El artículo 315 de nuestra constitución política asigna a los alcaldes la responsabilidad de “dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo”, por lo tanto, bien valdría la pena indagar un poco más para establecer en qué consisten tales funciones y servicios. Al respecto, la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012 definen, entre otras, dos funciones esenciales que le corresponden al municipio y que por ende son de completo resorte de los alcaldes: i. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, ii. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.
Así las cosas, es claro que los alcaldes tienen la ineludible responsabilidad de cuidar que todo salga bien para nosotros, en dos dimensiones esenciales de nuestra cotidianidad: la salud y el desarrollo económico.
Dicho lo anterior, vale la pena aclarar que las decisiones que han venido tomando los alcaldes para enfrentar la pandemia, se han concentrado en restringir la libertad de las personas, fundamentalmente, prohibir el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, en dimensiones como movilidad, actividad socioeconómica etc; todo esto, con el objetivo de reducir la velocidad de contagio del COVID-19. La idea es procurar que la capacidad instalada con la que cuenta el país hoy día, en materia de servicios de salud, sea suficiente para atender la demanda generada por la pandemia.
Ahora bien, la pregunta que habría que hacerse es si en el marco de tales decisiones los alcaldes están logrando los resultados para los cuales como sociedad los contratamos. Es claro, que las medidas de restricción de la libertad que vienen aplicando con tanta vehemencia destruyen la economía, por lo tanto, por esta vía no se está promoviendo el mejoramiento económico, al contrario, lo que se persigue es el indefectible deterioro económico de todos los hogares y habitantes de nuestros municipios.
Por otro lado, en ningún caso parecen estar trabajando en mejorar los servicios de salud, por lo que sabemos en la gran mayoría de municipios, se tiene basicamente la misma precariedad de siempre. La pandemia sigue y seguirá avanzando sin importar qué tanto nos encerremos, claramente, el COVID-19 es algo de lo cual no nos podemos esconder, por lo tanto, conforme vaya creciendo el contagio, irá aumentando indefectiblemente la demanda por servicios de salud, haciendo cada vez más evidente su insuficiencia y baja calidad. En consecuencia, no se estará dando solución tampoco a nuestras necesidades insatisfechas en materia de salud, por el contrario, cada vez serán más los hogares y habitantes de los municipios con dificultades para acceder a tales servicios esenciales.
Todo lo enunciado nos lleva a concluir, que gracias a las decisiones que los alcaldes han venido tomando, cada vez se irán comprometiendo en mayor medida dos derechos fundamentales de las personas: la libertad y la vida. En el marco de una oferta de servicios de salud débil como la actual, necesariamente la mortalidad asociada a la pandemia aumentará conforme el contagio se incremente, pero, además, cuando esto pase, mayores serán los incentivos para encerrar en sus casas a todas las personas.
La dinámica que se está materializando en el país alrededor del COVID-19 nos recuerda aquel viejo chiste en el que alguien, para solucionar el problema de infidelidad de su cónyuge, tomaba la decisión de vender el sofá en el que los infieles de acostaban, asumiendo que con esta medida la infidelidad desaparecería, sin darse cuenta de que aplazaba la verdadera solución relacionada seguramente con cambiar de pareja. Lo claro en nuestro caso, es que, de no modificar esta lógica de decisión local, al final de cuentas, las personas en los municipios terminarán pobres, enfermas, muertas y cautivas.
No obstante, hemos perdido 5 meses valiosos de preparación, aún no es del todo tarde para modificar drásticamente la estrategia que venimos implementando. Los recursos financieros que tenemos son más que suficientes para materializar un resultado distinto al proyectado, que garantice la libertad de las personas, que preserve sus vidas y permita una total reactivación económica asegurando el acceso a servicios de salud de tal calidad, que todos podamos estar protegidos y tranquilos.
En la actualidad tenemos una ventaja y es que podemos aprender de los errores del pasado. Hoy día sabemos, por ejemplo, que para mejorar los servicios de salud no basta con adelantar procesos contractuales para comprar ventiladores, tenemos conciencia de que lo que en realidad se requiere son unidades de salud adicionales totalmente funcionales, operando correctamente. Además, tenemos claro que la atención durante las etapas previas a la hospitalización es crucial y que debe operar como si fuera proporcionada por la más eficiente y eficaz empresa privada. Pero más importante aun, sabemos que los alcaldes son personas que contratamos como sociedad para que desarrollen un trabajo muy particular y que tenemos la potestad de exigirles que lo lleven a cabo sin ninguna dilación ni excusa.
