El ajuste fiscal de Colombia: cuando el Estado empieza a consumir la economía

Colombia enfrenta un problema fiscal que ya no puede ser tratado como una dificultad coyuntural ni como el resultado de las decisiones de un solo gobierno. Durante al menos los últimos tres gobiernos —los de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro— el gasto público y la deuda han seguido una trayectoria persistentemente ascendente. Gobiernos con diferencias profundas en sus orientaciones políticas terminaron compartiendo una misma tendencia: ampliar el tamaño y las obligaciones del Estado sin realizar una corrección proporcional de su estructura de gasto. El resultado es una economía en la que el sector público ha crecido más rápidamente que la capacidad productiva que debe financiarlo.

Las cifras del presupuesto de 2027 muestran hasta dónde ha llegado esa dinámica. El proyecto asciende a 634,9 billones de pesos, cerca de 30% del PIB. De ese total, aproximadamente 392,6 billones corresponden a funcionamiento, 155,4 billones al servicio de la deuda y apenas 87 billones a inversión. Es decir, alrededor de 86% del presupuesto está comprometido entre mantener el funcionamiento del Estado y pagar obligaciones financieras acumuladas, mientras la inversión representa apenas cerca de 14%. El dato más importante no es simplemente que el presupuesto sea grande, sino su composición: el Estado necesita cada vez más recursos para financiarse a sí mismo y para atender compromisos adquiridos en el pasado, mientras una proporción mucho menor queda disponible para ampliar la capacidad productiva futura.

Esta es la primera gran transformación que debe reconocerse. El problema colombiano no consiste únicamente en que el gasto público haya aumentado, sino en que ese aumento se ha concentrado progresivamente en obligaciones corrientes, transferencias y servicio de la deuda, mientras la inversión pierde participación. Un Estado puede crecer sin deteriorar necesariamente la economía si una parte sustancial de sus recursos se dirige a inversiones que eleven la productividad, mejoren la infraestructura, fortalezcan el capital humano o reduzcan los costos que enfrenta el sector privado. Pero cuando el crecimiento del gasto se utiliza principalmente para sostener obligaciones existentes, su capacidad para generar crecimiento futuro disminuye.

La evolución de la formación de capital confirma el problema. La formación bruta de capital fijo pasó de 23,4% del PIB en 2015 a 17,3% en 2024 y a 16,7% durante los primeros nueve meses de 2025. La caída es demasiado profunda para considerarla una fluctuación menor. Colombia está acumulando menos capital productivo que hace una década, precisamente cuando necesitaría hacer lo contrario para elevar su productividad y alcanzar tasas de crecimiento superiores. Una economía que invierte menos en maquinaria, infraestructura, tecnología y capacidad empresarial puede mantener durante algún tiempo un determinado nivel de consumo, pero está reduciendo la capacidad con la que contará para producir en el futuro.

La misma tendencia se observa en la relación entre ahorro e inversión. El debilitamiento del ahorro interno y la menor formación de capital obligan a depender en mayor medida del ahorro externo para financiar la inversión que la economía todavía realiza. Esto limita la capacidad de Colombia para sostener un proceso vigoroso de acumulación de capital con recursos propios. El problema no es solamente cuánto invierte el país hoy, sino la insuficiente generación de recursos internos para financiar una inversión mucho mayor mañana.

Es en este punto donde aparece el fenómeno del desplazamiento del sector privado. El Estado obtiene recursos de la economía principalmente mediante impuestos y endeudamiento. Los primeros reducen los recursos que empresas y hogares pueden destinar a inversión, contratación y ahorro; el segundo absorbe una parte creciente del ahorro disponible y aumenta las necesidades futuras de financiación. Cuando el sector público aumenta persistentemente su participación en la economía sin que aumente proporcionalmente la capacidad productiva, comienza a competir con el sector privado por los recursos que ambos necesitan para crecer.

Las mediciones del Banco Mundial permiten observar esta expansión de manera particularmente clara en la evolución del gasto público como proporción del PIB. La serie muestra un aumento sustancial del peso del gasto estatal durante las últimas décadas y sitúa a Colombia en niveles que ya no pueden considerarse propios de un Estado limitado. Esta medición debe distinguirse de indicadores más estrechos, como el consumo final del gobierno general, que capturan solamente una parte del gasto público. La cuestión relevante es que, bajo la medida de gasto público utilizada en la serie, la participación del Estado en la economía colombiana ha aumentado de manera considerable y se encuentra muy por encima de los niveles históricos del país.

La comparación internacional confirma la dimensión alcanzada por esa expansión. Según la OCDE, el gasto del gobierno general colombiano, incluidas todas sus dimensiones, llegó a 49,7% del PIB en 2024, frente a un promedio de 42,6% para los países de la organización en 2023. Colombia se encuentra así cerca de un nivel en el que el sector público absorbe aproximadamente la mitad del producto nacional bajo una definición amplia de gasto gubernamental. La magnitud del dato resulta especialmente significativa para un país de ingresos medios que todavía enfrenta enormes déficits de infraestructura, productividad, educación y capacidad institucional. El problema no es que Colombia gaste poco en términos absolutos, sino que gasta una cantidad cada vez mayor sin obtener de ese esfuerzo fiscal un aumento equivalente de su capacidad productiva. Las cifras del Banco Mundial confirman esta trayectoria y son inequívocas: mientras la mayoría de los países del mundo mantiene su gasto sin considerar todas sus dimensiones, por debajo del 30% del PIB, umbral tácito de sostenibilidad, Colombia lo supera ampliamente. Colombia no está simplemente por encima del promedio: está por encima del resto del mundo. Y un Estado de ese tamaño no es sostenible en ningún contexto.

La paradoja colombiana aparece entonces con toda claridad: el Estado necesita aumentar sus ingresos porque sus obligaciones son cada vez mayores, pero la forma en que ha crecido está reduciendo la capacidad de la economía privada para generar esos ingresos adicionales. El Estado termina utilizando una proporción creciente de los recursos nacionales para financiar su funcionamiento, sus transferencias y su deuda, mientras el sector privado dispone de menos espacio para invertir y acumular capital. El resultado es una especie de círculo vicioso: más gasto genera más necesidades de financiación; más financiación requiere más impuestos o más deuda; ambos mecanismos presionan sobre los recursos privados; la menor inversión reduce la capacidad de crecimiento; y un crecimiento potencial más bajo hace todavía más difícil sostener el tamaño alcanzado por el Estado.

Esta dinámica también ayuda a explicar una característica preocupante del crecimiento reciente. Colombia puede registrar tasas positivas de expansión del PIB mientras su capacidad productiva se deteriora. En el segundo trimestre de 2026, por ejemplo, el PIB creció 3,5%, mientras las actividades de administración pública, defensa, educación y salud registraron un crecimiento cercano a 10%. Al mismo tiempo, sectores fundamentales para la transformación productiva, como la agricultura, registraron una contracción de 2,1%, y la industria manufacturera apenas creció 2%. El problema no es que el gasto público contribuya al crecimiento del PIB —inevitablemente lo hace— sino que no puede convertirse indefinidamente en el principal soporte de una economía que necesita aumentar su productividad y su inversión privada.

El PIB mide producción corriente; no mide por sí mismo la capacidad futura de producir. Un aumento del gasto público puede elevar la actividad económica en el corto plazo, pero si ese gasto no genera infraestructura, capital humano, tecnología o condiciones para una mayor inversión privada, su contribución al crecimiento potencial será limitada. El verdadero problema surge cuando una economía comienza a financiar una parte creciente de su crecimiento mediante un Estado cada vez más grande, mientras simultáneamente reduce la inversión que debería permitirle crecer sin depender permanentemente de ese Estado.

Por eso la solución no puede consistir simplemente en aumentar nuevamente los impuestos. Colombia enfrenta ya una estructura tributaria particularmente adversa para la inversión empresarial. La tasa estatutaria del impuesto corporativo es de 35%, frente a aproximadamente 23% en promedio en la OCDE, y la tasa efectiva también supera el promedio de la organización. Al mismo tiempo, la relación entre recaudo tributario y PIB fue apenas 19,9% en 2024, frente a 34,1% en promedio en la OCDE. Esto revela una contradicción profunda: Colombia mantiene una carga particularmente elevada sobre determinadas actividades productivas, pero no consigue generar con ella los ingresos suficientes para financiar un Estado que ha crecido mucho más rápidamente. Un país de ingreso medio-bajo que sostiene un nivel de gasto público cercano a la mitad del PIB solo puede hacerlo sobrecargando de impuestos a su economía privada; no hay otra forma de financiarlo.

Insistir en esa estrategia conduciría a un resultado previsible. Cada nuevo aumento de impuestos destinado a financiar un gasto estructuralmente elevado reduciría aún más los incentivos para invertir, formalizar empresas y ampliar la producción. La solución fiscal no puede ser extraer continuamente más recursos de una economía cuya capacidad de generar esos recursos está siendo debilitada. Colombia necesita, en cambio, reducir el gasto que no aumenta su capacidad productiva y utilizar mejor los recursos que conserve.

Eso exige una transformación mucho más profunda que un simple recorte presupuestal. Hay que reducir la burocracia innecesaria, eliminar entidades y programas duplicados, revisar transferencias y subsidios que no estén adecuadamente focalizados, mejorar radicalmente la contratación pública y combatir la corrupción. Pero también hay que modificar las prioridades del presupuesto: menos recursos destinados a sostener estructuras permanentes y más recursos dirigidos a infraestructura, educación de calidad, ciencia, tecnología, justicia, seguridad y aquellos bienes públicos que permitan al sector privado invertir y producir más. El objetivo no debe ser simplemente un Estado más pequeño, sino un Estado económicamente más útil.

En otras palabras, Colombia necesita dejar de utilizar al Estado como sustituto de la economía privada y comenzar a utilizarlo como plataforma para que esa economía pueda crecer. El Estado debe habilitar la creación de riqueza, no convertirse en su principal consumidor. Debe concentrarse en aquello que el mercado no puede proporcionar eficientemente y retirarse de actividades en las que su presencia desplaza recursos, inversión y emprendimiento privados. La diferencia es fundamental: un Estado que construye infraestructura productiva puede aumentar la capacidad de la economía; un Estado que aumenta permanentemente su gasto corriente aumenta principalmente sus propias obligaciones.

El presupuesto de 2027 ha hecho visible una realidad que durante años pudo ser aplazada mediante endeudamiento, mayores ingresos tributarios y crecimiento moderado. La nueva propuesta elevó el presupuesto en 59,3 billones de pesos frente al proyecto anterior y reconoció obligaciones que no estaban plenamente incorporadas en la propuesta inicial. El llamado “presupuesto de la verdad” no creó el problema; simplemente hizo más difícil ocultarlo. La magnitud del ajuste necesario es ahora evidente porque la expansión acumulada del Estado ha llegado a un punto en el que los ingresos ordinarios ya no son suficientes para cubrir cómodamente sus compromisos.

Colombia todavía puede corregir el rumbo sin esperar una crisis. Esa es precisamente la oportunidad que debe aprovechar. La experiencia de países que han llegado al límite de su capacidad fiscal muestra que los ajustes realizados antes de una crisis son mucho menos costosos que aquellos impuestos por los mercados cuando desaparece la confianza. No es necesario esperar a que la deuda se vuelva impagable, que el acceso al crédito se cierre o que una crisis cambiaria obligue a una reducción desordenada del gasto. La consolidación fiscal puede hacerse gradualmente si existe voluntad política para reconocer el problema y actuar sobre sus causas.

El verdadero punto de quiebre, por tanto, no está en una cifra determinada de deuda o déficit. Está en la relación entre el tamaño de las obligaciones del Estado y la capacidad productiva de la economía que debe financiarlas. Colombia está acercándose peligrosamente a ese límite porque el Estado ha crecido más rápido que la economía privada. Si esa relación no cambia, el país terminará atrapado en una dinámica en la que necesita un Estado cada vez más grande precisamente porque su economía es cada vez menos capaz de sostenerlo.

Argentina ofrece una lección directa. Javier Milei demostró, sin ambigüedad, que bajo decisiones férreas y sostenidas es posible ejecutar ajustes fiscales de mayor magnitud en plazos muy cortos, del orden de dos años. Eso desmonta el argumento de que reducir el tamaño del Estado exige procesos graduales de décadas: la restricción real nunca fue técnica, sino de voluntad política. Colombia todavía tiene una ventaja que Argentina no tuvo: no ha llegado al punto de colapso.

La conclusión es directa. Colombia no puede seguir haciendo crecer el Estado a costa de reducir la capacidad de crecimiento de la economía que lo financia. La prioridad debe ser detener esa dinámica ahora: reducir el gasto improductivo, contener el crecimiento de la deuda, disminuir las cargas que penalizan la inversión y concentrar los recursos públicos en aquello que eleva la productividad y permite al sector privado generar más riqueza. El objetivo no es simplemente cerrar un déficit fiscal. Es recuperar la capacidad de la economía colombiana para crecer por sus propios medios.

Porque, en última instancia, el problema fiscal de Colombia no es que el Estado haya gastado demasiado durante un año. Es que durante demasiado tiempo ha utilizado una proporción creciente de la riqueza presente para financiar un Estado que, al mismo tiempo, está debilitando la capacidad de generar la riqueza futura que necesitará para sostenerse. Si esa tendencia continúa, el Estado no solo terminará consumiendo una parte cada vez mayor de la economía: terminará consumiendo la economía que necesita para sobrevivir.

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