Ideología y realidad: los costos de ignorar la economía positiva

Uno de los problemas más profundos del debate económico latinoamericano no es la coexistencia de distintas visiones de sociedad, sino la paulatina sustitución del análisis científico por posiciones ideológicas que pretenden convertir deseos políticos en explicaciones económicas. Cuando esto ocurre, la economía deja de ser un instrumento para comprender la realidad y pasa a ser una herramienta para justificar dogmas preexistentes. El problema no radica en la diversidad de preferencias políticas, sino en presentar esas preferencias como conocimiento técnico aun cuando contradicen la evidencia disponible.

La teoría del valor ilustra con claridad el origen de esta confusión. Durante gran parte de la historia del pensamiento económico se intentó explicar el valor de los bienes a partir de sus atributos objetivos. La escuela clásica y posteriormente Karl Marx desarrollaron una explicación centrada en el trabajo. En la formulación marxista, el valor de una mercancía depende de la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Sin embargo, la revolución marginalista rompió de forma radical con ese enfoque. Carl Menger demostró que el valor no está contenido objetivamente en las cosas, sino que surge de la valoración subjetiva que hace un individuo sobre la capacidad de un bien para satisfacer una necesidad, en un contexto de escasez.

Esta diferencia no es un simple matiz académico. Su consecuencia es determinante: el trabajo constituye un costo, pero no genera valor de forma automática. Alguien puede dedicar miles de horas a producir algo que nadie desea ni necesita. El esfuerzo habrá existido, el tiempo se habrá consumido y los costos habrán sido asumidos, pero eso no otorga valor económico al producto. Por el contrario, una innovación puede demandar muy poco trabajo físico y generar un valor enorme si resuelve un problema crítico para muchas personas. El valor no se decreta desde la oferta, sino que lo reconoce la demanda.

Este principio es plenamente observable en la economía contemporánea y fundamenta la gestión empresarial, la administración y el mercadeo. Una empresa no crea valor por el solo hecho de producir con eficiencia, sino cuando ofrece una solución que las personas consideran útil y por la cual están dispuestas a pagar. Por esta razón se estudian consumidores, se identifican necesidades y se prueban propuestas de forma constante. Ninguna empresa puede imponer mediante un comunicado que su producto es valioso. Es el mercado el que revela si la propuesta efectivamente satisface a los individuos.

Esta misma lógica conduce directamente al plano epistemológico de la economía. Para determinar si una política económica funciona, no basta con postular que debería funcionar. Es indispensable observar sus resultados empíricos. La economía positiva estudia esa realidad mediante la formulación de hipótesis, el análisis de comportamiento y la contrastación de resultados frente a la evidencia. Esto no implica que la disciplina ofrezca certezas absolutas ni fórmulas simples, pero establece un principio fundamental: las afirmaciones sobre el funcionamiento de la realidad deben ser contrastables con la realidad misma.

La economía normativa opera en un terreno distinto. Pregunta qué debería ocurrir y formula preferencias sobre la organización social. Sus postulados pueden partir de ideales legítimos, pero una preferencia no es evidencia y un deseo no constituye un mecanismo económico. Afirmar que una política es deseable no garantiza que sea capaz de producir los resultados previstos. El anhelo de alcanzar un objetivo no altera las relaciones causales que determinan si las herramientas elegidas son aptas para lograrlo.

En este punto radica el problema de la ideologización económica. Una sociedad puede debatir legítimamente qué metas considera deseables, pero no puede abolir las leyes económicas mediante voluntad política. No es posible eliminar la escasez por decreto, anular los incentivos, multiplicar recursos inexistentes o transformar en exitoso un mecanismo que la evidencia ha refutado de forma sistemática. La política económica se subordina a la realidad económica del mismo modo que la medicina se subordina a la biología. Una persona es libre de creer que una enfermedad se cura con un método determinado, pero esa creencia no convierte su postura en un tratamiento científicamente válido.

Nadie aceptaría como científico un tratamiento oncológico basado únicamente en la fe, por respetable que sea la creencia del paciente. Del mismo modo, la libertad de defender una causa política no convierte una idea infundada en una política económica racional. La legitimidad de una meta política no demuestra la eficacia del instrumento diseñado para alcanzarla. Cuando la evidencia contradice el mecanismo y aun así se insiste en él, el análisis cede su lugar al dogma.

Esta distinción es vital en América Latina, donde el debate económico ha estado dominado por sesgos ideológicos en los que la conclusión política determina la interpretación de los hechos. En lugar de investigar qué factores explican un resultado, qué efectos genera una medida y bajo qué condiciones opera, se parte de una doctrina y se seleccionan datos convenientes para respaldarla. El método científico se invierte: la evidencia ya no sirve para ajustar la hipótesis, sino que la hipótesis se utiliza para reinterpretar o descartar la evidencia.

Cuando el método se corrompe, incluso los resultados adversos se reinterpretan como razones para insistir en el error. Si una medida fracasa, suele argumentarse que no se aplicó con suficiente intensidad, que el contexto fue hostil o que existió un sabotaje por parte de actores opositores. De este modo, la hipótesis original queda blindada frente a cualquier refutación. Sin embargo, una teoría incapaz de ser falsada por los hechos deja de ser una explicación científica y se convierte en una creencia inamovible.

La universidad desempeña un rol crítico en esta dinámica. Una facultad de economía debe enseñar a analizar teorías y a someterlas a prueba, no a venerarlas. Pensadores como Marx, Menger, Keynes, Hayek o Friedman deben estudiarse por su impacto decisivo en el pensamiento económico, pero estudiarlos no exige adoptar sus conclusiones de forma acrítica. El aprendizaje riguroso comienza cuando el estudiante cuestiona los supuestos de una teoría, evalúa sus predicciones, examina la evidencia que la respalda o la contradice y determina sus límites de validez.

El cuerpo docente tiene una responsabilidad que supera la mera transmisión de contenidos. Debe enseñar un método de pensamiento riguroso. El profesor debe capacitar al alumno para diferenciar una afirmación de un hecho, una hipótesis de una conclusión, una correlación de una relación de causalidad y un deseo político de una explicación económica. La universidad cumple su función científica cuando forma estudiantes capaces de cuestionar con evidencia las posturas de sus propios maestros. Cuando ocurre lo contrario y el docente impone la conclusión que el alumno debe aceptar, la academia deja de formar científicos y pasa a reclutar partidarios.

El costo social de esta distorsión es enorme. Una generación educada para defender postulados por afinidad ideológica y no por su capacidad explicativa termina confundiendo militancia con conocimiento. Las discusiones económicas se degradan en disputas morales donde los datos se aceptan o rechazan según la filiación de quien los presenta. El debate público abandona la búsqueda de lo que funciona y se concentra en la imposición de relatos.

La realidad económica es inmune a las preferencias individuales. Un sistema económico responde a incentivos, restricciones, precios relativos, expectativas, instituciones y niveles de productividad. Es posible modificar estas variables mediante políticas públicas, pero resulta imposible anular sus efectos mediante el discurso. Una norma puede alterar los incentivos para invertir, contratar o consumir, pero no evitará que los agentes reaccionen ante esas modificaciones. Se pueden fijar precios o decretar transferencias, pero ninguna ley elimina la escasez de fondo. Se pueden sustituir mercados por decisiones administrativas, pero la necesidad de asignar recursos escasos entre alternativas competidoras persistirá.

La experiencia internacional ofrece evidencia contundente sobre la relación entre libertad económica y desarrollo. Las naciones que han alcanzado niveles elevados y sostenidos de bienestar lo han hecho mediante instituciones que protegen la propiedad privada, estimulan la competencia, atraen inversiones, facilitan el comercio y garantizan la estabilidad macroeconómica. Esto no implica que la libertad económica sea una receta mágica ni la única variable explicativa del progreso, sino que existe un corpus de evidencia demasiado sólido como para ignorarlo o calificarlo de obstáculo sin un sustento empírico riguroso.

El objetivo de esta evidencia no es erigir un nuevo dogma, sino obrar con rigor. Si una política fomenta la inversión y la productividad, es preciso estudiar sus causas. Si otra genera desincentivos y destruye capacidad productiva, corresponde analizar los motivos de su fracaso. Y si una medida prometedora falla en la práctica, se debe ajustar la teoría. Ese es el proceder de una disciplina madura.

La ideologización destruye este proceso. Cuando la doctrina política determina de antemano el resultado esperado, cualquier evidencia contraria se califica de anomalía y se oculta. El problema no es solo cometer un error en el diseño de una política, sino anular de forma deliberada el mecanismo de aprendizaje que permite corregirlo.

La relación entre economía positiva y normativa no se resuelve separando de forma tajante los hechos de los fines. En la práctica, las decisiones públicas son de naturaleza socioeconómica. La sociedad define objetivos e interviene sobre un sistema que opera con reglas propias. La clave reside en comprender que la decisión política no convierte un deseo en evidencia ni una preferencia en causalidad. La política puede fijar metas, pero debe asumir los costos y consecuencias reales de los instrumentos que emplea.

La política económica no debe diseñarse desde el deseo hacia la realidad, sino desde la realidad hacia la decisión. El paso inicial consiste en diagnosticar los hechos, evaluar los mecanismos involucrados, analizar los antecedentes empíricos de medidas similares y sopesar los costos y beneficios. Solo después se debe debatir políticamente qué metas perseguir y qué costos asumir. Resulta irracional partir de la conclusión y exigir posteriormente que los datos se adapten a ella.

La teoría subjetiva del valor ofrece una lección que trasciende el ámbito del mercado. El valor no existe por el solo hecho de que alguien afirme haber creado algo, sino porque la contraparte lo reconoce en la interacción. De forma análoga, una política pública no es eficaz por la convicción ideológica de sus promotores, sino porque demuestra su efectividad en los hechos. El valor no se decreta y el éxito de una medida tampoco.

Aquí radica el verdadero costo de la ideologización económica. No se limita a sesgar el debate académico, sino que expone a millones de personas a experimentos fallidos cuyos promotores se niegan a corregir por sesgo doctrinal. Cuando los costos sociales se hacen evidentes, suele elegirse la reinterpretación dogmática de los hechos antes que la rectificación de las medidas.

La ciencia económica no existe para validar nuestros deseos, sino para comprender las consecuencias reales de nuestras acciones. Una sociedad tiene pleno derecho a fijar sus metas y debatirlas libremente, pero carece de la facultad de exigir que la realidad se someta a sus intenciones. La libertad política permite elegir los fines, pero jamás abolirá las restricciones económicas que determinan los resultados. La madurez de un país depende de su capacidad para aceptar esta verdad y actuar en consecuencia.

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