Inflación en Colombia: un problema hecho en casa

En septiembre de 2026, la inflación anual llegó a 6,29 %, la cifra más alta registrada desde julio de 2024 y el doble de la meta establecida por el Banco de la República. Ante este panorama, los analistas prevén que el año cierre cerca del 6,8 %, mientras que la junta directiva del emisor, que ya había incrementado su tasa de interés de referencia del 9,25 % al 12 % en el transcurso del año, volvió a elevarla al 12,25 % a finales de septiembre. Frente a este fenómeno, de manera recurrente se suele argumentar que se trata de una presión de carácter estrictamente global; sin embargo, un análisis detallado de los datos revela que buena parte de esta espiral inflacionaria se ha fabricado al interior del país.

Para comprender la raíz de esta dinámica es necesario examinar las dimensiones del sector público y la naturaleza de su gasto. De acuerdo con las cuentas nacionales recopiladas por la OCDE, el gasto del gobierno general, que agrupa a la nación, los departamentos, los municipios y el sistema de seguridad social, pasó de representar el 46,1 % del PIB en 2019 al 49,1 % en 2023 y al 49,7 % en 2024, superando de manera significativa el promedio del 42,6 % observado entre los países miembros en 2023. Este desembolso exhibe una alta rigidez estructural, ya que cerca del 90 % del gasto primario del gobierno nacional se encuentra comprometido de antemano en rubros de funcionamiento, transferencias corrientes y obligaciones pensionales.

Dentro de este conglomerado, el gobierno nacional central, que funge como la instancia responsable del endeudamiento, elevó su participación en la economía desde un 18,7 % del PIB en 2019 hasta un 22,7 % en 2025, un periodo en el cual los ingresos fiscales recaudados apenas alcanzaron el 16,3 %. Como consecuencia directa de este desbalance, el déficit fiscal escaló al 4,3 % del PIB en 2023, al 6,7 % en 2024 y al 6,4 % en 2025. Las perspectivas para 2026 reflejan un deterioro continuo: las proyecciones iniciales de marzo situaban el déficit en el 5,1 %, cifra que el propio gobierno corrigió al 7,2 % en agosto, al tiempo que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que este indicador cerrará en 7,8 % para el presente año y trepará hasta el 9,5 % en 2027. En paralelo, la deuda neta se ubica en torno al 60 % del PIB, situándose por encima del ancla fiscal fijada en el 55 %.

Uno de los aspectos más notables de este proceso ha sido la velocidad de expansión del gasto. En 2024, condicionado por restricciones transitorias de caja y retrasos en los pagos, el consumo del gobierno general experimentó una contracción en términos reales. No obstante, esta tendencia se reversó de manera abrupta en 2025, año en el que dicho consumo creció un 7,1 %, duplicando prácticamente el ritmo de expansión del consumo de los hogares, que se situó en el 3,6 %. Dicha aceleración se intensificó notablemente hacia el tercer trimestre de ese año, periodo en el cual el consumo público registró un incremento anual del 14,2 % y aportó 2 de los 3,6 puntos porcentuales del crecimiento total del PIB.

Esta directriz expansiva se prolongó durante el segundo trimestre de 2026, lapso en el cual el consumo del gobierno volvió a crecer a una tasa del 12,2 %, aportando cerca de 2 de los 3,5 puntos de expansión económica registrados, lo que equivale aproximadamente al 58 % del total; sin este estímulo artificial, la economía habría crecido a un ritmo cercano al 1,5 %. Informes oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística atribuyen este comportamiento a factores coyunturales asociados al ciclo electoral, a la ampliación de los planteles de personal en diversas entidades públicas, así como al reconocimiento de pagos retroactivos y honorarios.

La transmisión de este desequilibrio fiscal hacia el nivel general de precios responde a mecanismos monetarios directos. Cuando el sector público gasta sistemáticamente por encima de sus ingresos tributarios, se ve obligado a financiar sus requerimientos de caja mediante la adquisición de nueva deuda. Los recursos así inyectados permean la economía a través del pago de salarios, la ejecución de contratos, el desembolso de subsidios y la ampliación de depósitos bancarios, los cuales habilitan una mayor capacidad de intermediación crediticia para el sistema financiero. Como resultado, la circulación de liquidez supera con creces la capacidad de la estructura productiva para respaldarla en términos de bienes y servicios.

Las estadísticas del Banco de la República evidencian esta brecha: el agregado monetario amplio creció a una tasa anual del 7,0 % a cierre de 2024, acelerándose al 10,2 % al finalizar 2025 y alcanzando el 11,2 % al cierre de mayo de 2026, mientras que la base monetaria, bajo control directo de la autoridad emisora, se expandió a un ritmo cercano al 15 %. En contraparte, la producción física de la economía apenas avanza a una tasa aproximada del 2 %. Esta asimetría se reflejó claramente en 2025, cuando el consumo total aumentó un 4,2 % frente a un crecimiento del PIB del 2,6 %, generando un exceso de gasto sobre la producción real que inexorablemente termina materializándose en presiones sobre los precios.

En paralelo, este esquema de endeudamiento y gasto público genera un efecto de desplazamiento sobre el sector privado. Al demandar volúmenes masivos de recursos para financiarse, el Estado compite de manera directa con las empresas por el ahorro interno, lo que encarece de forma generalizada el costo del crédito. Esta restricción financiera ha repercutido de manera negativa sobre la formación bruta de capital fijo: medida a precios constantes, la inversión pasó de representar el 20,4 % del PIB en 2022 al 16,9 % en 2025, profundizando su caída al descender un 3,4 % adicional durante el primer trimestre de 2026. Una economía que contrae su inversión pierde capacidad para expandir su oferta agregada, perpetuando las tensiones inflacionarias. El costo de este rezago productivo ya se manifiesta en el mercado laboral, donde la tasa de desempleo nacional repuntó al 9,4 % en agosto, marcando su primer incremento significativo en dos años.

Ante estas evidencias internas, surge de manera recurrente la tesis de que la inflación responde predominantemente a choques externos. Ciertamente, las presiones internacionales han existido; en 2026, por ejemplo, los costos energéticos experimentaron alzas generalizadas a nivel global, con una inflación en este rubro que alcanzó el 13,6 % en agosto dentro de los países miembros de la OCDE, a lo que se sumaron episodios de variabilidad climática que afectaron la producción de ciertos alimentos básicos en Colombia. No obstante, si un choque externo de esta naturaleza operara como el factor determinante, su incidencia debería reflejarse de manera homogénea en las economías expuestas a idénticos mercados internacionales.

Los datos comparativos desmienten dicha suposición. En agosto de 2026, la inflación interanual se ubicó en el 3,3 % en México, el 4,1 % en Chile, el 4,2 % en Brasil, el 4,3 % como promedio en el bloque de la OCDE y el 4,4 % en Perú, cifras que contrastan de manera radical con el 6,2 % registrado en Colombia. Dado que las materias primas transadas globalmente y los precios internacionales de la energía operan bajo condiciones similares para todos estos países, la divergencia observada subraya que la magnitud y persistencia del fenómeno inflacionario responden fundamentalmente a las decisiones de política económica adoptadas en el ámbito doméstico.

A los desequilibrios derivados de la demanda agregada se suman rigideces estructurales por el lado de los costos de producción. Un referente claro de esta dinámica fue la fijación del salario mínimo para 2026: a pesar de que los indicadores técnicos de inflación proyectada y productividad sugerían un ajuste moderado en torno al 6 %, el incremento decretado se aproximó al 23 %, un choque de costos que, según diversos análisis económicos, alteró de manera significativa las expectativas inflacionarias de los agentes económicos.

Frente a estas presiones combinadas, la respuesta del Banco de la República ha consistido en aplicar una política monetaria restrictiva mediante alzas sucesivas en su tasa de interés, buscando moderar el gasto y desacelerar la circulación de liquidez. Sin embargo, en un entorno donde el componente inflacionario es elevado, las tasas del mercado tienden inevitablemente al alza como un mecanismo de compensación exigido por los prestamistas para salvaguardar el poder adquisitivo; la intervención del emisor opera, por tanto, como un factor de anticipación.

Esta estrategia monetaria restrictiva conlleva inevitables costos de corto plazo, toda vez que encarece el financiamiento y afecta en primera instancia la capacidad operativa de las empresas encargadas de expandir la oferta productiva. En la práctica, este esquema opera bajo una contradicción macroeconómica: mientras la política fiscal expansiva del gobierno continúa estimulando la demanda y expandiendo la masa monetaria, la política monetaria intenta frenar la economía mediante incrementos en el costo del crédito. Esta descoordinación explica por qué el proceso de desinflación en Colombia ha demostrado ser considerablemente más lento y gravoso que el observado en el resto de la región.

Más allá de la dimensión técnica, este problema económico encuentra un paralelo en el ámbito narrativo y político. En diversas latitudes, cuando los desequilibrios inflacionarios son el resultado directo de la expansión del gasto público y de decisiones administrativas internas, la argumentación oficial suele trasladar la responsabilidad hacia factores exógenos, la especulación de los mercados o las cadenas de intermediación, construyendo un relato políticamente más cómodo que asumir la corresponsabilidad fiscal. La expansión del gasto gubernamental produce efectos expansivos inmediatos cuyos costos inflacionarios se materializan de manera rezagada y difusa, lo que dificulta la construcción de consensos técnicos indispensables para implementar correcciones efectivas.

La conclusión que se desprende de los datos económicos es clara: la inflación no podrá ser reconducida de manera sostenible exclusivamente mediante el uso de la política monetaria y el incremento de las tasas de interés. La administración económica enfrenta el reto mayúsculo de gestionar un déficit fiscal elevado y una dinámica inflacionaria resistente. Las estimaciones de los organismos de control fiscal sugieren que el esfuerzo de consolidación requerido para estabilizar las finanzas públicas equivale a un ajuste cercano a cuatro puntos del PIB repartido en los próximos años, una magnitud de contracción sin precedentes recientes en la historia económica del país.

Lograr este objetivo exige un replanteamiento estricto del gasto público, una contención efectiva del endeudamiento y la revisión de aquellas medidas regulatorias que encarecen la estructura de costos de la producción nacional, permitiendo que la economía recupere el equilibrio entre la demanda y su capacidad real de oferta. Mientras este ajuste estructural no se concrete, el Banco de la República continuará cargando con el peso principal de la estabilización macroeconómica, manteniendo el costo del crédito en niveles elevados, deprimiendo la inversión privada y prolongando el tiempo necesario para converger hacia la meta de inflación.

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