La
imagen que nos viene a muchos a la cabeza, cuando pensamos en un espejismo, es
la del caminante sediento que en un desierto candente, divisa a lo lejos una silueta
que parece ser la solución a sus penurias. Con la esperanza de terminar la
tortura, se dirige al encuentro de este zenit de felicidad, pero al acercarse,
se da cuenta de que lo que parecía ser un oasis, no es más que una construcción
de su mente explicada por el insoportable deseo.
Para el
gobierno y para diferentes sectores, el establecimiento de un acuerdo con las
FARC, se convirtió en su propio espejismo, al punto que se han convencido ellos
mismos y a la sociedad colombiana, de que dicho convenio supone “la paz” para
el país. Esta condición es tan evidente que han posicionado en varios
escenarios el término “post conflicto”, cuyo significado está directamente
asociado a lo que sucede después de un escenario de guerra.
Con la
firma entre el gobierno y las FARC de un listado de entendimientos en lo
relacionado con justicia transicional, se sellan acuerdos muy importantes con
respecto a uno de los temas más críticos de la agenda de la Habana. Para
muchos, se trata de un signo univoco del cierre a un largo proceso de
conversaciones que pondría fin al enfrentamiento de dos partes que llevan
matándose más de medio siglo. En resumen, este paso nos deja muy cerca de
llegar al punto en el que encontraremos la imagen que vimos a lo lejos y que
hemos venido construyendo con el deseo.
Vale la
pena empezar a aterrizar nuestra esperanza dimensionando la realidad a la que
nos enfrentaremos luego de que finalicen positivamente las conversaciones de La
Habana. Lo cierto es que en dicha situación ninguno de los determinantes de la
violencia habrá desaparecido: la desigualdad, la pobreza, la inoperancia del
aparato público y todos los elementos que conducen a enfrentamientos violentos
al interior de nuestra sociedad, seguirán existiendo. Así las cosas, los nuevos
modelos de violencia y de apropiación ilegal de rentas, seguirán generando
efectos muy similares o incluso peores a los producidos actualmente por grupos
como las FARC. En esencia, los reductos de esta organización mutarán en el marco
de un entorno diferente pero aún propicio para su existencia y se convertirán
en organizaciones ciertamente separadas de motivaciones políticas y más
relacionadas con los patrones delictivos que observamos en el crimen organizado
estándar. En este sentido, nos
enfrentaremos a un escenario en el que seguramente dejaremos de ver en las
noticias las consecuencias de actos como atentados, masacres, tomas a
poblaciones y empezaremos a oír de patrones menos mediáticos, pero igual de
impactantes como sicariato, asesinatos y extorsiones.
La
realidad de este fenómeno es evidente, luego de 23 años de que se firmaran los
Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN); El Salvador sigue siendo uno de los países
más violentos del mundo: de acuerdo con cifras de la Oficina de Naciones Unidas
para la Droga y el Delito, en la actualidad se encuentra en el top 10 de los
países con mayor tasa de homicidios por cien mil habitantes.
Para que no nos suceda algo similar a lo ocurrido en
el caso centroamericano, es preciso disponer todo el aparato estatal para
afrontar un entorno violento de similar o mayor magnitud, en el marco de
estrategias diferentes pero mucho más efectivas. Uno de los errores en los que
como sociedad podemos incurrir, consiste en dirigir volúmenes ingentes de
recursos a financiar procesos de desmovilización, descuidando inversiones
verdaderamente rentables en los siguientes aspectos:
Mejorar la
productividad pública: lo primero que hay que asegurar es que el aparato
estatal sea capaz de responder a un reto social como el que se nos avecina. Es
necesario convertir a las instituciones públicas colombianas, en organizaciones
livianas, altamente productivas, con
estructuras simples y robustas; que aumenten de manera drástica su capacidad
para llegar a todas las personas que necesitan de su ayuda.
Modificar el
entorno jurídico y político para reducir la desigualdad: la desigualdad
crónica en los países, está determinada principalmente por las reglas políticas,
económicas y sociales; definidas por sus leyes. Desde esa perspectiva, es
necesario en primera instancia, reducir la complejidad de la normatividad
colombiana para hacer su interpretación y aplicación más ágil, efectiva e
identificar las normas con mayor capacidad para
generar desigualdad, de manera que puedan ser modificadas de inmediato.
Incrementar la
inteligencia y la efectividad de las fuerzas militares y de policía: las
fuerzas armadas, deben convertirse en organizaciones que reconozcan las
mutaciones experimentadas por los nuevos modelos de violencia, de manera que
ellas mismas tengan la posibilidad de cambiar para responder a sus nuevas
tácticas. En general deben convertirse en organismos más inteligentes y de
mayor movilidad, que puedan pasar de enfrentar
a un grupo reducido de organizaciones de gran tamaño, para concentrarse en un sinnúmero
de microempresas criminales que surgirán durante la etapa post firma del
acuerdo.
Mejorar la
efectividad de la justicia: la justicia debe evolucionar e integrarse a la
lógica de administración y gerencia modernas, mejorando sus procesos, cambiando
sus imaginarios y prácticas; de manera
que pueda responder al gran reto que tiene por delante y con el cual tiene una
deuda de varias décadas.
El propósito de todo esto, es que una vez terminemos la
larga caminata hacia nuestro espejismo, estemos realmente preparados para enfrentar
otros largos años de dificultades y sacrificios, que nos llevarán a mejorar
como sociedad y al fin, alcanzar la verdadera PAZ que todos soñamos.
