Publicado en http://www.portafolio.co/opinion/venderle-servicios-al-estado-mas-dificil-lo-que-parece
En
los últimos meses he tenido la oportunidad de diversificar mi portafolio
docente, dictando cátedra en diferentes universidades, acerca de los
procedimientos para contratar con el Estado. Luego de pararme en el estrado
varias veces, de presentarme a convocatorias públicas como consultor y de
evaluar en perspectiva los resultados; es evidente que la contratación pública
es absurdamente compleja, hasta el punto que un conjunto de personas con varios
diplomas encima, tienen estudiarla durante horas para lograr una comprensión
meridiana de sus pormenores.
Para
entender la magnitud del asunto, analizaremos un ejemplo concreto:
Cierta
entidad quiere mejorar la manera en que funciona actualmente el proceso de
atención humanitaria dirigido a la población en situación de desplazamiento y decide
contratar una organización que realice el diagnostico y proponga un plan de
mejora, mediante una modalidad denominada “concurso de méritos, lista corta”[1].
Antes
de narrar el tortuoso proceso, es necesario advertir que para ofrecerle
servicios al estado como persona jurídica, debemos estar inscritos en el Registro Único
Tributario (RUT) y en el Registro Único de Proponentes (RUP). Surtidos estos
trámites, lo primero que debemos hacer para poder poner nuestra experticia a
las órdenes del convocante, es buscar en la página www.contratos.gov.co la información relacionada con la convocatoria.
Luego de navegar por horas en una aplicación pesada y con múltiples problemas
de funcionamiento, encontramos el proceso cuyo objeto es “Contratar la
realización de una evaluación de operaciones del proceso de atención
humanitaria dirigido a la población en situación de desplazamiento…etc. etc.”. Entre
los vínculos ubicamos el “Documento de estudios previos”, un texto de setenta y
tantas páginas, cuyo contenido está dedicado a explicarnos todos los requisitos
que debemos cumplir y en el que se nos presentan de todas las formas posibles,
las razones por las cuales nuestra organización podría no ser la indicada para
adelantar el proceso.
Si
después de leer este interminable compendio de requerimientos, todavía mantenemos
la firme convicción de contratar con el Estado,
lo siguiente que debemos hacer es
enviar al convocante una comunicación física de alrededor de 281 folios en la
que lo único que estamos manifestando es que tenemos la capacidad técnica, jurídica
y financiera para adelantar el proceso.
Surtido
el trámite, notarán que las características de la información solicitada hacen
la construcción de la manifestación
innecesariamente compleja; por ejemplo, cada convocatoria requiere
equipo diferentes, de manera que una empresa que ha adelantado procesos
similares en los sectores defensa y TIC,
no podría acreditar dicha experiencia para el caso de atención humanitaria ni podría
recurrir al mismo equipo, pues los estudios previos exigen que los trabajos
anteriores hayan estado focalizados sobre población vulnerable. Es decir, la
empresa y su staff pueden haber desarrollado 30 evaluaciones similares, pero el
hecho de que no hayan trabajado directamente con los beneficiarios de esta
nueva intervención los inhabilita para aplicar a esta convocatoria. Esta curiosa condición supone que
para cada proceso sea necesario vincular a personas diferentes, así las cosas, la
consecución del equipo y la preparación de los 18 documentos solicitados, pueden
tomarse dos semanas de arduo trabajo con un costo aproximado de 2 millones de
pesos. Además, es necesario gastar al menos 200 mil pesos en la expedición de certificados
originales, recursos de impresión y mensajería para al fin, radicar su
manifestación.
Luego
de esto, no queda más que rezar porque hayamos entendido el documento de
estudios previos, pues la entidad no responde llamadas telefónicas relacionadas
con dudas sobre el proceso pues esto va en contra de la transparencia procesal.
Orar porque no haya faltado una tarjeta profesional o que un soporte no haya
quedado borroso, pues todos estos
elementos son causales de rechazo.
Por
otro lado, a pesar de que se han invertido recursos importantes en el proceso, en
el mejor de los casos, el resultado de esta etapa llevará a su empresa a
conformar la lista de elegibles que podrán presentar una propuesta técnica en
la que se le exige diseñar y planear todo el proyecto. La elaboración rigurosa
de un documento de estas características puede tardarse otras dos semanas y
puede costar entre 5 y 10 millones de pesos.
Todo
este proceso concluirá con la adjudicación de un contrato cuyo monto no excede
los 600 millones de pesos y dejará ganancias inferiores al 10%. Si no resulta
elegido, habrá perdido un monto importante de recursos y estará reflexionando
sobre los siguientes puntos:
· ¿Si en el marco del proceso
resultó favorecida la firma que se había ganado la primera fase de la
evaluación y si los términos eran tan específicos que cualquier firma competidora,
resultaría perdedora, para qué hicieron convocatoria pública?
· ¿Para qué exigen los mismos
documentos en cada proceso? ¿No bastaría con revisar los archivos de procesos
anteriores?
·
¿En una época eminentemente
digital, por qué exigen que todos los documentos vayan en original? ¿Qué pasa
con la famosa directiva presidencial de cero papel?
¿Bajo qué condiciones una
tarjeta profesional garantiza la idoneidad técnica de un profesional con dos
maestrías o un doctorado?
¿Por qué una experiencia no
es válida si la certificación no enuncia exactamente las mismas palabras
exigidas en los estudios previos, si el sentido común dice que se trata del
mismo tema?
[1] El proceso puede ser consultado en el
vínculo: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-10-152030
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