La maldición de la clase media: una pequeña parte de la sociedad no puede seguir sosteniendo a las mayorías.

Vínculo a la publicación en el Diario Portafolio

En América Latina, con el tiempo , en el marco de decisiones tomadas por diferentes gobiernos y actores, hemos configurado un entorno en el que una pequeña, muy pequeña parte de la sociedad soporta toda la carga del costo del Estado, mientras las mayorías no tienen ninguna responsabilidad al respecto. En nuestros pobres países hemos diseñado una realidad en la que una clase media pequeña y frágil tiene la pesada carga de soportar a la gran mayoría de la población mucho más pobre y de paso financiar los ejércitos de burócratas que justifican semejante modelo. El populismo ha jugado un rol muy importante en la consecución de este resultado, las mayorías, menos educadas y movidas por emociones, han votado históricamente por personas que les prometen exonerarlas de toda responsabilidad social y el apoyo irrestricto por parte del Estado en las diferentes dimensiones de su vida, financiando todas estas promesas con los recursos provenientes esencialmente de las horas trabajadas por la clase media. 

Cada aspecto de la realidad latinoamericana convierte en una especie de maldición pertenecer a este grupo. En efecto, la política amañada vendió el irracional discurso de que cada aspecto que se materializa a través de movilidad social entre los pobres y la clase media es un privilegio, es decir, una prerrogativa que los pone de forma injusta por encima del resto del mundo. Mediante una retorica mentirosa convencieron a la sociedad de que nacer en un entorno educado, preocuparse por estudiar, endeudarse para hacerlo, concentrarse en procurarse una casa digna, salud de calidad aceptable, ahorrar, orientar el espíritu hacia el emprendimiento; son valores cuestionables por los cuales se genera automáticamente una deuda profunda con los menos afortunados, por lo tanto, la clase media es obligada a pagar muy caro cada uno de esos supuestos privilegios: al remunerar mejores servicios públicos, mejor salud y mejor educación deben financiar al resto, cuando compran combustibles, usan las vías y el transporte público, adquieren vivienda y en general, cualquier bien o servicio, resultan castigados por haber logrado a alejarse “descaradamente” de la pobreza y el despojo, condiciones que en el marco del discurso de los privilegios parecen ser celebradas.

Ahora, pensemos en realidad qué es la clase media, estamos hablando de supuestos "ricos" que no son más que médicos, profesores, ingenieros, abogados, agrónomos, pequeños emprendedores, por mencionar algunos, personas que apenas se han desmarcado de la pobreza, en general, un grupo que gracias a un conjunto de posibilidades se ha formado, ha emprendido, es decir, ha logrado incrementar sustancialmente la cantidad de valor que es capaz de ofrecer a la humanidad. Por lo tanto, vale la pena preguntarse si de verdad es justo y sobre todo viable, trasladarle semejante carga a médicos,  profesores, ingenieros, en general, a personas que aportan de forma importante en la construcción de la realidad. Es pertinente recordar que todo lo que en la actualidad conocemos, la tecnología, la economía, los Estados, la agricultura, todo lo que damos por sentado; solo existe porque personas que se formaron o emprendieron tuvieron la iniciativa de construirlo. El mundo no es un videojuego que se enciende y aparecen como por arte de magia edificios, hospitales, dispositivos electrónicos, aviones, barcos, acueductos, generadores de energía, es decir, todas las cosas que hacen fáciles nuestras vidas. Para materializar lo mencionado, millones de personas debieron extraer con mucho esfuerzo las materias primas necesarias, pasar horas interminables ideando y materializando las tecnologías que hicieron posibles éstas y otras muchas herramientas. 

El mundo es increíblemente complejo y hostil por lo que entenderlo y disponerlo para que soporte la forma fácil en la que hoy existimos, requiere miles de millones de horas de estudio, de comprensión de sus partes y fenómenos, además necesita una cantidad similar de horas de trabajo, para hacer realidad todo lo que diseñamos, por tanto, al igual que lo hace la clase media, cada humano que venga a formar parte de él y espere disfrutarlo, debe aportar en el desarrollo y mantenimiento de semejante nivel de comprensión y construcción, no tiene sentido, que tal grado de esfuerzo recaiga apenas sobre algunos, mientras los otros exigen pretendidos derechos sobre esta conveniente realidad que generosamente les entregaron. 

De manera pues que los valores como el esfuerzo, la dedicación, las decisiones orientadas a formarse y emprender, son los correctos para garantizar el éxito de una sociedad, no hay duda de que la clase media ya está haciendo su parte, lo que se requiere es que como sociedad logremos generar las condiciones estructurales para que las mayorías pobres se conviertan al menos en clase media, que esta pequeña parte de la sociedad crezca y se deshaga de tan injusto yugo, que el mundo empiece a ser desarrollado, mantenido y soportado de manera equitativa y que salir de la pobreza deje de ser mal visto por algunos y ya no sea percibido por otros como una especie de maldición. 

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Reforma tributaria: los cambios inaplazables de la Hacienda Pública colombiana

En los últimos 20 años, hemos tenido 12 reformas tributarias formales nacionales mientras en la actualidad, tenemos otra en curso. En su mayoría, han estado concentradas en aumentar los ingresos del Estado. Es importante aclarar que, esta cifra no tiene en cuenta las decisiones que, en el marco de su autonomía, han venido tomando gobernaciones, alcaldías y ciertas entidades públicas que se financian con ingresos propios, las cuales en su mayoría han incrementado, de forma importante, las tasas asociadas a cobros, tributos, contribuciones etc. 

 

A pesar de lo anterior, para nuestra Hacienda Pública y los gobiernos de turno, los recursos nunca son suficientes. 

 

Una evolución como la descrita, ha generado un sistema tributario antitécnico, con serios problemas de diseño, que, en vez de incentivar el mejoramiento de los ingresos de las poblaciones menos favorecidas, lo que hace es depredarlas, mantenerlas por fuera de un sistema tan hostil, exacerbar su dependencia de subsidios cruzados, transferencias condicionadas y no condicionadas, mientras convierte a las poblaciones de ingresos más altos en los únicos financiadores de todo el gasto público, al tiempo que compromete la posibilidad para sostener sus condiciones y riqueza. 

 

Al final de cuentas, durante todos estos años, se han materializado distorsiones irreconciliables sobre los sectores económicos, que nos mantienen cautivos en la producción de commodities, bienes y servicios de bajo valor. 

 

La gestación de una situación como la descrita, tiene su origen, sin duda, en nuestra Hacienda Pública y las personas del entorno académico que la han asesorado durante años. Por lo tanto, si queremos mejorar el ingreso per cápita del país y reducir en alguna medida la marcada desigualdad que nos carcome, es imprescindible que demos inicio a un drástico proceso de modernización que la ubique en el siglo XXI. 

 

Lo primero y más importante es, cambiar su cultura y filosofía. Las organizaciones públicas post modernas, han entendido que existen para mejorar el bienestar de las personas, para satisfacer enteramente sus necesidades y expectativas, por lo tanto, la Hacienda Pública debe centrarse esencialmente en crear bienestar social. En este sentido, su propósito, no es solamente, recaudar recursos y distribuirlos al interior de la organización estatal, en el marco de ciertas reglas presupuestales y financieras; sino más bien, materializar el mejoramiento gradual del bienestar de cada colombiano. 

 

Un cambio en la filosofía y la cultura de la Hacienda Pública como el anotado, centra su actividad en incrementar sustancialmente el Value for Money de los recursos con los que cuenta el aparato estatal. Esto quiere decir que, debe focalizarse en lograr que cada peso que se recaude se multiplique por dos, por tres etc., al transformarse en gasto, de suerte que cada ciudadano perciba que lo que entrega en materia de impuestos, le es devuelto multiplicado, es decir que la rentabilidad social percibida como contribuyente, es considerablemente alta.   

 

Lo segundo es modificar los métodos de la gestión hacendaria. Incrementar la rentabilidad social, requiere de mecanismos diferentes a los tradicionales, en este sentido, la asignación del presupuesto debe centrarse en la capacidad del receptor de recursos públicos para materializar resultados concretos, en el análisis de su desempeño y posibilidades. 

 

La idea, es dirigir el flujo de los escasos fondos públicos, hacia las entidades que son capaces de garantizar buenos resultados gracias a su buen desempeño. 

 

Además, la política tributaria debe modificarse drásticamente. En adelante, el diseño tributario debe determinar seriamente las implicaciones de cada nuevo tributo, contribución etc., sobre el bienestar de las personas naturales y jurídicas, centrándose en el individuo, es decir, debe considerar un análisis de 360 grados que cuantifique la sumatoria de todos los posibles aportes que esté haciendo cada grupo poblacional al Estado, teniendo en cuenta todas las ramas del poder público, niveles y organizaciones. 

 

Incluso, debe estudiar, las consecuencias de las distorsiones generadas por cada nuevo tributo, contribución etc., sobre los sectores productivos, teniendo en cuenta la sumatoria de los aportes al Estado identificados a lo largo de toda la cadena productiva; para determinar la forma en que cada decisión afecta el ecosistema productivo y deteriora su capacidad para mejorar los ingresos de los colombianos. 

 

Por supuesto, lo expuesto, necesariamente implica, desmontar paulatinamente toda la política de subsidios cruzados, trasferencias condicionadas y no condicionadas, para focalizar los recursos en inversiones públicas de alto valor y con alta capacidad para configurar un ecosistema productivo que, incremente de forma importante los ingresos de las poblaciones menos favorecidas, reduciendo la desigualdad y, por tanto, equiparando la capacidad de los diferentes grupos poblacionales para financiar el gasto público. 

 

De no hacer los cambios anteriores, seguiremos operando bajo la irracionalidad antitécnica de hacer una reforma tributaria cada 1.5 años, distorsionando, complejizando y deteriorando un ecosistema productivo nacional, para el que nos urgen resultados contundentes que nos permitan evolucionar como sociedad y como país. 

 

 

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María Antonieta de Austria, Hacienda e impuestos

Muchos lectores recordarán una frase atribuida, al parecer erróneamente, a María Antonieta de Austria, la odiada archiduquesa decapitada durante la revolución francesa: "si no tienen pan que coman pasteles". Tal expresión ha estado asociada, durante años, a la cultura de lo público, en la cual, el ciudadano está al servicio del Estado y tiene la obligación de pagar tantos impuestos como le sean exigidos.  

 

María Antonieta era odiada por su pueblo, en general, era vista como una gobernante totalmente desconocedora de la realidad de los gobernados, cuya única obsesión era cobrar impuestos para financiar los derroches y los suntuosos gastos a los que estaba acostumbrada. Su vida se suscribía a la burbuja de la corte, ajena a las penurias de los hogares súbditos, situación que se supone motivó la cuestionada iniciativa, de que en su interior se comieran pasteles, cuando se le informó del hambre generalizada y la carencia de pan. 

 

Como sabemos, las instituciones europeas dieron forma al gobierno colonial en los países latinoamericanos y lo cierto, es que su esencia se ha mantenido hasta la época actual. Naturalmente, ya no tenemos monarcas como la repudiada austriaca, pero contamos con gobernantes elegidos democráticamente, que básicamente, en la actualidad, se ajustan a los mismos imaginarios y prácticas. 

 

En el caso colombiano, tal conclusión puede corroborarse fácilmente, revisando el comportamiento de la Hacienda Pública y los denominados “expertos” tributarios. Es claro, que el principal motor de las decisiones que se han tomado a lo largo de los últimos años, es la necesidad de más recursos para incrementar el gasto público. Lo curioso, es que ese gasto adicional, básicamente se está derrochando de manera menos evidente que en las fiestas y palacios de María Antonieta, pero igual de cuestionable. 

 

Nuestro gasto público, está plagado de programas que cuestan cientos de miles de millones de pesos y no generan ningún resultado, obras de infraestructura con notables sobrecostos, desarrollo de estudios onerosos que nadie utiliza, vinculación de huestes de talento humano que no crea ningún valor, decisiones de gerentes inexpertos que nos llevan a gastar cientos de miles de millones en iniciativas fallidas, demandas millonarias por fallas en la toma de decisiones, gastos suntuosos que en la realidad de los proyectos llamamos “elefantes blancos”, eso sin mencionar la corrupción que aporta otra, aunque menor, proporción de tal desperdicio. 

 

De la misma manera, la justificación para ordenar el pago de más impuestos, aunque diferente y maquillada con tecnicismos, es igual de irracional a la de la gobernante francesa. El argumento general, es que los contribuyentes no pagan suficientes impuestos, cuando la realidad, es que no se tiene idea de la carga tributaria acumulada, que el hogar promedio de cada segmento de ingresos en realidad está pagando, tampoco se conoce cuál es la afectación de dichas obligaciones, sobre su poder adquisitivo y su nivel de bienestar. Mucho menos se sabe el costo para el desarrollo económico de cada nuevo tributo y el beneficio que generaría al transformarse en gasto. 

 

Además de todo lo dicho, nuestra Hacienda Pública no es consciente de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y que, por lo tanto, la carga tributaria está concentrada en una parte muy pequeña de la población, es decir que buena parte del gasto público está soportado por una porción diminuta del total de colombianos. Tampoco tiene claro, que las decisiones en términos de imponer cualquier tipo de tributo o contribución están descentralizadas, por lo que un mismo hogar puede verse afectado por decisiones de la nación, los departamentos y los municipios. 

 

Dado lo anterior, la realidad de los hogares colombianos que pertenecen a los percentiles superiores de ingresos, que se denominan ricos, buena parte de los cuales en realidad son de clase media; está gravada en todas sus dimensiones e interacciones cotidianas: se pagan tributos, contribuciones etc., en un día promedio al dormir pues debe comprarse una cama y sus accesorios, al bañarse pues tanto los dispositivos como los productos usados están gravados, al desayunar pues la mayoría de elementos que se requieren para preparar el desayuno tienen cargas impositivas, al comunicarse, al adquirir los derechos sobre el predio en el que se vive, al vestirse, al transportarse pues están gravados la propiedad de los vehículos, el consumo de combustibles y su mantenimiento; también se paga al almorzar, al comer algo por la noche, eso sin mencionar que se contribuye también al pagar peajes en una vía por fuera de una ciudad, al utilizar ciertos servicios públicos, al enfermarse, al viajar en avión etc. En todo caso, los recursos con los que se procura todo lo anterior, también tienen impuestos a las transacciones financieras, renta, impuesto a las ventas, industria y comercio etc. 

 

Tales apreciaciones nos llevan a concluir que nuestra Hacienda Pública y los denominados “expertos” deben modernizarse, deben entender mejor las implicaciones de sus decisiones  y recomendaciones sobre la economía y el bienestar de los hogares, deben conocer a ciencia cierta y de forma precisa, el tamaño de la sumatoria de importes que realmente pagan al Estado los colombianos, dejando de hacer comparaciones superficiales relacionadas con el nivel de ciertos impuestos y contribuciones aislados, con países que no se parecen a nosotros en términos de nivel de desigualdad, calidad del gasto y nivel de ingresos. 

 

Que hay que reducir urgentemente el grado de derroche de los recursos públicos con los que hoy día contamos, desapareciendo las políticas, programas y proyectos que no dan resultado, reduciendo drásticamente los sobre costos y mejorando la calidad de todas las obras públicas, mejorando las decisiones públicas y la pérdida de recursos relacionada con improvisación e inexperiencia etc. En general, mejorando drásticamente la calidad del gasto público e implementando presupuesto por desempeño y resultados en todo el Estado, para que solamente reciba los recursos, que con mucho esfuerzo aportó una parte sobrecargada de la sociedad, aquella entidad pública que demuestre que los va a gastar con responsabilidad, cuidado y va a lograr resultados notables, que redundarán en el verdadero mejoramiento del bienestar de las personas.

Versión en audio:

https://anchor.fm/armando-ardila/episodes/Mara-Antonieta-de-Austria-y-las-odiadas-reformas-tributarias-e1l09ju

La paradoja del Estado generador de pobreza

Cuando en nuestra cotidianidad hablamos de pobreza, generalmente hacemos énfasis en la generación de ingresos, no obstante, tendemos a descuidar todo aquello que tiene relación con los egresos. Esta misma desviación tan natural en grupos desprevenidos de tertuliantes, parece estar arraigada en los equipos técnicos que analizan la problemática al interior de los gobiernos.   Tal situación lleva a subestimar las implicaciones en materia de generación de pobreza y reducción del bienestar social que pueden desencadenar ciertas políticas públicas, en esencia, si mantenemos el ingreso de los hogares constante pero paulatinamente hacemos crecer sus egresos, indudablemente los estamos empobreciendo, el resultado es similar si el ingreso crece pero lo hace a una velocidad menor a la que lo hacen los egresos. De la misma manera, cuando los egresos periódicos de un hogar son lo suficientemente altos y el hogar intempestivamente se queda sin ingresos, la situación en materia de reducción de bienestar es francamente precaria y lo será mucho más en la medida en que estos egresos altos estén directamente relacionados con la compra de bienes y servicios dirigidos a satisfacer sus necesidades más esenciales.

En los últimos años, al interior de nuestros gobiernos, se ha vuelto popular y conveniente asociar costos importantes a la casi totalidad de las transacciones cotidianas de los hogares, aspectos tan esenciales como consumir agua, gas y energía, transportarse, alimentarse, procurarse una vivienda, divertirse etc., han venido siendo cargados directa o indirectamente con pequeños importes que en suma han incrementado de forma importante el ingreso necesario para que un hogar sobreviva.

Para ilustrar el argumento podemos analizar el caso de los alimentos que cotidianamente consume un hogar promedio, en los últimos años algunos de ellos han sido gravados directa o indirectamente mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto al Consumo o alguna clase de sobretasa, bien sea al alimento en cuestión o a algún insumo involucrado en su cadena productiva.

Algo similar sucede con el transporte, bien sea que se valga de vehículo propio o de algún modo de carácter público, en el primer caso por ejemplo, en los últimos años se ha incrementado el costo de propiedad de los vehículos de forma notable, se han gravado su compra, su tenencia, la mayoría de bienes y servicios asociados a su operación y mantenimiento, adicionalmente se han venido implementando seguros, cobros por contaminación etc., en el segundo caso los costos se han incrementado indirectamente por cuenta de estos mismos conceptos y otros tantos que sería redundante mencionar.

La conclusión de todo esto es muy interesante en la medida en que pone de presente un hecho contradictorio, el Estado, un actor por definición llamado a reducir la pobreza real, puede estarla multiplicando o por lo menos, puede estar demorando de forma importante el mejoramiento en el ingreso disponible de los hogares. Lo más curioso del caso, es que puede no ser consciente de este fenómeno, es decir, puede estar actuando en el marco de una situación evidente de “riesgo moral”.

Para comprender la verdadera incidencia de un comportamiento de estas características, analicemos el caso de un hogar de clase media que compró una casa a crédito hace treinta años, se trata de una pareja de jubilados que han visto crecer paulatinamente el costo del impuesto predial de la casa antigua en la que viven, no ha pasado lo mismo con su pensión, cuyo monto se ha incrementado apenas para “mantener” el poder adquisitivo frente a una canasta básica. No obstante lo mencionado, el Estado toma la decisión de cobrar intempestivamente un impuesto de valorización que eleva de forma dramática el costo de la vivienda, una decisión de estas características hace que estas personas deban dejar de comer o deban vender su casa para solventar el pago del impuesto, generando una situación de pobreza evidente que no aparecerá en los indicadores ni en las cifras de los sistemas de seguimiento públicos.

Los alcances de dinámicas como las mencionadas pueden llegar a ser insospechados, incluso pueden afectar negativamente aspectos tan determinantes para salir de la pobreza como la creación de capital humano. En efecto, en los últimos años, el Estado ha tomado múltiples decisiones relacionadas con la implementación de frecuentes reformas tributarias, ha venido aumentando indiscriminadamente el precio de los combustibles y cargado uno que otro pequeño importe a los egresos de los hogares colombianos, como resultado de esto, el ingreso disponible para educación se ha venido reduciendo, en consecuencia la matrícula en universidades de clase media, en jornada diurna es cada vez menor, mientras el porcentaje de personas que deciden elegir un programa de educación nocturno, que les permite estudiar mientras trabajan, se ha elevado significativamente.

Lo cierto de todo esto, es que es necesario replantear el papel del Estado y reconfigurar la forma en la que ataca la pobreza, podría empezar bajando los costos de los hogares reduciendo de forma pronunciada la incidencia sobre ellos mediante el incremento paulatino de la calidad del gasto y la productividad pública, además podría focalizar su política tributaria sobre los ingresos y no sobre los egresos.

En síntesis, el Estado debe empezar a pensárselo muy bien, cada vez que quiera afectar los egresos de los hogares, es necesario que evalúe seriamente las verdaderas implicaciones de sus actos y deje de actuar de la forma ligera en que lo viene haciendo, en lo que al bienestar de la sociedad se refiere.

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El proceso de paz y la racionalidad de los guerreristas

Publicado en el diario Portafolio http://www.portafolio.co/opinion/analisis-modelos-violencia-colombia

Luego del ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en  el Cauca, que dejó 11 militares muertos y 17 heridos, el país se ha dividido en dos bandos. El primero, clama a gritos por el rompimiento del proceso de paz; mientras el segundo, llama a la cordura y a mantener un ambiente de negociación que garantice la firma de un acuerdo.

Desde este punto de vista, vale la pena analizar con cabeza fría, varios aspectos relevantes del conflicto, antes de tomar partido por una u otra posición.

Un aspecto a considerar es la posibilidad o no de finalizar el conflicto a través del ejercicio institucional de la fuerza.  De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y con el Banco Mundial, Colombia está en el top 30 de países del mundo, con  mayor gasto militar, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, nuestro país sigue siendo uno de los más violentos del mundo, los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, actualmente nos ubican en el puesto 13 del ranking de países con mayor tasa de homicidios por cien mil habitantes. 

De otra parte, la literatura más reciente sobre las dinámicas de los modelos de violencia, los sitúa en una perspectiva evolutiva, en el marco de la cual, se reproducen en un ambiente propicio para su existencia y cambian de acuerdo con las características del entorno social. En esencia, al igual que cualquier ser vivo, evolucionan por cuenta de mutaciones generadas por los incentivos del ambiente en el cual sobreviven.

De acuerdo con las mediciones para el Índice de Gini publicadas por el Banco Mundial, Colombia es el onceavo país más desigual del mundo. En lo que tiene que ver con brechas en ingresos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos ubica en el puesto 13 entre 151 países. Lo que nos muestran las cifras es que hay un grupo poblacional pequeño que gana bien y vive bien, pero hay un porcentaje muy grande de la población cuyos ingresos ni si quiera alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Ésta problemática es de tal magnitud, que de acuerdo con las cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 42,8% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza, es decir no gana lo suficiente para satisfacer sus necesidades más elementales.

Lo que nos muestran estos indicadores, es que nuestro país ofrece un entorno absolutamente propicio para la proliferación de modelos de violencia, que tienen por objetivo principal, captar rentas a través de narcotráfico, extorsión, contrabando, minería ilegal etc. Así las cosas, podemos destinar el 100% de nuestro presupuesto a la fuerza pública y jamás estos modelos de violencia van a desaparecer hasta tanto no desaparezcamos el entorno propicio que tienen hoy para reproducirse. Por el contrario, cuanto más presupuesto dediquemos a la guerra, menor será la proporción que podremos destinar a generar condiciones que permitan que la mayoría de la población, pueda cubrir sus necesidades insatisfechas; por lo que incluso, estaríamos profundizando los determinantes del conflicto.

Para tener una idea de las dimensiones de este fenómeno, vale la pena revisar el caso del paramilitarismo en Colombia. A partir del 25 de noviembre el 2003, se dio inicio al proceso de desmovilización de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La mayoría de los Colombianos pensaron que este proceso sacaría de combate a uno de los bandos más sangrientos del conflicto; sin embargo, en la actualidad es evidente que estas unidades generadoras de violencia, no desaparecieron sino que simplemente  mutaron ajustándose a los cambios en un entorno todavía propicio para su supervivencia y evolucionaron en un organismo diferente denominado BACRIM o Bandas Criminales.

A pesar de todo lo mencionado, una parte del país considera que la manera para enfrentar una problemática de estas características, es profundizar el accionar de las fuerzas militares y de policía. En el marco de una condición que la economía moderna llama “riesgo moral”, un grupo poblacional fundamentalmente de estratos altos ubicado en las ciudades principales, toma decisiones de política que respaldan esta iniciativa y además exigen resultados. Sin embargo, las consecuencias de sus actos son sufridas por el grupo poblacional más deprimido; de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1988 hasta la fecha, han muerto 2981 civiles en acciones bélicas, desarrolladas fundamentalmente por fuera de las ciudades colombianas.  En efecto, entre 1958 y 2012, el conflicto ha generado la muerte de al menos 220.000 personas localizadas en su mayoría, en poblaciones pequeñas y zonas rurales.  Para que tengan una idea de la magnitud del fenómeno, este número de vidas perdidas se puede equiparar a la desaparición del total de la población de una ciudad como Tunja en Boyacá.

Considerando estos antecedentes, vale la pena preguntarse si de verdad lo que el país requiere es la profundización institucional del conflicto o un proceso sostenido de paz y reconciliación con todos sus protagonistas, que empiece con las FARC y se focalice en erradicar la desigualdad y reparar a todos los grupos poblacionales afectados por más de 50 años de guerra.

Plan de desarrollo, buen gobierno, productividad pública y calidad del gasto.

Hace unos días, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), abrió un espacio en el que los directivos de un conjunto de firmas de consultoría del sector gobierno, tuvimos la oportunidad de transmitir nuestras impresiones, sobre la estructura y contenido del Plan Nacional de Desarrollo que está próximo a aprobarse.

Las características del evento, resultaron muy pertinentes y seguramente provechosas, para la ardua tarea que está adelantando el DNP por esto días. Se trató de un conversatorio con un número reducido de expertos en temas diversos, conocedores del gobierno y las políticas públicas; en el que el director del DNP, Simón Gaviria tuvo la oportunidad de presentar el plan y recibir interesantes impresiones en un valioso tono de franqueza y camaradería técnica.

Con estos antecedentes, considero oportuno precisar algunos elementos de las impresiones personales, amablemente acogidas por el DNP, relacionadas con el componente del Plan denominado “Buen Gobierno”. En particular, se suscriben a incluir en este nuevo derrotero estratégico nacional, un componente transversal que garantice la migración de la perspectiva de la gestión pública, hacia dos conceptos centrales de administración moderna: elevada productividad y alta calidad del gasto público.

El DNP ha manifestado, que por fin Gobierno Nacional va a formalizar al interior del nuevo Plan de Desarrollo, el paso de implementar el modelo de Gestión Presupuestaria por Resultados en Colombia. Decisión muy pertinente si consideramos que países de la región como Chile y Perú, han recorrido dicho camino con resultados notables, mucho antes que nosotros. Con este mecanismo, avanzaremos en poder hacer una asociación mucho más clara entre las metas que nos proponemos como nación y los recursos que invertimos en alcanzarlas.

Esta iniciativa, supone el primer escalón para iniciar un proceso sostenido de mejora en la efectividad pública colombiana, sin embargo, si queremos hacer la tarea completa y pretendemos  garantizar un gobierno efectivo, que responda de la manera esperada a las exigencias sociales del post conflicto; es pertinente que empecemos a medir la capacidad de nuestras instituciones para entregar bienes, servicios públicos y calculemos de forma técnica la eficiencia y la eficacia, con la que están siendo usados los recursos públicos colombianos.

Hace unos años, Chile emprendió un proceso similar al que proponemos y de acuerdo con la más reciente medición del World Economic Forum, hoy día supera a países como Japón y Canadá en el ranking de eficiencia en el gasto público.

La idea en concreto, es que nuestro gobierno empiece a medir el nivel de producción de bienes y servicios de sus instituciones y que se fije metas concretas asociadas a la mejora de los niveles de productividad. De la misma manera, esperamos que logre avanzar del puesto 101 en el ranking mundial mencionado y se acerque al puesto 21 en el que se encuentra actualmente Chile.

El objetivo es que desde la perspectiva del “Buen Gobierno” contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, se formule una estrategia consolidada de gestión del cambio en la administración, por intermedio de la cual, cada gerente público se obsesione con garantizar que su organización produzca más, haciendo uso de los mismos recursos y el Ministerio de Hacienda trabaje en garantizar que nuestro país utilice los dineros públicos, en el marco de estándares de eficiencia y eficacia, superiores a los de cualquier nación vecina.

La consolidación exitosa de una iniciativa como la anotada, traerá consigo aspectos que todos los ciudadanos colombianos añoramos: el dinero de nuestros impuestos se verá representado en obras de infraestructura oportunas, menor desigualdad social, mayor seguridad en las ciudades y en las áreas rurales, mayor cobertura y por supuesto calidad, en educación, salud, servicios públicos etc.

Todo esto, sin la necesidad urgente de concebir reformas tributarias cada año, gracias al hecho de que con los mismos recursos será posible lograr mayores resultados y responder de forma más efectiva a las sentidas necesidades sociales.

Si esta iniciativa se incluye en el plan y el gobierno trabaja de manera activa en garantizar su implementación, van a pasar varios años antes de ver sus resultados, por eso es mejor empezar cuanto antes de manera que “Todos Construyamos un Nuevo País” con instituciones públicas a la altura de sus retos. 

Menos impuestos y más productividad pública

El 29 de septiembre pasado, Juan Carlos Echeverry, ministro de hacienda predecesor de Mauricio Cárdenas; publicó en el diario El Tiempo una columna titulada “Mitos Sobre Gastos e Impuesto”. En su contenido define 4 creencias que él denomina como “infundadas”, relacionadas con todo lo que las personas tienden a pensar, cuando se hace alusión a temas como gasto del gobierno y reformas tributarias. A pesar de lo interesante de sus conclusiones, desde mi humilde perspectiva, la posición de Echeverry es una representación fehaciente, del imaginario que rige a los gerentes públicos colombianos, en particular a todos aquellos que tienen o han tenido un vínculo directo con el Ministerio de Hacienda: “aumentar la intervención pública significa, necesariamente, recaudar más recursos”.

Vale la pena revisar en detalle la validez teórica de una aproximación como ésta y sugerir un cambio estructural en el paradigma de nuestra gestión pública. No hay que olvidar que desde la perspectiva de la Gerencia Pública Moderna, es posible lograr mejores resultados manteniendo constantes los recursos invertidos en la intervención gubernamental. Este efecto se logra, fundamentalmente mediante el incremento sostenido de la Productividad Pública y el mejoramiento permanente de la Calidad del Gasto Público. Ambas condiciones tienen que ver directamente con el mejoramiento de la efectividad gubernamental.

La productividad está definida como la relación entre la cantidad de bienes y servicios generados por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.

De acuerdo con las cifras reportadas por Banco Mundial, para el periodo comprendido entre el 2009 y el 2013, Colombia se encuentra en los percentiles inferiores en cuanto a productividad nacional. Considerando el hecho de que la productividad pública usualmente se ubica por debajo de la productividad privada y que la productividad nacional considera ambas medidas; se puede inferir que la productividad pública Colombiana con respecto al resto de países del mundo, se ubica en los últimos puestos de la tabla.

De acuerdo con los actuales Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial, Colombia es un país de media tabla en efectividad  pública, esta situación nos pone por debajo de países como Chile en lo que tiene que ver con la capacidad de nuestro gobierno para enfrentar problemas sociales. Un resultado de estas características sugiere también un bajo nivel de productividad pública que incide sobre todas las dimensiones del desempeño económico. De acuerdo con cifras reportadas por el Foro Económico Mundial en 2013, Colombia aparece en el puesto 69 de 144 en el Índice Global de Competitividad. Este resultado se explica en buena medida por el bajo puntaje que obtienen nuestras instituciones, de hecho,  la corrupción y la ineficiente burocracia de gobierno, se cuentan entre los factores más problemáticos para quienes quieren  hacer negocios en nuestro país.  Estos resultados coinciden con los reportados por Transparencia Internacional, que en el 2013 le dio a Colombia un puntaje de media tabla en su Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándolo por debajo de países como Jamaica, Trinidad y Tobago; y equiparándolo con países como Surinam.

Varias experiencias interesantes alrededor del mundo nos han demostrado, que mediante la simplificación de la intervención pública, el rediseño de sus procesos e institucionalidad para reducir sus costos de transacción, tanto los internos como los que se transfieren al ciudadano; es posible entregar más bienes y servicios públicos, sin necesidad de invertir mayores recursos, logrando consecuentes mejoras en calidad, cobertura y reducciones en  los tiempos de entrega.   

En su libro Instruction to Deliver, Michael Barber, pone de presente el éxito alcanzado por gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, al lograr “disparar” todos los indicadores claves, a través de la mejora sostenida de la productividad pública. En una publicación posterior, Deliverology 101: A Field Guide for Educational Leaders; demuestra el potencial del mejoramiento sostenido de la efectividad pública al interior del sistema educativo.

Experiencias como estas han fundamentado la evolución paulatina de países de la región como Chile, que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, logró escalar desde el puesto 49, en apenas 5 años, hasta ubicarse entre los 10 mejores países del mundo  en calidad del gasto público. El secreto, la implementación de mejoras estructurales en la gestión de sus organizaciones, dirigidas a incrementar la productividad pública y la calidad de los bienes y servicios producidos.

En Colombia tenemos un camino largo por recorrer, por ejemplo, ¿cuánto nos ahorraríamos con simplificaciones evidentes en aspectos centrales como la contratación pública?. Durante cada periodo fiscal, las entidades deben adelantar procesos vertiginosos de contratación de bienes y servicios cuya provisión es necesaria para soportar su operación. Estas actividades requieren del compromiso de un aparato jurídico y técnico importante a lo largo de todo el año. En este sentido, ¿por qué deben hacerse contrataciones anuales cuando se sabe que la provisión es requerida durante periodos mayores? ¿Por qué no rediseñamos todo el aparato de contratación para facilitar los contratos plurianuales? 

Bajo estas condiciones el principal “mito sobre gastos e impuestos” está en creer que la única manera en la que se pueden atender a más personas en el marco de estándares de calidad mayores, es recaudando más impuestos. Lo cierto en todo caso, es que lo único que logramos con esos recursos adicionales, si no mejoramos la calidad del gasto, es desperdiciar una cantidad mayor de recursos en ineficiencia y corrupción. 

¡Ni una reforma tributaria más!

Publicado en http://www.portafolio.co/opinion/coyuntura-%C2%A1ni-una-reforma-tributaria-mas

Cada vez que se aproxima un cambio de gobierno, empiezan a oírse voces que algunos denominan como “calificadas”, planteando la posibilidad de iniciar la discusión sobre una nueva reforma tributaria.

En general estos procesos de ajuste fiscal, buscan aumentar los ingresos gubernamentales  con el objetivo de mejorar el flujo de caja público.  Lo que usualmente se pierde de vista, es que actualmente quedan muy pocas actividades que no se encuentren gravadas y que cada impuesto nuevo, restringe de manera drástica el bienestar del actor económico obligado a pagarlo. Lo que se espera es que dicha reducción de la “felicidad” resulte compensada, mediante procesos de inversión social dirigidos a mejorar la calidad de vida, de los mismos actores que pagan los impuestos o de otros, cuyos ingresos son menores.

Sin embargo, cuando un gobierno tiene dificultades importantes para garantizar la calidad en la provisión de los bienes y servicios públicos, el análisis cruzado de los beneficios recibidos, de los recursos captados y de los costos de transacción generados; resulta siendo negativo.   

En el caso de Colombia, esta situación tiene alcances dramáticos que pueden ser analizados a la luz de la cotidianidad tributaria de un ciudadano de clase media, dedicado a la prestación de servicios profesionales, independientes y perteneciente al denominado “régimen común”.

En primera instancia, este individuo tendrá que trasladar al fisco alrededor del 30% del monto total de cada contrato que suscriba. Considerando que el monto estipulado en el contrato va a remunerar sus servicios, podemos decir que de cada 10 horas que trabaja, aproximadamente 3 irán a pagar impuestos como IVA, ICA y Retención. El 70% del ingreso restante, se distribuye en todos los costos en los que debe incurrir para prestar el servicio mencionado y en general, la totalidad de los rubros asociados al desarrollo de las actividades cotidianas. Sin embargo, la adquisición de cualquier bien o servicio supone una transacción, que comúnmente está gravada de una u otra manera a través de impuestos al consumo, sobretasas o impuestos a las transacciones financieras y en su mayoría, estas compras no se pueden deducir de los montos retenidos durante los pagos de cada contrato. Bajo estas condiciones el panorama para este individuo resulta francamente sombrío, pues debe agregar al menos 2 horas de las 10 trabajadas a remunerar otros impuestos.

No obstante, la mitad de todos los servicios prestados por nuestro ciudadano promedio pertenecen al fisco, todavía debe disponer de al menos 2 horas más de su jornada para cubrir tributos  de carácter explícito como prediales, impuestos a vehículos, renta y otros de naturaleza implícita como sobre-aportes a salud y pensiones, seguros obligatorios, licencias de emisiones etc. Al terminar todo este pandemónium,  se define un escenario en el que solamente 3 de las 10 horas trabajadas resultan siendo propias; sin embargo, todavía es necesario utilizar una parte de ellas, para remunerar mecanismos como la medicina prepagada y los seguros voluntarios, que le permitirán a este ciudadano blindarse contra problemas evidentes en la calidad de los bienes y servicios públicos gubernamentales.

Finalmente una minúscula porción de todo el arduo trabajo desarrollado, puede usarse para mejorar la felicidad propia y la de quienes conforman el círculo familiar de nuestro apesadumbrado sujeto.

Es importante recordar, que además de todo lo mencionado, este complejo entramado impositivo genera una serie de costos de transacción, que comprometen en trámites una parte importante del tiempo de ocio de nuestro aportante y que implican, la contratación de servicios contables y tributarios, necesarios para garantizar liquidaciones precisas y evitar toda suerte de sanciones.

Naturalmente, en caso de que nuestro sujeto experimental desee mejorar su bienestar de forma sustancial, debe pensar en incrementar la jornada laboral en por lo menos 5 o 6 horas diarias, de manera que pueda generar un ahorro suficiente para adquirir vivienda, vehículo etc. Esta condición, nos deja en un escenario complejo, en el cual tenemos un gobierno que es capaz de restringir de manera drástica el tiempo de ocio de los individuos y propone entes cuyo único objetivo es trabajar para mantener su burocracia y además, sobrellevar una cotidianidad digna.

Luego de analizar un caso como este, la pregunta obvia que debemos hacernos es ¿cómo llegamos a un escenario, en el que la casi totalidad del trabajo desarrollado por un sujeto promedio termina siendo propiedad del fisco?

Al parecer reformas consecutivas han conducido nuestra sociedad hasta un escenario en el que el gobierno y su burocracia ineficaz, se están convirtiendo en una carga difícil de llevar para los ciudadanos. El aparato público que solía concentrarse en “mejorar el bienestar de sus ciudadanos” ahora actúa como una institución extractiva que devuelve apenas una porción de lo que toma por derecho. 

Para concluir, vale la pena proponer algunos cambios en el paradigma actual. En primera instancia, es hora de que nuestros gobernantes dejen de pensar en reformas tributarias y empiecen a obsesionarse con lograr mejoras sostenidas de la productividad pública. Además, llegó el momento de retomar el camino e iniciar un proceso ininterrumpido que conduzca a entregar más y mejores bienes y servicios públicos, utilizando una cantidad de recursos igual o menor a la actual. Por último, vale la pena trabajar en el diseño de un conjunto de indicadores, que midan las mejoras en la productividad pública y que una vez se den los avances esperados, el fisco empiece a devolverles a los ciudadanos parte de la remuneración al trabajo que les pertenece por derecho.