En los últimos 20 años, hemos tenido 12 reformas tributarias formales nacionales mientras en la actualidad, tenemos otra en curso. En su mayoría, han estado concentradas en aumentar los ingresos del Estado. Es importante aclarar que, esta cifra no tiene en cuenta las decisiones que, en el marco de su autonomía, han venido tomando gobernaciones, alcaldías y ciertas entidades públicas que se financian con ingresos propios, las cuales en su mayoría han incrementado, de forma importante, las tasas asociadas a cobros, tributos, contribuciones etc.
A pesar de lo anterior, para nuestra Hacienda Pública y los gobiernos de turno, los recursos nunca son suficientes.
Una evolución como la descrita, ha generado un sistema tributario antitécnico, con serios problemas de diseño, que, en vez de incentivar el mejoramiento de los ingresos de las poblaciones menos favorecidas, lo que hace es depredarlas, mantenerlas por fuera de un sistema tan hostil, exacerbar su dependencia de subsidios cruzados, transferencias condicionadas y no condicionadas, mientras convierte a las poblaciones de ingresos más altos en los únicos financiadores de todo el gasto público, al tiempo que compromete la posibilidad para sostener sus condiciones y riqueza.
Al final de cuentas, durante todos estos años, se han materializado distorsiones irreconciliables sobre los sectores económicos, que nos mantienen cautivos en la producción de commodities, bienes y servicios de bajo valor.
La gestación de una situación como la descrita, tiene su origen, sin duda, en nuestra Hacienda Pública y las personas del entorno académico que la han asesorado durante años. Por lo tanto, si queremos mejorar el ingreso per cápita del país y reducir en alguna medida la marcada desigualdad que nos carcome, es imprescindible que demos inicio a un drástico proceso de modernización que la ubique en el siglo XXI.
Lo primero y más importante es, cambiar su cultura y filosofía. Las organizaciones públicas post modernas, han entendido que existen para mejorar el bienestar de las personas, para satisfacer enteramente sus necesidades y expectativas, por lo tanto, la Hacienda Pública debe centrarse esencialmente en crear bienestar social. En este sentido, su propósito, no es solamente, recaudar recursos y distribuirlos al interior de la organización estatal, en el marco de ciertas reglas presupuestales y financieras; sino más bien, materializar el mejoramiento gradual del bienestar de cada colombiano.
Un cambio en la filosofía y la cultura de la Hacienda Pública como el anotado, centra su actividad en incrementar sustancialmente el Value for Money de los recursos con los que cuenta el aparato estatal. Esto quiere decir que, debe focalizarse en lograr que cada peso que se recaude se multiplique por dos, por tres etc., al transformarse en gasto, de suerte que cada ciudadano perciba que lo que entrega en materia de impuestos, le es devuelto multiplicado, es decir que la rentabilidad social percibida como contribuyente, es considerablemente alta.
Lo segundo es modificar los métodos de la gestión hacendaria. Incrementar la rentabilidad social, requiere de mecanismos diferentes a los tradicionales, en este sentido, la asignación del presupuesto debe centrarse en la capacidad del receptor de recursos públicos para materializar resultados concretos, en el análisis de su desempeño y posibilidades.
La idea, es dirigir el flujo de los escasos fondos públicos, hacia las entidades que son capaces de garantizar buenos resultados gracias a su buen desempeño.
Además, la política tributaria debe modificarse drásticamente. En adelante, el diseño tributario debe determinar seriamente las implicaciones de cada nuevo tributo, contribución etc., sobre el bienestar de las personas naturales y jurídicas, centrándose en el individuo, es decir, debe considerar un análisis de 360 grados que cuantifique la sumatoria de todos los posibles aportes que esté haciendo cada grupo poblacional al Estado, teniendo en cuenta todas las ramas del poder público, niveles y organizaciones.
Incluso, debe estudiar, las consecuencias de las distorsiones generadas por cada nuevo tributo, contribución etc., sobre los sectores productivos, teniendo en cuenta la sumatoria de los aportes al Estado identificados a lo largo de toda la cadena productiva; para determinar la forma en que cada decisión afecta el ecosistema productivo y deteriora su capacidad para mejorar los ingresos de los colombianos.
Por supuesto, lo expuesto, necesariamente implica, desmontar paulatinamente toda la política de subsidios cruzados, trasferencias condicionadas y no condicionadas, para focalizar los recursos en inversiones públicas de alto valor y con alta capacidad para configurar un ecosistema productivo que, incremente de forma importante los ingresos de las poblaciones menos favorecidas, reduciendo la desigualdad y, por tanto, equiparando la capacidad de los diferentes grupos poblacionales para financiar el gasto público.
De no hacer los cambios anteriores, seguiremos operando bajo la irracionalidad antitécnica de hacer una reforma tributaria cada 1.5 años, distorsionando, complejizando y deteriorando un ecosistema productivo nacional, para el que nos urgen resultados contundentes que nos permitan evolucionar como sociedad y como país.
