribución, si no aprovechamos hasta el último centavo disponible, no olvidemos que el ejecutivo es quien tiene el rol de proponer la asignación de estos recursos, por lo tanto, puede avanzar de forma frontal en la implementación del presupuesto por resultados, modificando las reglas de programación presupuestal, para que solamente se le den recursos a quien demuestre una alta efectividad en el gasto. Ninguna de estas medidas requiere reformas tributarias estructurales y en el largo plazo, pueden asegurar una rentabilidad social mucho más grande, que la generada por mecanismos más tradicionales como las transferencias a las clases menos favorecidas condicionadas y no condicionadas, que simplemente intentan paliar su pobreza sin verdaderamente sacarlas de ella. 

 

Hay muchas otras ideas similares, rápidas y relativamente fáciles de implementar que no conducen a roces entre clases, elevan la calidad del gasto y pueden mejorar drásticamente las posibilidades de los menos favorecidos para generar ingresos sin afectar al resto, siempre y cuando renunciemos a nuestros prejuicios y nos unamos, pero no espero aburrirlos con ellas, quienes siguen de cerca el blog saben que su talante es de publicaciones cortas que presenten ideas contundentes más que recetas detalladas. 

En todo caso, lo que no podemos perder de vista como una verdad de a puño, es que para salir de este embrollo en el que estamos metidos, será necesario definir una agenda política que solucione los problemas reales de las personas, unifique al país y deje de focalizarse en los intereses de quienes integran la Ramas del Poder Público y sus allegados, de lo contrario, las protestas seguirán avanzando cada vez con mayor fuerza y contundencia, hacia un futuro incierto del que nadie saldrá bien librado. 

 

 

 

Menos impuestos y más productividad pública

El 29 de septiembre pasado, Juan Carlos Echeverry, ministro de hacienda predecesor de Mauricio Cárdenas; publicó en el diario El Tiempo una columna titulada “Mitos Sobre Gastos e Impuesto”. En su contenido define 4 creencias que él denomina como “infundadas”, relacionadas con todo lo que las personas tienden a pensar, cuando se hace alusión a temas como gasto del gobierno y reformas tributarias. A pesar de lo interesante de sus conclusiones, desde mi humilde perspectiva, la posición de Echeverry es una representación fehaciente, del imaginario que rige a los gerentes públicos colombianos, en particular a todos aquellos que tienen o han tenido un vínculo directo con el Ministerio de Hacienda: “aumentar la intervención pública significa, necesariamente, recaudar más recursos”.

Vale la pena revisar en detalle la validez teórica de una aproximación como ésta y sugerir un cambio estructural en el paradigma de nuestra gestión pública. No hay que olvidar que desde la perspectiva de la Gerencia Pública Moderna, es posible lograr mejores resultados manteniendo constantes los recursos invertidos en la intervención gubernamental. Este efecto se logra, fundamentalmente mediante el incremento sostenido de la Productividad Pública y el mejoramiento permanente de la Calidad del Gasto Público. Ambas condiciones tienen que ver directamente con el mejoramiento de la efectividad gubernamental.

La productividad está definida como la relación entre la cantidad de bienes y servicios generados por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.

De acuerdo con las cifras reportadas por Banco Mundial, para el periodo comprendido entre el 2009 y el 2013, Colombia se encuentra en los percentiles inferiores en cuanto a productividad nacional. Considerando el hecho de que la productividad pública usualmente se ubica por debajo de la productividad privada y que la productividad nacional considera ambas medidas; se puede inferir que la productividad pública Colombiana con respecto al resto de países del mundo, se ubica en los últimos puestos de la tabla.

De acuerdo con los actuales Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial, Colombia es un país de media tabla en efectividad  pública, esta situación nos pone por debajo de países como Chile en lo que tiene que ver con la capacidad de nuestro gobierno para enfrentar problemas sociales. Un resultado de estas características sugiere también un bajo nivel de productividad pública que incide sobre todas las dimensiones del desempeño económico. De acuerdo con cifras reportadas por el Foro Económico Mundial en 2013, Colombia aparece en el puesto 69 de 144 en el Índice Global de Competitividad. Este resultado se explica en buena medida por el bajo puntaje que obtienen nuestras instituciones, de hecho,  la corrupción y la ineficiente burocracia de gobierno, se cuentan entre los factores más problemáticos para quienes quieren  hacer negocios en nuestro país.  Estos resultados coinciden con los reportados por Transparencia Internacional, que en el 2013 le dio a Colombia un puntaje de media tabla en su Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándolo por debajo de países como Jamaica, Trinidad y Tobago; y equiparándolo con países como Surinam.

Varias experiencias interesantes alrededor del mundo nos han demostrado, que mediante la simplificación de la intervención pública, el rediseño de sus procesos e institucionalidad para reducir sus costos de transacción, tanto los internos como los que se transfieren al ciudadano; es posible entregar más bienes y servicios públicos, sin necesidad de invertir mayores recursos, logrando consecuentes mejoras en calidad, cobertura y reducciones en  los tiempos de entrega.   

En su libro Instruction to Deliver, Michael Barber, pone de presente el éxito alcanzado por gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, al lograr “disparar” todos los indicadores claves, a través de la mejora sostenida de la productividad pública. En una publicación posterior, Deliverology 101: A Field Guide for Educational Leaders; demuestra el potencial del mejoramiento sostenido de la efectividad pública al interior del sistema educativo.

Experiencias como estas han fundamentado la evolución paulatina de países de la región como Chile, que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, logró escalar desde el puesto 49, en apenas 5 años, hasta ubicarse entre los 10 mejores países del mundo  en calidad del gasto público. El secreto, la implementación de mejoras estructurales en la gestión de sus organizaciones, dirigidas a incrementar la productividad pública y la calidad de los bienes y servicios producidos.

En Colombia tenemos un camino largo por recorrer, por ejemplo, ¿cuánto nos ahorraríamos con simplificaciones evidentes en aspectos centrales como la contratación pública?. Durante cada periodo fiscal, las entidades deben adelantar procesos vertiginosos de contratación de bienes y servicios cuya provisión es necesaria para soportar su operación. Estas actividades requieren del compromiso de un aparato jurídico y técnico importante a lo largo de todo el año. En este sentido, ¿por qué deben hacerse contrataciones anuales cuando se sabe que la provisión es requerida durante periodos mayores? ¿Por qué no rediseñamos todo el aparato de contratación para facilitar los contratos plurianuales? 

Bajo estas condiciones el principal “mito sobre gastos e impuestos” está en creer que la única manera en la que se pueden atender a más personas en el marco de estándares de calidad mayores, es recaudando más impuestos. Lo cierto en todo caso, es que lo único que logramos con esos recursos adicionales, si no mejoramos la calidad del gasto, es desperdiciar una cantidad mayor de recursos en ineficiencia y corrupción. 

¡Ni una reforma tributaria más!

Publicado en http://www.portafolio.co/opinion/coyuntura-%C2%A1ni-una-reforma-tributaria-mas

Cada vez que se aproxima un cambio de gobierno, empiezan a oírse voces que algunos denominan como “calificadas”, planteando la posibilidad de iniciar la discusión sobre una nueva reforma tributaria.

En general estos procesos de ajuste fiscal, buscan aumentar los ingresos gubernamentales  con el objetivo de mejorar el flujo de caja público.  Lo que usualmente se pierde de vista, es que actualmente quedan muy pocas actividades que no se encuentren gravadas y que cada impuesto nuevo, restringe de manera drástica el bienestar del actor económico obligado a pagarlo. Lo que se espera es que dicha reducción de la “felicidad” resulte compensada, mediante procesos de inversión social dirigidos a mejorar la calidad de vida, de los mismos actores que pagan los impuestos o de otros, cuyos ingresos son menores.

Sin embargo, cuando un gobierno tiene dificultades importantes para garantizar la calidad en la provisión de los bienes y servicios públicos, el análisis cruzado de los beneficios recibidos, de los recursos captados y de los costos de transacción generados; resulta siendo negativo.   

En el caso de Colombia, esta situación tiene alcances dramáticos que pueden ser analizados a la luz de la cotidianidad tributaria de un ciudadano de clase media, dedicado a la prestación de servicios profesionales, independientes y perteneciente al denominado “régimen común”.

En primera instancia, este individuo tendrá que trasladar al fisco alrededor del 30% del monto total de cada contrato que suscriba. Considerando que el monto estipulado en el contrato va a remunerar sus servicios, podemos decir que de cada 10 horas que trabaja, aproximadamente 3 irán a pagar impuestos como IVA, ICA y Retención. El 70% del ingreso restante, se distribuye en todos los costos en los que debe incurrir para prestar el servicio mencionado y en general, la totalidad de los rubros asociados al desarrollo de las actividades cotidianas. Sin embargo, la adquisición de cualquier bien o servicio supone una transacción, que comúnmente está gravada de una u otra manera a través de impuestos al consumo, sobretasas o impuestos a las transacciones financieras y en su mayoría, estas compras no se pueden deducir de los montos retenidos durante los pagos de cada contrato. Bajo estas condiciones el panorama para este individuo resulta francamente sombrío, pues debe agregar al menos 2 horas de las 10 trabajadas a remunerar otros impuestos.

No obstante, la mitad de todos los servicios prestados por nuestro ciudadano promedio pertenecen al fisco, todavía debe disponer de al menos 2 horas más de su jornada para cubrir tributos  de carácter explícito como prediales, impuestos a vehículos, renta y otros de naturaleza implícita como sobre-aportes a salud y pensiones, seguros obligatorios, licencias de emisiones etc. Al terminar todo este pandemónium,  se define un escenario en el que solamente 3 de las 10 horas trabajadas resultan siendo propias; sin embargo, todavía es necesario utilizar una parte de ellas, para remunerar mecanismos como la medicina prepagada y los seguros voluntarios, que le permitirán a este ciudadano blindarse contra problemas evidentes en la calidad de los bienes y servicios públicos gubernamentales.

Finalmente una minúscula porción de todo el arduo trabajo desarrollado, puede usarse para mejorar la felicidad propia y la de quienes conforman el círculo familiar de nuestro apesadumbrado sujeto.

Es importante recordar, que además de todo lo mencionado, este complejo entramado impositivo genera una serie de costos de transacción, que comprometen en trámites una parte importante del tiempo de ocio de nuestro aportante y que implican, la contratación de servicios contables y tributarios, necesarios para garantizar liquidaciones precisas y evitar toda suerte de sanciones.

Naturalmente, en caso de que nuestro sujeto experimental desee mejorar su bienestar de forma sustancial, debe pensar en incrementar la jornada laboral en por lo menos 5 o 6 horas diarias, de manera que pueda generar un ahorro suficiente para adquirir vivienda, vehículo etc. Esta condición, nos deja en un escenario complejo, en el cual tenemos un gobierno que es capaz de restringir de manera drástica el tiempo de ocio de los individuos y propone entes cuyo único objetivo es trabajar para mantener su burocracia y además, sobrellevar una cotidianidad digna.

Luego de analizar un caso como este, la pregunta obvia que debemos hacernos es ¿cómo llegamos a un escenario, en el que la casi totalidad del trabajo desarrollado por un sujeto promedio termina siendo propiedad del fisco?

Al parecer reformas consecutivas han conducido nuestra sociedad hasta un escenario en el que el gobierno y su burocracia ineficaz, se están convirtiendo en una carga difícil de llevar para los ciudadanos. El aparato público que solía concentrarse en “mejorar el bienestar de sus ciudadanos” ahora actúa como una institución extractiva que devuelve apenas una porción de lo que toma por derecho. 

Para concluir, vale la pena proponer algunos cambios en el paradigma actual. En primera instancia, es hora de que nuestros gobernantes dejen de pensar en reformas tributarias y empiecen a obsesionarse con lograr mejoras sostenidas de la productividad pública. Además, llegó el momento de retomar el camino e iniciar un proceso ininterrumpido que conduzca a entregar más y mejores bienes y servicios públicos, utilizando una cantidad de recursos igual o menor a la actual. Por último, vale la pena trabajar en el diseño de un conjunto de indicadores, que midan las mejoras en la productividad pública y que una vez se den los avances esperados, el fisco empiece a devolverles a los ciudadanos parte de la remuneración al trabajo que les pertenece por derecho.

Rumores sobre un nuevo impuesto a las transacciones financieras

Fuente: Bolsamania

Durante los últimos días, se filtraron rumores relacionados con la creación de un nuevo impuesto a las transacciones financieras, al parecer ha venido tomando fuerza la idea de modificar el cuatro por mil y cobrar un impuesto a retiros por montos superiores a los 10 millones de pesos. Aunque el Ministro de Hacienda públicamente le restó importancia a la iniciativa, manifestando que se trataba de una propuesta lanzada en el marco de una discusión parlamentaria, el incidente nos puso a pensar a algunos, en lo desconsiderada y socialmente irresponsable, que resulta la política tributaria en este país.

Vale la pena recordar, que en Colombia más de una reforma tributaria e impuestos tan representativos como el cuatro por mil, el impuesto al patrimonio y el IVA, proceden también de rumores que pasaron de lo virtual a lo real en un abrir y cerrar de ojos.

Lo que hay que decir al respecto, es que nuestra clase media ya no soporta un impuesto más; entre retenciones, IVA, ICA, predial, impuesto a vehículos, impuesto a los combustibles, impuesto a las transacciones financieras, impuesto de renta etc…etc…nuestros gobiernos están asfixiando a un grupo social considerado por algunos, el motor del desarrollo sostenido, de las grandes economías.

Miren a su alrededor y háganse las siguientes preguntas con respecto al entorno en el que vivimos: ¿En qué transacción cotidiana no hay algún impuesto involucrado?¿Qué conocido suyo se da el lujo de vivir tranquilamente, sin preocuparse por tener lo suficiente para paga el crédito del apartamento, la cuota del carro o el semestre de las universidades de los hijos? ¿En qué hogar actual, el salario de uno solo de los padres es suficiente para sostener una familia de manera decorosa?, ¿Bajo qué circunstancias estos golpeados hogares, pueden asumir además un impuesto asociado al pago de obligaciones como las mencionadas?

Nuestros honorables congresistas y nuestros funcionarios públicos, no son conscientes de que con estas medidas, están acercando la clase media al umbral de las clases menos favorecidas, reduciendo de manera sistemática su calidad de vida.

No pretendo ser alarmista, pero si sumamos los impuestos que paga en un año un hogar promedio de este grupo poblacional, nos daremos cuenta de que cerca de la mitad de sus ingresos terminan siendo propiedad del Fisco.

A veces me pregunto qué sería del estado Colombiano, si la sociedad en pleno, le exigiera hacer su labor en el marco de reglas de mercado similares a las tenemos los privados. Una empresa, por ejemplo, tiene que garantizar la plena satisfacción de sus clientes, al mismo tiempo que ofrece precios competitivos. La única manera de lograr resultados como este, es mediante el mejoramiento sostenido de la forma en la que se hacen las cosas al interior de la organización y el incremento de la productividad del su recurso humano.

Confieso que es difícil imaginar al aparato público situado en un escenario como este, su condición de monopolio natural, lo exime de preocuparse demasiado por sus clientes, mientras que su capacidad para incrementar los precios de sus bienes y servicios por vía normativa, le evitan pensar mucho en la necesidad de mejorar continuamente.

Es hora de que nuestros gobernantes dejen de pensar en las reformas tributarias, como el único mecanismo para equiparar los ingresos y los gastos públicos, y empiecen a obsesionarse con lograr incrementos sostenidos en la productividad. Si todos en el estado, se concentran en hacer más con los mismos recursos, el aparato público podrá  responder de manera efectiva a las innumerables necesidades sociales de nuestro país, al mismo tiempo que reduce la carga impositiva sobre los grupos sociales llamados a generar desarrollo.

El Ministerio de Hacienda, el DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública, están en mora de formular una estrategia articulada, que les permita controlar la eficiencia y la eficacia en lo público, mediante indicadores claves de gestión como el costo comparativo promedio de los bienes y servicios públicos, la efectividad del gasto público, las variaciones anuales en la productividad pública etc.

Sin embargo, no basta con formular un buen cuadro de mando integral, también es necesario trabajar en estrategias activas, que garanticen la mejora en los resultados arrojados por los indicadores. En este particular, la Escuela Superior de la Administración Pública, puede hacer su aporte mediante la creación de programas de formación, concentrados en la investigación de operaciones pública o la ingeniería de las organizaciones y las políticas públicas.  

Es hora de que le exijamos a nuestros gobernantes mayor eficiencia y menos reformas tributarias, más calidad de vida y mayor celeridad en la entrega de bienes y servicios públicos, económicos y de mejor calidad.