¿Será mucho pedir, un Estado eficiente que “funcione como un relojito”?

Recorrer el país es un ejercicio hermoso que nos recuerda a los colombianos el privilegio que tenemos al poder gozar de paisajes increíbles e interactuar con personas maravillosas, no obstante, también es un duro recordatorio de los problemas asociados a la capacidad del Estado para proporcionarnos bienes y servicios públicos de alta calidad. En el entretanto de un largo proceso andariego que me ha permitido conocer realidades maravillosas,  me he enfrentado a carreteras regionales repletas de huecos, que conducen a poblaciones con infraestructuras ajenas a cualquier tipo de mantenimiento, he tenido la posibilidad de transitar por regiones en las que priman patrones negativos como la destrucción ambiental y la violencia soterrada.

No obstante, a pesar de que existen tan evidentes y sentidas necesidades, en todos estos lugares me he topado con ciclo rutas que emulan a las de la capital, notablemente costosas, por las que no circula ni una sola alma; con señalizaciones innecesarias, en carreteras por las que pasa un vehículo de vez en cuando; con tramos pavimentados increíblemente cortos, sobre carreteras veredales, cuyo diseño técnico no parece tener explicación alguna; con decoraciones navideñas que ostentan  motivos extraños, cuyo costo supone un ojo de la cara de los humildes contribuyentes…en fin, con diferentes representaciones de gastos que nadie necesita, pero que seguramente les permiten a los mandatarios locales sacar tajadas jugosas para su propio provecho.  Tan generalizado es el fenómeno, que no se puede decir que exista un solo municipio colombiano  mantenido como “una tacita de té”.

Si ésta es la situación que reina en lo relacionado con bienes públicos tangibles, ¿qué pasará con aquellos difíciles de advertir a simple vista? Los que conocemos los territorios sabemos lo irrisorio que resulta pensar en que los culpables de un robo sean capturados y condenados gracias a las gestiones de la autoridad en una pequeña población colombiana, tenemos claro que si necesitamos buena atención en salud, debemos desplazarnos a las ciudades y sabemos a ciencia cierta, que lo mejor para vivir una vida tranquila es “comer callado y no meterse con nadie” pues literalmente en los pequeños municipios colombianos “no hay quien nos proteja”.

Lo que parece extraño de todo esto, no es la existencia de estos inconvenientes, se trata sin duda de una condición endémica inherente a las sociedades de países como el nuestro. Lo curioso del caso, es que la gente piense que como estamos, estamos bien, que la estructura del Estado y de los mecanismos de gobernanza en los territorios, son pertinentes y que a pesar de todos estos inconvenientes, no hay manera de hacer que nuestra realidad sea diferente.  

Mi sentir, es que toda esta confusión se ha generado fundamentalmente porque creemos que vivimos en un país pobre que no tiene recursos para solucionar todos estos problemas. Sin embargo, quienes conocemos el aparato estatal, sabemos perfectamente que esta afirmación es completamente falsa, en realidad, el erario con que cuenta El Estado es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades en materia de bienes y servicios.

El problema de fondo, es que esta gran masa de dinero entra a un aparataje desordenado y complejo, que la consume desesperadamente en el marco de vericuetos organizacionales arcaicos, de los cuales parecemos sentirnos muy orgullosos.  A veces damos la impresión de que estamos dispuestos a convivir con este karma, siempre y cuando logremos aislarlo de nuestra actividad privada. Lo curioso de todo esto, es que cuando la provisión de bienes y servicios públicos no es eficaz, se necesitan más impuestos para mantener el aparato estatal y además se precarizan las bases más fundamentales para una sólida actividad privada.

El resultado, es que comparativamente con otros países, podemos tener las mismas capacidades, el mismo conocimiento e incluso, la misma tecnología; sin embargo, la precariedad del entorno nos hace menos productivos, mientras la necesidad de que transfiramos más y más impuestos al aparato público, nos deja con menos recursos para invertir en nuevas máquinas, capacitación para nuestros empleados, mejores salarios, investigación y desarrollo para innovar en la industria  etc.

Si queremos incursionar en la ardua senda de solucionar este embrollo en el que estamos metidos, lo primero que debemos hacer es cambiar drásticamente nuestra manera de entender lo público. Cada uno de nosotros tiene que quitarse de encima preceptos que nos conducen a frases como “lo público es diferente” , “hay que entender la lógica de lo público”, “es necesario ser flexible en lo público”; todas ellas no son más que la manifestación de anuencia hacia las prácticas que tienen hundidas en el caos a nuestras organizaciones públicas. Lo segundo es empezar a exigirle a lo público un funcionamiento perfecto en todo el sentido de la palabra, ser implacables en demandar celeridad, productividad, pertinencia, buen servicio y en general todos los atributos asociados a bienes y servicios de altísima calidad etc.  Lo tercero es exigir una separación drástica e irreconciliable entre la gerencia pública y el clientelismo disfrazado, los gerentes de las organizaciones públicas deben llegar a dirigirlas por mérito, después de haber surtido procesos de aprendizaje necesarios al interior de ellas, además deben liderarlas durante largos periodos de tiempo gracias a que su proceso de selección, ha sido lo suficientemente cuidadoso como para constituirse en garantía de buenos resultados. No tiene sentido seguir con la dinámica de poner nuestras entidades en manos de alfiles inexpertos que se quitan y ponen cada vez que es necesario concretar un resultado político. Lo cuarto es garantizar una operación de las organizaciones públicas totalmente estandarizada y sistematizada, que reduzca a su mínima expresión la discrecionalidad actual, que exacerba el velo oscuro sobre el cual yace la corrupción. Lo quinto es concebir organizaciones públicas basadas en la agilidad y la transparencia, con procesos fundamentados en la tecnología, la simplicidad, la velocidad y la satisfacción completa de los ciudadanos.

Toda esta ruptura irreconciliable de paradigma, puede resumirse, en cambiar drásticamente la percepción de que lo público, por su condición, debe funcionar mal; en desvincular el diseño del Estado de la jurisprudencia, cuyos desaciertos bien representados en la complejidad y la inoperancia de La Justicia,  ha logrado extender a las demás ramas del poder público; y en darle la potestad del diseño de lo público a una nueva área del conocimiento denominada “Ingeniería Pública”, cuya obsesión será garantizar que las organizaciones públicas funcionen mejor que cualquiera de las empresas privadas que en la actualidad admiramos

Versión en audio

Nuestra sociedad no necesita a los políticos

                                           Fuente: http://www.birgrupyazar.com/kuru-siki-hayatlar/

Cuando nos referimos a las actividades de quienes rigen o esperan regir los asuntos públicos, nos vienen a la cabeza todo tipo de perspectivas centradas en lograr una mejor sociedad,  garantizando que cada uno de los individuos que la conforman, sea capaz de lograr sus expectativas y que por esta vía, tenga la posibilidad de alcanzar un estado de felicidad razonable. Esa, naturalmente, es la lógica del deber ser de la política, la cual en el caso de Colombia y de un sinnúmero de países en el mundo, dista mucho de lo que pasa en la realidad.

La culpa de una diferencia tan marcada entre el deber ser y lo que es, está enquistada en un conjunto de imaginarios que a lo largo de los años, han venido posicionándose en nuestras sociedades, hasta el punto, de que muchas personas creen que no es posible concebir un entorno de poder público diferente al actual, sienten que la lógica política contemporánea es producto de un estado natural social que no puede modificarse, al cual todos indefectiblemente tenemos que acostumbrarnos.

Lo cierto es que los políticos, un grupo minoritario de personas, se han encargado de hacernos pensar de esta manera, a través de siglos de decisiones amañadas nos han convencido de que son necesarios para mantener el equilibrio social y satisfacer nuestras necesidades.  Tan falsa es esta posición que históricamente, buena parte de su tiempo, lo han invertido en discursillos focalizados en tratar de defender lo indefendible y mantener un conveniente status quo.

Lo interesante del caso es que las nuevas generaciones “no comen cuento”, a partir de los millennials, el mundo está conformado por un conjunto de personas críticas capaces de identificar las fallas sistémicas de los modelos políticos, económicos y sociales que  nos han regido durante años. Por primera vez en siglos estas personas son capaces de acceder alrededor de todo el mundo, de manera irrestricta, a volúmenes ingentes de información, puntos de vista, teorías, paradigmas etc; y lo más interesante de todo, es que tienen la capacidad necesaria para unir los puntos y darse cuenta de que “el tigre no es como lo pintan” las personas que en la actualidad rigen nuestros destinos. 

Lo claro es que como sociedad estamos en un proceso de transición hacia un paradigma político diferente, al cual nos dirigimos caminando pero algunos creemos que es necesario empezar a correr. Es evidente que YA NO NECESITAMOS A LOS POLÍTICOS, que actualmente toman decisiones sobre nuestras vidas.

Quién puede necesitar individuos egoístas que piensan más en su propia conveniencia que en el bienestar del pueblo que los eligió directa o indirectamente. Se trata de personas que ven en lo público una carrera por la que se mueven en el marco de una especie de gueto, a costa de tomar decisiones que preservan los intereses de aquellos que tienen injerencia en su proyección profesional, aun cuando vayan en contra del bienestar de la sociedad. Operan como una especie de logia que preserva a toda costa los intereses de sus miembros, pero a la que le tienen sin cuidado las afugias de nuestra golpeada sociedad. Muy al estilo de la mafia siciliana de antaño, concentran su gestión en hacer favores que después alguien debe pagarles y en recompensar a aquellos que en algún momento de su vida les ayudaron a avanzar en el marco de su crecimiento político. 

No obstante puedan haber alcanzado niveles educativos altos, en general se trata de personas poco técnicas, escasamente estructuradas, cuyo único mérito radica en su capacidad para relacionarse con la logia indicada y entender los mecanismos para evitar ser expulsados.

Quién puede necesitar personas que no construyen su agenda política en torno a la solución estructural de problemas sociales, sino alrededor de propuestas que preservan los intereses de los grupos económicos más poderosos, los mismos que son capaces de pagar ingentes sumas de dinero para venderle a los votantes “el candidato indicado”, mediante la implementación de despiadadas y mentirosas campañas de marketing.

Quién puede necesitar dirigentes completamente ajenos a las realidades del pueblo sobre el cual toman decisiones, que viven en entornos ideales separados, amén de que ellos mismos se encargan de solucionar primero sus necesidades, priorizándolas por sobre las de sus votantes, es decir, se concentran exclusivamente en garantizar la erradicación de sus propios sufrimientos olvidándose del dolor del resto de la sociedad.

Por qué íbamos a querer ser dirigidos por habladores de oficio, cuyo principal mérito es dar discursos, aparecer en fotografías y figurar en redes sociales.  Personas capaces de anteponer un evento político a una reunión técnica cuyo propósito es diseñar la solución efectiva a un problema social; que privilegian una rueda de prensa sobre un ejercicio de gerencia serio, que garantice el correcto funcionamiento de las organizaciones que dirigen; que prefieren abrir eventos en los que participan las mismas con los mismos pertenecientes a su séquito político, antes que trabajar concienzudamente para sacar adelante proyectos que mejorarán el bienestar de los más desfavorecidos.

Quién podría pensar que para nuestra sociedad es útil contar con políticos que mandan al traste la efectividad de las organizaciones que dirigen, llenando sus cargos con individuos que poco o nada conocen de la técnica necesaria para garantizar el logro de sus objetivos misionales, con aspirantes cuyo único mérito es respaldar a toda costa al integrante del gueto que en su momento pudo llegar a un cargo de decisión. 

Quién querría en su entorno personas con un hambre ingente de riquezas, capaces de utilizar la posibilidad de regir nuestro destino, para venderle al mejor postor la decisión que más le  convenga, aún en desmedro del bienestar de la mayoría.

¿Habrá alguien que necesite personas tan dañinas para una sociedad como la nuestra? Si todos estamos de acuerdo en la respuesta, ¿por qué permitimos que sigan plagando la realidad política de nuestros países? De inmediato podemos tomar la decisión de condenar su existencia, tenemos la posibilidad de dejar de votar por ellos, podemos restringirles la entrada a nuestros entornos cotidianos, hacerles sentir a través de todas las estrategias posibles que no son bienvenidos y que a partir de la fecha son proscritos en una sociedad que tiene la voluntad de garantizarse para sí misma una lógica política completamente diferente.  

PRODUCTIVIDAD PÚBLICA: LA CLAVE PARA UNA VERDADERA PAZ ESTABLE Y DURADERA

Por: Armando Ardila
@ArmandoArdilaD

En estos días todo el país está concentrado en informarse acerca del contenido de los acuerdos de La Habana y decidir si refrendar o no el compromiso establecido entre las FARC y el Gobierno. Se trata sin duda de una decisión importante que requiere de toda nuestra atención y compromiso, sin embargo, no hay que perder de vista que si queremos la materialización de una paz estable y duradera, es necesario rediseñar toda la institucionalidad que durante años ha formado parte de un entorno de conflicto y emprender cuanto antes acciones decididas que garanticen resultados.

 Todo empieza por que nuestro país reconozca las dificultades que tiene el actual diseño institucional para garantizar el bienestar de toda la población colombiana y que asuma su responsabilidad en la implementación de un modelo de estas características generador y perpetuador de los determinantes del conflicto.

 En primera instancia, teniendo en cuenta que la manera en la que el Estado proporciona bienestar, es a través de la oferta de bienes, servicios y la definición de las reglas de juego en el marco de las cuales los privados desarrollan sus actividades y que dicha oferta se materializa a través de entidades públicas; es necesario pensar en una forma diferente de entender la manera en la que se diseñan las organizaciones al interior de lo público. En la actualidad, nuestras entidades se estructuran pensando más en la conveniencia política y jurídica, que en la pertinencia desde la perspectiva de la ingeniería. En línea con lo dicho, vale la pena preguntarnos si estamos creando las estructuras organizacionales apropiadas, entre 2002 y 2010 se modificaron 431 entidades y se suprimieron otras 49. Posteriormente, la reforma administrativa llevada a cabo por el gobierno actual modificó varias de las entidades previamente reestructuradas, incluyendo la separación de ministerios que ya habían sido fusionados.

 En general el enfoque de productividad pública se ha concentrado históricamente en generar esquemas de compensación e incentivos para que el talento humano incremente su producción, perdiendo de vista que la manera en la que está diseñada la organización es tal vez el principal determinante de la productividad individual. La misma persona puede tener resultados notables en una organización diseñada para “facilitar” su trabajo, mientras que reportará logros mediocres en una organización con procesos complejos y mal diseñados que parecen estar construidos para frenar su accionar.

 Desde este punto de vista, es necesario evolucionar hacia un paradigma institucional público que priorice la productividad por sobre todas las cosas, que se concentre en diseñar organizaciones cuyo marco estratégico, diseño de negocio, procesos, cultura, arquitectura tecnológica etc, esté focalizada en entregarle a los ciudadanos una cantidad mayor de bienes y servicios, haciendo uso de menos recursos, en el marco de un estándar de calidad creciente.

 Además, será imprescindible hacer cambios importantes en la estructura sistémica al interior de la cual se insertan estas nuevas y mejor diseñadas organizaciones. El país debe emprender cuanto antes el mejoramiento de institucionalidades transversales a todas sus entidades, como el empleo público y las compras públicas. Hay que reconocer que el actual modelo de gestión de talento humano público tiene serios problemas de diseño, rigideces e innecesarias complejidades, que impiden que las organizaciones puedan potenciar la productividad de sus empleados. En diciembre de 2015 la rama ejecutiva tenía 31.203 cargos pendientes por proveer a través de concursos, no obstante el costo promedio de provision de uno de estos cargos es de 8 millones de pesos, mientras que la duración estimada de todo el proceso es de aproximadamente un año. De otra parte, aunque Colombia Compra Eficiente ha logrado avances sustanciales en la manera en la que se provisionan los insumos al interior de las organizaciones, aún queda un largo camino por recorrer. Un aspecto crucial, para aumentar la tasa de producción de bienes y servicios públicos, así como su impacto, es garantizar una provisión de insumos óptima y oportuna en el marco de altos estándares de calidad. Desafortunadamente, la complejidad de los procesos actuales de compra impiden por completo la implementación de esquemas just in time.

 El mejoramiento en estos dos casos no pasa por hacer ajustes menores de lo que tenemos hoy día, sino que supone una ruptura radical en los modelos. En lo que tiene que ver con el empleo público, es necesario ajustar toda su lógica a las actuales tendencias globales de gestión de talento humano, en este sentido, esquemas flexibles, people analytics, felicidad laboral etc., son aspectos que deben ser involucrados en un modelo mejorado que le garantice a las organizaciones la provisión ágil y sobre todo pertinente de este invaluable recurso. En lo que tiene que ver con las compras públicas, la reducción drástica de los costos de transacción internos y externos para las organizaciones debería ser un aspecto prioritario, así como los ajustes en la anualidad del gasto, que permitan hacer compras ágiles más pertinentes para las necesidades de las organizaciones y por supuesto de los ciudadanos.

 A manera de conclusión, vale la pena reiterar que la paz se construye diseñando organizaciones públicas capaces de llegar a toda nuestra población, con bienes y servicios de alta calidad, desarrollados de manera productiva y que para lograrlo, es necesario que nuestro Estado haga ajustes sistémicos en toda su estructura, aplicando todo el set de herramientas que pueden ofrecernos los más recientes y sofisticados avances en la ingeniería de organizaciones.

¿Por qué las políticas públicas no funcionan en Colombia?

Colombia, como muchos países latinoamericanos, hace ingentes esfuerzos por solucionar sus problemas de bienestar más fundamentales. De acuerdo con datos publicados por el Banco Mundial, el nuestro, es uno de los países más desiguales, en el ranking mundial sigue de cerca a Haití y a Honduras.  De hecho, en línea con el DANE, la incidencia sobre los colombianos de la pobreza monetaria es del 24% y del 40% en las cabeceras municipales  y en los centros poblados respectivamente.

Lo que muestran estas cifras es que la gran mayoría de la población sufre las inclemencias de los ingresos bajos, en efecto de acuerdo con el análisis realizado por la consultora de consumo Raddar en 2015, el 15,9% de la población vive en estrato 1, el 28,9 en estrato 2, el 34,4% en estrato 3, el 11% en estrato 4  y apenas el 9,8% de todos los colombianos vive en estrato 5 y 6. Un resultado como este es de suma importancia si se tiene en cuenta que el estrato es una proxy de acceso a bienes y servicios públicos y que de acuerdo con los resultados del último censo realizado en el país, más del 70% de la población colombiana vive en zonas urbanas, por lo que en general está estratificada.

Los diferentes gobiernos formulan e implementan políticas públicas con el propósito de dar respuesta a todos y cada uno de los problemas asociados a esta realidad socioeconómica, sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que la mayoría de ellas no logra una mejora significativa en la situación de los colombianos menos favorecidos. En este sentido, valdría la pena preguntarse por algunas de las razones que fundamentan esta falta de efectividad en la intervención pública:

1. Los tomadores de decisión no conocen la realidad de los beneficiarios: en primera instancia hay que decir que quienes formulan las políticas públicas y deciden la manera en la que el país atenderá las necesidades de la mayoría de colombianos, provienen de los grupos poblacionales minoritarios, es decir del diminuto 9,8% que vive en los estratos 5 y 6. No obstante el indudable compromiso y capacidad técnica de estas personas, el problema es que la realidad  a la que se han enfrentado desde chicos, es diametralmente diferente a la del resto de la población. Su entorno socio espacial es diferente, la provisión de bienes y servicios públicos a que han tenido acceso durante toda su vida es muy distinta, al punto de que podemos decir que han vivido en una Colombia muy diferente a la de la población para la cual proponen soluciones. La mayoría de ellos aterrizan en cargos públicos de decisión luego de pasar por las mejores universidades del país y del exterior, saltándose una serie de etapas operativas que les permitirían conocer la verdadera magnitud de las problemáticas. Así las cosas, podemos decir que en Colombia hay una marcada falta de sintonía entre quienes hacen las políticas públicas y quienes serán beneficiarios de ellas.

2. Escaso aprendizaje institucional: el premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz y el profesor de la escuela de negocios de la universidad de Columbia Bruce C. Greenwald, se han encargado de explicarnos de una y otra manera la importancia del aprendizaje en la economía y por supuesto, al interior de las organizaciones. En su libro “La creación de una sociedad del aprendizaje”, dimensionan la importancia del Know How en la capacidad de las organizaciones para diferenciarse y lograr avances sustanciales en productividad y efectividad. Si trasladamos esta conclusión al entorno en el que se formulan las políticas públicas, podemos afirmar que el aprendizaje al interior de las entidades no es el necesario para garantizar la pertinencia de las intervenciones. En general, el modelo de elección popular de mandatarios unido al esquema de libre nombramiento y remoción al que se ajustan la mayoría de los cargos que toman decisiones al interior de lo público, hacen que usualmente la formulación de políticas públicas se haga en el marco de niveles demasiado bajos de la curva de aprendizaje, esto debido básicamente a que en promedio cada año y medio, las organizaciones cambian las personas que ocupan los cargos decisorios.

 3. Baja productividad de las organizaciones públicas: la experiencia en evaluación de políticas públicas en distintos países, muestra que su efectividad depende en buena medida del nivel de la productividad de las organizaciones públicas que participan en su implementación. En los casos en los que la ejecución de las intervenciones depende de una institucionalidad burocrática y pesada, la solución de los problemas difícilmente alcanza a los beneficiarios. Por el contrario, cuando se trata de organizaciones ágiles y altamente productivas, los beneficiarios tienen acceso completo a los bienes y servicios públicos que las políticas se comprometen a entregar. Desafortunadamente en Colombia, los niveles de productividad pública son considerablemente bajos, afectando negativamente la efectividad de cualquier intervención.

4. Sistema legal de alta complejidad: si en algo hemos sido exitosos los colombianos, es en diseñar un sistema de leyes con un nivel de sofisticación inusitado, hasta el punto, que dificulta dar solución pertinente y efectiva a los problemas sociales de todos los colombianos. No por nada Colombia es uno de los países con más abogados por cien mil habitantes del mundo, los sistemas de contratación, tributación, solución de controversias etc. están tan llenos de vericuetos, que muchas políticas públicas con objetivos maravillosos terminan dilapidando sus recursos en sortear toda suerte de laberintos legales.

Cuando los elementos descritos se conjugan en el marco de una combinación sombríamente ideal, se presentan casos como el de Rubiela Chivará, una madre tristemente célebre gracias a que nuestras políticas públicas no tuvieron la capacidad de garantizarle la vida y luego de su muerte, no le ofrecieron las condiciones para proporcionarle un trato medianamente digno.  Este caso y muchos otros parecidos, son campanazos de alerta que deben llamar nuestra atención e instigarnos a modificar un sistema que viene cometiendo los mismos errores desde hace décadas. 

Plan de desarrollo, buen gobierno, productividad pública y calidad del gasto.

Hace unos días, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), abrió un espacio en el que los directivos de un conjunto de firmas de consultoría del sector gobierno, tuvimos la oportunidad de transmitir nuestras impresiones, sobre la estructura y contenido del Plan Nacional de Desarrollo que está próximo a aprobarse.

Las características del evento, resultaron muy pertinentes y seguramente provechosas, para la ardua tarea que está adelantando el DNP por esto días. Se trató de un conversatorio con un número reducido de expertos en temas diversos, conocedores del gobierno y las políticas públicas; en el que el director del DNP, Simón Gaviria tuvo la oportunidad de presentar el plan y recibir interesantes impresiones en un valioso tono de franqueza y camaradería técnica.

Con estos antecedentes, considero oportuno precisar algunos elementos de las impresiones personales, amablemente acogidas por el DNP, relacionadas con el componente del Plan denominado “Buen Gobierno”. En particular, se suscriben a incluir en este nuevo derrotero estratégico nacional, un componente transversal que garantice la migración de la perspectiva de la gestión pública, hacia dos conceptos centrales de administración moderna: elevada productividad y alta calidad del gasto público.

El DNP ha manifestado, que por fin Gobierno Nacional va a formalizar al interior del nuevo Plan de Desarrollo, el paso de implementar el modelo de Gestión Presupuestaria por Resultados en Colombia. Decisión muy pertinente si consideramos que países de la región como Chile y Perú, han recorrido dicho camino con resultados notables, mucho antes que nosotros. Con este mecanismo, avanzaremos en poder hacer una asociación mucho más clara entre las metas que nos proponemos como nación y los recursos que invertimos en alcanzarlas.

Esta iniciativa, supone el primer escalón para iniciar un proceso sostenido de mejora en la efectividad pública colombiana, sin embargo, si queremos hacer la tarea completa y pretendemos  garantizar un gobierno efectivo, que responda de la manera esperada a las exigencias sociales del post conflicto; es pertinente que empecemos a medir la capacidad de nuestras instituciones para entregar bienes, servicios públicos y calculemos de forma técnica la eficiencia y la eficacia, con la que están siendo usados los recursos públicos colombianos.

Hace unos años, Chile emprendió un proceso similar al que proponemos y de acuerdo con la más reciente medición del World Economic Forum, hoy día supera a países como Japón y Canadá en el ranking de eficiencia en el gasto público.

La idea en concreto, es que nuestro gobierno empiece a medir el nivel de producción de bienes y servicios de sus instituciones y que se fije metas concretas asociadas a la mejora de los niveles de productividad. De la misma manera, esperamos que logre avanzar del puesto 101 en el ranking mundial mencionado y se acerque al puesto 21 en el que se encuentra actualmente Chile.

El objetivo es que desde la perspectiva del “Buen Gobierno” contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, se formule una estrategia consolidada de gestión del cambio en la administración, por intermedio de la cual, cada gerente público se obsesione con garantizar que su organización produzca más, haciendo uso de los mismos recursos y el Ministerio de Hacienda trabaje en garantizar que nuestro país utilice los dineros públicos, en el marco de estándares de eficiencia y eficacia, superiores a los de cualquier nación vecina.

La consolidación exitosa de una iniciativa como la anotada, traerá consigo aspectos que todos los ciudadanos colombianos añoramos: el dinero de nuestros impuestos se verá representado en obras de infraestructura oportunas, menor desigualdad social, mayor seguridad en las ciudades y en las áreas rurales, mayor cobertura y por supuesto calidad, en educación, salud, servicios públicos etc.

Todo esto, sin la necesidad urgente de concebir reformas tributarias cada año, gracias al hecho de que con los mismos recursos será posible lograr mayores resultados y responder de forma más efectiva a las sentidas necesidades sociales.

Si esta iniciativa se incluye en el plan y el gobierno trabaja de manera activa en garantizar su implementación, van a pasar varios años antes de ver sus resultados, por eso es mejor empezar cuanto antes de manera que “Todos Construyamos un Nuevo País” con instituciones públicas a la altura de sus retos. 

Menos impuestos y más productividad pública

El 29 de septiembre pasado, Juan Carlos Echeverry, ministro de hacienda predecesor de Mauricio Cárdenas; publicó en el diario El Tiempo una columna titulada “Mitos Sobre Gastos e Impuesto”. En su contenido define 4 creencias que él denomina como “infundadas”, relacionadas con todo lo que las personas tienden a pensar, cuando se hace alusión a temas como gasto del gobierno y reformas tributarias. A pesar de lo interesante de sus conclusiones, desde mi humilde perspectiva, la posición de Echeverry es una representación fehaciente, del imaginario que rige a los gerentes públicos colombianos, en particular a todos aquellos que tienen o han tenido un vínculo directo con el Ministerio de Hacienda: “aumentar la intervención pública significa, necesariamente, recaudar más recursos”.

Vale la pena revisar en detalle la validez teórica de una aproximación como ésta y sugerir un cambio estructural en el paradigma de nuestra gestión pública. No hay que olvidar que desde la perspectiva de la Gerencia Pública Moderna, es posible lograr mejores resultados manteniendo constantes los recursos invertidos en la intervención gubernamental. Este efecto se logra, fundamentalmente mediante el incremento sostenido de la Productividad Pública y el mejoramiento permanente de la Calidad del Gasto Público. Ambas condiciones tienen que ver directamente con el mejoramiento de la efectividad gubernamental.

La productividad está definida como la relación entre la cantidad de bienes y servicios generados por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.

De acuerdo con las cifras reportadas por Banco Mundial, para el periodo comprendido entre el 2009 y el 2013, Colombia se encuentra en los percentiles inferiores en cuanto a productividad nacional. Considerando el hecho de que la productividad pública usualmente se ubica por debajo de la productividad privada y que la productividad nacional considera ambas medidas; se puede inferir que la productividad pública Colombiana con respecto al resto de países del mundo, se ubica en los últimos puestos de la tabla.

De acuerdo con los actuales Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial, Colombia es un país de media tabla en efectividad  pública, esta situación nos pone por debajo de países como Chile en lo que tiene que ver con la capacidad de nuestro gobierno para enfrentar problemas sociales. Un resultado de estas características sugiere también un bajo nivel de productividad pública que incide sobre todas las dimensiones del desempeño económico. De acuerdo con cifras reportadas por el Foro Económico Mundial en 2013, Colombia aparece en el puesto 69 de 144 en el Índice Global de Competitividad. Este resultado se explica en buena medida por el bajo puntaje que obtienen nuestras instituciones, de hecho,  la corrupción y la ineficiente burocracia de gobierno, se cuentan entre los factores más problemáticos para quienes quieren  hacer negocios en nuestro país.  Estos resultados coinciden con los reportados por Transparencia Internacional, que en el 2013 le dio a Colombia un puntaje de media tabla en su Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándolo por debajo de países como Jamaica, Trinidad y Tobago; y equiparándolo con países como Surinam.

Varias experiencias interesantes alrededor del mundo nos han demostrado, que mediante la simplificación de la intervención pública, el rediseño de sus procesos e institucionalidad para reducir sus costos de transacción, tanto los internos como los que se transfieren al ciudadano; es posible entregar más bienes y servicios públicos, sin necesidad de invertir mayores recursos, logrando consecuentes mejoras en calidad, cobertura y reducciones en  los tiempos de entrega.   

En su libro Instruction to Deliver, Michael Barber, pone de presente el éxito alcanzado por gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, al lograr “disparar” todos los indicadores claves, a través de la mejora sostenida de la productividad pública. En una publicación posterior, Deliverology 101: A Field Guide for Educational Leaders; demuestra el potencial del mejoramiento sostenido de la efectividad pública al interior del sistema educativo.

Experiencias como estas han fundamentado la evolución paulatina de países de la región como Chile, que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, logró escalar desde el puesto 49, en apenas 5 años, hasta ubicarse entre los 10 mejores países del mundo  en calidad del gasto público. El secreto, la implementación de mejoras estructurales en la gestión de sus organizaciones, dirigidas a incrementar la productividad pública y la calidad de los bienes y servicios producidos.

En Colombia tenemos un camino largo por recorrer, por ejemplo, ¿cuánto nos ahorraríamos con simplificaciones evidentes en aspectos centrales como la contratación pública?. Durante cada periodo fiscal, las entidades deben adelantar procesos vertiginosos de contratación de bienes y servicios cuya provisión es necesaria para soportar su operación. Estas actividades requieren del compromiso de un aparato jurídico y técnico importante a lo largo de todo el año. En este sentido, ¿por qué deben hacerse contrataciones anuales cuando se sabe que la provisión es requerida durante periodos mayores? ¿Por qué no rediseñamos todo el aparato de contratación para facilitar los contratos plurianuales? 

Bajo estas condiciones el principal “mito sobre gastos e impuestos” está en creer que la única manera en la que se pueden atender a más personas en el marco de estándares de calidad mayores, es recaudando más impuestos. Lo cierto en todo caso, es que lo único que logramos con esos recursos adicionales, si no mejoramos la calidad del gasto, es desperdiciar una cantidad mayor de recursos en ineficiencia y corrupción. 

Rumores sobre un nuevo impuesto a las transacciones financieras

Fuente: Bolsamania

Durante los últimos días, se filtraron rumores relacionados con la creación de un nuevo impuesto a las transacciones financieras, al parecer ha venido tomando fuerza la idea de modificar el cuatro por mil y cobrar un impuesto a retiros por montos superiores a los 10 millones de pesos. Aunque el Ministro de Hacienda públicamente le restó importancia a la iniciativa, manifestando que se trataba de una propuesta lanzada en el marco de una discusión parlamentaria, el incidente nos puso a pensar a algunos, en lo desconsiderada y socialmente irresponsable, que resulta la política tributaria en este país.

Vale la pena recordar, que en Colombia más de una reforma tributaria e impuestos tan representativos como el cuatro por mil, el impuesto al patrimonio y el IVA, proceden también de rumores que pasaron de lo virtual a lo real en un abrir y cerrar de ojos.

Lo que hay que decir al respecto, es que nuestra clase media ya no soporta un impuesto más; entre retenciones, IVA, ICA, predial, impuesto a vehículos, impuesto a los combustibles, impuesto a las transacciones financieras, impuesto de renta etc…etc…nuestros gobiernos están asfixiando a un grupo social considerado por algunos, el motor del desarrollo sostenido, de las grandes economías.

Miren a su alrededor y háganse las siguientes preguntas con respecto al entorno en el que vivimos: ¿En qué transacción cotidiana no hay algún impuesto involucrado?¿Qué conocido suyo se da el lujo de vivir tranquilamente, sin preocuparse por tener lo suficiente para paga el crédito del apartamento, la cuota del carro o el semestre de las universidades de los hijos? ¿En qué hogar actual, el salario de uno solo de los padres es suficiente para sostener una familia de manera decorosa?, ¿Bajo qué circunstancias estos golpeados hogares, pueden asumir además un impuesto asociado al pago de obligaciones como las mencionadas?

Nuestros honorables congresistas y nuestros funcionarios públicos, no son conscientes de que con estas medidas, están acercando la clase media al umbral de las clases menos favorecidas, reduciendo de manera sistemática su calidad de vida.

No pretendo ser alarmista, pero si sumamos los impuestos que paga en un año un hogar promedio de este grupo poblacional, nos daremos cuenta de que cerca de la mitad de sus ingresos terminan siendo propiedad del Fisco.

A veces me pregunto qué sería del estado Colombiano, si la sociedad en pleno, le exigiera hacer su labor en el marco de reglas de mercado similares a las tenemos los privados. Una empresa, por ejemplo, tiene que garantizar la plena satisfacción de sus clientes, al mismo tiempo que ofrece precios competitivos. La única manera de lograr resultados como este, es mediante el mejoramiento sostenido de la forma en la que se hacen las cosas al interior de la organización y el incremento de la productividad del su recurso humano.

Confieso que es difícil imaginar al aparato público situado en un escenario como este, su condición de monopolio natural, lo exime de preocuparse demasiado por sus clientes, mientras que su capacidad para incrementar los precios de sus bienes y servicios por vía normativa, le evitan pensar mucho en la necesidad de mejorar continuamente.

Es hora de que nuestros gobernantes dejen de pensar en las reformas tributarias, como el único mecanismo para equiparar los ingresos y los gastos públicos, y empiecen a obsesionarse con lograr incrementos sostenidos en la productividad. Si todos en el estado, se concentran en hacer más con los mismos recursos, el aparato público podrá  responder de manera efectiva a las innumerables necesidades sociales de nuestro país, al mismo tiempo que reduce la carga impositiva sobre los grupos sociales llamados a generar desarrollo.

El Ministerio de Hacienda, el DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública, están en mora de formular una estrategia articulada, que les permita controlar la eficiencia y la eficacia en lo público, mediante indicadores claves de gestión como el costo comparativo promedio de los bienes y servicios públicos, la efectividad del gasto público, las variaciones anuales en la productividad pública etc.

Sin embargo, no basta con formular un buen cuadro de mando integral, también es necesario trabajar en estrategias activas, que garanticen la mejora en los resultados arrojados por los indicadores. En este particular, la Escuela Superior de la Administración Pública, puede hacer su aporte mediante la creación de programas de formación, concentrados en la investigación de operaciones pública o la ingeniería de las organizaciones y las políticas públicas.  

Es hora de que le exijamos a nuestros gobernantes mayor eficiencia y menos reformas tributarias, más calidad de vida y mayor celeridad en la entrega de bienes y servicios públicos, económicos y de mejor calidad.