La paradoja del Estado generador de pobreza

Cuando en nuestra cotidianidad hablamos de pobreza, generalmente hacemos énfasis en la generación de ingresos, no obstante, tendemos a descuidar todo aquello que tiene relación con los egresos. Esta misma desviación tan natural en grupos desprevenidos de tertuliantes, parece estar arraigada en los equipos técnicos que analizan la problemática al interior de los gobiernos.   Tal situación lleva a subestimar las implicaciones en materia de generación de pobreza y reducción del bienestar social que pueden desencadenar ciertas políticas públicas, en esencia, si mantenemos el ingreso de los hogares constante pero paulatinamente hacemos crecer sus egresos, indudablemente los estamos empobreciendo, el resultado es similar si el ingreso crece pero lo hace a una velocidad menor a la que lo hacen los egresos. De la misma manera, cuando los egresos periódicos de un hogar son lo suficientemente altos y el hogar intempestivamente se queda sin ingresos, la situación en materia de reducción de bienestar es francamente precaria y lo será mucho más en la medida en que estos egresos altos estén directamente relacionados con la compra de bienes y servicios dirigidos a satisfacer sus necesidades más esenciales.

En los últimos años, al interior de nuestros gobiernos, se ha vuelto popular y conveniente asociar costos importantes a la casi totalidad de las transacciones cotidianas de los hogares, aspectos tan esenciales como consumir agua, gas y energía, transportarse, alimentarse, procurarse una vivienda, divertirse etc., han venido siendo cargados directa o indirectamente con pequeños importes que en suma han incrementado de forma importante el ingreso necesario para que un hogar sobreviva.

Para ilustrar el argumento podemos analizar el caso de los alimentos que cotidianamente consume un hogar promedio, en los últimos años algunos de ellos han sido gravados directa o indirectamente mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto al Consumo o alguna clase de sobretasa, bien sea al alimento en cuestión o a algún insumo involucrado en su cadena productiva.

Algo similar sucede con el transporte, bien sea que se valga de vehículo propio o de algún modo de carácter público, en el primer caso por ejemplo, en los últimos años se ha incrementado el costo de propiedad de los vehículos de forma notable, se han gravado su compra, su tenencia, la mayoría de bienes y servicios asociados a su operación y mantenimiento, adicionalmente se han venido implementando seguros, cobros por contaminación etc., en el segundo caso los costos se han incrementado indirectamente por cuenta de estos mismos conceptos y otros tantos que sería redundante mencionar.

La conclusión de todo esto es muy interesante en la medida en que pone de presente un hecho contradictorio, el Estado, un actor por definición llamado a reducir la pobreza real, puede estarla multiplicando o por lo menos, puede estar demorando de forma importante el mejoramiento en el ingreso disponible de los hogares. Lo más curioso del caso, es que puede no ser consciente de este fenómeno, es decir, puede estar actuando en el marco de una situación evidente de “riesgo moral”.

Para comprender la verdadera incidencia de un comportamiento de estas características, analicemos el caso de un hogar de clase media que compró una casa a crédito hace treinta años, se trata de una pareja de jubilados que han visto crecer paulatinamente el costo del impuesto predial de la casa antigua en la que viven, no ha pasado lo mismo con su pensión, cuyo monto se ha incrementado apenas para “mantener” el poder adquisitivo frente a una canasta básica. No obstante lo mencionado, el Estado toma la decisión de cobrar intempestivamente un impuesto de valorización que eleva de forma dramática el costo de la vivienda, una decisión de estas características hace que estas personas deban dejar de comer o deban vender su casa para solventar el pago del impuesto, generando una situación de pobreza evidente que no aparecerá en los indicadores ni en las cifras de los sistemas de seguimiento públicos.

Los alcances de dinámicas como las mencionadas pueden llegar a ser insospechados, incluso pueden afectar negativamente aspectos tan determinantes para salir de la pobreza como la creación de capital humano. En efecto, en los últimos años, el Estado ha tomado múltiples decisiones relacionadas con la implementación de frecuentes reformas tributarias, ha venido aumentando indiscriminadamente el precio de los combustibles y cargado uno que otro pequeño importe a los egresos de los hogares colombianos, como resultado de esto, el ingreso disponible para educación se ha venido reduciendo, en consecuencia la matrícula en universidades de clase media, en jornada diurna es cada vez menor, mientras el porcentaje de personas que deciden elegir un programa de educación nocturno, que les permite estudiar mientras trabajan, se ha elevado significativamente.

Lo cierto de todo esto, es que es necesario replantear el papel del Estado y reconfigurar la forma en la que ataca la pobreza, podría empezar bajando los costos de los hogares reduciendo de forma pronunciada la incidencia sobre ellos mediante el incremento paulatino de la calidad del gasto y la productividad pública, además podría focalizar su política tributaria sobre los ingresos y no sobre los egresos.

En síntesis, el Estado debe empezar a pensárselo muy bien, cada vez que quiera afectar los egresos de los hogares, es necesario que evalúe seriamente las verdaderas implicaciones de sus actos y deje de actuar de la forma ligera en que lo viene haciendo, en lo que al bienestar de la sociedad se refiere.

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El espejismo de “la paz” y el “post conflicto”

La imagen que nos viene a muchos a la cabeza, cuando pensamos en un espejismo, es la del caminante sediento que en un desierto candente, divisa a lo lejos una silueta que parece ser la solución a sus penurias. Con la esperanza de terminar la tortura, se dirige al encuentro de este zenit de felicidad, pero al acercarse, se da cuenta de que lo que parecía ser un oasis, no es más que una construcción de su mente explicada por el insoportable deseo.

Para el gobierno y para diferentes sectores, el establecimiento de un acuerdo con las FARC, se convirtió en su propio espejismo, al punto que se han convencido ellos mismos y a la sociedad colombiana, de que dicho convenio supone “la paz” para el país. Esta condición es tan evidente que han posicionado en varios escenarios el término “post conflicto”, cuyo significado está directamente asociado a lo que sucede después de un escenario de guerra.

Con la firma entre el gobierno y las FARC de un listado de entendimientos en lo relacionado con justicia transicional, se sellan acuerdos muy importantes con respecto a uno de los temas más críticos de la agenda de la Habana. Para muchos, se trata de un signo univoco del cierre a un largo proceso de conversaciones que pondría fin al enfrentamiento de dos partes que llevan matándose más de medio siglo. En resumen, este paso nos deja muy cerca de llegar al punto en el que encontraremos la imagen que vimos a lo lejos y que hemos venido construyendo con el deseo.

Vale la pena empezar a aterrizar nuestra esperanza dimensionando la realidad a la que nos enfrentaremos luego de que finalicen positivamente las conversaciones de La Habana. Lo cierto es que en dicha situación ninguno de los determinantes de la violencia habrá desaparecido: la desigualdad, la pobreza, la inoperancia del aparato público y todos los elementos que conducen a enfrentamientos violentos al interior de nuestra sociedad, seguirán existiendo. Así las cosas, los nuevos modelos de violencia y de apropiación ilegal de rentas, seguirán generando efectos muy similares o incluso peores a los producidos actualmente por grupos como las FARC. En esencia, los reductos de esta organización mutarán en el marco de un entorno diferente pero aún propicio para su existencia y se convertirán en organizaciones ciertamente separadas de motivaciones políticas y más relacionadas con los patrones delictivos que observamos en el crimen organizado estándar.  En este sentido, nos enfrentaremos a un escenario en el que seguramente dejaremos de ver en las noticias las consecuencias de actos como atentados, masacres, tomas a poblaciones y empezaremos a oír de patrones menos mediáticos, pero igual de impactantes como sicariato, asesinatos y extorsiones.

La realidad de este fenómeno es evidente, luego de 23 años de que se firmaran los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos del mundo: de acuerdo con cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en la actualidad se encuentra en el top 10 de los países con mayor tasa de homicidios por cien mil habitantes.

Para que no nos suceda algo similar a lo ocurrido en el caso centroamericano, es preciso disponer todo el aparato estatal para afrontar un entorno violento de similar o mayor magnitud, en el marco de estrategias diferentes pero mucho más efectivas. Uno de los errores en los que como sociedad podemos incurrir, consiste en dirigir volúmenes ingentes de recursos a financiar procesos de desmovilización, descuidando inversiones verdaderamente rentables en los siguientes aspectos:

Mejorar la productividad pública: lo primero que hay que asegurar es que el aparato estatal sea capaz de responder a un reto social como el que se nos avecina. Es necesario convertir a las instituciones públicas colombianas, en organizaciones livianas, altamente  productivas, con estructuras simples y robustas; que aumenten de manera drástica su capacidad para llegar a todas las personas que necesitan de su ayuda.

Modificar el entorno jurídico y político para reducir la desigualdad: la desigualdad crónica en los países, está determinada principalmente por las reglas políticas, económicas y sociales; definidas por sus leyes. Desde esa perspectiva, es necesario en primera instancia, reducir la complejidad de la normatividad colombiana para hacer su interpretación y aplicación más ágil, efectiva e identificar las normas con mayor capacidad para  generar desigualdad, de manera que puedan ser modificadas de inmediato.

Incrementar la inteligencia y la efectividad de las fuerzas militares y de policía: las fuerzas armadas, deben convertirse en organizaciones que reconozcan las mutaciones experimentadas por los nuevos modelos de violencia, de manera que ellas mismas tengan la posibilidad de cambiar para responder a sus nuevas tácticas. En general deben convertirse en organismos más inteligentes y de mayor movilidad, que puedan  pasar de enfrentar a un grupo reducido de organizaciones de gran tamaño, para concentrarse en un sinnúmero de microempresas criminales que surgirán durante la etapa post firma del acuerdo.

Mejorar la efectividad de la justicia: la justicia debe evolucionar e integrarse a la lógica de administración y gerencia modernas, mejorando sus procesos, cambiando sus  imaginarios y prácticas; de manera que pueda responder al gran reto que tiene por delante y con el cual tiene una deuda de varias décadas.

El propósito de todo esto, es que una vez terminemos la larga caminata hacia nuestro espejismo, estemos realmente preparados para enfrentar otros largos años de dificultades y sacrificios, que nos llevarán a mejorar como sociedad y al fin, alcanzar la verdadera PAZ que todos soñamos.

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Rumores sobre un nuevo impuesto a las transacciones financieras

Fuente: Bolsamania

Durante los últimos días, se filtraron rumores relacionados con la creación de un nuevo impuesto a las transacciones financieras, al parecer ha venido tomando fuerza la idea de modificar el cuatro por mil y cobrar un impuesto a retiros por montos superiores a los 10 millones de pesos. Aunque el Ministro de Hacienda públicamente le restó importancia a la iniciativa, manifestando que se trataba de una propuesta lanzada en el marco de una discusión parlamentaria, el incidente nos puso a pensar a algunos, en lo desconsiderada y socialmente irresponsable, que resulta la política tributaria en este país.

Vale la pena recordar, que en Colombia más de una reforma tributaria e impuestos tan representativos como el cuatro por mil, el impuesto al patrimonio y el IVA, proceden también de rumores que pasaron de lo virtual a lo real en un abrir y cerrar de ojos.

Lo que hay que decir al respecto, es que nuestra clase media ya no soporta un impuesto más; entre retenciones, IVA, ICA, predial, impuesto a vehículos, impuesto a los combustibles, impuesto a las transacciones financieras, impuesto de renta etc…etc…nuestros gobiernos están asfixiando a un grupo social considerado por algunos, el motor del desarrollo sostenido, de las grandes economías.

Miren a su alrededor y háganse las siguientes preguntas con respecto al entorno en el que vivimos: ¿En qué transacción cotidiana no hay algún impuesto involucrado?¿Qué conocido suyo se da el lujo de vivir tranquilamente, sin preocuparse por tener lo suficiente para paga el crédito del apartamento, la cuota del carro o el semestre de las universidades de los hijos? ¿En qué hogar actual, el salario de uno solo de los padres es suficiente para sostener una familia de manera decorosa?, ¿Bajo qué circunstancias estos golpeados hogares, pueden asumir además un impuesto asociado al pago de obligaciones como las mencionadas?

Nuestros honorables congresistas y nuestros funcionarios públicos, no son conscientes de que con estas medidas, están acercando la clase media al umbral de las clases menos favorecidas, reduciendo de manera sistemática su calidad de vida.

No pretendo ser alarmista, pero si sumamos los impuestos que paga en un año un hogar promedio de este grupo poblacional, nos daremos cuenta de que cerca de la mitad de sus ingresos terminan siendo propiedad del Fisco.

A veces me pregunto qué sería del estado Colombiano, si la sociedad en pleno, le exigiera hacer su labor en el marco de reglas de mercado similares a las tenemos los privados. Una empresa, por ejemplo, tiene que garantizar la plena satisfacción de sus clientes, al mismo tiempo que ofrece precios competitivos. La única manera de lograr resultados como este, es mediante el mejoramiento sostenido de la forma en la que se hacen las cosas al interior de la organización y el incremento de la productividad del su recurso humano.

Confieso que es difícil imaginar al aparato público situado en un escenario como este, su condición de monopolio natural, lo exime de preocuparse demasiado por sus clientes, mientras que su capacidad para incrementar los precios de sus bienes y servicios por vía normativa, le evitan pensar mucho en la necesidad de mejorar continuamente.

Es hora de que nuestros gobernantes dejen de pensar en las reformas tributarias, como el único mecanismo para equiparar los ingresos y los gastos públicos, y empiecen a obsesionarse con lograr incrementos sostenidos en la productividad. Si todos en el estado, se concentran en hacer más con los mismos recursos, el aparato público podrá  responder de manera efectiva a las innumerables necesidades sociales de nuestro país, al mismo tiempo que reduce la carga impositiva sobre los grupos sociales llamados a generar desarrollo.

El Ministerio de Hacienda, el DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública, están en mora de formular una estrategia articulada, que les permita controlar la eficiencia y la eficacia en lo público, mediante indicadores claves de gestión como el costo comparativo promedio de los bienes y servicios públicos, la efectividad del gasto público, las variaciones anuales en la productividad pública etc.

Sin embargo, no basta con formular un buen cuadro de mando integral, también es necesario trabajar en estrategias activas, que garanticen la mejora en los resultados arrojados por los indicadores. En este particular, la Escuela Superior de la Administración Pública, puede hacer su aporte mediante la creación de programas de formación, concentrados en la investigación de operaciones pública o la ingeniería de las organizaciones y las políticas públicas.  

Es hora de que le exijamos a nuestros gobernantes mayor eficiencia y menos reformas tributarias, más calidad de vida y mayor celeridad en la entrega de bienes y servicios públicos, económicos y de mejor calidad.