PRODUCTIVIDAD PÚBLICA: LA CLAVE PARA UNA VERDADERA PAZ ESTABLE Y DURADERA

Por: Armando Ardila
@ArmandoArdilaD

En estos días todo el país está concentrado en informarse acerca del contenido de los acuerdos de La Habana y decidir si refrendar o no el compromiso establecido entre las FARC y el Gobierno. Se trata sin duda de una decisión importante que requiere de toda nuestra atención y compromiso, sin embargo, no hay que perder de vista que si queremos la materialización de una paz estable y duradera, es necesario rediseñar toda la institucionalidad que durante años ha formado parte de un entorno de conflicto y emprender cuanto antes acciones decididas que garanticen resultados.

 Todo empieza por que nuestro país reconozca las dificultades que tiene el actual diseño institucional para garantizar el bienestar de toda la población colombiana y que asuma su responsabilidad en la implementación de un modelo de estas características generador y perpetuador de los determinantes del conflicto.

 En primera instancia, teniendo en cuenta que la manera en la que el Estado proporciona bienestar, es a través de la oferta de bienes, servicios y la definición de las reglas de juego en el marco de las cuales los privados desarrollan sus actividades y que dicha oferta se materializa a través de entidades públicas; es necesario pensar en una forma diferente de entender la manera en la que se diseñan las organizaciones al interior de lo público. En la actualidad, nuestras entidades se estructuran pensando más en la conveniencia política y jurídica, que en la pertinencia desde la perspectiva de la ingeniería. En línea con lo dicho, vale la pena preguntarnos si estamos creando las estructuras organizacionales apropiadas, entre 2002 y 2010 se modificaron 431 entidades y se suprimieron otras 49. Posteriormente, la reforma administrativa llevada a cabo por el gobierno actual modificó varias de las entidades previamente reestructuradas, incluyendo la separación de ministerios que ya habían sido fusionados.

 En general el enfoque de productividad pública se ha concentrado históricamente en generar esquemas de compensación e incentivos para que el talento humano incremente su producción, perdiendo de vista que la manera en la que está diseñada la organización es tal vez el principal determinante de la productividad individual. La misma persona puede tener resultados notables en una organización diseñada para “facilitar” su trabajo, mientras que reportará logros mediocres en una organización con procesos complejos y mal diseñados que parecen estar construidos para frenar su accionar.

 Desde este punto de vista, es necesario evolucionar hacia un paradigma institucional público que priorice la productividad por sobre todas las cosas, que se concentre en diseñar organizaciones cuyo marco estratégico, diseño de negocio, procesos, cultura, arquitectura tecnológica etc, esté focalizada en entregarle a los ciudadanos una cantidad mayor de bienes y servicios, haciendo uso de menos recursos, en el marco de un estándar de calidad creciente.

 Además, será imprescindible hacer cambios importantes en la estructura sistémica al interior de la cual se insertan estas nuevas y mejor diseñadas organizaciones. El país debe emprender cuanto antes el mejoramiento de institucionalidades transversales a todas sus entidades, como el empleo público y las compras públicas. Hay que reconocer que el actual modelo de gestión de talento humano público tiene serios problemas de diseño, rigideces e innecesarias complejidades, que impiden que las organizaciones puedan potenciar la productividad de sus empleados. En diciembre de 2015 la rama ejecutiva tenía 31.203 cargos pendientes por proveer a través de concursos, no obstante el costo promedio de provision de uno de estos cargos es de 8 millones de pesos, mientras que la duración estimada de todo el proceso es de aproximadamente un año. De otra parte, aunque Colombia Compra Eficiente ha logrado avances sustanciales en la manera en la que se provisionan los insumos al interior de las organizaciones, aún queda un largo camino por recorrer. Un aspecto crucial, para aumentar la tasa de producción de bienes y servicios públicos, así como su impacto, es garantizar una provisión de insumos óptima y oportuna en el marco de altos estándares de calidad. Desafortunadamente, la complejidad de los procesos actuales de compra impiden por completo la implementación de esquemas just in time.

 El mejoramiento en estos dos casos no pasa por hacer ajustes menores de lo que tenemos hoy día, sino que supone una ruptura radical en los modelos. En lo que tiene que ver con el empleo público, es necesario ajustar toda su lógica a las actuales tendencias globales de gestión de talento humano, en este sentido, esquemas flexibles, people analytics, felicidad laboral etc., son aspectos que deben ser involucrados en un modelo mejorado que le garantice a las organizaciones la provisión ágil y sobre todo pertinente de este invaluable recurso. En lo que tiene que ver con las compras públicas, la reducción drástica de los costos de transacción internos y externos para las organizaciones debería ser un aspecto prioritario, así como los ajustes en la anualidad del gasto, que permitan hacer compras ágiles más pertinentes para las necesidades de las organizaciones y por supuesto de los ciudadanos.

 A manera de conclusión, vale la pena reiterar que la paz se construye diseñando organizaciones públicas capaces de llegar a toda nuestra población, con bienes y servicios de alta calidad, desarrollados de manera productiva y que para lograrlo, es necesario que nuestro Estado haga ajustes sistémicos en toda su estructura, aplicando todo el set de herramientas que pueden ofrecernos los más recientes y sofisticados avances en la ingeniería de organizaciones.

El espejismo de “la paz” y el “post conflicto”

La imagen que nos viene a muchos a la cabeza, cuando pensamos en un espejismo, es la del caminante sediento que en un desierto candente, divisa a lo lejos una silueta que parece ser la solución a sus penurias. Con la esperanza de terminar la tortura, se dirige al encuentro de este zenit de felicidad, pero al acercarse, se da cuenta de que lo que parecía ser un oasis, no es más que una construcción de su mente explicada por el insoportable deseo.

Para el gobierno y para diferentes sectores, el establecimiento de un acuerdo con las FARC, se convirtió en su propio espejismo, al punto que se han convencido ellos mismos y a la sociedad colombiana, de que dicho convenio supone “la paz” para el país. Esta condición es tan evidente que han posicionado en varios escenarios el término “post conflicto”, cuyo significado está directamente asociado a lo que sucede después de un escenario de guerra.

Con la firma entre el gobierno y las FARC de un listado de entendimientos en lo relacionado con justicia transicional, se sellan acuerdos muy importantes con respecto a uno de los temas más críticos de la agenda de la Habana. Para muchos, se trata de un signo univoco del cierre a un largo proceso de conversaciones que pondría fin al enfrentamiento de dos partes que llevan matándose más de medio siglo. En resumen, este paso nos deja muy cerca de llegar al punto en el que encontraremos la imagen que vimos a lo lejos y que hemos venido construyendo con el deseo.

Vale la pena empezar a aterrizar nuestra esperanza dimensionando la realidad a la que nos enfrentaremos luego de que finalicen positivamente las conversaciones de La Habana. Lo cierto es que en dicha situación ninguno de los determinantes de la violencia habrá desaparecido: la desigualdad, la pobreza, la inoperancia del aparato público y todos los elementos que conducen a enfrentamientos violentos al interior de nuestra sociedad, seguirán existiendo. Así las cosas, los nuevos modelos de violencia y de apropiación ilegal de rentas, seguirán generando efectos muy similares o incluso peores a los producidos actualmente por grupos como las FARC. En esencia, los reductos de esta organización mutarán en el marco de un entorno diferente pero aún propicio para su existencia y se convertirán en organizaciones ciertamente separadas de motivaciones políticas y más relacionadas con los patrones delictivos que observamos en el crimen organizado estándar.  En este sentido, nos enfrentaremos a un escenario en el que seguramente dejaremos de ver en las noticias las consecuencias de actos como atentados, masacres, tomas a poblaciones y empezaremos a oír de patrones menos mediáticos, pero igual de impactantes como sicariato, asesinatos y extorsiones.

La realidad de este fenómeno es evidente, luego de 23 años de que se firmaran los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos del mundo: de acuerdo con cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en la actualidad se encuentra en el top 10 de los países con mayor tasa de homicidios por cien mil habitantes.

Para que no nos suceda algo similar a lo ocurrido en el caso centroamericano, es preciso disponer todo el aparato estatal para afrontar un entorno violento de similar o mayor magnitud, en el marco de estrategias diferentes pero mucho más efectivas. Uno de los errores en los que como sociedad podemos incurrir, consiste en dirigir volúmenes ingentes de recursos a financiar procesos de desmovilización, descuidando inversiones verdaderamente rentables en los siguientes aspectos:

Mejorar la productividad pública: lo primero que hay que asegurar es que el aparato estatal sea capaz de responder a un reto social como el que se nos avecina. Es necesario convertir a las instituciones públicas colombianas, en organizaciones livianas, altamente  productivas, con estructuras simples y robustas; que aumenten de manera drástica su capacidad para llegar a todas las personas que necesitan de su ayuda.

Modificar el entorno jurídico y político para reducir la desigualdad: la desigualdad crónica en los países, está determinada principalmente por las reglas políticas, económicas y sociales; definidas por sus leyes. Desde esa perspectiva, es necesario en primera instancia, reducir la complejidad de la normatividad colombiana para hacer su interpretación y aplicación más ágil, efectiva e identificar las normas con mayor capacidad para  generar desigualdad, de manera que puedan ser modificadas de inmediato.

Incrementar la inteligencia y la efectividad de las fuerzas militares y de policía: las fuerzas armadas, deben convertirse en organizaciones que reconozcan las mutaciones experimentadas por los nuevos modelos de violencia, de manera que ellas mismas tengan la posibilidad de cambiar para responder a sus nuevas tácticas. En general deben convertirse en organismos más inteligentes y de mayor movilidad, que puedan  pasar de enfrentar a un grupo reducido de organizaciones de gran tamaño, para concentrarse en un sinnúmero de microempresas criminales que surgirán durante la etapa post firma del acuerdo.

Mejorar la efectividad de la justicia: la justicia debe evolucionar e integrarse a la lógica de administración y gerencia modernas, mejorando sus procesos, cambiando sus  imaginarios y prácticas; de manera que pueda responder al gran reto que tiene por delante y con el cual tiene una deuda de varias décadas.

El propósito de todo esto, es que una vez terminemos la larga caminata hacia nuestro espejismo, estemos realmente preparados para enfrentar otros largos años de dificultades y sacrificios, que nos llevarán a mejorar como sociedad y al fin, alcanzar la verdadera PAZ que todos soñamos.

Versión en audio

El proceso de paz y la racionalidad de los guerreristas

Publicado en el diario Portafolio http://www.portafolio.co/opinion/analisis-modelos-violencia-colombia

Luego del ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en  el Cauca, que dejó 11 militares muertos y 17 heridos, el país se ha dividido en dos bandos. El primero, clama a gritos por el rompimiento del proceso de paz; mientras el segundo, llama a la cordura y a mantener un ambiente de negociación que garantice la firma de un acuerdo.

Desde este punto de vista, vale la pena analizar con cabeza fría, varios aspectos relevantes del conflicto, antes de tomar partido por una u otra posición.

Un aspecto a considerar es la posibilidad o no de finalizar el conflicto a través del ejercicio institucional de la fuerza.  De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y con el Banco Mundial, Colombia está en el top 30 de países del mundo, con  mayor gasto militar, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, nuestro país sigue siendo uno de los más violentos del mundo, los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, actualmente nos ubican en el puesto 13 del ranking de países con mayor tasa de homicidios por cien mil habitantes. 

De otra parte, la literatura más reciente sobre las dinámicas de los modelos de violencia, los sitúa en una perspectiva evolutiva, en el marco de la cual, se reproducen en un ambiente propicio para su existencia y cambian de acuerdo con las características del entorno social. En esencia, al igual que cualquier ser vivo, evolucionan por cuenta de mutaciones generadas por los incentivos del ambiente en el cual sobreviven.

De acuerdo con las mediciones para el Índice de Gini publicadas por el Banco Mundial, Colombia es el onceavo país más desigual del mundo. En lo que tiene que ver con brechas en ingresos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos ubica en el puesto 13 entre 151 países. Lo que nos muestran las cifras es que hay un grupo poblacional pequeño que gana bien y vive bien, pero hay un porcentaje muy grande de la población cuyos ingresos ni si quiera alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Ésta problemática es de tal magnitud, que de acuerdo con las cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 42,8% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza, es decir no gana lo suficiente para satisfacer sus necesidades más elementales.

Lo que nos muestran estos indicadores, es que nuestro país ofrece un entorno absolutamente propicio para la proliferación de modelos de violencia, que tienen por objetivo principal, captar rentas a través de narcotráfico, extorsión, contrabando, minería ilegal etc. Así las cosas, podemos destinar el 100% de nuestro presupuesto a la fuerza pública y jamás estos modelos de violencia van a desaparecer hasta tanto no desaparezcamos el entorno propicio que tienen hoy para reproducirse. Por el contrario, cuanto más presupuesto dediquemos a la guerra, menor será la proporción que podremos destinar a generar condiciones que permitan que la mayoría de la población, pueda cubrir sus necesidades insatisfechas; por lo que incluso, estaríamos profundizando los determinantes del conflicto.

Para tener una idea de las dimensiones de este fenómeno, vale la pena revisar el caso del paramilitarismo en Colombia. A partir del 25 de noviembre el 2003, se dio inicio al proceso de desmovilización de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La mayoría de los Colombianos pensaron que este proceso sacaría de combate a uno de los bandos más sangrientos del conflicto; sin embargo, en la actualidad es evidente que estas unidades generadoras de violencia, no desaparecieron sino que simplemente  mutaron ajustándose a los cambios en un entorno todavía propicio para su supervivencia y evolucionaron en un organismo diferente denominado BACRIM o Bandas Criminales.

A pesar de todo lo mencionado, una parte del país considera que la manera para enfrentar una problemática de estas características, es profundizar el accionar de las fuerzas militares y de policía. En el marco de una condición que la economía moderna llama “riesgo moral”, un grupo poblacional fundamentalmente de estratos altos ubicado en las ciudades principales, toma decisiones de política que respaldan esta iniciativa y además exigen resultados. Sin embargo, las consecuencias de sus actos son sufridas por el grupo poblacional más deprimido; de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1988 hasta la fecha, han muerto 2981 civiles en acciones bélicas, desarrolladas fundamentalmente por fuera de las ciudades colombianas.  En efecto, entre 1958 y 2012, el conflicto ha generado la muerte de al menos 220.000 personas localizadas en su mayoría, en poblaciones pequeñas y zonas rurales.  Para que tengan una idea de la magnitud del fenómeno, este número de vidas perdidas se puede equiparar a la desaparición del total de la población de una ciudad como Tunja en Boyacá.

Considerando estos antecedentes, vale la pena preguntarse si de verdad lo que el país requiere es la profundización institucional del conflicto o un proceso sostenido de paz y reconciliación con todos sus protagonistas, que empiece con las FARC y se focalice en erradicar la desigualdad y reparar a todos los grupos poblacionales afectados por más de 50 años de guerra.