Adolescencia social e irresponsabilidad económica

Publicado en el Diario Portafolio

Lo que está pasando en Argentina ha generado todo tipo de opiniones, en su mayoría marcadas por profundas ideologías sociales y económicas, sin embargo, al analizar con detenimiento el contexto de la discusión, queda claro que lo que está en debate es, en realidad, un grupo de valores sociales relacionados con el éxito o fracaso de una sociedad, lo cierto es que, el argumento ideológico no es más que una fachada, asociada a la facilidad de cierto tipo de valores para alinearse con conjuntos de ideas específicos. 

En realidad, los planteamientos enfrentados giran en torno a si la sociedad de América Latina debe ser responsable o irresponsable. La discusión no es menor pues las decisiones que se tomen definirán la posibilidad de que salga o no de los precarios niveles de desarrollo en los que actualmente se encuentra.  

Para entender mejor el planteamiento, suscribamos el análisis a la comparación entre dos hogares, uno liderado por padres con mentalidad adulta, mientras en el otro toman decisiones padres inmaduros con mentalidad adolescente. 

En el primer hogar, tanto el padre como la madre estarán muy concentrados en construir valor, crean una familia con altos niveles de bienestar en el marco de un decidido trabajo en equipo. Seguramente será un hogar que analizará muy seriamente el momento en el que llegarán los hijos, de forma que la capacidad económica garantice su bienestar, además, se tratará de una familia  en la que sus integrantes se esforzarán por formarse para poder incrementar paulatinamente sus ingresos, gracias a la posibilidad de acceder a mejores posiciones en sus trabajos. Se endeudarán sin duda, pero no lo harán para irse de vacaciones, comprar muebles nuevos o ropa, lo harán para educarse o construir alguna clase de emprendimiento que facilite el mejoramiento de los ingresos, también lo harán para procurar un techo que cubra sus cabezas. Sin duda, estamos hablando de un hogar austero que no irá nunca más allá de sus posibilidades, que pagará sus deudas a tiempo, ahorrará en época de abundancia para procurarse tranquilidad durante la escasez. Construirá fondos para financiar la educación de sus hijos y se asegurará de que todos sus ahorros crezcan de forma importante, en el marco de inversiones seguras y rentables. 

En contraposición, el segundo hogar,  será uno en el que habrá desunión, peleas internas y ausencia de objetivos comunes, a su interior llegarán los hijos a destiempo, de forma totalmente improvisada y sin esperarlos, sus integrantes tomarán decisiones que no apuntan al largo plazo, más bien al día a día, el dinero que llegue de más al hogar será usado para alguna fiesta, para irse de viaje, para vivir el momento; la educación y la inversión en emprendimientos no serán una prioridad por cuánto suponen dejar de vivir la vida con la intensidad necesaria, de hecho se endeudarán hasta donde puedan para vivir una vida que va mucho mas allá de sus posibilidades, por supuesto, cuando lleguen las cuentas evitaran a toda costa honrarlas esperando que alguien más se encargue o que desaparezcan por cansancio de quién las exige. Cuando sea necesario costear la educación de sus hijos, no tendrán como hacerlo pues no existirán ahorros que les permitan solventar semejante necesidad, por lo tanto sus retoños tendrán que arreglárselas solos.

Pues bien, hay países llenos de hogares del primer tipo, que al tomar decisiones políticas y económicas, lo hacen alineados con semejante cultura, en general logran altos niveles de bienestar y desarrollo, de otra parte, hay países llenos del segundo tipo de hogares, como los de América Latina, que toman sistemáticamente decisiones colectivas erróneas, desatinadas, que los llevan por caminos escabrosos, en cualquier caso, asignan la responsabilidad de su desgracia a algo o alguien diferente de ellos y su manera irresponsable de actuar; por supuesto, en general, están sumergidos en el subdesarrollo. 

En síntesis, hay países adultos económica y socialmente, que se hacen cargo de su situación, toman decisiones responsables, científicas, que son afrontadas luego de analizar seriamente sus implicaciones. Por otro lado, hay países adolescentes, infantiles, que no miden las consecuencias de sus actos, que deciden en el marco de una perspectiva emocional más que racional y prefieren que otros se hagan cargo de su desorden. 

En ambos tipos de países hay personajes  técnicamente capaces que se comportan como el “Grillo Parlante”, icónico personaje de la  conocida obra “Pinocho” escrita por Carlo Collodi, proponen con profunda convicción gastar menos, endeudarse de forma responsable y pagando lo que se debe, tomar estos recursos y utilizarlos para desarrollar de forma real la matriz productiva, recomiendan reducir el déficit fiscal, es decir, centrarse en disfrutar únicamente lo que la sociedad realmente ha construido. Semejantes propuestas, en las sociedades adultas son aceptadas,  son tenidas en cuenta, mientras en las sociedades infantiles no tienen eco y son ignoradas en perjuicio y destrucción de su economía y bienestar. 

La pregunta que pesa de todo esto es si América Latina quiere alcanzar la mayoría de edad social o quiere seguir actuando como la marioneta mentirosa y caprichosa que quería convertirse a toda costa en un niño real. 

Además, nos queda una clara lección, sin duda está bien querer que la sociedad mejore garantizando un conjunto de derechos para todos sus integrantes, pero para lograrlo dicha evolución no puede soportarse en economías y sociedades mentirosas, si se quiere vivir mejor es necesario construir el valor que financiará semejantes demandas, dicha construcción es responsabilidad de hasta el último individuo, no tiene sentido que unos se dediquen a construir mientras otros solamente se concentran en exigir y recibir los beneficios de dicha construcción. 

Versión en audio

Rompiendo los mitos sobre el empresariado y el emprendimiento

 

Fuente: https://www.jelpit.com/blog/empresas/estrategias-para-llevar-tu-emprendimiento-a-otro-nivel/

Publicado en el diario portafolio

En los últimos años, un conjunto de personas, al interior de universidades, entornos políticos, en general, actores con actividades desvinculadas del sector real; ha venido construyendo una historia falsa en relación con el emprendimiento y los empresarios. Partiendo del cuestionamiento de hace siglos, promovido en su momento por Marx, Engels y posteriormente por sus descendientes ideológicos, centrado en la explotación de los trabajadores, en la tesis de que el aporte del trabajador es la verdadera fuente de valor en la sociedad, en el concepto de la plusvalía y la lucha de clases; cuestionan y denigran del rol de los empresarios en la sociedad y los beneficios del emprendimiento, partiendo del hecho de que los empresarios por sí mismos no aportan valor, en general son simplemente dueños del capital y fundamentalmente se rentan de su propiedad.

Toda esta construcción, que en algún momento de la historia resultó útil para el mejoramiento de la sociedad, en la época actual es total y completamente improcedente por varias razones.

El valor no está explicado por la cantidad de trabajo invertido:  en la actualidad tenemos claro que el valor está determinado por la relación entre quien produce y quién consume, sabemos que la interacción entre estas dos perspectivas las cuales están centradas por un lado, en cuánto cuesta producir algo teniendo en cuenta todos los elementos involucrados en la producción, y por el otro, qué tanto la sociedad, necesita o desea lo que se produce. Para ilustrar ésta consideración pensemos en un emprendedor que decide producir grilletes para esclavos, invirtiendo grandes cantidades de trabajo en su elaboración, teniendo en cuenta que la sociedad abandonó semejante práctica, por fortuna  hace años, seguramente el valor real de lo que vende será nulo precisamente porque nadie necesita o desea tal artículo no obstante alguien decida producirlo. 

La importancia creciente de la gerencia: cualquiera que haya emprendido, sabe que el aporte más grande que hace el emprendedor, el empresario en la producción de bienes y servicios, es la articulación de infinidad de recursos de toda índole para materializar un resultado  notablemente complejo sobre el cual exista necesidad  o deseo. No hay duda de que esta capacidad es increíblemente escasa y valiosa, tanto que podemos hacer el experimento de intentar producir algo tan sofisticado como un dispositivo móvil, juntando un conjunto de trabajadores y no tendremos ningún resultado, incluso, podemos trasladar ésta responsabilidad al Estado y conociendo su incapacidad histórica para desempeñar dicha tarea, no logrará lo que un buen emprendedor hace de forma rápida y sistemática. Se ha difundido el mito de que el empresario únicamente aporta los medios de producción lo cual es totalmente falso y ajustado a otra época, de hecho este planteamiento proviene en general de personas que jamás en su vida han emprendido con éxito, en realidad, para un emprendedor lo menos relevante es la propiedad de los medios de producción, tanto así, que en las primeras etapas de un emprendimiento real no le pertenecen, usualmente su consecución procede de préstamos y apalancamiento. En la mayoría de los casos le prestan justamente gracias y en proporción a su capacidad de gerencia y logro de resultados. 

El Estado no puede reemplazar al empresario: podría hacerlo, pero la experiencia ha demostrado que en modelos democráticos es un pésimo emprendedor, corrupto, ineficiente e ineficaz. De hecho, lo que no advierten muchos, es que también se apropia de una plusvalía muy relevante a través de impuestos que no se devuelve a la sociedad pues se diluye en un aparataje burocrático. Por lo tanto, bajo estás circunstancias se cambia a un emprendedor ágil y eficaz por otro lento y pesado que se queda con una mucho mayor porción del valor creado por nuestro trabajo. 

La mayoría de empresarios no son magnates dueños de grandes corporaciones: según datos de la OCDE hasta el 70% de lo que se produce en la actualidad procede de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), esto quiere decir que la mayoría de emprendimientos en el mundo son en realidad lo que observamos en la cotidianidad, la empresa del panadero que produce pan en el primer piso mientras vive con su familia en el segundo y que para hacerlo contrata dos panaderos aprendices, la peluquería que vincula a otros tres o cuatro peluqueros más, el taller automotriz que da trabajo a otros mecánicos, por mencionar algunos ejemplos.

El emprendimiento no es negativo ni destructivo: lo que destruye el entorno es el emprendimiento irresponsable, que en realidad esta paulatinamente desapareciendo. Gracias a cambios evidentes en las preferencias sociales, cada vez tenemos un emprendimiento más altruista y consciente, más centrado en la sostenibilidad, la ética y la responsabilidad social. Para constatarlo basta estudiar el comportamiento de grandes empresarios a lo largo de la historia, comparar las prácticas de emprendedores como John D. Rockefeller y Andrew Carnegie, con las de contemporáneos como Steve Jobs y Sam Altman, siendo objetivos, es claro que hay diferencias fundamentales en su escala de valores así como en la voluntad de hacer aportes notables para construir una mejor sociedad. 

Lo cierto, es que emprender es la base del desarrollo y hasta la fecha, solo los países con una sólida cultura emprendedora focalizada en profundos principios éticos y de justicia, han logrado altos niveles de bienestar y felicidad, por lo tanto, si queremos avanzar es pertinente enaltecer el emprendimiento, la gerencia, la construcción de valor social  y concentrarnos en configurar un ecosistema, que haga posible este proceso de forma igualitaria para cada uno  de los individuos de nuestra sociedad. 

Versión en audio

El mito de la redistribución de la riqueza.

Fuente: GenialGurú

Publicado en la diario Portafolio https://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-mito-de-la-redistribucion-de-la-riqueza-587732

Muchos estamos interesados genuinamente en reducir la desigualdad de ingresos y riqueza predominante en el mundo, particularmente porque comprendemos sus reales implicaciones, las cuales en su mayoría, impiden que una sociedad viva en armonía y equilibrio.

En general, las sociedades más desiguales son las que tienden a tener fenómenos de violencia más arraigados, modelos de gobierno menos eficaces y justos, menores niveles de desarrollo y posibilidades de alcanzarlo. En términos generales, la desigualdad es sinónimo de sociedades fallidas con patologías estructurales imposibles de solucionar, hasta tanto, la inequidad, su causa principal, no desaparezca.

Lo cierto es que, existen diferentes formas de enfrentar semejante problema endémico, una de las mas generalizadas y por definición menos eficaces, es lo que conocemos como redistribución de la riqueza. En definitiva, se trata de un mecanismo propuesto en coro por ciertos sectores de la sociedad actual, que desde un punto de vista histórico, se puede afirmar que lleva décadas de implementación sin generar resultados concretos, mientras por el contrario ha profundizado los niveles de pobreza de toda economía que ha intentado ponerla en práctica de forma ortodoxa.

Ahora, si se trata de un mecanismo que no funciona, la cuestión obvia es por qué tantas personas reclaman su implementación. La explicación a una pregunta de tal profundidad es relativamente simple, diversos grupos políticos han entendido a lo largo de la historia, que ideologizar y enfrentar sociedades ofreciéndoles una utopía y proponiendo presuntos culpables de la desgracia, es la manera más eficaz de alinear preferencias para asegurar una amplia base de votantes que garantice el acceso irrestricto al poder.

Para explicar por qué no funciona, intentemos visualizar un escenario en el que mañana mismo al interior de nuestro país, tenemos la posibilidad de distribuir la riqueza, asumamos que tenemos la opción de tomar todos los recursos acumulados por grupos poblacionales específicos, transferirlos a quien haga las veces de Estado, para que éste a su vez distribuya estos recursos persona por persona de forma equitativa. ¿Se acercará la realidad redistribuida, a la utopía planteada por aquellas ideologías? ¿Acaso todos los problemas que se supone serían solucionados con semejante medida, estarían solventados?

Los casos documentados a los que tenemos acceso en la historia, demuestran de inmediato que no se alcanza la utopía y mucho menos se solucionan los problemas estructurales, lo cierto es que siguen existiendo y reproduciéndose en el entretanto de un conjunto específico de mutaciones.

Semejante conclusión tiene mucho sentido en la medida en que la redistribución, no cambia realmente los elementos estructurales que conducen a la creación diferenciada de valor, causante de brechas sistémicas en la obtención de ingresos y la creación de riqueza.

Es ingenuo perder de vista que en el sistema económico actual, se remunera en mayor medida lo que la sociedad considera más valioso sofisticado y excepcional, es por eso y solo por eso, que un gerente de una compañía gana mucho más que un empleado raso, que un neurocirujano percibe ingresos muy superiores a los de un camillero. Mientras las decisiones de los primeros respectivamente, suponen la habilitación para que toda una organización produzca un número importante de cosas que van a ser remuneradas y corregir patologías al interior de un sistema altamente complejo como el cuerpo humano; las decisiones de los empleados en la base de la pirámide organizacional tienen baja incidencia, eso sin mencionar que un resultado de estas características es posible debido al proceso de creación de capital humano altamente sofisticado por el que pasan los gerentes y los especialistas médicos, versus el rápido y superficial proceso a través del cual se construyen las capacidades de los operarios.

Durante años, inducidos por políticos y diferentes actores interesados en conseguir seguidores, hemos llegado a pensar que semejantes diferencias, no son sino producto de conspiraciones sociales cuando en realidad, son resultado de condiciones esenciales del sistema económico y social, que les permiten a unos ofrecerle a la sociedad trabajo mas sofisticado y valioso que otros. Lo cierto es que, bajo tan negativa influencia, hemos omitido recurrentemente la discusión respecto a lo que debemos modificar, para que la capacidad de generar valor de los miembros de una sociedad sea comparable.

Dicho lo anterior, vale la pena analizar cuidadosamente, algunos de los cuestionamientos esenciales de la redistribución, para seguir esclareciendo las razones por las cuales, los países latinoamericanos que la han implementado no han mejorado sus niveles de desarrollo.

Lo primero que hay que decir, es que para poder hacer una redistribución exitosa, debe existir suficiente riqueza como para transferirla a las poblaciones menos favorecidas y por esta vía, convertir a todos los individuos de una sociedad, en integrantes de una clase media rica. En contraste, las sociedades latinoamericana son en general pobres, conformadas regularmente por una clase media pequeña y vulnerable, una clase alta diminuta, mientras las clases bajas son la mayoría de la población, por lo tanto, redistribuir al interior de ellas supone destruir la clase media, pues los recursos de la clase alta proporcionalmente jamás serán suficientes para mejorar las condiciones de las clases bajas, en este sentido, lo que se puede observar luego de la redistribución es una equiparación por lo bajo y no por lo alto, fuga hacia otras latitudes de las grandes riquezas y una presión impositiva expropiante sobre las clases medias.

En adición a esta simple aritmética, los segundo, es que una redistribución efectiva, parte del hecho de que el aparato estatal al que se le trasladan los recursos, es eficaz a la hora de transferirlos de los sectores altos a los bajos, sin embargo, los países latinoamericanos no tienen semejante posibilidad. De hecho sus organizaciones públicas en general son ineficientes, están cooptadas por la corrupción y la burocracia, por lo tanto, buena parte de esos recursos escasos se pierden financiando semejante organización o terminan en los bolsillos de personas deshonestas.

Además, para que la redistribución funcione realmente, debe garantizar la corrección eficaz de los problemas estructurales que condujeron a profundizar la desigualdad, es decir, debe asegurar que los escasos recursos que se le quitan a una parte de la población, se centren en construir capacidades que le permitan a la porción de menores ingresos, empezar a generar riqueza en proporciones siquiera parecidas a las de la población más rica. No obstante lo anterior, lo que se puede observar en los países latinoamericanos, es que los recursos que se quitan esencialmente a la clase media, le son transferidos a las clases menos favorecidas a través de mecanismos que no tienen ningún efecto sobre el mejoramiento de su capacidad para generar ingresos, como subsidios a los servicios públicos y entrega de salarios, entre otros. Es claro que, aspectos duros como el mejoramiento drástico de la calidad de la educación básica y media, la materialización de la cobertura universal en la educación superior, el incentivo a la investigación y desarrollo con alto potencial para generar valor, el mejoramiento drástico de la infraestructura de soporte para la creación de valor y la inversión necesaria para construir un entorno que facilite la generación sostenible de ingresos; son aspectos que se han dejado de lado.

De otra parte, una redistribución como la planteada, reduce los incentivos para la creación de valor, la pregunta obvia que los individuos empiezan a hacerse, es por qué deberían crear más valor del mínimo posible, si semejante esfuerzo no supondrá, en realidad, mejora alguna en las condiciones de vida de quien lo genera. En este sentido, lo que hemos visto en los países que han implementado estos mecanismos de forma muy decidida, es que las personas al interior del país dejan de idear, emprender e incluso formarse; de hecho, usualmente tiene lugar una sistemática fuga de capital humano, lo que se observa es que las ideas e iniciativas son llevadas a otros contextos en donde sean mejor valorados tales procesos de creación de nuevo valor.

Otro resultado palpable en aquellos países en los que se han implementado procesos estrictos de redistribución, es el evidente conflicto de intereses entre la clase media y las clases menos favorecidas. La primera, siente que está siendo despojada de una dignidad frágil, que ha ganado a pulso enfrentándose a un entorno hostil, percibe que le están quitando paulatinamente conquistas que suponían apenas condiciones dignas que los países en vías de desarrollo escasamente ofrecen; mientras las segundas, promovidas por aquellos que buscan afanosamente votos, sienten que es su derecho despojar a los demás de lo que califican como privilegios, sin darse cuenta que se trata en realidad de condiciones elementales que cualquier sociedad justa debería garantizar para todos y cada uno de sus integrantes. Semejante situación exacerbada por las ideologías, termina por generar enfrentamientos estructurales al interior de la sociedad, renovando puntos de vista que estuvieron vigentes en la revolución industrial cuando la clase media prácticamente no existía y solo se configuraba un proletariado explotado y una aristocracia explotadora, es decir, se posiciona una lucha de clases salida enteramente de contexto histórico, ahora entre la clase media, media baja y la clase baja. La clase alta se queda básicamente por fuera de semejante dicotomía pues representa un porcentaje ínfimo de la población, por lo que su relevancia es insignificante. Indudablemente, las sociedades rotas, que giran en torno a odios internos tan arraigados se paralizan pues son incapaces de llegar a consensos que les permitan evolucionar.

Empeorando la situación, los países que deciden hacer una implementación estricta de la dinámica de redistribución, terminan siendo cuestionados por el resto del mundo, precisamente porque semejantes decisiones no mejoran, sino más bien, empeoran la situación de sus nacionales, por lo tanto, al ser sometidos al escarnio internacional, se vuelven autocráticos, antidemocráticos, absolutistas, dogmáticos, cuestionan la riqueza en vez de condenar la pobreza y rompen su relación armónica con el sistema económico mundial, lo cual rápidamente deteriora de manera profunda su ya reducida capacidad para generar ingresos y riqueza.

Luego de todo esté análisis ácido para una medida ampliamente reclamada, pero abiertamente intrascendente, vale la pena aprender una valiosa lección: los países desarrollados con mayores niveles de bienestar, son aquellos que han logrado llevar a la mayoría de la población a convertirse en una clase media rica, es decir son los que han tomado las decisiones correctas para igualar por lo alto, por lo tanto, vale la pena aprender de semejantes casos, pues distinto a lo propuesto en Latinoamérica, han podido, evidentemente, acercar su propia realidad a la utopía, que muchos proponen, pero aún se encuentra tristemente lejana para nuestros países en desarrollo.

Versión en audio

La paradoja del Estado generador de pobreza

Cuando en nuestra cotidianidad hablamos de pobreza, generalmente hacemos énfasis en la generación de ingresos, no obstante, tendemos a descuidar todo aquello que tiene relación con los egresos. Esta misma desviación tan natural en grupos desprevenidos de tertuliantes, parece estar arraigada en los equipos técnicos que analizan la problemática al interior de los gobiernos.   Tal situación lleva a subestimar las implicaciones en materia de generación de pobreza y reducción del bienestar social que pueden desencadenar ciertas políticas públicas, en esencia, si mantenemos el ingreso de los hogares constante pero paulatinamente hacemos crecer sus egresos, indudablemente los estamos empobreciendo, el resultado es similar si el ingreso crece pero lo hace a una velocidad menor a la que lo hacen los egresos. De la misma manera, cuando los egresos periódicos de un hogar son lo suficientemente altos y el hogar intempestivamente se queda sin ingresos, la situación en materia de reducción de bienestar es francamente precaria y lo será mucho más en la medida en que estos egresos altos estén directamente relacionados con la compra de bienes y servicios dirigidos a satisfacer sus necesidades más esenciales.

En los últimos años, al interior de nuestros gobiernos, se ha vuelto popular y conveniente asociar costos importantes a la casi totalidad de las transacciones cotidianas de los hogares, aspectos tan esenciales como consumir agua, gas y energía, transportarse, alimentarse, procurarse una vivienda, divertirse etc., han venido siendo cargados directa o indirectamente con pequeños importes que en suma han incrementado de forma importante el ingreso necesario para que un hogar sobreviva.

Para ilustrar el argumento podemos analizar el caso de los alimentos que cotidianamente consume un hogar promedio, en los últimos años algunos de ellos han sido gravados directa o indirectamente mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto al Consumo o alguna clase de sobretasa, bien sea al alimento en cuestión o a algún insumo involucrado en su cadena productiva.

Algo similar sucede con el transporte, bien sea que se valga de vehículo propio o de algún modo de carácter público, en el primer caso por ejemplo, en los últimos años se ha incrementado el costo de propiedad de los vehículos de forma notable, se han gravado su compra, su tenencia, la mayoría de bienes y servicios asociados a su operación y mantenimiento, adicionalmente se han venido implementando seguros, cobros por contaminación etc., en el segundo caso los costos se han incrementado indirectamente por cuenta de estos mismos conceptos y otros tantos que sería redundante mencionar.

La conclusión de todo esto es muy interesante en la medida en que pone de presente un hecho contradictorio, el Estado, un actor por definición llamado a reducir la pobreza real, puede estarla multiplicando o por lo menos, puede estar demorando de forma importante el mejoramiento en el ingreso disponible de los hogares. Lo más curioso del caso, es que puede no ser consciente de este fenómeno, es decir, puede estar actuando en el marco de una situación evidente de “riesgo moral”.

Para comprender la verdadera incidencia de un comportamiento de estas características, analicemos el caso de un hogar de clase media que compró una casa a crédito hace treinta años, se trata de una pareja de jubilados que han visto crecer paulatinamente el costo del impuesto predial de la casa antigua en la que viven, no ha pasado lo mismo con su pensión, cuyo monto se ha incrementado apenas para “mantener” el poder adquisitivo frente a una canasta básica. No obstante lo mencionado, el Estado toma la decisión de cobrar intempestivamente un impuesto de valorización que eleva de forma dramática el costo de la vivienda, una decisión de estas características hace que estas personas deban dejar de comer o deban vender su casa para solventar el pago del impuesto, generando una situación de pobreza evidente que no aparecerá en los indicadores ni en las cifras de los sistemas de seguimiento públicos.

Los alcances de dinámicas como las mencionadas pueden llegar a ser insospechados, incluso pueden afectar negativamente aspectos tan determinantes para salir de la pobreza como la creación de capital humano. En efecto, en los últimos años, el Estado ha tomado múltiples decisiones relacionadas con la implementación de frecuentes reformas tributarias, ha venido aumentando indiscriminadamente el precio de los combustibles y cargado uno que otro pequeño importe a los egresos de los hogares colombianos, como resultado de esto, el ingreso disponible para educación se ha venido reduciendo, en consecuencia la matrícula en universidades de clase media, en jornada diurna es cada vez menor, mientras el porcentaje de personas que deciden elegir un programa de educación nocturno, que les permite estudiar mientras trabajan, se ha elevado significativamente.

Lo cierto de todo esto, es que es necesario replantear el papel del Estado y reconfigurar la forma en la que ataca la pobreza, podría empezar bajando los costos de los hogares reduciendo de forma pronunciada la incidencia sobre ellos mediante el incremento paulatino de la calidad del gasto y la productividad pública, además podría focalizar su política tributaria sobre los ingresos y no sobre los egresos.

En síntesis, el Estado debe empezar a pensárselo muy bien, cada vez que quiera afectar los egresos de los hogares, es necesario que evalúe seriamente las verdaderas implicaciones de sus actos y deje de actuar de la forma ligera en que lo viene haciendo, en lo que al bienestar de la sociedad se refiere.

Versión en audio

Las externalidades de la corrupción pública

Mucho se ha oído hablar de la corrupción pública pero poco se dice de los costos no evidentes de este fenómeno sobre la sociedad, por lo tanto vale la pena dedicar unos minutos a analizar sus implicaciones.

En economía se habla de externalidades, en referencia comúnmente a los efectos no compensados de una actividad de carácter privado sobre el resto de la sociedad. En caso de que la incidencia sea negativa, hablamos de costos o reducciones de bienestar y si la incidencia es positiva, hablamos de beneficios o mejoras de bienestar. En la primera situación, se afirma que quien desarrolla una actividad privada con el objetivo de mejorar su propio bienestar, le está transfiriendo costos o está mermando la felicidad de otras personas que tienen poco o nada que ver en el asunto, mientras en la segunda, le está externalizando beneficios o está mejorando la felicidad de otras personas ajenas al proyecto particular de este individuo.

El problema de las externalidades en economía es bien conocido, en general antes de emprender cualquier actividad que busca beneficios privados, los individuos, consciente o inconscientemente, desarrollan un análisis beneficio-costo dirigido a identificar los costos potenciales en que incurrirán y los beneficios que recibirán en contraprestación. Si la resta es positiva, lo más seguro es que decidan adelantar la actividad, si es negativa la evitarán. Así las cosas, cuando los costos de una actividad son asumidos por alguien más, son externalizados o sacados de la ecuación, es más probable que las personas decidan emprender una actividad que reduce de forma importante el bienestar del resto. Tal vez convenga describir un ejemplo para aclarar un poco más el concepto:

Cuando un vecino ruidoso, en un edificio de apartamentos, pretende adelantar una fiesta, durante el proceso de análisis beneficio-costo, considerará los costos del licor y los pasabocas que posiblemente se consumirán, el costo por hora de la música en vivo que animará la fiesta y potencialmente, la reposición de uno que otro implemento casero que sea destruido cuando sus comensales empiecen a elevar los niveles de alcohol en la sangre, no obstante, durante el proceso de tomar la decisión, no tendrá en cuenta los costos que le transferirá a sus vecinos, quienes con seguridad, estarán inmersos en otras actividades, la mayoría  de las cuales, se verán interrumpidas por la apoteósica fiesta que está a punto de adelantarse. No cabe duda que en el marco de un evento de estas características, quien organiza la fiesta y sus invitados experimentarán una mejora de bienestar sustancial, la cual compararán con los costos de la preparación y que dicha resta arrojará un resultado positivo, por lo que el proyecto de fiesta seguirá su rumbo sin mayores contratiempos. Otra sería la decisión si el vecino ruidoso considerara en su evaluación los costos que transfiere a los demás y que decidiera compensarlos de alguna manera por las incomodidades o que una administración responsable e interesada por el bienestar general de todos los residentes, optara por sancionarlo con una multa suficientemente alta como para compensar el malestar que está a punto de causar, en ese caso posiblemente el beneficio recibido por su escandalosa actividad no será suficiente para compensar tales costos aumentados.

En el caso de una actividad como la corrupción el análisis beneficio-costo privado es relativamente simple: modificando irregularmente, directa o indirectamente, un conjunto de decisiones, el corrupto recibirá montos de recursos públicos que utilizará para mejorar su propio bienestar y el de sus allegados, los costos evidentes en los que incurrirá tendrán que ver con la sumatoria de los montos que debe pagar para salirse con la suya, con el cuestionamiento de su integridad, las sanciones sociales, morales, legales y de toda índole, que deberá asumir por cuenta de tales decisiones. No obstante, ¿qué pasa con los costos no evidentes? ¿Qué pasa con los costos que el corrupto transfiere a los demás, no incluye en su análisis beneficio-costo y por los cuales no nos está compensando al resto de la sociedad? Hagamos un breve análisis de algunos de ellos utilizando en primera instancia un ejemplo, con la esperanza de que el lector extienda sus fundamentos a los demás escenarios públicos, teniendo en cuenta que las dinámicas en infraestructura, son similares a las de salud, educación, etc:

1.       Costos asociados a fallas en la provisión de bienes y servicios públicos: vamos a suponer que un corrupto incide en las decisiones, en lo que tiene que ver con la selección de un proponente que construirá una nueva vía, importante para la competitividad de un país entero. En este caso, son varias las formas en que transfiere costos a la sociedad que no son necesariamente evidentes. En primer instancia, El Estado que debe seleccionarlo diseña todo un show procesal dirigido a hacer más transparentes los mecanismos de selección y de dientes para afuera, intentar frenar la corrupción; esta condición hace que procesos que deberían tardar unos cuantos días terminen durando meses y que el disfrute de la vía con las respectivas implicaciones en materia de mejora en productividad, reducción de tiempos de viaje, reducción de contaminación del aire etc.,  se retrase innecesariamente.  De otro lado, considerando que el corrupto muy probablemente no va a ser el oferente más idóneo técnicamente o de lo contrario no necesitaría utilizar la corrupción como mecanismo para resultar favorecido, la sociedad va a recibir una vía de mala calidad que no va a satisfacer sus necesidades y que seguramente tendrá que reemplazar antes de lo esperado.  Así las cosas, el recibo de los anhelados bienes y servicios públicos por parte de la sociedad, puede tardarse 2 o 3 años más de lo que debería y considerando los costos del reemplazo, pueden costar el doble o el triple de lo que costarían unos de calidad razonable.

2.       Costos asociados a la complejidad y consecuente ineficiencia administrativa: de otro lado, para intentar lidiar con la mala calidad sistemática de los productos públicos entregados y el comportamiento deshonesto de sus servidores, la organización pública que contrata las vías, debe tener en su interior ejércitos de personas encargadas de adelantar cada uno de los dispendiosos pasos necesarios, para llevar a cabo la selección de los oferentes. En sus huestes contará con infinidad de abogados que se dediquen a elaborar términos de referencia y contratos  excesivamente complejos, multitud de contratistas que adelanten los procesos de supervisión e interventoría, hasta el punto de que su tamaño puede terminar siendo 4 veces más grande del que tendría en caso de que la corrupción no existiera. Además, considerando que a pesar del tamaño de estos ejércitos el control no será efectivo, se requerirán sendas instancias externas a la entidad, de magnitudes también especialmente grandes como contralorías, procuradurías, veedurías y otras tantas, que intentarán, de dientes para afuera, reducir la corrupción, también infructuosamente.

3.       Costos asociados al pago de impuestos innecesariamente altos: no es tarea fácil financiar los recursos que desaparecen por cuenta de la corrupción, los sobrecostos de la baja pertinencia y calidad de los productos y de un aparato público innecesariamente grande. Lograrlo requerirá un flujo de ingresos fiscales suficiente, para mantener un ecosistema criminal de estas características. En contraste, en países sin corrupción, con la mitad de los recursos se podría entregar el doble o el triple de bienes y servicios públicos. Así las cosas, las implicaciones para la sociedad de tener altos niveles de corrupción, están relacionados con tener que pagar una tasa impositiva que puede ser el doble o el triple de la que pagaría si no existiera este flagelo. En este sentido, si pensamos en que los impuestos son una forma de apropiarse de parte del ingreso de las personas, que lo que gana cada uno procede de horas de trabajo cuya remuneración es usada para comprar bienes y servicios que proporcionan bienestar; la corrupción se apropia de horas de trabajo de las personas y reduce su capacidad para adquirir bienes y servicios que con seguridad mejorarían su felicidad. Eso sin mencionar que eleva los precios de los productos que dicha sociedad produce, haciéndolos menos competitivos en el panorama internacional y por lo tanto, más difíciles de vender en mercados globales, reduciendo en conjunto el ingreso total de la economía y por lo tanto su capacidad agregada para proporcionarse bienestar.

4.       Costos asociados a la conformación de delincuencia organizada pública: con el ánimo de intentar controlar entornos tan complejos como los mencionados y de garantizar en el tiempo la sostenibilidad del lucrativo negocio, los corruptos intentarán ubicar en posiciones claves a sus fichas, por lo tanto, incidirán en procesos de elección popular y nominación pública, para garantizar en el legislativo,  actores capaces de definir normas que de dientes para afuera, satisfagan a la opinión pública, pero de dientes para adentro, faciliten su accionar; en el ejecutivo actores que tomen las decisiones más convenientes para sus propios intereses, aun en contravía del bienestar de la sociedad y en la rama judicial peones que tengan la potestad de incidir durante los procesos sancionatorios, de manera que los costos dentro de su ecuación personal, resulten ser lo suficientemente pequeños como para garantizar un análisis beneficio-costo positivo.  En este caso, el resultado para la sociedad no es otro, que contar con un conjunto de normas y decisiones que la perjudican en vez de beneficiarla y un esquema de justicia completamente desigual, que trata a las personas de forma totalmente inequitativa asignándoles diferente peso en la balanza.  

5.       Costos asociados a desigualdad social y violencia: una de las formas más claras y expeditas para reducir la desigualdad, es entregando bienes y servicios públicos de alta calidad a las clases menos favorecidas, que les permitan equipararse con las que están en mejor condición, sin duda, en primer lugar, es necesaria la reducción de la iniquidad en materia de justicia. Bajo las condiciones mencionadas en los anteriores numerales, en un entorno corrupto no es posible por definición materializar ni lo uno ni lo otro, así las cosas, la corrupción extiende indefinidamente la existencia de sociedades desiguales e injustas, con evidentes conflictos de intereses entre El Estado y los ciudadanos. Mientras el primero concentra su actuación en decisiones que benefician a los pequeños grupos dominantes, los segundos incrementan su nivel de frustración en un entorno en el que no gobierna la ley, con el consecuente surgimiento de multitud de fenómenos de violencia.  Por lo tanto, las consecuencias para la sociedad no son otras que polarización y muerte. Finalmente, para intentar controlar estos fenómenos, será necesario hacer gastos mucho más altos de seguridad y defensa que los que harían Estados en los que no existe la corrupción, con el consabido aumento en los impuestos que conducen a una apropiación aún mayor por parte del Estado, del bienestar de la sociedad y la desviación de recursos de sectores de alta rentabilidad social como educación y salud, a sectores que en principio no deberían existir como los mencionados.

A manera de cierre, vale la pena mencionar, que la sanción por corrupción debería en primera instancia, reconocer una compensación consecuente a la sociedad, por todos los costos que el corrupto le externaliza y que en segunda instancia, si la sanción es lo suficientemente efectiva para que el corrupto deba involucrarla en su  análisis beneficio-costo, seguramente tendríamos mucha menos corrupción pública en nuestras sociedades que la que hoy día tenemos. 

Disponible en audio: https://anchor.fm/armando-ardila/episodes/Las-externalidades-de-la-corrupcin-pblica-e1l4mfo/Las-externalidades-de-la-corrupcin-pblica-a888913

¿Será mucho pedir, un Estado eficiente que “funcione como un relojito”?

Recorrer el país es un ejercicio hermoso que nos recuerda a los colombianos el privilegio que tenemos al poder gozar de paisajes increíbles e interactuar con personas maravillosas, no obstante, también es un duro recordatorio de los problemas asociados a la capacidad del Estado para proporcionarnos bienes y servicios públicos de alta calidad. En el entretanto de un largo proceso andariego que me ha permitido conocer realidades maravillosas,  me he enfrentado a carreteras regionales repletas de huecos, que conducen a poblaciones con infraestructuras ajenas a cualquier tipo de mantenimiento, he tenido la posibilidad de transitar por regiones en las que priman patrones negativos como la destrucción ambiental y la violencia soterrada.

No obstante, a pesar de que existen tan evidentes y sentidas necesidades, en todos estos lugares me he topado con ciclo rutas que emulan a las de la capital, notablemente costosas, por las que no circula ni una sola alma; con señalizaciones innecesarias, en carreteras por las que pasa un vehículo de vez en cuando; con tramos pavimentados increíblemente cortos, sobre carreteras veredales, cuyo diseño técnico no parece tener explicación alguna; con decoraciones navideñas que ostentan  motivos extraños, cuyo costo supone un ojo de la cara de los humildes contribuyentes…en fin, con diferentes representaciones de gastos que nadie necesita, pero que seguramente les permiten a los mandatarios locales sacar tajadas jugosas para su propio provecho.  Tan generalizado es el fenómeno, que no se puede decir que exista un solo municipio colombiano  mantenido como “una tacita de té”.

Si ésta es la situación que reina en lo relacionado con bienes públicos tangibles, ¿qué pasará con aquellos difíciles de advertir a simple vista? Los que conocemos los territorios sabemos lo irrisorio que resulta pensar en que los culpables de un robo sean capturados y condenados gracias a las gestiones de la autoridad en una pequeña población colombiana, tenemos claro que si necesitamos buena atención en salud, debemos desplazarnos a las ciudades y sabemos a ciencia cierta, que lo mejor para vivir una vida tranquila es “comer callado y no meterse con nadie” pues literalmente en los pequeños municipios colombianos “no hay quien nos proteja”.

Lo que parece extraño de todo esto, no es la existencia de estos inconvenientes, se trata sin duda de una condición endémica inherente a las sociedades de países como el nuestro. Lo curioso del caso, es que la gente piense que como estamos, estamos bien, que la estructura del Estado y de los mecanismos de gobernanza en los territorios, son pertinentes y que a pesar de todos estos inconvenientes, no hay manera de hacer que nuestra realidad sea diferente.  

Mi sentir, es que toda esta confusión se ha generado fundamentalmente porque creemos que vivimos en un país pobre que no tiene recursos para solucionar todos estos problemas. Sin embargo, quienes conocemos el aparato estatal, sabemos perfectamente que esta afirmación es completamente falsa, en realidad, el erario con que cuenta El Estado es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades en materia de bienes y servicios.

El problema de fondo, es que esta gran masa de dinero entra a un aparataje desordenado y complejo, que la consume desesperadamente en el marco de vericuetos organizacionales arcaicos, de los cuales parecemos sentirnos muy orgullosos.  A veces damos la impresión de que estamos dispuestos a convivir con este karma, siempre y cuando logremos aislarlo de nuestra actividad privada. Lo curioso de todo esto, es que cuando la provisión de bienes y servicios públicos no es eficaz, se necesitan más impuestos para mantener el aparato estatal y además se precarizan las bases más fundamentales para una sólida actividad privada.

El resultado, es que comparativamente con otros países, podemos tener las mismas capacidades, el mismo conocimiento e incluso, la misma tecnología; sin embargo, la precariedad del entorno nos hace menos productivos, mientras la necesidad de que transfiramos más y más impuestos al aparato público, nos deja con menos recursos para invertir en nuevas máquinas, capacitación para nuestros empleados, mejores salarios, investigación y desarrollo para innovar en la industria  etc.

Si queremos incursionar en la ardua senda de solucionar este embrollo en el que estamos metidos, lo primero que debemos hacer es cambiar drásticamente nuestra manera de entender lo público. Cada uno de nosotros tiene que quitarse de encima preceptos que nos conducen a frases como “lo público es diferente” , “hay que entender la lógica de lo público”, “es necesario ser flexible en lo público”; todas ellas no son más que la manifestación de anuencia hacia las prácticas que tienen hundidas en el caos a nuestras organizaciones públicas. Lo segundo es empezar a exigirle a lo público un funcionamiento perfecto en todo el sentido de la palabra, ser implacables en demandar celeridad, productividad, pertinencia, buen servicio y en general todos los atributos asociados a bienes y servicios de altísima calidad etc.  Lo tercero es exigir una separación drástica e irreconciliable entre la gerencia pública y el clientelismo disfrazado, los gerentes de las organizaciones públicas deben llegar a dirigirlas por mérito, después de haber surtido procesos de aprendizaje necesarios al interior de ellas, además deben liderarlas durante largos periodos de tiempo gracias a que su proceso de selección, ha sido lo suficientemente cuidadoso como para constituirse en garantía de buenos resultados. No tiene sentido seguir con la dinámica de poner nuestras entidades en manos de alfiles inexpertos que se quitan y ponen cada vez que es necesario concretar un resultado político. Lo cuarto es garantizar una operación de las organizaciones públicas totalmente estandarizada y sistematizada, que reduzca a su mínima expresión la discrecionalidad actual, que exacerba el velo oscuro sobre el cual yace la corrupción. Lo quinto es concebir organizaciones públicas basadas en la agilidad y la transparencia, con procesos fundamentados en la tecnología, la simplicidad, la velocidad y la satisfacción completa de los ciudadanos.

Toda esta ruptura irreconciliable de paradigma, puede resumirse, en cambiar drásticamente la percepción de que lo público, por su condición, debe funcionar mal; en desvincular el diseño del Estado de la jurisprudencia, cuyos desaciertos bien representados en la complejidad y la inoperancia de La Justicia,  ha logrado extender a las demás ramas del poder público; y en darle la potestad del diseño de lo público a una nueva área del conocimiento denominada “Ingeniería Pública”, cuya obsesión será garantizar que las organizaciones públicas funcionen mejor que cualquiera de las empresas privadas que en la actualidad admiramos

Versión en audio