El Estado que nos cuesta más de lo que creemos

Hace cien años el Estado era una organización modesta, encargada de unas pocas funciones básicas. Hoy administra una porción enorme de la economía, y sostenerla exige que hogares y empresas le entreguen buena parte de lo que producen. La pregunta de cuánto pesa realmente el Estado sobre la vida de las personas parece sencilla, pero casi siempre se responde mal. La respuesta habitual es una sola cifra, la de impuestos como proporción del PIB, y esa cifra mide algo mucho más estrecho que la carga real.

En Colombia el recaudo ronda el 22 por ciento del PIB, muy por debajo del 34 por ciento que promedian los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De ahí sale la conclusión cómoda de que el Estado es pequeño y la carga, ligera. Pero esa cifra solo registra lo que la estadística clasifica formalmente como impuesto, y deja por fuera buena parte de lo que cualquier ciudadano paga.

Basta seguir a una persona durante un día cualquiera. Paga impuestos nacionales, departamentales y municipales. Paga el peaje de la carretera, que va a una concesión privada y nunca pasa por el tesoro. Paga el tiquete de avión, con cargos que alimentan a una entidad pública que se financia con recursos propios. Paga servicios públicos, aportes a la salud y contribuciones de todo tipo que, por tener una contraprestación, no cuentan como impuestos aunque sean obligatorios. Desde el hogar, todo eso es dinero que sale hacia lo público sin posibilidad de elegir, y casi nada aparece en la cifra oficial. Al sumar todas las capas, la carga de un trabajador formal puede acercarse a la mitad de lo que gana.

El mismo error se repite con el gasto. Cuando se habla del tamaño del Estado, casi todos piensan en el presupuesto nacional, que ronda el 30 por ciento del PIB. Pero ese presupuesto es solo una parte. Encima se apilan los gastos de departamentos y municipios, la seguridad social y las entidades con presupuesto propio. Al juntar todos esos niveles, el gasto del gobierno general llega a cerca de 49,7 por ciento del PIB, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y esa cifra todavía se queda corta, porque no incluye los pagos obligatorios que terminan en manos privadas por mandato público. El verdadero tamaño del Estado es todo lo que se gasta por decisión pública, sin importar quién lo reciba ni por qué ventanilla pase.

Aquí aparece una pregunta inevitable. Si el Estado gasta casi la mitad de la economía y los impuestos registrados apenas superan una quinta parte, alguien tiene que cubrir la diferencia. Una parte se financia con deuda, otra con regalías e ingresos propios de las entidades, y el resto sale de cargas que ninguna estadística recoge. Un gasto de ese tamaño no se sostiene solo, y lo que no se ve en el recaudo oficial se cobra por otras vías.

La pregunta siguiente es quién carga con todo eso, y la respuesta está en cómo se distribuye el ingreso en Colombia. La gran mayoría de las personas vive con ingresos bajos, y más de la mitad de los trabajadores son informales. Quien gana poco puede aportar muy poco, porque después de cubrir lo básico casi no queda nada que gravar, y la informalidad deja a muchos por fuera de casi todas las contribuciones. Aunque esos aportes pequeños se multipliquen por millones de personas, en conjunto siguen quedando lejos de lo que necesita un Estado que gasta cerca de la mitad de la economía. Por eso el dinero tiene que salir de la minoría con ingresos formales, es decir, de los empleados con contrato, los profesionales y las empresas constituidas. Ese grupo reducido paga por todos, y está evidentemente sobregravado. Además, el esquema se alimenta a sí mismo. Formalizar un empleo resulta tan costoso, entre el salario mínimo y las contribuciones obligatorias, que muchos negocios y trabajadores prefieren quedarse en la informalidad. Cada uno que se queda afuera achica el grupo que paga, y un grupo más pequeño debe soportar una carga todavía mayor.

Esa sobrecarga tiene un costo que va mucho más allá de la contabilidad, porque destruye el bienestar de quienes la soportan. Una familia que entrega cerca de la mitad de lo que gana ahorra menos, endeuda su futuro y renuncia a mejores colegios, a una vivienda propia o a un respaldo para la vejez. Una empresa que cede una porción igual de lo que produce contrata menos, invierte menos y traslada el peso a sus precios. El resultado es un patrón que se repite año tras año, en el que quienes más trabajan y más producen ven reducido su margen para progresar, y con ellos se frena la parte de la sociedad que genera el empleo y la riqueza de todos los demás.

El asunto de fondo es lo que ocurre con el dinero una vez que el Estado lo toma. Un peso en manos de quien lo ganó se convierte en inversión, en consumo, en un negocio nuevo, en educación para los hijos. Un peso que llega al Estado debería volver como seguridad, infraestructura, salud y justicia que valgan al menos lo que costaron. Cuando eso ocurre, la transferencia es justa e incluso beneficiosa. Cuando el Estado devuelve menos de lo que toma, la diferencia no cambia de manos, desaparece. Eso es destrucción de valor: la distancia entre lo que la economía habría producido con ese dinero y lo que el Estado produjo con él.

Se estima que por cada peso recaudado se devuelven apenas unos veinticinco centavos en valor público, y los resultados del país coinciden con esa cuenta. Colombia figura entre los países más violentos del mundo, ocupa los últimos lugares en calidad de infraestructura y entrega servicios públicos de baja calidad. Un Estado que absorbe cerca de la mitad de la producción debería mostrar resultados a la altura de lo que cuesta, y la brecha entre una cosa y otra es justamente el valor que se pierde.

La evidencia internacional va en la misma línea. Robert Barro, uno de los economistas que más ha estudiado el tema, encontró que el gasto que no aumenta la capacidad productiva de un país se asocia con menor crecimiento, mientras que el respeto a la ley y la educación sí lo impulsan. Y los países europeos con Estados todavía más grandes logran que sus ciudadanos usen y valoren lo que reciben, de modo que aceptan sus impuestos. Lo que cuenta no es el tamaño sino lo que se recibe a cambio. Cuando el Estado entrega lo que cuesta, hay un pacto. Cuando no lo entrega, simplemente toma.

Ese es el caso de Colombia, y su nombre es explotación. Un Estado enorme que le quita a un trabajador o a una empresa formal cerca de la mitad de lo que genera, y que devuelve seguridad precaria, carreteras rezagadas y servicios de mala calidad, no está cobrando por un servicio. Está extrayendo. La carga no solo es alta, también es innecesaria, porque buena parte se pierde en un gasto que no produce resultados, e irracional, porque cada vez que falta dinero se les pide más a los mismos pocos. Desde 1990 el país ha aprobado más de veinte reformas tributarias y leyes de financiamiento, casi una cada dos años, y casi todas han buscado recaudar más de la misma base reducida sin que el servicio mejore.

Por eso, dado el tamaño real que ya tiene el Estado, hacerlo crecer más resulta perjudicial para la sociedad, y pretender financiar ese crecimiento con más impuestos lo es todavía más. La base que paga está agotada, y cada nueva exigencia empuja a más gente y a más empresas hacia la informalidad, o que reduce el recaudo y vuelve a justificar otra reforma. A eso se suma que cada peso adicional entra en una maquinaria que ya demostró devolver una fracción de lo que recibe, de modo que lo único que se amplía es la pérdida. La prioridad no es recaudar más, sino que el Estado entregue resultados proporcionales a lo que ya cuesta.

Para lograrlo, el primer paso es medir bien. Hace falta una cifra que sume todo lo que el Estado gasta, en todos los niveles y por todas las vías, y otra que muestre cuánto paga realmente cada hogar y cada empresa una vez contadas todas las cargas. Con esos dos números sobre la mesa se puede exigir que el gasto se corrija antes de pedir un solo peso más. Mientras el Estado siga pareciendo pequeño y la carga ligera, nadie hará esa exigencia, y quienes sostienen el sistema seguirán pagando por un servicio que no llega.

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