martes, 30 de agosto de 2022

La cultura pública al desnudo


Fuente: Leviatán, Thomas Hobbes

Los sistemas organizacionales están conformados principalmente por personas, mientras la cultura es un aspecto esencial que incide directamente en las decisiones de los individuos y la colectividad; por lo tanto, la cultura organizacional determina el comportamiento y los resultados de toda clase de organizaciones.

El Estado Colombiano, como organización,  está definido por unos rasgos culturales muy particulares, los cuales, afectan de forma contundente el entorno privado y en general, todo el contexto económico y social del que formamos parte, por supuesto, vale la pena estudiar los  más evidentes, con el propósito de identificar mecanismos de transformación cultural que aseguren un mejoramiento paulatino de nuestra realidad. 

A lo largo de décadas de trabajo en diferentes sectores y con distintos equipos, he venido recopilando los elementos de perfilamiento cultural que se muestran a continuación, naturalmente, cómo tiende a suceder con la cultura, ninguno de estos aspectos es declarado o reconocido al interior de lo público, no obstante, es ratificado por las decisiones que se toman cotidianamente en todos los niveles organizacionales.

Ciudadanos de segunda: lo primero que hay que decir, es que a pesar de todo lo que se afirme o se pretenda, el ciudadano, es decir,  ese actor que paga impuestos para financiar la operación de la organización pública y que además, es el principal cliente de todos los bienes y servicios que aquella produce; es considerado como un actor secundario, más bien como una especie de circunstancia incómoda con la que hay que lidiar de cuando en cuando. En los imaginarios y prácticas públicas, no son relevantes sus preferencias, expectativas y necesidades; la realidad es que, para quienes trabajan al interior de lo público, este actor, un tanto ignorante, no sabe bien lo que quiere, ni lo que es bueno para él, mientras quienes toman decisiones públicas lo comprenden perfectamente. Por otra parte, existe la percepción de que sus exigencias y preocupaciones siempre son faltas de fundamento, producto de procesos de desinformación, las cuales, terminan por distraer los equipos públicos de lo verdaderamente relevante. Incluso, quienes trabajan en lo público implícitamente parecen sentir que, el ciudadano debería estar agradecido por los favores que recibe de ellos y debería ser siempre paciente, esperando con tranquilidad hasta que haya tiempo para atender sus molestos requerimientos. 

No hay nada malo con el funcionamiento del Estado: para quienes forman parte de la organización estatal, la realidad actual de las cosas es conveniente y apropiada, la forma en la que opera la organización pública es pertinente y bien concebida, las personas que están en su interior sienten que están haciendo bien su trabajo.  El hecho de que tengamos semejantes niveles de pobreza en el país, tal número de asesinatos por cien mil habitantes, que no se atiendan de forma apropiada servicios tan esenciales como salud, educación, provisión de infraestructura, movilidad, justicia etc., es resultado del mundo en el que nos tocó vivir, pero no de una deficiente organización estatal. En general, asumen que su trabajo no tiene por qué garantizar la creación de valor público y que tal arreglo organizacional es correcto y apropiado, por ejemplo, no tienen objeciones con invertir toda su jornada en actividades que no tienen ninguna relación con el ciudadano, organizarán tantos eventos y reuniones como sean necesarios, elaborarán tantos documentos y formatos como les soliciten y al final del día, se sentirán satisfechos porque ejecutaron una cantidad importante de tareas.  Por otra parte, las dinámicas políticas más cuestionables como el clientelismo, las componendas e incluso la corrupción, son para ellos males necesarios relativamente normales e inherentes a la dinámica pública.

Todos los problemas de lo público se explican por la insuficiencia de recursos: para quienes trabajan en la organización pública, los recursos disponibles para concretar sus objetivos nunca serán suficientes. De hecho, la razón por la cual no se materializan los resultados esperados, es básicamente que los recursos no son ilimitados, si lo fueran, con toda seguridad hace tiempo se habría logrado todo lo que la sociedad de una u otra manera espera. Bajo estas circunstancias, habrá que gastar tanto como sea necesario y por supuesto, habrá que recaudar tanto como se requiera, si queremos avanzar en la solución de los problemas que en la actualidad nos aquejan. En sus imaginarios la eficiencia no es la variable más relevante, el desperdicio razonable de recursos es necesario para identificar alternativas de solución que funcionen. En esencia, todo será correcto, siempre y cuando,  las organizaciones estatales gasten todo el presupuesto que les es asignado, más allá de si dicho gasto garantiza el mejoramiento del bienestar de las personas. De otra parte, la forma en la que se gasta es apropiada, los servidores públicos son responsables de verificar que en el proceso se cumpla con la ley y los requisitos establecidos en los estándares de contratación publica, sin importar si el resultado de tales contrataciones coincide o no con las necesidades de la sociedad colombiana.

La salida más viable siempre será la que le facilite la vida al Estado: en el imaginario de las personas que trabajan dentro de la organización pública, está muy fundamentada la idea de evitar complicarse, ser totalmente pragmáticos en la manera de afrontar los problemas. Tal condición implica, que al evaluar diversas alternativas, la posibilidad opcionada siempre será la de más corto plazo que además implique un menor esfuerzo para el Estado. Adicionalmente, al implementar las soluciones, tienden a trasladarle al ciudadano buena parte de la responsabilidad y carga que no pretenden asumir ellos. Por ejemplo, en vez de ejecutar proyectos que desarrollen los sistemas de movilidad en las ciudades, las personas que forman parte de la organización estatal, han preferido implementar durante 20 años medidas de restricción vehicular, que les facilitan la organización del tráfico, sin tener que desarrollar la infraestructura y ampliar la oferta en múltiples modos de transporte, que distribuyan la demanda y garanticen una calidad aceptable en el viaje.

Están dispuestos a engañar para salirse con la suya: para las personas al interior de lo público el fin justifica casi siempre los medios, en este sentido, con el propósito de sacar algún tema de propio interés adelante, se engañará al público, tantas veces como sea necesario. Se hará lo que se considere pertinente para que los ciudadanos de segunda, en su acostumbrada molesta actitud, no se interpongan en el camino del Estado. Se ajustarán resultados de indicadores, se mostrará selectivamente información, se posicionarán ideas en el público etc., cuantas veces se requiera. Particularmente, quienes tienen interés en ser elegidos y todos los nominados por ellos, adelantarán masivas campañas de marketing engañoso para garantizar la favorabilidad de los votantes, en efecto, desde las campañas políticas, hasta el desarrollo de funciones por parte de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, ministros, presidentes etc., se publicarán infinidad de piezas publicitarias intentando promocionar productos públicos que no necesitan ser promocionados cómo carreteras, hospitales, subsidios etc. De otra parte, les pondrán nombres extraños a políticas que van en contravía del bienestar de las personas, para que no se den cuenta de su verdadera naturaleza e implicaciones.

El Estado está para imponer autoridad: el Estado existe para poner en cintura al ciudadano, para controlar todas las dimensiones de su vida, para quienes forman parte de la organización pública, el Estado no se configura como un facilitador de la cotidianidad de las personas, como una instancia llamada a ayudarles a construir su felicidad, sino que más bien, es un censor, concebido para ejercer su autoridad cada vez que se vea la necesidad. En efecto, los servidores públicos, en general, se perciben a sí mismos como superiores al ciudadano, como actores que están por encima de él jerárquicamente. Así las cosas, aspectos tan esenciales como la manifestación de insatisfacción por parte de las mayorías, son vistos por aquellos como reclamaciones infundadas que deben reprimirse y no como las quejas de clientes insatisfechos, que no están conformes con los servicios que la organización pública les ha venido prestando. Toda esta extraña dinámica puede resumirse en que para las personas que forman parte de lo público, el Estado, está para mandar al ciudadano mientras este último tiene la obligación de obedecer, bajo ninguna circunstancia se asume que todo el aparato público está subordinado al ciudadano y que aquel es un cliente que espera una provisión de bienes y servicios públicos de alta calidad y pertinencia.

La realidad pública es única y debe mantenerse separada del resto del mundo: para las personas que trabajan en lo público, el Estado, es un sistema que solamente ellos comprenden, que nadie más, es capaz de entender realmente, en parte, debido a la torpeza de los ciudadanos, pero también, porque sus particularidades hacen que ningún concepto desarrollado por la ingeniería, el management, la psicología o cualquier ciencia que se concentre en la dinámica privada, sea aplicable a su contexto y particularidades. En esencia, todo lo que viene de afuera se descarta rápidamente por lo que el conocimiento público permanece estático. En este sentido,  las personas que trabajan en lo público defienden un estatus quo que se ha mantenido durante décadas prácticamente invariable, los conceptos, definiciones, manera de operar y de enfrentar los problemas sociales son muy similares a los que existían 10 años atrás. Dicho lo anterior, la innovación es muy limitada y se suscribe casi que exclusivamente, a copiar cosas que han implementado en otros países también dentro del entorno público.

Pusilanimidad bajo el amparo de la ley: para las personas que trabajan al interior del Estado, la ley se configura como un mecanismo conveniente que les permite aislarse de los incómodos requerimientos de los ciudadanos y mantener el estatus quo de la organización estatal. Para aquellos, el primer reflejo ante cualquier solicitud ciudadana o iniciativa de cambio será la utilización de la ley para justificar la decisión de no hacer nada. Convenientemente, se da a entender al público que no es posible avanzar en la solución efectiva de las demandas con base en una argumentación selectiva sustentada en normas que parecen respaldar la procastinación de las decisiones y la actuación. En todo caso, es curioso que se utilicen las leyes de esta manera, cuando su fundamento es la priorización de los derechos y demandas ciudadanas por encima de todo. Conforme a esta circunstancia, en el marco de la dinámica pública, es posible identificar recurrentes situaciones en las que es evidente y urgente ponerse de acuerdo y actuar de forma decidida, para garantizar el bienestar de las personas, no obstante, teniendo clara esta necesidad y la posibilidad de afrontarla, se le da la espalda conscientemente en el marco de sendas respuestas con amplios argumentos legales, en los que se explican cuidadosamente las razones por las cuales se prefiere no hacer nada. 

El management y el trabajo en equipo son habilidades escasas: para quienes forman parte de la organización estatal el management es secundario, se trata de un conocimiento y un conjunto de habilidades relevantes para el sector privado pero intrascendentes para el sector público. Definir estrategia, mejorar el diseño organizacional, liderar y conducir a los equipos a lograr objetivos, es más una cuestión de ejercer autoridad, reemplazar equipos, que de orientar, diseñar, persuadir, convencer y entusiasmar. Para aquellos, todo se soluciona con la definición de funciones claras tanto para las organizaciones públicas como para quienes hacen parte de sus equipos de trabajo, por lo tanto, trabajar con otros, articulado con ellos, desarrollando sinergias y resultados conjuntos, es prácticamente improcedente. De hecho, cada vez que se cambian gobiernos, las personas que entran a liderar las organizaciones públicas, no tienen reparo en reemplazar tanto talento humano como sea posible, sin que sean relevantes aspectos como know how, aprendizaje organizacional, el respeto por el desempeño del talento humano etc.

Con el tiempo he comprendido, que las decisiones son el resultado invariable de lo que las personas tienen en su cabeza a la hora de tomarlas. Si tales imaginarios y prácticas coinciden con aspectos que garantizarán el mejoramiento de la vida de todos y cada uno de nosotros, seguramente, nuestro destino se moverá en el sentido correcto. Por el contrario, si su naturaleza va en contravía de la evolución social, gastaremos el tiempo en discusiones interminables sin realmente mejorar nuestra condición.

Estoy seguro de que quien lea este artículo con cuidado y comprenda la importancia de la cultura sobre el desempeño de cualquier organización,  entenderá la necesidad de implementar acciones urgentes que modifiquen sustancialmente tales imaginarios y prácticas. La mayoría de los cuales, son en realidad, altamente lesivos para el desarrollo del país. 

 

 Versión en audio

viernes, 12 de agosto de 2022

Reforma tributaria: los cambios inaplazables de la Hacienda Pública colombiana


En los últimos 20 años, hemos tenido 12 reformas tributarias formales nacionales mientras en la actualidad, tenemos otra en curso. En su mayoría, han estado concentradas en aumentar los ingresos del Estado. Es importante aclarar que, esta cifra no tiene en cuenta las decisiones que, en el marco de su autonomía, han venido tomando gobernaciones, alcaldías y ciertas entidades públicas que se financian con ingresos propios, las cuales en su mayoría han incrementado, de forma importante, las tasas asociadas a cobros, tributos, contribuciones etc. 

 

A pesar de lo anterior, para nuestra Hacienda Pública y los gobiernos de turno, los recursos nunca son suficientes. 

 

Una evolución como la descrita, ha generado un sistema tributario antitécnico, con serios problemas de diseño, que, en vez de incentivar el mejoramiento de los ingresos de las poblaciones menos favorecidas, lo que hace es depredarlas, mantenerlas por fuera de un sistema tan hostil, exacerbar su dependencia de subsidios cruzados, transferencias condicionadas y no condicionadas, mientras convierte a las poblaciones de ingresos más altos en los únicos financiadores de todo el gasto público, al tiempo que compromete la posibilidad para sostener sus condiciones y riqueza. 

 

Al final de cuentas, durante todos estos años, se han materializado distorsiones irreconciliables sobre los sectores económicos, que nos mantienen cautivos en la producción de commodities, bienes y servicios de bajo valor. 

 

La gestación de una situación como la descrita, tiene su origen, sin duda, en nuestra Hacienda Pública y las personas del entorno académico que la han asesorado durante años. Por lo tanto, si queremos mejorar el ingreso per cápita del país y reducir en alguna medida la marcada desigualdad que nos carcome, es imprescindible que demos inicio a un drástico proceso de modernización que la ubique en el siglo XXI. 

 

Lo primero y más importante es, cambiar su cultura y filosofía. Las organizaciones públicas post modernas, han entendido que existen para mejorar el bienestar de las personas, para satisfacer enteramente sus necesidades y expectativas, por lo tanto, la Hacienda Pública debe centrarse esencialmente en crear bienestar social. En este sentido, su propósito, no es solamente, recaudar recursos y distribuirlos al interior de la organización estatal, en el marco de ciertas reglas presupuestales y financieras; sino más bien, materializar el mejoramiento gradual del bienestar de cada colombiano. 

 

Un cambio en la filosofía y la cultura de la Hacienda Pública como el anotado, centra su actividad en incrementar sustancialmente el Value for Money de los recursos con los que cuenta el aparato estatal. Esto quiere decir que, debe focalizarse en lograr que cada peso que se recaude se multiplique por dos, por tres etc., al transformarse en gasto, de suerte que cada ciudadano perciba que lo que entrega en materia de impuestos, le es devuelto multiplicado, es decir que la rentabilidad social percibida como contribuyente, es considerablemente alta.   

 

Lo segundo es modificar los métodos de la gestión hacendaria. Incrementar la rentabilidad social, requiere de mecanismos diferentes a los tradicionales, en este sentido, la asignación del presupuesto debe centrarse en la capacidad del receptor de recursos públicos para materializar resultados concretos, en el análisis de su desempeño y posibilidades. 

 

La idea, es dirigir el flujo de los escasos fondos públicos, hacia las entidades que son capaces de garantizar buenos resultados gracias a su buen desempeño. 

 

Además, la política tributaria debe modificarse drásticamente. En adelante, el diseño tributario debe determinar seriamente las implicaciones de cada nuevo tributo, contribución etc., sobre el bienestar de las personas naturales y jurídicas, centrándose en el individuo, es decir, debe considerar un análisis de 360 grados que cuantifique la sumatoria de todos los posibles aportes que esté haciendo cada grupo poblacional al Estado, teniendo en cuenta todas las ramas del poder público, niveles y organizaciones. 

 

Incluso, debe estudiar, las consecuencias de las distorsiones generadas por cada nuevo tributo, contribución etc., sobre los sectores productivos, teniendo en cuenta la sumatoria de los aportes al Estado identificados a lo largo de toda la cadena productiva; para determinar la forma en que cada decisión afecta el ecosistema productivo y deteriora su capacidad para mejorar los ingresos de los colombianos. 

 

Por supuesto, lo expuesto, necesariamente implica, desmontar paulatinamente toda la política de subsidios cruzados, trasferencias condicionadas y no condicionadas, para focalizar los recursos en inversiones públicas de alto valor y con alta capacidad para configurar un ecosistema productivo que, incremente de forma importante los ingresos de las poblaciones menos favorecidas, reduciendo la desigualdad y, por tanto, equiparando la capacidad de los diferentes grupos poblacionales para financiar el gasto público. 

 

De no hacer los cambios anteriores, seguiremos operando bajo la irracionalidad antitécnica de hacer una reforma tributaria cada 1.5 años, distorsionando, complejizando y deteriorando un ecosistema productivo nacional, para el que nos urgen resultados contundentes que nos permitan evolucionar como sociedad y como país. 

 

 

 Versión en audio