Recorrer el país es un ejercicio hermoso que nos recuerda a los colombianos el privilegio que tenemos al poder gozar de paisajes increíbles e interactuar con personas maravillosas, no obstante, también es un duro recordatorio de los problemas asociados a la capacidad del Estado para proporcionarnos bienes y servicios públicos de alta calidad. En el entretanto de un largo proceso andariego que me ha permitido conocer realidades maravillosas, me he enfrentado a carreteras regionales repletas de huecos, que conducen a poblaciones con infraestructuras ajenas a cualquier tipo de mantenimiento, he tenido la posibilidad de transitar por regiones en las que priman patrones negativos como la destrucción ambiental y la violencia soterrada.
No obstante, a pesar de que existen tan evidentes y sentidas necesidades, en todos estos lugares me he topado con ciclo rutas que emulan a las de la capital, notablemente costosas, por las que no circula ni una sola alma; con señalizaciones innecesarias, en carreteras por las que pasa un vehículo de vez en cuando; con tramos pavimentados increíblemente cortos, sobre carreteras veredales, cuyo diseño técnico no parece tener explicación alguna; con decoraciones navideñas que ostentan motivos extraños, cuyo costo supone un ojo de la cara de los humildes contribuyentes…en fin, con diferentes representaciones de gastos que nadie necesita, pero que seguramente les permiten a los mandatarios locales sacar tajadas jugosas para su propio provecho. Tan generalizado es el fenómeno, que no se puede decir que exista un solo municipio colombiano mantenido como “una tacita de té”.
Si ésta es la situación que reina en lo relacionado con bienes públicos tangibles, ¿qué pasará con aquellos difíciles de advertir a simple vista? Los que conocemos los territorios sabemos lo irrisorio que resulta pensar en que los culpables de un robo sean capturados y condenados gracias a las gestiones de la autoridad en una pequeña población colombiana, tenemos claro que si necesitamos buena atención en salud, debemos desplazarnos a las ciudades y sabemos a ciencia cierta, que lo mejor para vivir una vida tranquila es “comer callado y no meterse con nadie” pues literalmente en los pequeños municipios colombianos “no hay quien nos proteja”.
Lo que parece extraño de todo esto, no es la existencia de estos inconvenientes, se trata sin duda de una condición endémica inherente a las sociedades de países como el nuestro. Lo curioso del caso, es que la gente piense que como estamos, estamos bien, que la estructura del Estado y de los mecanismos de gobernanza en los territorios, son pertinentes y que a pesar de todos estos inconvenientes, no hay manera de hacer que nuestra realidad sea diferente.
Mi sentir, es que toda esta confusión se ha generado fundamentalmente porque creemos que vivimos en un país pobre que no tiene recursos para solucionar todos estos problemas. Sin embargo, quienes conocemos el aparato estatal, sabemos perfectamente que esta afirmación es completamente falsa, en realidad, el erario con que cuenta El Estado es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades en materia de bienes y servicios.
El problema de fondo, es que esta gran masa de dinero entra a un aparataje desordenado y complejo, que la consume desesperadamente en el marco de vericuetos organizacionales arcaicos, de los cuales parecemos sentirnos muy orgullosos. A veces damos la impresión de que estamos dispuestos a convivir con este karma, siempre y cuando logremos aislarlo de nuestra actividad privada. Lo curioso de todo esto, es que cuando la provisión de bienes y servicios públicos no es eficaz, se necesitan más impuestos para mantener el aparato estatal y además se precarizan las bases más fundamentales para una sólida actividad privada.
El resultado, es que comparativamente con otros países, podemos tener las mismas capacidades, el mismo conocimiento e incluso, la misma tecnología; sin embargo, la precariedad del entorno nos hace menos productivos, mientras la necesidad de que transfiramos más y más impuestos al aparato público, nos deja con menos recursos para invertir en nuevas máquinas, capacitación para nuestros empleados, mejores salarios, investigación y desarrollo para innovar en la industria etc.
Si queremos incursionar en la ardua senda de solucionar este embrollo en el que estamos metidos, lo primero que debemos hacer es cambiar drásticamente nuestra manera de entender lo público. Cada uno de nosotros tiene que quitarse de encima preceptos que nos conducen a frases como “lo público es diferente” , “hay que entender la lógica de lo público”, “es necesario ser flexible en lo público”; todas ellas no son más que la manifestación de anuencia hacia las prácticas que tienen hundidas en el caos a nuestras organizaciones públicas. Lo segundo es empezar a exigirle a lo público un funcionamiento perfecto en todo el sentido de la palabra, ser implacables en demandar celeridad, productividad, pertinencia, buen servicio y en general todos los atributos asociados a bienes y servicios de altísima calidad etc. Lo tercero es exigir una separación drástica e irreconciliable entre la gerencia pública y el clientelismo disfrazado, los gerentes de las organizaciones públicas deben llegar a dirigirlas por mérito, después de haber surtido procesos de aprendizaje necesarios al interior de ellas, además deben liderarlas durante largos periodos de tiempo gracias a que su proceso de selección, ha sido lo suficientemente cuidadoso como para constituirse en garantía de buenos resultados. No tiene sentido seguir con la dinámica de poner nuestras entidades en manos de alfiles inexpertos que se quitan y ponen cada vez que es necesario concretar un resultado político. Lo cuarto es garantizar una operación de las organizaciones públicas totalmente estandarizada y sistematizada, que reduzca a su mínima expresión la discrecionalidad actual, que exacerba el velo oscuro sobre el cual yace la corrupción. Lo quinto es concebir organizaciones públicas basadas en la agilidad y la transparencia, con procesos fundamentados en la tecnología, la simplicidad, la velocidad y la satisfacción completa de los ciudadanos.
Toda esta ruptura irreconciliable de paradigma, puede resumirse, en cambiar drásticamente la percepción de que lo público, por su condición, debe funcionar mal; en desvincular el diseño del Estado de la jurisprudencia, cuyos desaciertos bien representados en la complejidad y la inoperancia de La Justicia, ha logrado extender a las demás ramas del poder público; y en darle la potestad del diseño de lo público a una nueva área del conocimiento denominada “Ingeniería Pública”, cuya obsesión será garantizar que las organizaciones públicas funcionen mejor que cualquiera de las empresas privadas que en la actualidad admiramos
