No necesitamos gobernantes que nos digan “quédate en casa”

No necesitamos gobernantes que nos digan “quédate en casa”, necesitamos gobernantes ágiles, eficaces que se encarguen de preparar  todo el entorno productivo, de interacción social y por supuesto, de servicios de salud; para garantizar nuestra libertad y al mismo tiempo mantener controladas las tasas de mortalidad y morbilidad del COVID-19. 

No necesitamos gobernantes que nos digan mediante medidas de “pico y placa” a qué hora y qué día podemos movilizarnos y de qué manera debemos hacerlo, necesitamos gobernantes capaces de construir y poner en operación oportunamente infraestructura de movilidad, así como sistemas de transporte eficientes y de alta calidad, capaces de disponer todo el entorno jurídico y económico para facilitar, además,  el acceso a tecnologías más limpias de transporte que garanticen nuestra salud y bienestar.

No necesitamos gobernantes que nos digan a qué velocidad debemos movernos y que nos persigan mediante policías y cámaras para castigarnos cada vez que desobedezcamos su mandato, necesitamos gobernantes capaces de proporcionarnos infraestructura y entornos de movilidad seguros por los que podamos transportarnos con completa libertad y tranquilidad preservando nuestras vidas y las de los demás.

No necesitamos gobernantes que nos digan qué substancias podemos o no consumir, necesitamos gobernantes que proporcionen las condiciones necesarias para construir un entorno de capital social robusto, que aseguren un consumo responsable e informado. 

No necesitamos gobernantes que nos digan si podemos o no llevar a un acompañante en una motocicleta, queremos gobernantes capaces de identificar y desarticular las estructuras ilegales que utilizan éste tipo de vehículos para hacer sus fechorías. 

No queremos gobernantes que nos digan si podemos o no utilizar una aplicación como Uber que nos facilita la vida, queremos gobernantes que generen todos los incentivos para que nuevas iniciativas de estas características, sean eficazmente involucradas en un proceso de transformación real, al interior de industrias que en la actualidad no funcionan bien. 

A lo largo de nuestra historia, hemos dado forma a instituciones basadas en el autoritarismo, cuyo principal fundamento es controlar el comportamiento de una sociedad ignorante que no tiene plena conciencia de sus actuaciones. Desde los gobernantes Muiscas, pasando por los españoles y criollos, hasta los “doctores” de nuestros días, el papel de los gobernantes ha estado focalizado en decirle a los gobernados lo que deben hacer, abstrayéndose de la verdadera responsabilidad centrada en proporcionar de manera ágil y oportuna todos los bienes, servicios públicos y condiciones, para que la sociedad tenga el bienestar necesario y pueda materializar su felicidad. 

Como se puede apreciar en algunos de los ejemplos que encabezan este escrito, tales instituciones aún se encuentran completamente vigentes y convivimos con ellas no obstante lo negativas, anacrónicas y destructivas que pueden ser. Tal vez convenga ampliar un poco más el argumento con la ayuda de algún ejemplo. 

En la actualidad nos enfrentamos a un problema sin precedentes que los diferentes países han afrontado de formas distintas. La mayoría de ellos, incluido Colombia, no estaban preparados para un desafío de estas magnitudes, por lo tanto, el consenso internacional estableció que lo mejor era tomar una decisión extrema como el aislamiento social, con todos sus costos, a fin de hacer tiempo, poder comprender el fenómeno y prepararse para sobrellevarlo de forma eficaz. 

No obstante, dependiendo de la estructura institucional, en cada caso, de las reglas sociales que se han configurado a lo largo de la historia, algunos países de inmediato iniciaron un proceso muy claro de redistribución de recursos públicos, dirigido a proporcionar muy rápidamente los bienes y servicios necesarios para garantizar el bienestar de las personas. Cómo consecuencia de ello, paulatinamente han ido migrando hacia medidas de distanciamiento voluntario que permitan la reactivación económica y que restablezcan la libertad de las personas. 

En el caso de Colombia, muy rápidamente los gobiernos locales tomaron decisiones tan extremas como el aislamiento obligatorio e incluso toques de queda, medida comprensible dadas las debilidades del país en relación con la provisión de bienes y servicios necesarios para enfrentar efectivamente la pandemia. No obstante, luego de aproximadamente dos meses de sobrellevar tales medidas, muchos gobiernos locales siguen tan poco preparados como al principio,  además de muy cómodos decretando toques de queda, así como drásticas medidas de aislamiento obligatorio. Los costos de la actuación de estos gobernantes autoritarios son insospechados, pero pueden ser medidos en términos de muertes causadas por la pandemia, en la medida en que lo único que han logrado es retrasar la evolución de un fenómeno epidemiológico inevitable, la destrucción de empresas, la reducción de la riqueza de los hogares, el aumento de la pobreza etc. 

Es hora de desmontar estás instituciones que nos han hecho tanto daño a lo largo del tiempo y que en una situación desfavorable como la actual, nos están metiendo paulatinamente en una de las peores crisis económicas y sociales de la historia. Cómo ciudadanos, tenemos la obligación de exigir por todos los medios y de manera implacable, la preservación de nuestra libertad como uno de nuestros derechos más preciados, al tiempo que exigimos un cambio de paradigma público y desmontamos por completo los gobiernos autoritarios para convertirlos en proveedores pertinentes de bienes y servicios públicos.  

La moral colombiana: entre los “usted no sabe quién soy yo” y los “abeja”

Hace unos días, en el marco de alguna de las interesantes conversaciones cotidianas que la mayoría de nosotros sostenemos a diario, con personas que no conocemos del todo pero que tienen mucho que decir, con respecto a lo que sienten viviendo en un país como el nuestro, un taxista me preguntó en medio de su frustración por el escalamiento de la violencia en las regiones colombianas y los descarados casos de corrupción rampante, de carácter tanto público como privado, “¿cuál puede ser el problema de Colombia para que estemos tan jodidos?”.  

El objetivo de este blog es responder esa misma pregunta que a varios, incluyéndome, nos ha dado tantas vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Lo primero que hay que precisar es que la precaria situación de la sociedad colombiana está explicada por las características de la moral en el marco de la cual se materializan todas sus interacciones sociales.

Al respecto, lo que se puede decir es que cada sociedad define un conjunto de reglas que persiguen en última instancia, la posibilidad de vivir en armonía al interior de un modelo social, que garantice la felicidad de todos sus individuos en el marco de principios fundamentales como la libertad, la equidad, el bienestar etc. Dichas reglas, que le dan forma a la concepción de justicia sobre la cual la sociedad toma decisiones que afectan a cada uno de sus miembros, se definen y fundamentan mediante procesos de prueba y error que les muestran a los individuos lo que más les conviene a el largo plazo, en términos de lograr materializar sus expectativas o su felicidad. Ese conjunto de reglas es lo que llamamos “moral” y su estudio lo conocemos como “Ética”.

La sociedad colombiana desarrolla actualmente sus actividades cotidianas, en el marco de un grupo particular de reglas, a las que llegamos gracias al doloroso proceso histórico que hemos vivido durante décadas. Específicamente las condiciones de marcada desigualdad en las que ha existido el país desde siempre, terminaron por definir reglas sociales que sistemáticamente han buscado perpetuar dicha desigualdad e incluso profundizarla paulatinamente.

En esencia vivimos en una sociedad con una moral compleja, en la que la virtud individual y el ejercicio de la justicia, claramente no están en primer lugar del orden del día. Estas reglas son tan injustas que priorizan de facto las necesidades del grupo poblacional más rico, pues le proporcionan mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud etc.  El estrato social, por ejemplo, es un discriminador evidente, pues es claro que las dotaciones con las que cuenta los barrios de estratos cinco y seis son mucho mejores que las propias de estratos uno y dos, de otra parte, las reglas que conducen a tener un sistema de salud ineficiente y corrupto, le ofrecen a los pobres un estándar de calidad completamente distinto al que pueden acceder las personas que tienen la posibilidad de pagar un buen plan de medicina prepagada, incluso, la calidad de la educación en los colegios públicos en los que estudian los pobres, en promedio, es claramente  inferior a la que ofrecen las instituciones privadas más costosas.

 La moral asociada a todas estas dinámicas queda muy bien representada en la cultura del ciudadano “usted no sabe quién soy yo”, todo un planteamiento social que legitima el hecho de concebir personas más importantes que otras, con derecho a gozar de privilegios a los que los demás no pueden acceder y suficiente poder para imponer reglas que perpetúen la posibilidad de continuar recibiendo tales beneficios.

De otra parte, el grupo poblacional mayoritario más pobre, consciente de las diferencias y de las serias dificultades que interpone la sociedad para reducirlas, termina legitimando una serie de reglas basadas en desconfianza, aprovechamiento, revanchismo, lucha por los recursos escasos y justicia por la propia mano.  La moral resultante de esta lógica está muy bien representada en la cultura del ciudadano “abeja”, aquel individuo que se aprovecha de la “ingenuidad” de los demás, dispuesto a pasarse por la faja las necesidades del resto de la sociedad con tal de mejorar su propio bienestar.

Todos estos aspectos y otros innumerables más, rompen lo que John Rawls llamó “el velo de la ignorancia”, esa condición de libertad e igualdad verdaderas, por medio de la cual, en una sociedad justa, cada uno de sus individuos tendría las mismas posibilidades de materializar sus expectativas y conseguir la felicidad.  En últimas nuestra moral nos conduce a la existencia de la injusticia como una condición socialmente aceptada y defendida por todos los miembros de la sociedad, ricos y pobres. Luego de una conclusión como ésta, valdría la pena preguntarse ¿bajo qué circunstancia, una sociedad cuyas reglas hacen honor a la injusticia no debería estar indefectiblemente jodida?

¡Si yo fuera presidente!

Estas épocas electorales, resultan muy interesantes para personas de mi talante, genuinamente preocupadas por el devenir político colombiano. Las reuniones de amigos, el entorno laboral y académico se convierten en espacios  de apasionantes discusiones. Café va, café viene, desayuno un día, almuerzo el otro; encuentros que se transforman en interesantes y enriquecedores debates con personas que conocen lo público usualmente desde una perspectiva directiva, pero fundamentalmente técnica.

En alguna de estas acaloradas discusiones, uno de mis inteligentes amigos, cuyo nombre prefiero no enunciar para evitarle problemas, de quien solamente diré que forma parte de este gobierno… me preguntó: “¡bueno! Y si usted fuera presidente entonces ¿qué es lo que haría?”.

Ante semejante pregunta, mi primera reacción fue mirarlo fijamente, intentando no delatar con los ojos, la emoción asociada a poder responder un cuestionamiento de ese calibre.  Después de una larga pausa me desaté en prosa, en el marco de un relato sobre el cual solamente compartiré una que otra idea, con el ánimo humilde de que alguna de las campañas en las que he colaborado intelectualmente o en su defecto cualquiera de los candidatos actuales, bien sea de derecha o de izquierda; tome como suyos estos planteamientos y tenga a bien ayudarle en su materialización a un consultor, profesor inquieto, que no tiene filiación política u orientación ideológica alguna, distinta a la propia de sacar del embrollo en el que se encuentra, a esta apesadumbrada sociedad colombiana.

Reduciría a cero los montos de financiamiento de las campañas políticas.

Un principio fundamental de la democracia es que el voto de cada ciudadano: rico, pobre, empresario, empleado, hombre, mujer  etc., vale exactamente lo mismo y que ninguno de ellos representa un poder de elección superior al de los demás.

Lo cierto, es que nada atenta de manera más directa contra este pilar fundamental, que el increíble despliegue de marketing político y el proceso de “engrase” de las maquinarias electorales, en que se gastan los cuantiosos recursos que financian las campañas electorales. En últimas, quien gana en la contienda electoral actual, no es aquel que tiene un mejor programa o ha mostrado mejores resultados durante su trayectoria; quien sale airoso es el que tiene recursos para pagar más carteles, más lechonas, más publicidad en medios, más buses etc.

No perdamos de vista que usualmente, quienes aportan los dineros que financian las campañas, son grupos de interés dispuestos a invertir cuantiosos recursos en promover un candidato que defiende sus intereses, los cuales usualmente, van en contravía del interés general.

Como presidente propondría una reforma electoral profunda, que empiece por prohibir rotundamente la entrada de cualquier monto de recursos a las campañas políticas, restrinja por completo la mercantilización del proceso de elección y garantice la transformación rotunda del escenario político, de manera que a través de los partidos se diera un proceso de depuración de candidatos que condujera a un número razonable de entre cinco y diez opciones. Estos prospectos tendrían abiertos todos los espacios regionales, nacionales etc., para exponer sus ideas únicamente en debates públicos con presencia de cada uno de ellos, que les permitieran a los ciudadanos hacer comparaciones y tomar decisiones informadas.

Sentaría los pilares para reducir la desigualdad a través de dos mecanismos principales: i. Libre y completo acceso a educación superior completamente gratuita en universidades de alta calidad, ii. libre y completo acceso a un sistema de justicia efectivo y veloz.

Pocas cosas aceleran tanto la desigualdad en materia de ingresos como graduarse o no de una universidad, tener estudios de posgrado y terminar estudios en una universidad bien situada en los rankings de calidad académica. Lo que muestran las cifras es que en el primer caso, las personas solo pueden acceder a un conjunto de posibilidades de trabajo de poca agregación de valor y por lo tanto escaza remuneración, mientras en el segundo, la demanda laboral con el tiempo aprende que las capacidades de las personas que salen de mejores universidades son mayores, en este sentido, concentran sus requerimientos en graduados de este tipo de organizaciones, aumentando gradualmente su disponibilidad a pagar por ellos.

Desde este punto de vista, como presidente, propondría varias reformas a nuestro sistema educativo. La primera de ellas estaría focalizada en ampliar drásticamente los cupos educativos en las universidades públicas, el segundo estaría focalizado en incrementar de manera drástica la productividad de dichas organizaciones públicas, así como la calidad de los servicios educativos y no educativos que ofrecen. En esencia, trabajaría con las facultades de ingeniería industrial, administración, ingeniería de sistemas y derecho de cada una de ellas, para  rediseñar los procesos internos en aras de mejorar drásticamente su agilidad y eficacia. Además, promovería la creación de una superintendencia de educación, completamente independiente, con una estructura similar a la del Banco de la República, encargada de definir, inspeccionar, vigilar y controlar los estándares educativos, a la que le daría bastantes dientes para sancionar de manera efectiva en todos los casos en los que se presenten incumplimientos por parte de los establecimientos educativos.  

De otra parte, no olvidemos que en sociedades desiguales en ingresos y riqueza, los sistemas de justicia complejos y pesados, además de fomentar la impunidad, producen resultados diferenciados premiando en las decisiones a los percentiles de ingresos altos y castigando a los grupos menos favorecidos. Esta condición profundiza la desigualdad e incluso la acelera, pues facilita patrones de abuso y despojo de parte de los grupos favorecidos hacia los más vulnerables. Desde este punto de vista, como presidente, concentraría buena parte de mis esfuerzos en hacer pasar a fuerza, una reforma a la justicia diferente a las que hasta la fecha han sido sometidas a discusión.  En este caso, el énfasis estaría puesto fundamentalmente en acelerar la velocidad de toda la cadena de valor de la justicia, en particular le pediría a abogados, jueces, fiscales, policías, ciudadanos, empresarios etc., que me ayuden a identificar los aspectos más engorrosos de los diferentes procesos que se surten al interior del sistema de justicia, para luego hacer una mejora seria de cada uno de ellos, que incremente de forma drástica su velocidad y eficacia. Dicho cambio, estaría sustentado en suprimir actividades que no agregan valor y modificar prácticas arcaicas que en plena era digital, todavía gobiernan las actuaciones jurídicas.

Reeducaría a todos los abogados del país e introduciría cambios de enfoque en las facultades de derecho para diseñar instituciones focalizadas en “facilitarle la vida a las personas”.

La nuestra, es una sociedad que parece estar sitiada por talanqueras que restringen casi todas las dimensiones de la actividad humana, aspectos como la forma en la que concebimos los contratos entre privados, la interacción de El Estado con los ciudadanos, el papel del gobierno en nuestra actividad cotidiana; parecen estar mediados por una marcada obsesión por dificultar y prohibir, antes que incentivar y facilitar. Al respecto, vale la pena anotar que paulatinamente la ciencia económica ha ido desvelando las razones por las cuales algunas sociedades logran resultados mejores que otras en materia de bienestar y desigualdad. En la actualidad, parece existir un consenso con respecto a que las características de las reglas en el marco de las cuales las sociedades desarrollan toda su actividad, definen la naturaleza de su resultado. Desde este punto de vista, los malos indicadores de Colombia en materia de desarrollo y desigualdad están seriamente predestinados por un conjunto de reglas perversas. Al respecto, vale la pena anotar que los abogados intervienen desde diferentes perspectivas tanto en el establecimiento de las reglas mencionadas, como en su formalización a través de leyes. En últimas, la doctrina jurídica colombiana, es la que nos ha conducido a tener reglas de estas características, por lo tanto,  siendo presidente trabajaría desde las facultades de derecho, en lograr un cambio estructural de los imaginarios de los abogados, que conduzca  a definir reglas de interacción social que lleven a los individuos, las familias, las empresas, el gobierno y El Estado a  construir las condiciones para garantizar la igualdad en materia de ingresos, riqueza y al mejoramiento paulatino del bienestar de la sociedad colombiana.

Implementar una consejería de ingeniería pública que se dedique a mejorar la operación de todas las entidades, cambiando su tecnología y agilizando la manera en la que hacen las cosas.

Las organizaciones públicas son el mecanismo principal por el cual El Estado materializa su accionar sobre la sociedad. Aquellas no son más que un conjunto de personas que se interrelacionan entre sí con el propósito de materializar objetivos comunes, dicha interacción está mediada por la tecnología,  los recursos físicos  y un conjunto de reglas particulares denominadas cultura, jerarquía etc. Sin duda,  la manera en la que estas personas definen tal organización puede conducir a que los objetivos mencionados se logren más o menos rápido, con mayor o menor eficacia. En esencia, si lo pensamos desde un punto de vista práctico, las entidades públicas no son más que organizaciones concebidas para producir bienes y servicios públicos hechos para incrementar el bienestar de los ciudadanos.  Desde este punto de vista, si yo fuera presidente, trabajaría decididamente en mejorar la forma en la que se organizan dichas entidades. Uno de mis objetivos más importantes sería lograr que todas funcionaran como la más ágil y productiva empresa pública, dedicada por entero a la producción veloz, eficaz de bienes y servicios públicos con una alta calidad, centrada en incrementar de manera muy importante y cuantiosa su rentabilidad social. Para lograrlo, en primera instancia escogería un staff de directivos, con una probada capacidad gerencial, que sean capaces de acompañarme durante todo el gobierno e implementar verdaderos procesos de mejora al interior de sus organizaciones. Seleccionaría personas que sean capaces de conservar un bajo perfil, que estén interesadas en hacerse notar por los buenos resultados de sus organizaciones y no por dar discursos, participar en eventos, salir en medios o hacer inauguraciones. Básicamente, configuraría un cuerpo directivo que volcaría todos sus esfuerzos hacia el interior de las organizaciones.

De otra parte, crearía una alta consejería de ingeniería pública, que haciendo equipo con los directivos, se dedique a mejorar una por una dichas entidades, en el marco de un principio fundamental: queda abiertamente prohibido crear, suprimir o reestructurar entidades, simplemente, vamos a trabajar con la estructura de El Estado actual, pero vamos a lograr que todas y cada una de las organizaciones públicas del ejecutivo, funcionen mejor que nunca.

Nuestra sociedad no necesita a los políticos

                                           Fuente: http://www.birgrupyazar.com/kuru-siki-hayatlar/

Cuando nos referimos a las actividades de quienes rigen o esperan regir los asuntos públicos, nos vienen a la cabeza todo tipo de perspectivas centradas en lograr una mejor sociedad,  garantizando que cada uno de los individuos que la conforman, sea capaz de lograr sus expectativas y que por esta vía, tenga la posibilidad de alcanzar un estado de felicidad razonable. Esa, naturalmente, es la lógica del deber ser de la política, la cual en el caso de Colombia y de un sinnúmero de países en el mundo, dista mucho de lo que pasa en la realidad.

La culpa de una diferencia tan marcada entre el deber ser y lo que es, está enquistada en un conjunto de imaginarios que a lo largo de los años, han venido posicionándose en nuestras sociedades, hasta el punto, de que muchas personas creen que no es posible concebir un entorno de poder público diferente al actual, sienten que la lógica política contemporánea es producto de un estado natural social que no puede modificarse, al cual todos indefectiblemente tenemos que acostumbrarnos.

Lo cierto es que los políticos, un grupo minoritario de personas, se han encargado de hacernos pensar de esta manera, a través de siglos de decisiones amañadas nos han convencido de que son necesarios para mantener el equilibrio social y satisfacer nuestras necesidades.  Tan falsa es esta posición que históricamente, buena parte de su tiempo, lo han invertido en discursillos focalizados en tratar de defender lo indefendible y mantener un conveniente status quo.

Lo interesante del caso es que las nuevas generaciones “no comen cuento”, a partir de los millennials, el mundo está conformado por un conjunto de personas críticas capaces de identificar las fallas sistémicas de los modelos políticos, económicos y sociales que  nos han regido durante años. Por primera vez en siglos estas personas son capaces de acceder alrededor de todo el mundo, de manera irrestricta, a volúmenes ingentes de información, puntos de vista, teorías, paradigmas etc; y lo más interesante de todo, es que tienen la capacidad necesaria para unir los puntos y darse cuenta de que “el tigre no es como lo pintan” las personas que en la actualidad rigen nuestros destinos. 

Lo claro es que como sociedad estamos en un proceso de transición hacia un paradigma político diferente, al cual nos dirigimos caminando pero algunos creemos que es necesario empezar a correr. Es evidente que YA NO NECESITAMOS A LOS POLÍTICOS, que actualmente toman decisiones sobre nuestras vidas.

Quién puede necesitar individuos egoístas que piensan más en su propia conveniencia que en el bienestar del pueblo que los eligió directa o indirectamente. Se trata de personas que ven en lo público una carrera por la que se mueven en el marco de una especie de gueto, a costa de tomar decisiones que preservan los intereses de aquellos que tienen injerencia en su proyección profesional, aun cuando vayan en contra del bienestar de la sociedad. Operan como una especie de logia que preserva a toda costa los intereses de sus miembros, pero a la que le tienen sin cuidado las afugias de nuestra golpeada sociedad. Muy al estilo de la mafia siciliana de antaño, concentran su gestión en hacer favores que después alguien debe pagarles y en recompensar a aquellos que en algún momento de su vida les ayudaron a avanzar en el marco de su crecimiento político. 

No obstante puedan haber alcanzado niveles educativos altos, en general se trata de personas poco técnicas, escasamente estructuradas, cuyo único mérito radica en su capacidad para relacionarse con la logia indicada y entender los mecanismos para evitar ser expulsados.

Quién puede necesitar personas que no construyen su agenda política en torno a la solución estructural de problemas sociales, sino alrededor de propuestas que preservan los intereses de los grupos económicos más poderosos, los mismos que son capaces de pagar ingentes sumas de dinero para venderle a los votantes “el candidato indicado”, mediante la implementación de despiadadas y mentirosas campañas de marketing.

Quién puede necesitar dirigentes completamente ajenos a las realidades del pueblo sobre el cual toman decisiones, que viven en entornos ideales separados, amén de que ellos mismos se encargan de solucionar primero sus necesidades, priorizándolas por sobre las de sus votantes, es decir, se concentran exclusivamente en garantizar la erradicación de sus propios sufrimientos olvidándose del dolor del resto de la sociedad.

Por qué íbamos a querer ser dirigidos por habladores de oficio, cuyo principal mérito es dar discursos, aparecer en fotografías y figurar en redes sociales.  Personas capaces de anteponer un evento político a una reunión técnica cuyo propósito es diseñar la solución efectiva a un problema social; que privilegian una rueda de prensa sobre un ejercicio de gerencia serio, que garantice el correcto funcionamiento de las organizaciones que dirigen; que prefieren abrir eventos en los que participan las mismas con los mismos pertenecientes a su séquito político, antes que trabajar concienzudamente para sacar adelante proyectos que mejorarán el bienestar de los más desfavorecidos.

Quién podría pensar que para nuestra sociedad es útil contar con políticos que mandan al traste la efectividad de las organizaciones que dirigen, llenando sus cargos con individuos que poco o nada conocen de la técnica necesaria para garantizar el logro de sus objetivos misionales, con aspirantes cuyo único mérito es respaldar a toda costa al integrante del gueto que en su momento pudo llegar a un cargo de decisión. 

Quién querría en su entorno personas con un hambre ingente de riquezas, capaces de utilizar la posibilidad de regir nuestro destino, para venderle al mejor postor la decisión que más le  convenga, aún en desmedro del bienestar de la mayoría.

¿Habrá alguien que necesite personas tan dañinas para una sociedad como la nuestra? Si todos estamos de acuerdo en la respuesta, ¿por qué permitimos que sigan plagando la realidad política de nuestros países? De inmediato podemos tomar la decisión de condenar su existencia, tenemos la posibilidad de dejar de votar por ellos, podemos restringirles la entrada a nuestros entornos cotidianos, hacerles sentir a través de todas las estrategias posibles que no son bienvenidos y que a partir de la fecha son proscritos en una sociedad que tiene la voluntad de garantizarse para sí misma una lógica política completamente diferente.  

Confiar: una oportunidad para el desarrollo colombiano

Por: Armando Ardila Delgado y Valeria Parra Gregory*

Si el domingo los colombianos hubiesen salido a votar para refrendar o no los acuerdos de La Habana, le habrían dicho que SI al proceso de paz. Así lo señala la última medición de Invamer, contratada por Caracol, Blu Radio y El Espectador. No obstante, según la encuesta Gallup de julio pasado, el 64% de las personas desaprueba la gestión del presidente de la República; Colombia está dispuesta a confiar, lo cual representaría uno de los primeros pasos para construir la paz. No solo estamos hablando de materializar lo acordado, sino de generar todas las condiciones necesarias para evitar que hombres y mujeres, jóvenes y niños tengan razones para volver a la guerra. 

Según estudios de diferentes instituciones como la Universidad Católica de Chile y la Asociación Internacional de Ciencia Política, la confianza está relacionada con la gobernabilidad, el desarrollo y la resolución de conflictos.  A mayor confianza entre unos y otros,  mejores resultados en el ámbito económico, político y social. Una condición como ésta haría la diferencia en un país como Colombia, en el que el porcentaje de la población que dice estar dispuesto a confiar en la mayoría de la gente, apenas llega al 5%.

En todo caso, partir de la idea que los demás son buenos cuando las cifras relacionadas con criminalidad y corrupción son altas, no es una tarea sencilla.  Sin embargo, según autores como la premio Nobel de economía Elinor Ostrom, tener expectativas positivas respecto al comportamiento de los demás, reduce el riesgo de transacción y, por tanto, los riesgos de conflicto. Teniendo en cuenta que Colombia es considerado “el país menos pacífico de la región”, una situación similar tendría un impacto social relevante. De hecho, en el escenario actual, atrevernos a confiar sería una de las garantías para construir una paz estable, ya que estaría cimentada en la cooperación y una idea diferente de "el otro". El objetivo, sería dejar a un lado el estereotipo de colombiano “sagaz” que confunde ingenio con la posibilidad de sacar provecho a cualquier costo y, por el contrario, posicionar la actitud de confianza, no como ingenuidad, sino como una oportunidad para obtener mayores beneficios. 

Así mismo, confiar traería resultados positivos en el ámbito político y económico. En el primero, porque favorece la gobernabilidad y la democracia. En los casos en los que los niveles de confianza hacia las instituciones son altos, la toma de decisiones y la implementación de políticas es más efectiva y los niveles de corrupción son menores. Suecia es un buen ejemplo, sus niveles de confianza en las instituciones (48% de las personas confían en la función pública) y confianza social (60% confían en la mayoría de sus conciudadanos), están estrechamente relacionados con resultados positivos en los indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial.  Resultados que contrastan con Colombia, en donde apenas 20% de la población confía en la función pública, y el sólo 5% confía en la mayoría de las personas que le rodean. En este sentido, las relaciones entre confianza y gobernabilidad constituye un círculo virtuoso, en el que mayores niveles de confianza permiten ejecutar más fácilmente políticas, incentivan la cooperación y la participación ciudadana en la toma decisiones, al tiempo que garantizan, entre otras cosas, la obediencia voluntaria de las normas. A su vez, estos resultados contribuyen a la generación de un ambiente propicio para aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los servidores públicos.

Indicadores Mundiales de Gobernabilidad-2014

Fuente: Banco Mundial. 

Finalmente, confiar también contribuiría a impulsar el escenario económico colombiano. Según autores como el politólogo Francis Fukuyama, en el entorno actual no solo priman los seres racionales que mediante acciones egoístas buscan maximizar resultados, por lo que elementos como la cooperación cobran importancia. Al reducirse los costos de transacción, aumentan las posibilidades de creación de nuevas organizaciones y crecimiento de las ya existentes. De hecho, este mismo autor sostiene que existe una fuerte relación entre el nivel de confianza y el Producto Interno Bruto, relación que se evidencia de nuevo en el ejemplo que compara Suecia y Colombia, teniendo en cuenta que el PIB de cada uno es US$579,7 miles de millones y US$378,4 miles de millones, respectivamente.  Stephen Knack y Philip Keefer afirman que la confianza también estimula la innovación que motiva la exploración de nuevos mercados y creación de nuevos productos o servicios. Si percibimos estabilidad y menos riesgos, nos atrevemos más.

Ahora bien, si el conflicto en diferentes escenarios disminuyera, las instituciones y políticas fueran más efectivas y transparentes, al tiempo que se impulsara el crecimiento de la economía, se irían desdibujando las causas estructurales del conflicto que hemos vivido por décadas. Entonces, aprender a confiar en los demás y cambiar de paradigma nos abriría nuevas oportunidades para vivir, por fin, una paz estable y duradera. 

* Secretaria Privada de la Subdirección General del Departamento Administrativo de la Función Pública 

El problema de la industria de los taxis bajo la lupa de La Economía

Publicado en El Diario Portafolio http://www.portafolio.co/opinion/analisis-industria-taxis-colombia-493053

Las protestas de los taxistas en diferentes ciudades colombianas, motivadas por la entrada al mercado de una aplicación de consumo colaborativo como UBER, ponen bajo la lupa de la opinión pública, a uno de los reductos del antiguo modelo de transporte urbano,  conocido por priorizar intereses privados por encima del bienestar de toda una sociedad.

Nos enfrentamos a un interesante caso de destrucción creativa Schumpeteriana, en el marco del cual, si el gobierno lo permite; el modelo arcaico del transporte en taxi actual, desaparecerá para darle espacio a un esquema de competencia abierta focalizado en el bienestar de los usuarios.

Para entender por qué es definitivo para la sociedad colombiana dar un paso de estas características, vale la pena analizar la industria del taxi bogotana como modo de transporte urbano. Años de decisiones de política pública fundamentadas en el lobby de los magnates del sector, han parido un esperpento económico de magnitudes inusitadas que vale la pena desvelar con cuidado.   Se trata de un modelo de producción, que contiene en sí mismo buena parte de las distorsiones, que se podrían analizar al interior de una clase de microeconomía u organización industrial; veamos algunas de ellas:

1. Se trata de una Industria sujeta a racionamiento: curiosamente la oferta de nuevos cupos está racionada, esto quiere decir que no hay forma de que su provisión aumente por efecto de la interacción de las fuerzas del mercado. Hace varios años el gobierno decidió congelar la entrada de nuevos taxis a la ciudad, lo que implica que la industria deba ajustarse a una curva de oferta absolutamente inelástica, que no varía a pesar el creciente aumento de la necesidad de vehículos adicionales. El resultado más obvio de una situación de estas características, es el aumento sostenido del valor de los cupos, hasta el punto de que hoy día su precio puede rondar los 100 millones de pesos y la consecuente generación de barreras de entrada a una industria de carácter competitivo, que redundan en el aumento de poder de mercado de los magnates de los taxis y el consabido deterioro de la calidad del servicio explicada por la restricción de la competencia.

2. El mercado del transporte en taxi está sujeto a control de precios: en situaciones en las cuales se tiene una oferta fija debido al racionamiento y una demanda creciente, la manera en la que el mercado garantiza sus sabios ajustes, es mediante un aumento paulatino de los precios. Para poner freno a este fenómeno, los gobiernos pasados decidieron controlar el valor de la “carrera”, decretando una tarifa máxima y generando como consecuencia una notable escasez en la industria. Esa es precisamente una de las razones por las cuales es tan difícil conseguir un taxi especialmente en horas de alta demanda.

3. La oferta está protegida por múltiples barreras a la entrada: subsecuentes regulaciones, han generado paulatinamente barreras tácitas a la entrada de competidores: seguros, requisitos como la necesidad de afiliarse a una empresa y hasta las especificaciones y el color de los vehículos; han hecho que este sector esté cada vez más resguardado de cualquier clase de competencia y que se convierta en un negocio altamente rentable para algunos grupos con alto poder económico.

4. Industria con poder de lobby y de mercado: la de los taxis, es una industria de altísima incidencia política, capaz de hacer prevalecer sus objetivos financieros por encima del interés social. Desde hace años, los magnates del sector financian campañas, promueven entre los conductores e incluso entre los pasajeros, candidatos de elección popular cuyas agendas están en línea con la defensa de sus propios intereses. Una condición de estas características hace que las leyes sean diseñadas sobre medida, para su propio beneficio y que las instancias de regulación no se atrevan a sancionar actuaciones reprochables, por físico temor a la capacidad de movilización y acción colectiva de los taxistas.

5. Se trata de un mercado informal con problemas de selección adversa: La búsqueda de rentas privadas en un mercado con precios controlados y características como las descritas, conduce inexorablemente la pauperización de la mano de obra.

Por todos es conocido que la mayoría de los taxis funcionan bajo un esquema en el que los dueños se quedan con entre el 40% y el 60% del “producido”, mientras el conductor debe conformarse con el porcentaje restante, el cual debe alcanzarle para mantener a su familia y además cubrir los costos de la  operación del vehículo. Naturalmente un salario de estas características genera en el mercado un fenómeno denominado “selección adversa” gracias al cual, la mano de obra más capacitada es captada por otros sectores mejor remunerados, mientras que la industria de los taxis debe conformarse con los “menos peores” dispuestos a trabajar por el importe que el sector puede pagar.

Todos estos elementos y muchos otros que no vale la pena explicar para no incurrir en tecnicismos, son los responsables de que el servicio que actualmente ofrecen los taxis, ostente una calidad tan cuestionada y que empresas como UBER, ajenas a todas estas dinámicas, con una propuesta innovadora y diferente; sean tan valoradas y respaldadas por los usuarios.

Como moraleja, vale la pena decir que la regulación no siempre es buena, en especial cuando el regulador no defiende la felicidad de los usuarios, sino que se concentra en preservar los intereses económicos de los dueños de la industria. 

¿Por qué las políticas públicas no funcionan en Colombia?

Colombia, como muchos países latinoamericanos, hace ingentes esfuerzos por solucionar sus problemas de bienestar más fundamentales. De acuerdo con datos publicados por el Banco Mundial, el nuestro, es uno de los países más desiguales, en el ranking mundial sigue de cerca a Haití y a Honduras.  De hecho, en línea con el DANE, la incidencia sobre los colombianos de la pobreza monetaria es del 24% y del 40% en las cabeceras municipales  y en los centros poblados respectivamente.

Lo que muestran estas cifras es que la gran mayoría de la población sufre las inclemencias de los ingresos bajos, en efecto de acuerdo con el análisis realizado por la consultora de consumo Raddar en 2015, el 15,9% de la población vive en estrato 1, el 28,9 en estrato 2, el 34,4% en estrato 3, el 11% en estrato 4  y apenas el 9,8% de todos los colombianos vive en estrato 5 y 6. Un resultado como este es de suma importancia si se tiene en cuenta que el estrato es una proxy de acceso a bienes y servicios públicos y que de acuerdo con los resultados del último censo realizado en el país, más del 70% de la población colombiana vive en zonas urbanas, por lo que en general está estratificada.

Los diferentes gobiernos formulan e implementan políticas públicas con el propósito de dar respuesta a todos y cada uno de los problemas asociados a esta realidad socioeconómica, sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que la mayoría de ellas no logra una mejora significativa en la situación de los colombianos menos favorecidos. En este sentido, valdría la pena preguntarse por algunas de las razones que fundamentan esta falta de efectividad en la intervención pública:

1. Los tomadores de decisión no conocen la realidad de los beneficiarios: en primera instancia hay que decir que quienes formulan las políticas públicas y deciden la manera en la que el país atenderá las necesidades de la mayoría de colombianos, provienen de los grupos poblacionales minoritarios, es decir del diminuto 9,8% que vive en los estratos 5 y 6. No obstante el indudable compromiso y capacidad técnica de estas personas, el problema es que la realidad  a la que se han enfrentado desde chicos, es diametralmente diferente a la del resto de la población. Su entorno socio espacial es diferente, la provisión de bienes y servicios públicos a que han tenido acceso durante toda su vida es muy distinta, al punto de que podemos decir que han vivido en una Colombia muy diferente a la de la población para la cual proponen soluciones. La mayoría de ellos aterrizan en cargos públicos de decisión luego de pasar por las mejores universidades del país y del exterior, saltándose una serie de etapas operativas que les permitirían conocer la verdadera magnitud de las problemáticas. Así las cosas, podemos decir que en Colombia hay una marcada falta de sintonía entre quienes hacen las políticas públicas y quienes serán beneficiarios de ellas.

2. Escaso aprendizaje institucional: el premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz y el profesor de la escuela de negocios de la universidad de Columbia Bruce C. Greenwald, se han encargado de explicarnos de una y otra manera la importancia del aprendizaje en la economía y por supuesto, al interior de las organizaciones. En su libro “La creación de una sociedad del aprendizaje”, dimensionan la importancia del Know How en la capacidad de las organizaciones para diferenciarse y lograr avances sustanciales en productividad y efectividad. Si trasladamos esta conclusión al entorno en el que se formulan las políticas públicas, podemos afirmar que el aprendizaje al interior de las entidades no es el necesario para garantizar la pertinencia de las intervenciones. En general, el modelo de elección popular de mandatarios unido al esquema de libre nombramiento y remoción al que se ajustan la mayoría de los cargos que toman decisiones al interior de lo público, hacen que usualmente la formulación de políticas públicas se haga en el marco de niveles demasiado bajos de la curva de aprendizaje, esto debido básicamente a que en promedio cada año y medio, las organizaciones cambian las personas que ocupan los cargos decisorios.

 3. Baja productividad de las organizaciones públicas: la experiencia en evaluación de políticas públicas en distintos países, muestra que su efectividad depende en buena medida del nivel de la productividad de las organizaciones públicas que participan en su implementación. En los casos en los que la ejecución de las intervenciones depende de una institucionalidad burocrática y pesada, la solución de los problemas difícilmente alcanza a los beneficiarios. Por el contrario, cuando se trata de organizaciones ágiles y altamente productivas, los beneficiarios tienen acceso completo a los bienes y servicios públicos que las políticas se comprometen a entregar. Desafortunadamente en Colombia, los niveles de productividad pública son considerablemente bajos, afectando negativamente la efectividad de cualquier intervención.

4. Sistema legal de alta complejidad: si en algo hemos sido exitosos los colombianos, es en diseñar un sistema de leyes con un nivel de sofisticación inusitado, hasta el punto, que dificulta dar solución pertinente y efectiva a los problemas sociales de todos los colombianos. No por nada Colombia es uno de los países con más abogados por cien mil habitantes del mundo, los sistemas de contratación, tributación, solución de controversias etc. están tan llenos de vericuetos, que muchas políticas públicas con objetivos maravillosos terminan dilapidando sus recursos en sortear toda suerte de laberintos legales.

Cuando los elementos descritos se conjugan en el marco de una combinación sombríamente ideal, se presentan casos como el de Rubiela Chivará, una madre tristemente célebre gracias a que nuestras políticas públicas no tuvieron la capacidad de garantizarle la vida y luego de su muerte, no le ofrecieron las condiciones para proporcionarle un trato medianamente digno.  Este caso y muchos otros parecidos, son campanazos de alerta que deben llamar nuestra atención e instigarnos a modificar un sistema que viene cometiendo los mismos errores desde hace décadas. 

El espejismo de “la paz” y el “post conflicto”

La imagen que nos viene a muchos a la cabeza, cuando pensamos en un espejismo, es la del caminante sediento que en un desierto candente, divisa a lo lejos una silueta que parece ser la solución a sus penurias. Con la esperanza de terminar la tortura, se dirige al encuentro de este zenit de felicidad, pero al acercarse, se da cuenta de que lo que parecía ser un oasis, no es más que una construcción de su mente explicada por el insoportable deseo.

Para el gobierno y para diferentes sectores, el establecimiento de un acuerdo con las FARC, se convirtió en su propio espejismo, al punto que se han convencido ellos mismos y a la sociedad colombiana, de que dicho convenio supone “la paz” para el país. Esta condición es tan evidente que han posicionado en varios escenarios el término “post conflicto”, cuyo significado está directamente asociado a lo que sucede después de un escenario de guerra.

Con la firma entre el gobierno y las FARC de un listado de entendimientos en lo relacionado con justicia transicional, se sellan acuerdos muy importantes con respecto a uno de los temas más críticos de la agenda de la Habana. Para muchos, se trata de un signo univoco del cierre a un largo proceso de conversaciones que pondría fin al enfrentamiento de dos partes que llevan matándose más de medio siglo. En resumen, este paso nos deja muy cerca de llegar al punto en el que encontraremos la imagen que vimos a lo lejos y que hemos venido construyendo con el deseo.

Vale la pena empezar a aterrizar nuestra esperanza dimensionando la realidad a la que nos enfrentaremos luego de que finalicen positivamente las conversaciones de La Habana. Lo cierto es que en dicha situación ninguno de los determinantes de la violencia habrá desaparecido: la desigualdad, la pobreza, la inoperancia del aparato público y todos los elementos que conducen a enfrentamientos violentos al interior de nuestra sociedad, seguirán existiendo. Así las cosas, los nuevos modelos de violencia y de apropiación ilegal de rentas, seguirán generando efectos muy similares o incluso peores a los producidos actualmente por grupos como las FARC. En esencia, los reductos de esta organización mutarán en el marco de un entorno diferente pero aún propicio para su existencia y se convertirán en organizaciones ciertamente separadas de motivaciones políticas y más relacionadas con los patrones delictivos que observamos en el crimen organizado estándar.  En este sentido, nos enfrentaremos a un escenario en el que seguramente dejaremos de ver en las noticias las consecuencias de actos como atentados, masacres, tomas a poblaciones y empezaremos a oír de patrones menos mediáticos, pero igual de impactantes como sicariato, asesinatos y extorsiones.

La realidad de este fenómeno es evidente, luego de 23 años de que se firmaran los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos del mundo: de acuerdo con cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en la actualidad se encuentra en el top 10 de los países con mayor tasa de homicidios por cien mil habitantes.

Para que no nos suceda algo similar a lo ocurrido en el caso centroamericano, es preciso disponer todo el aparato estatal para afrontar un entorno violento de similar o mayor magnitud, en el marco de estrategias diferentes pero mucho más efectivas. Uno de los errores en los que como sociedad podemos incurrir, consiste en dirigir volúmenes ingentes de recursos a financiar procesos de desmovilización, descuidando inversiones verdaderamente rentables en los siguientes aspectos:

Mejorar la productividad pública: lo primero que hay que asegurar es que el aparato estatal sea capaz de responder a un reto social como el que se nos avecina. Es necesario convertir a las instituciones públicas colombianas, en organizaciones livianas, altamente  productivas, con estructuras simples y robustas; que aumenten de manera drástica su capacidad para llegar a todas las personas que necesitan de su ayuda.

Modificar el entorno jurídico y político para reducir la desigualdad: la desigualdad crónica en los países, está determinada principalmente por las reglas políticas, económicas y sociales; definidas por sus leyes. Desde esa perspectiva, es necesario en primera instancia, reducir la complejidad de la normatividad colombiana para hacer su interpretación y aplicación más ágil, efectiva e identificar las normas con mayor capacidad para  generar desigualdad, de manera que puedan ser modificadas de inmediato.

Incrementar la inteligencia y la efectividad de las fuerzas militares y de policía: las fuerzas armadas, deben convertirse en organizaciones que reconozcan las mutaciones experimentadas por los nuevos modelos de violencia, de manera que ellas mismas tengan la posibilidad de cambiar para responder a sus nuevas tácticas. En general deben convertirse en organismos más inteligentes y de mayor movilidad, que puedan  pasar de enfrentar a un grupo reducido de organizaciones de gran tamaño, para concentrarse en un sinnúmero de microempresas criminales que surgirán durante la etapa post firma del acuerdo.

Mejorar la efectividad de la justicia: la justicia debe evolucionar e integrarse a la lógica de administración y gerencia modernas, mejorando sus procesos, cambiando sus  imaginarios y prácticas; de manera que pueda responder al gran reto que tiene por delante y con el cual tiene una deuda de varias décadas.

El propósito de todo esto, es que una vez terminemos la larga caminata hacia nuestro espejismo, estemos realmente preparados para enfrentar otros largos años de dificultades y sacrificios, que nos llevarán a mejorar como sociedad y al fin, alcanzar la verdadera PAZ que todos soñamos.

Versión en audio

El proceso de paz y la racionalidad de los guerreristas

Publicado en el diario Portafolio http://www.portafolio.co/opinion/analisis-modelos-violencia-colombia

Luego del ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en  el Cauca, que dejó 11 militares muertos y 17 heridos, el país se ha dividido en dos bandos. El primero, clama a gritos por el rompimiento del proceso de paz; mientras el segundo, llama a la cordura y a mantener un ambiente de negociación que garantice la firma de un acuerdo.

Desde este punto de vista, vale la pena analizar con cabeza fría, varios aspectos relevantes del conflicto, antes de tomar partido por una u otra posición.

Un aspecto a considerar es la posibilidad o no de finalizar el conflicto a través del ejercicio institucional de la fuerza.  De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y con el Banco Mundial, Colombia está en el top 30 de países del mundo, con  mayor gasto militar, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, nuestro país sigue siendo uno de los más violentos del mundo, los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, actualmente nos ubican en el puesto 13 del ranking de países con mayor tasa de homicidios por cien mil habitantes. 

De otra parte, la literatura más reciente sobre las dinámicas de los modelos de violencia, los sitúa en una perspectiva evolutiva, en el marco de la cual, se reproducen en un ambiente propicio para su existencia y cambian de acuerdo con las características del entorno social. En esencia, al igual que cualquier ser vivo, evolucionan por cuenta de mutaciones generadas por los incentivos del ambiente en el cual sobreviven.

De acuerdo con las mediciones para el Índice de Gini publicadas por el Banco Mundial, Colombia es el onceavo país más desigual del mundo. En lo que tiene que ver con brechas en ingresos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos ubica en el puesto 13 entre 151 países. Lo que nos muestran las cifras es que hay un grupo poblacional pequeño que gana bien y vive bien, pero hay un porcentaje muy grande de la población cuyos ingresos ni si quiera alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Ésta problemática es de tal magnitud, que de acuerdo con las cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 42,8% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza, es decir no gana lo suficiente para satisfacer sus necesidades más elementales.

Lo que nos muestran estos indicadores, es que nuestro país ofrece un entorno absolutamente propicio para la proliferación de modelos de violencia, que tienen por objetivo principal, captar rentas a través de narcotráfico, extorsión, contrabando, minería ilegal etc. Así las cosas, podemos destinar el 100% de nuestro presupuesto a la fuerza pública y jamás estos modelos de violencia van a desaparecer hasta tanto no desaparezcamos el entorno propicio que tienen hoy para reproducirse. Por el contrario, cuanto más presupuesto dediquemos a la guerra, menor será la proporción que podremos destinar a generar condiciones que permitan que la mayoría de la población, pueda cubrir sus necesidades insatisfechas; por lo que incluso, estaríamos profundizando los determinantes del conflicto.

Para tener una idea de las dimensiones de este fenómeno, vale la pena revisar el caso del paramilitarismo en Colombia. A partir del 25 de noviembre el 2003, se dio inicio al proceso de desmovilización de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La mayoría de los Colombianos pensaron que este proceso sacaría de combate a uno de los bandos más sangrientos del conflicto; sin embargo, en la actualidad es evidente que estas unidades generadoras de violencia, no desaparecieron sino que simplemente  mutaron ajustándose a los cambios en un entorno todavía propicio para su supervivencia y evolucionaron en un organismo diferente denominado BACRIM o Bandas Criminales.

A pesar de todo lo mencionado, una parte del país considera que la manera para enfrentar una problemática de estas características, es profundizar el accionar de las fuerzas militares y de policía. En el marco de una condición que la economía moderna llama “riesgo moral”, un grupo poblacional fundamentalmente de estratos altos ubicado en las ciudades principales, toma decisiones de política que respaldan esta iniciativa y además exigen resultados. Sin embargo, las consecuencias de sus actos son sufridas por el grupo poblacional más deprimido; de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1988 hasta la fecha, han muerto 2981 civiles en acciones bélicas, desarrolladas fundamentalmente por fuera de las ciudades colombianas.  En efecto, entre 1958 y 2012, el conflicto ha generado la muerte de al menos 220.000 personas localizadas en su mayoría, en poblaciones pequeñas y zonas rurales.  Para que tengan una idea de la magnitud del fenómeno, este número de vidas perdidas se puede equiparar a la desaparición del total de la población de una ciudad como Tunja en Boyacá.

Considerando estos antecedentes, vale la pena preguntarse si de verdad lo que el país requiere es la profundización institucional del conflicto o un proceso sostenido de paz y reconciliación con todos sus protagonistas, que empiece con las FARC y se focalice en erradicar la desigualdad y reparar a todos los grupos poblacionales afectados por más de 50 años de guerra.