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domingo, 9 de octubre de 2022

Estrategia corporativa, competitiva y desarrollo

 


Lo que se espera de un buen gobierno, es que configure el entorno legal, económico y fiscal de un país para mejorar la riqueza y bienestar de todos y cada uno de los gobernados. La redistribución, cuando no se genera riqueza que pueda distribuirse lo único que hace es trasladar recursos de los menos pobres a los más pobres dejando a los primeros en peor situación, y a los segundos en dependencia, de otra parte, la historia nos ha demostrado en múltiples países que la estabilidad y la transparencia en la gestión de la economía son los pilares más grandes del desarrollo, lo demás no son más que habladurías e irresponsabilidad.

En el caso de Colombia, la esencia de un resultado como el mencionado tendrá su base en el diseño acertado de su estrategia corporativa y competitiva. Nos urge concentrarnos en estos dos aspectos pues durante años, nos hemos comportado como un país planeador, al interior del cuál estamos obsesionados con los objetivos y las metas, pero no existe ninguna claridad en relación con la ruta que nos conducirá hacia el desarrollo.

La primera de estas estrategias, se concentra en decidir el portafolio de negocios del país, mientras la segunda, se focaliza en la forma en la que creará la mayor rentabilidad social posible al interior de cada una de las líneas de negocio escogidas. Una mezcla óptima de estas decisiones explica claramente las razones por las cuales, algunos países tienen niveles de desarrollo superiores a otros.

En lo que tiene que ver con estrategia corporativa, un análisis de contexto externo nos sugiere de inmediato que es necesario empezar a migrar el portafolio de negocios centrado en petróleo y carbón a producción de energías limpias, al tiempo que se fortalecen las líneas de negocio de la agroindustria y de la tecnología. Los cambios en el mundo en lo que tiene que ver con la evolución hacia la movilidad eléctrica y la recomposición de la matriz energética en múltiples países, nos dicen que las industrias del carbón y el petróleo iniciarán en los próximos años un proceso de declive por lo que sería lógico profundizar drásticamente, pero de forma sostenible, la explotación y exportaciones de estos dos recursos, con el fin de generar excedentes que nos permitan invertir en las líneas de negocio de reemplazo a la velocidad necesaria.

En el caso de la agroindustria, lo pertinente es desarrollar está línea de negocio para aprovechar de forma contundente los recursos y las capacidades con las que cuenta el país que en la actualidad están desperdiciados. El propósito es que la producción en esta materia empiece a multiplicar su participación en el PIB, cuidando que la cantidad de bienes y servicios producidos crezca, pero aumentando en una proporción mayor, el ingreso recibido por el país gracias a que los productos vendidos incrementen su valor agregado.

De otra parte, la evolución del Metaverso, el Blockhchain, la aceleración de la transformación digital etc., dejan claro que en los próximos años la realidad del mundo será eminentemente digital, por tanto, habrá una demanda creciente de servicios tecnológicos. Se trata de un sector de muy escaso desarrollo en el país que necesitará un proceso agresivo de construcción de recursos y capacidades.

En las tres líneas de negocio habrá que configurar todo un ecosistema productivo inexistente en la actualidad que garantice su rotundo éxito. Por lo tanto, será necesario crear un fondo totalmente independiente del sector público, dedicado enteramente a hacer las inversiones requeridas para lograr este resultado. El modelo podría ser similar al del Fondo Soberano Noruego con una lógica organizacional parecida a la del Banco de la República, de suerte que sus decisiones sean ajenas a los intereses políticos tradicionales. La idea es que este fondo reciba la totalidad de los recursos provenientes del incremento de la explotación de las líneas de negocio de petróleo y carbón y los invierta de forma totalmente autónoma y eficaz. 

En lo que tiene que ver con la estrategia competitiva, vale la pena aprender de lo que ha venido pasando a lo largo de los años en el mundo empresarial, en la actualidad, las organizaciones más valiosas del mundo son plataformas, se trata de instancias que construyen un entorno diseñado para  facilitar la interacción entre oferta y demanda de distintas características, utilizando la tecnología como mecanismo para dinamizar dicho relacionamiento. Así las cosas, lo que habría que hacer es convertir al Estado colombiano en una plataforma centrada y focalizada en facilitar las transacciones en todas sus líneas de negocio. La idea es configurarlo como el diseñador y administrador de un entorno que estimule y posibilite la interacción entre los diferentes integrantes de la oferta, la demanda y el ecosistema habilitador de estos nuevos negocios. Parece una tarea fácil, pero en realidad se trata de una reinvención completa de las ramas del poder público colombiano, aprendiendo de las experiencias de las organizaciones actuales más avanzadas.  

En relación con la estrategia funcional, lo más importante y urgente, es rediseñar enteramente la estrategia financiera del país, esto implica configurar a Hacienda como una herramienta para mejorar el bienestar de cada colombiano, materializar la estrategia corporativa y de plataforma descritas. La idea es analizar la totalidad de la cadena productiva para mediante la estrategia tributaria garantizar el crecimiento rápido de los sectores que se quieren desarrollar. Además, a través de la política fiscal, relocalizar todo el gasto público,  invirtiendo esencialmente en el desarrollo de los habilitadores del ecosistema que soporta los sectores de interés. Finalmente, garantizar una alta y consecuente estabilidad económica, de suerte que los capitales internos y externos necesarios para hacer crecer de forma sostenible los nuevos negocios se movilicen a raudales.

Nada de lo mencionado se ejecutaría a través de la contratación masiva de consultorías, más bien, todo se haría mediante estrictos y sofisticados procesos de gerencia al interior del propio gobierno. Por lo tanto, sería necesario sacar al Consejo de Ministros de todos los escenarios que lo distraen para centrarlo en gestionar eficaz  y rigurosamente las organizaciones estatales y de esa forma poder alinearlas con la estrategia y garantizar buenos resultados muy rápidamente.

 

 Versión en audio

 

 

miércoles, 21 de agosto de 2019

Sobre la peste negra y sus enseñanzas en materia de decisiones públicas: recomendaciones de expertos que conducen a la sociedad a "morderse la cola"



La peste negra es considerada la pandemia más importante de la historia, se estima que entre el 30 y el 60 por ciento de la población mundial murió a causa de esta enfermedad. En la actualidad se argumenta que era transmitida por pulgas transportadas por roedores, también se cree que la transmisión entre personas se produjo por ectoparásitos humanos, como la pulga común o piojos del cuerpo, sin embargo, han venido surgiendo cuestionamientos científicos en relación con este planteamiento. 

No obstante lo dicho, los médicos más adelantados y eruditos de la época, atribuían el mal a los “miasmas”, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel; incluso hubo algunos que asociaron la enfermedad con fenómenos astrológicos.

Los dramáticos efectos de la enfermedad sobre la población mundial pueden explicarse principalmente por el error de diagnóstico de los equipos científicos, su interpretación del fenómeno llevó a los políticos y a toda la sociedad, a enfrentar un “falso determinante”, a declarar un “falso problema” el enemigo público de toda la humanidad.

Esta situación condujo inexorablemente a la sociedad, a la implementación de medidas costosas focalizadas en evitar a toda costa los “miasmas” y toda suerte de contacto humano, distrayendo recursos valiosos que podrían haberse invertido en el control de “roedores e insectos parásitos”.

A pesar de que han pasado varios siglos desde cuándo históricamente se registró este insuceso, los errores de diagnósticos inducidos por equipos científicos que fungen como asesores públicos, siguen estando presentes. La declaración de “falsos problemas” como enemigos públicos está vigente en la mayoría de sociedades actuales y goza de mayor incidencia en países con niveles medios o bajos de desarrollo. 

En el caso de  Colombia, por ejemplo, es posible identificar múltiples fenómenos que se ajustan a la lógica mencionada, las decisiones de los políticos y de la sociedad, están determinadas por análisis de grupos de expertos de indudable eficacia a la hora de postular “falsos enemigos públicos”, los cuales amenazan si tregua las dimensiones más relevantes de la realidad cotidiana. 

El narcotráfico es sin duda el “miasma” más representativo de nuestra realidad, a diario invertimos incontables recursos humanos, financieros y técnicos en intentar acabar con este flagelo, sin comprender que los “roedores e insectos parásitos” actuales, están representados en la enfermiza desigualdad que se ha venido consolidando en el país a lo largo de los años y conduce a los grupos menos favorecidos a intentar apropiarse de rentas de cualquier índole, utilizando mecanismos como el tráfico de drogas, disponibles en un momento determinado de la historia. 

Peor aún, este “falso determinante” nos lleva a sacar conclusiones basadas en evidencia también errónea, que nos conducen a decisiones que parecen tener fundamento en cifras, pero que en realidad están nubladas por nuestros fuertes prejuicios con relación a la existencia de un “enemigo público” incuestionable, de esta manera, cada vez que se genera un asesinato en nuestro país, de inmediato lo atribuimos al “falso problema” del narcotráfico, descartando de tajo cualquier análisis en relación con sus verdaderas causas.

El exceso de velocidad es también un “falso determinante” que en los últimos años ha tomado fuerza en lo que tiene que ver con la problemática de accidentalidad vial. El país viene invirtiendo ingentes recursos en reducir la velocidad de desplazamiento en todas las vías terrestres, en la actualidad buena parte de los esfuerzos de los políticos y la sociedad se enfocan en atacar este “enemigo público”. Es interesante ver el papel que las cifras han venido jugando en fundamentar y consolidar la capacidad de amenaza de este “falso problema”, las medidas que se han venido tomando están focalizadas en reducir los límites de velocidad hasta niveles considerablemente bajos, a tal punto, que en los diagnósticos actuales, la causa omnipresente de la casi totalidad de accidentes, es justamente exceder los mencionados limites. Esta condición supone un inconveniente de amplias magnitudes en la medida en que tales prejuicios menoscaban la posibilidad de hacer análisis serios para identificar los determinantes reales de cada accidente.

Por supuesto, desde un punto de vista contrafactual, es trivial demostrar que desplazarse a  velocidades superiores a los bajísimos límites actuales impuestos en nuestro país, no es el verdadero determinante de los accidentes viales, si este planteamiento fuera cierto la mortalidad y morbilidad en las autopistas europeas de alta velocidad serían inconcebibles y cada país con límites de velocidad superiores a los nuestros, ostentaría índices de accidentalidad más altos. 

En este caso el verdadero determinante es sin duda, la manera en la que se diseñó el sistema vial y la forma en la que se configura debido a un proceso evolutivo basado en micro decisiones que en esencia estructura vías terrestres que conducen a la generación de accidentes. Desde aspectos como la potestad de un alcalde para definir el uso del suelo en sectores cercanos a autopistas, hasta que contratistas públicos puedan decidir sobre cerramientos y señalizaciones que no cumplen con estándares mínimos de seguridad, pasando porque un gobierno local permita que las vías se deterioren; son en conjunto causantes de la tormenta perfecta para generar un número de accidentes considerable. 

Los anteriores son apenas dos ejemplos tomados de un amplio repertorio, por lo  tanto, vale la pena pensar las cosas con calma y revisar dos veces antes de implementar medidas que terminan restringiendo libertades con el propósito contradictorio de  controlar “miasmas”.  La idea en términos de decisiones políticas y sociales es afrontar la solución de problemas reales, dejando de lado los sofismas que lo único que hacen es distraernos. 

lunes, 16 de febrero de 2015

Plan de desarrollo, buen gobierno, productividad pública y calidad del gasto.


Hace unos días, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), abrió un espacio en el que los directivos de un conjunto de firmas de consultoría del sector gobierno, tuvimos la oportunidad de transmitir nuestras impresiones, sobre la estructura y contenido del Plan Nacional de Desarrollo que está próximo a aprobarse.

Las características del evento, resultaron muy pertinentes y seguramente provechosas, para la ardua tarea que está adelantando el DNP por esto días. Se trató de un conversatorio con un número reducido de expertos en temas diversos, conocedores del gobierno y las políticas públicas; en el que el director del DNP, Simón Gaviria tuvo la oportunidad de presentar el plan y recibir interesantes impresiones en un valioso tono de franqueza y camaradería técnica.

Con estos antecedentes, considero oportuno precisar algunos elementos de las impresiones personales, amablemente acogidas por el DNP, relacionadas con el componente del Plan denominado “Buen Gobierno”. En particular, se suscriben a incluir en este nuevo derrotero estratégico nacional, un componente transversal que garantice la migración de la perspectiva de la gestión pública, hacia dos conceptos centrales de administración moderna: elevada productividad y alta calidad del gasto público.

El DNP ha manifestado, que por fin Gobierno Nacional va a formalizar al interior del nuevo Plan de Desarrollo, el paso de implementar el modelo de Gestión Presupuestaria por Resultados en Colombia. Decisión muy pertinente si consideramos que países de la región como Chile y Perú, han recorrido dicho camino con resultados notables, mucho antes que nosotros. Con este mecanismo, avanzaremos en poder hacer una asociación mucho más clara entre las metas que nos proponemos como nación y los recursos que invertimos en alcanzarlas.

Esta iniciativa, supone el primer escalón para iniciar un proceso sostenido de mejora en la efectividad pública colombiana, sin embargo, si queremos hacer la tarea completa y pretendemos  garantizar un gobierno efectivo, que responda de la manera esperada a las exigencias sociales del post conflicto; es pertinente que empecemos a medir la capacidad de nuestras instituciones para entregar bienes, servicios públicos y calculemos de forma técnica la eficiencia y la eficacia, con la que están siendo usados los recursos públicos colombianos.

Hace unos años, Chile emprendió un proceso similar al que proponemos y de acuerdo con la más reciente medición del World Economic Forum, hoy día supera a países como Japón y Canadá en el ranking de eficiencia en el gasto público.

La idea en concreto, es que nuestro gobierno empiece a medir el nivel de producción de bienes y servicios de sus instituciones y que se fije metas concretas asociadas a la mejora de los niveles de productividad. De la misma manera, esperamos que logre avanzar del puesto 101 en el ranking mundial mencionado y se acerque al puesto 21 en el que se encuentra actualmente Chile.

El objetivo es que desde la perspectiva del “Buen Gobierno” contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, se formule una estrategia consolidada de gestión del cambio en la administración, por intermedio de la cual, cada gerente público se obsesione con garantizar que su organización produzca más, haciendo uso de los mismos recursos y el Ministerio de Hacienda trabaje en garantizar que nuestro país utilice los dineros públicos, en el marco de estándares de eficiencia y eficacia, superiores a los de cualquier nación vecina.

La consolidación exitosa de una iniciativa como la anotada, traerá consigo aspectos que todos los ciudadanos colombianos añoramos: el dinero de nuestros impuestos se verá representado en obras de infraestructura oportunas, menor desigualdad social, mayor seguridad en las ciudades y en las áreas rurales, mayor cobertura y por supuesto calidad, en educación, salud, servicios públicos etc.

Todo esto, sin la necesidad urgente de concebir reformas tributarias cada año, gracias al hecho de que con los mismos recursos será posible lograr mayores resultados y responder de forma más efectiva a las sentidas necesidades sociales.

Si esta iniciativa se incluye en el plan y el gobierno trabaja de manera activa en garantizar su implementación, van a pasar varios años antes de ver sus resultados, por eso es mejor empezar cuanto antes de manera que “Todos Construyamos un Nuevo País” con instituciones públicas a la altura de sus retos. 

miércoles, 26 de junio de 2013

Venderle servicios al estado puede ser más difícil de lo que parece.

Fuente: Contrate con el Estado



En los últimos meses he tenido la oportunidad de diversificar mi portafolio docente, dictando cátedra en diferentes universidades, acerca de los procedimientos para contratar con el Estado. Luego de pararme en el estrado varias veces, de presentarme a convocatorias públicas como consultor y de evaluar en perspectiva los resultados; es evidente que la contratación pública es absurdamente compleja, hasta el punto que un conjunto de personas con varios diplomas encima, tienen estudiarla durante horas para lograr una comprensión meridiana de sus pormenores.
Para entender la magnitud del asunto, analizaremos un ejemplo concreto:

Cierta entidad quiere mejorar la manera en que funciona actualmente el proceso de atención humanitaria dirigido a la población en situación de desplazamiento y decide contratar una organización que realice el diagnostico y proponga un plan de mejora, mediante una modalidad denominada “concurso de méritos, lista corta”[1].

Antes de narrar el tortuoso proceso, es necesario advertir que para ofrecerle servicios al estado como persona jurídica, debemos  estar inscritos en el Registro Único Tributario (RUT) y en el Registro Único de Proponentes (RUP). Surtidos estos trámites, lo primero que debemos hacer para poder poner nuestra experticia a las órdenes del convocante, es buscar en la página www.contratos.gov.co la información relacionada con la convocatoria. Luego de navegar por horas en una aplicación pesada y con múltiples problemas de funcionamiento, encontramos el proceso cuyo objeto es “Contratar la realización de una evaluación de operaciones del proceso de atención humanitaria dirigido a la población en situación de desplazamiento…etc. etc.”. Entre los vínculos ubicamos el “Documento de estudios previos”, un texto de setenta y tantas páginas, cuyo contenido está dedicado a explicarnos todos los requisitos que debemos cumplir y en el que se nos presentan de todas las formas posibles, las razones por las cuales nuestra organización podría no ser la indicada para adelantar el proceso.

Si después de leer este interminable compendio de requerimientos, todavía mantenemos la firme convicción de contratar con el Estado,   lo siguiente que debemos hacer es enviar al convocante una comunicación física de alrededor de 281 folios en la que lo único que estamos manifestando es que tenemos la capacidad técnica, jurídica y financiera para adelantar el proceso.  

Surtido el trámite, notarán que las características de la información solicitada hacen la construcción de la manifestación  innecesariamente compleja; por ejemplo, cada convocatoria requiere equipo diferentes, de manera que una empresa que ha adelantado procesos similares en los sectores defensa y  TIC, no podría acreditar dicha experiencia para el caso de atención humanitaria ni podría recurrir al mismo equipo, pues los estudios previos exigen que los trabajos anteriores hayan estado focalizados sobre población vulnerable. Es decir, la empresa y su staff pueden haber desarrollado 30 evaluaciones similares, pero el hecho de que no hayan trabajado directamente con los beneficiarios de esta nueva intervención los inhabilita para aplicar a esta convocatoria. Esta curiosa condición supone que para cada proceso sea necesario vincular a  personas diferentes, así las cosas, la consecución del equipo y la preparación de los 18 documentos solicitados, pueden tomarse dos semanas de arduo trabajo con un costo aproximado de 2 millones de pesos. Además, es necesario gastar al menos 200 mil pesos en la expedición de certificados originales, recursos de impresión y mensajería para al fin, radicar su manifestación.

Luego de esto, no queda más que rezar porque hayamos entendido el documento de estudios previos, pues la entidad no responde llamadas telefónicas relacionadas con dudas sobre el proceso pues esto va en contra de la transparencia procesal. Orar porque no haya faltado una tarjeta profesional o que un soporte no haya quedado borroso,  pues todos estos elementos son causales de rechazo.

Por otro lado, a pesar de que se han invertido recursos importantes en el proceso, en el mejor de los casos, el resultado de esta etapa llevará a su empresa a conformar la lista de elegibles que podrán presentar una propuesta técnica en la que se le exige diseñar y planear todo el proyecto. La elaboración rigurosa de un documento de estas características puede tardarse otras dos semanas y puede costar entre 5 y 10 millones de pesos.

Todo este proceso concluirá con la adjudicación de un contrato cuyo monto no excede los 600 millones de pesos y dejará ganancias inferiores al 10%. Si no resulta elegido, habrá perdido un monto importante de recursos y estará reflexionando sobre los siguientes puntos:

·       ¿Si en el marco del proceso resultó favorecida la firma que se había ganado la primera fase de la evaluación y si los términos eran tan específicos que cualquier firma competidora, resultaría perdedora, para qué hicieron convocatoria pública?

·   ¿Para qué exigen los mismos documentos en cada proceso? ¿No bastaría con revisar los archivos de procesos anteriores?

·         ¿En una época eminentemente digital, por qué exigen que todos los documentos vayan en original? ¿Qué pasa con la famosa directiva presidencial de cero papel? 

  ¿Bajo qué condiciones una tarjeta profesional garantiza la idoneidad técnica de un profesional con dos maestrías o un doctorado? 

   ¿Por qué una experiencia no es válida si la certificación no enuncia exactamente las mismas palabras exigidas en los estudios previos, si el sentido común dice que se trata del mismo tema?



[1] El proceso puede ser consultado en el vínculo: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-10-152030