Hace aproximadamente 25 años, en Colombia, implementamos una medida denominada Pico y Placa, en la capital del país. A la fecha, se ha extendido a multitud de centros poblados y se ha convertido en el mecanismo principal de los gobernantes en lo que tiene que ver con la gestión de la movilidad.
Lo primero que hay que decir, es que se trata de una medida tan antigua como elemental, intenta restringir el uso de un recurso común, para que no se materialice algo denominado “la tragedia de los comunes” y el recurso común pueda seguirse utilizando con algún grado de eficiencia. Lo cierto es que este mecanismo es completamente necesario y eficaz en recursos con capacidad limitada, que no se pueden diseñar o modificar, como la mayoría de recursos naturales. La restricción más conocida por todos, en este caso, es la veda de pesca, cuyo objetivo, es garantizar la regeneración de ciertas especies de manera que la pesca excesiva no termine extinguiéndolas, para estos efectos se prohíbe a algunos pesqueros pescar ciertas especies durante determinados periodos.
En esencia, lo que hacen los gobernantes en el caso del pico y placa, es restringir a través de una norma y todo un set de sanciones, la posibilidad de usar un recurso común como las vías. Para reducir la congestión, la idea es que en un momento, salgan a las calles los vehículos que tienen un determinado número de identificación, para que en otros momentos distintos, salgan los demás.
No obstante su popularidad entre políticos y los denominados expertos del sector, este tipo de mecanismo tiene en su esencia una serie de contradicciones técnicas que vale la pena revisar en detalle.
La primera y más importante contradicción, es que no tiene sentido aplicar una medida como ésta sobre un sistema que se puede diseñar, en el que es posible ampliar o reducir su capacidad y en el que el diseño es el que define si se materializa o no la tragedia de los comunes. Lo cierto es que, el mismo gobierno que impone la restricción, define a través del ordenamiento territorial, cómo quedará configurado el sistema de movilidad y a qué tanta demanda se enfrentará. Por ejemplo, cuando un equipo de gobierno, decide que una parte de la ciudad alejada, desarrollará proyectos de vivienda, está creando un número de viajes que deberán materializarse diariamente hasta los centros en los que se desarrolla la actividad económica. Por lo tanto, en realidad, cualquier uso excesivo vial, ha sido motivado enteramente por aquel que pretende implementar la medida. Ahora, este mismo actor, además, toma decisiones sobre la capacidad de la infraestructura y servicios de toda índole, que deben atender dicho aumento de la demanda por transporte, por lo tanto, cuando se presenta la tragedia de los comunes, se debe fundamentalmente a que fue el diseño el que generó estrés sobre el sistema de movilidad y se decidió no dar solución a este problema. Lo que hacen en realidad los gobiernos al respecto, es algo parecido a lo que haría un arquitecto poco confiable que al diseñar una casa, propone un diseño del techo que genera múltiples goteras y en vez de solucionarlo, lo que hace, es entregarle a sus clientes un conjunto de recipientes para que recojan el agua cuando llueve.
La segunda y más preocupante contradicción, es que una medida como esta exacerba la tragedia de los comunes en el largo plazo. Teniendo en cuenta que el mal diseño del sistema de movilidad hace que la demanda de viajes sea superior a la capacidad del sistema para atenderlos, restringir el uso de las vías para una determinada forma de movilizarse, lo único que hace es que las personas busquen soluciones alternas. En este sentido, si la infraestructura y los servicios de toda índole como transporte público, por ejemplo, no satisfacen la demanda, los hogares comprarán varios vehículos de todo tipo para solucionar sus problemas de movilidad. Más vehículos suponen una demanda superior de las vías, por lo que se produce más congestión en el largo plazo. Volviendo al caso del arquitecto, es como si la humedad relacionada con las goteras en el techo, lo deteriora hasta el punto de que aparecen cada vez más goteras y por tanto, se requieren nuevos recipientes para recoger esta agua adicional que cae a borbotones.
La tercera contradicción, resulta absolutamente cuestionable y tiene que ver con el rol de los gobiernos en relación con el ciudadano. A lo largo del tiempo, el mundo ha evolucionado, gracias a siglos de cambios, pasamos de monarquías con súbditos, a democracias con ciudadanos, hemos entendido que el Estado es una convención que construimos entre todos para que solucione problemas que de manera individual no podemos atender. En particular, se trata de una organización que conformamos para satisfacer un conjunto de necesidades esenciales, por lo tanto el Estado, existe enteramente para servir y satisfacer al ciudadano. Restringir sus demandas utilizando la autoridad como si se tratara de un súbdito, echa por tierra todo este planteamiento, peor aún, restringirlo, cuando, el problema es generado por la incapacidad del Estado para crear servicios que satisfagan sus necesidades de movilidad, es francamente anacrónico y condenable.
La cuarta contradicción, muy negativa para el país, es que la implementación del pico y placa, ha postergado el desarrollo de los sistemas de movilidad y la corrección estructural de los errores de diseño de los sistemas de ciudad. En la actualidad, en cada centro poblado del país en los que se ha puesto en marcha este mecanismo, tenemos sistemas de movilidad absolutamente subdimensionados, centrados en modos de transporte poco eficientes, así como un ordenamiento territorial precario y francamente caótico. Resultado muy negativo si tenemos en cuenta que, 25 años es un periodo más que suficiente para lograr cambios estructurales en estas dimensiones, que satisfagan cabalmente las demandas de los ciudadanos. Al final de cuentas, es como si fuéramos los dueños de la casa con goteras y dado que tenemos las vasijas que recogen el agua, aplazamos durante décadas arreglar semejante problema en el techo, tan perjudicial y evidente.
La quinta contradicción, compleja e irracional, es que ha elevado los costos de transportarse de forma importante para todas las personas. Dado que las decisiones en materia de mejora del sistema de movilidad no se han materializado y que la demanda debido a errores de ordenamiento ha venido aumentando con el tiempo, lo que ha pasado es que la calidad de los viajes de las personas se ha deteriorado drásticamente, al punto que moverse al interior de diferentes poblados, se ha convertido en una preocupación evidente para todos los hogares, independientemente de sus condiciones socioeconómicas. Este particular, aunado al hecho de que los mismos gobernantes que implementan la medida, tampoco han tenido éxito en garantizar condiciones de seguridad ciudadana aceptables, han llevado a que las personas prefieran modos de transporte, como el vehículo particular, que los aíslen de un entorno completamente hostil. Sin embargo, en la política de movilidad este modo se ha declarado el enemigo, aumentando paulatinamente los costos de su uso, sin ofrecer alternativas de remplazo con una calidad aceptable, por lo que al final de cuentas las personas siguen usándolo en el marco de una empeorada experiencia y un muy alto costo del viaje. Continuando con el símil, es como si el arquitecto fuera el único proveedor para los recipientes en los que recogemos el agua de las goteras generadas por su pésimo diseño y aquel decidiera, castigarnos cobrándonos un precio cada vez más alto, por estos elementos que nos obligó a utilizar.
La sexta contradicción, por demás, poco inclusiva, consiste en que la medida es en general indiscriminada, desde el punto de vista que mide con el mismo rasero a todos aquellos que resultan afectados con su implementación, no se pregunta por las razones que motivan las preferencias de grupos específicos en términos de movilidad. Por ejemplo, ignora el punto de vista de personas cuyas matrices origen destino, no son compatibles con modos de transporte de reemplazo, personas de la tercera edad, que no son discapacitadas, pero necesitan soporte y tratamiento especial en materia de movilidad, personas que deben hacer múltiples desplazamientos diarios y utilizan sus vehículos como soporte de su actividad comercial etc. Desde la perspectiva del arquitecto, es como si se desconocieran los dramas generados sobre los hogares con el diseño mediocre y se desoyeran enteramente, las necesidades particulares de todos aquellos que tienen problemas específicos, profundizados por la existencia de las indeseables goteras.
En todo caso y no obstante todos estos cuestionamientos técnicos, a lo largo de los años de imposición de la medida, nos han vendido un discurso en el que la causa de los problemas de movilidad de las diferentes ciudades, es esencialmente el comportamiento ciudadano, mientras la gran solución es la aplicación de tal aberración técnica y el gran salvador es el Estado que ejerce con mano dura su autoridad, al punto de que la sociedad mayoritariamente defiende semejante actuación. Tal discurso está respaldado con argumentos tan débiles, como que en otros países se implementan medidas similares, como si el hecho de que otros Estados sean igual de ineficaces en materia de ordenamiento y movilidad, aportara alguna clase de validación.
Lo cierto es que una medida de estas características, no solamente debería levantarse, sino que tendría que prohibirse y declararse inconstitucional, garantizando una sanción ejemplar para cada gobernante que piense en traerla de vuelta, esencialmente, porque se trata de un mecanismo para ocultar el flagrante incumplimiento, de las responsabilidades más fundamentales asignadas por la constitución, a los equipos de gobierno de las diferentes poblaciones.