El Estado como plataforma para la generación de valor y riqueza

Las economías en desarrollo enfrentan un dilema persistente. Cuando el sector público se convierte en el principal motor del crecimiento, puede generar una expansión en el corto plazo, pero frecuentemente a costa de un aumento del endeudamiento, déficits estructurales y una erosión gradual de la confianza en las bases fiscales e institucionales de la economía. Cuando, por el contrario, el Estado se retira y deja el desarrollo casi por completo en manos del mercado, el crecimiento puede volverse desigual, concentrado y excesivamente dependiente de recursos volátiles y finitos, como el petróleo, el gas, la minería o actividades agrícolas de bajo valor agregado. Ninguno de estos enfoques, por sí solo, ha demostrado de manera consistente la capacidad de generar el aumento sostenido de productividad, complejidad económica y capacidades humanas necesario para transformar la trayectoria de largo plazo de un país.

Existe, sin embargo, una tercera posibilidad que consiste en concebir al Estado como una plataforma. Este enfoque adopta la lógica de los modelos de plataforma desarrollados por las grandes empresas de tecnología, donde el valor central no radica en la producción directa de todos los bienes o servicios, sino en la creación de una infraestructura física, digital, legal y social que permite la generación descentralizada de valor y riqueza mediante efectos de red. El Estado como plataforma no busca convertirse en el principal productor de riqueza, pero tampoco retirarse de la vida económica. Su propósito es construir y mantener las bases, las instituciones, las capacidades y las reglas que permitan a ciudadanos y empresas crear valor de manera más sencilla, predecible y con menores costos de transacción. Desde esta perspectiva, el desarrollo no es algo que el gobierno produce desde arriba, sino un fenómeno emergente que la sociedad crea desde dentro de un ecosistema que el Estado contribuye a habilitar.

El debate convencional sobre el papel económico del Estado suele reducirse a una falsa elección entre un Estado intervencionista que gasta, subsidia, posee y dirige, y un Estado mínimo que se retira y deja actuar al mercado. Ambas posiciones comparten el supuesto de que la pregunta central consiste en determinar cuánta actividad económica debe realizar directamente el sector público. El modelo del Estado como plataforma parte de una interrogante diferente, enfocada en identificar qué impide que los ciudadanos y las empresas interactúen productivamente y qué acciones puede emprender el Estado para eliminar esas barreras.

Toda interacción económica implica fricción. Los empresarios deben obtener información, registrar empresas, acceder a energía y conectividad, conseguir financiación, contratar trabajadores, transportar mercancías, cumplir regulaciones, hacer cumplir contratos y resolver disputas. Los ciudadanos deben interactuar con las instituciones públicas para obtener documentos, ejercer derechos, recibir servicios y participar formalmente en la economía. Estos procesos consumen tiempo, recursos financieros y generan incertidumbre. Parte de esa fricción es inevitable, pero una porción significativa es creada o amplificada por la complejidad institucional, una infraestructura insuficiente, la logística ineficiente, las regulaciones inconsistentes, los sistemas de información débiles o una capacidad administrativa limitada.

La función distintiva del Estado como plataforma consiste en reducir la fricción innecesaria en toda la sociedad para maximizar la generación de valor y riqueza. Esto no significa que el Estado deje de proveer bienes públicos, pues la justicia, la seguridad, la infraestructura, la información pública, la regulación esencial, las capacidades científicas y otros bienes colectivos siguen siendo indispensables. La diferencia radica en que el Estado debe concentrarse en producir las condiciones que catalicen la creación descentralizada de riqueza, en lugar de intentar convertirse él mismo en la fuente primaria de esa producción.

Esta perspectiva también ofrece una forma distinta de entender el desarrollo. Una economía productiva no es simplemente aquella que posee recursos naturales, trabajo o capital, sino aquella en la que los individuos y las organizaciones pueden combinar esos recursos de manera eficiente. El propósito de las políticas públicas debería ser reducir el costo de esas combinaciones. Una empresa debería poder crearse rápidamente, los contratos deberían hacerse cumplir con celeridad, el capital tendría que ser accesible, la energía confiable, las mercancías movilizarse eficientemente, la información estar disponible, las regulaciones ser previsibles y las capacidades humanas coincidir con las oportunidades productivas. El resultado de este esquema es un círculo virtuoso caracterizado por una menor fricción, mayor interacción, más inversión, especialización creciente, mayor productividad, alta complejidad económica y mejores ingresos.

Esta aproximación modifica la forma de evaluar al Estado. La pregunta relevante no es únicamente cuánto gasta o cuántos programas administra, sino si los ciudadanos y las empresas pueden lograr más utilizando menos tiempo, incertidumbre y recursos. La efectividad del Estado como plataforma debería medirse por su capacidad para reducir los costos de transacción innecesarios que enfrenta la sociedad y por el volumen de valor que logra catalizar en el ecosistema.

Los sectores basados en recursos naturales, como el petróleo, el gas, la minería y la agricultura, pueden desempeñar un papel importante en las economías en desarrollo al generar exportaciones, empleo, ingresos fiscales y capital para la inversión. El problema no es la extracción en sí misma, sino convertirla en el destino final del desarrollo. Las economías basadas únicamente en materias primas permanecen expuestas a ciclos de precios que no controlan y suelen enfrentar dificultades para generar las capacidades tecnológicas, los encadenamientos industriales y los aumentos de productividad necesarios para alcanzar una prosperidad sostenida. El enfoque de plataforma no rechaza los recursos naturales, sino que busca utilizarlos como un puente hacia economías cada vez más sustentadas en el conocimiento, la tecnología, las manufacturas avanzadas, los servicios sofisticados y una mayor complejidad productiva.

El mismo principio se aplica al gasto público. La expansión fiscal puede proporcionar estímulos temporales útiles o financiar inversiones esenciales, pero el gasto no puede sustituir permanentemente a la productividad. Cuando el gasto público se convierte en el motor estructural del crecimiento, el aumento de la producción puede coexistir con un incremento de la deuda, los déficits y la vulnerabilidad. El desarrollo sostenible requiere un motor que genere más valor del que el propio Estado necesita gastar.

Construir un Estado como plataforma requiere un conjunto amplio de capacidades complementarias. Las economías necesitan energía abundante y confiable para sostener la industrialización, el desarrollo tecnológico y los servicios avanzados. Requieren infraestructura digital que permita interacciones eficientes entre ciudadanos, empresas y gobierno, así como conectividad física y logística mediante carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, redes de transmisión y sistemas de transporte eficientes. Se necesita capital humano, particularmente en ciencia, ingeniería, tecnología, gestión y disciplinas técnicas. Sobre todo, se requieren instituciones fuertes con reglas previsibles, sistemas de justicia eficaces, derechos de propiedad seguros, una administración pública competente y una cultura que conciba a las instituciones no solamente como instrumentos de control, sino como la infraestructura básica para la cooperación y la creación de valor.

El mayor desafío de este modelo no es técnico, sino temporal. Los sistemas energéticos, las capacidades educativas, las redes logísticas y las reformas institucionales requieren años o décadas para madurar, mientras que los ciclos políticos son breves. El Estado como plataforma requiere continuidad. Los gobiernos pueden discrepar legítimamente sobre impuestos, redistribución o el tamaño de determinados programas, pero no deberían reinventar cada pocos años la infraestructura económica fundamental del país. La plataforma debe pertenecer a la nación y no a una administración específica.

Esto conduce a una distinción importante. El Estado como plataforma no es necesariamente un Estado más pequeño, sino un Estado más capaz. Puede requerir recursos significativos para construir infraestructura, administrar justicia, educar a los ciudadanos y mantener sistemas complejos. Sin embargo, esa mayor capacidad institucional debe estar acompañada por una menor discrecionalidad. El Estado debe ser fuerte allí donde la acción colectiva es necesaria y limitado allí donde la intervención simplemente sustituye a la iniciativa privada. De este modo, las instituciones fuertes y la discrecionalidad limitada se convierten en principios complementarios.

El modelo de plataforma no es el laissez faire clásico ni el desarrollo tradicional dirigido autoritariamente por el Estado. No supone que los mercados puedan resolver todos los problemas ni que los gobiernos puedan identificar mejor que la sociedad cuáles serán los usos más productivos de los recursos. Asigna al Estado la función de construir la infraestructura de la interacción, sobre la cual los mercados, los empresarios, los trabajadores, las universidades, los inversionistas y las comunidades actúan para generar valor y riqueza.

El éxito del Estado como plataforma debería reflejarse en lo que las personas y las organizaciones pueden lograr gracias a la existencia de esas instituciones. La efectividad se demuestra cuando una persona puede crear una empresa rápidamente, las industrias obtienen energía confiable, los trabajadores adquieren capacidades relevantes, el capital se dirige hacia oportunidades productivas, los contratos se cumplen eficientemente, las mercancías llegan a los mercados a costos competitivos, los ciudadanos interactúan con el gobierno sin burocracia innecesaria y la riqueza proveniente de los recursos naturales se transforma en capacidades tecnológicas.

La proposición central de este modelo es que el desarrollo no es un producto directo de los gobiernos, sino una creación colectiva de la sociedad cuando las instituciones permiten que las interacciones productivas se multipliquen. El papel del Estado consiste en hacer que esas interacciones sean posibles, previsibles, accesibles y generadoras de valor. El Estado construye y mantiene la plataforma, la sociedad crea riqueza sobre ella, y la medida del éxito radica en cuánto más es capaz de producir y prosperar la comunidad en su conjunto.