Pandemia por COVID-19: ¿están los mandatarios locales haciendo el trabajo para el que los contratamos?

El artículo 315 de nuestra constitución política asigna a los alcaldes la responsabilidad de “dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo”, por lo tanto, bien valdría la pena indagar un poco más para establecer en qué consisten tales funciones y servicios. Al respecto, la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012 definen, entre otras, dos funciones esenciales que le corresponden al municipio y que por ende son de completo resorte de los alcaldes: i. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, ii. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.

Así las cosas, es claro que los alcaldes tienen la ineludible responsabilidad de cuidar que todo salga bien para nosotros, en dos dimensiones esenciales de nuestra cotidianidad: la salud y el desarrollo económico. 

Dicho lo anterior, vale la pena aclarar que las decisiones que han venido tomando los alcaldes para enfrentar la pandemia, se han concentrado en restringir la libertad de las personas, fundamentalmente,  prohibir el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, en dimensiones como movilidad, actividad socioeconómica etc; todo esto, con el objetivo de reducir la velocidad de contagio del COVID-19. La idea es procurar que la capacidad instalada con la que cuenta el país hoy día, en materia de servicios de salud, sea suficiente para atender la demanda generada por la pandemia. 

Ahora bien, la pregunta que habría que hacerse es si en el marco de tales decisiones los alcaldes están logrando los resultados para los cuales como sociedad los contratamos. Es claro, que las medidas de restricción de la libertad que vienen aplicando con tanta vehemencia destruyen la economía, por lo tanto, por esta vía no se está promoviendo el mejoramiento económico, al contrario, lo que se persigue es el indefectible deterioro económico de todos los hogares y habitantes de nuestros municipios. 

Por otro lado, en ningún caso parecen estar trabajando en mejorar los servicios de salud, por lo que sabemos en la gran mayoría de municipios, se tiene basicamente la misma precariedad de siempre. La pandemia sigue y seguirá avanzando sin importar qué tanto nos encerremos, claramente, el COVID-19 es algo de lo cual no nos podemos esconder, por lo tanto, conforme vaya creciendo el contagio, irá aumentando indefectiblemente la demanda por servicios de salud, haciendo cada vez más evidente su insuficiencia y baja calidad. En consecuencia, no se estará dando solución tampoco a nuestras necesidades insatisfechas en materia de salud, por el contrario, cada vez serán más los hogares y habitantes de los municipios con dificultades para acceder a tales servicios esenciales. 

Todo lo enunciado nos lleva a concluir, que gracias a las decisiones que los alcaldes han venido tomando, cada vez se irán comprometiendo en mayor medida dos derechos fundamentales de las personas: la libertad y la vida. En el marco de una oferta de servicios de salud débil como la actual, necesariamente la mortalidad asociada a la pandemia aumentará conforme el contagio se incremente, pero, además, cuando esto pase, mayores serán los incentivos para encerrar en sus casas a todas las personas. 

La dinámica que se está materializando en el país alrededor del COVID-19 nos recuerda aquel viejo chiste en el que alguien, para solucionar el problema de infidelidad de su cónyuge, tomaba la decisión de vender el sofá en el que los infieles de acostaban, asumiendo que con esta medida la infidelidad desaparecería, sin darse cuenta de que aplazaba la verdadera solución relacionada seguramente con cambiar de pareja.  Lo claro en nuestro caso, es que, de no modificar esta lógica de decisión local, al final de cuentas, las personas en los municipios terminarán pobres, enfermas, muertas y cautivas. 

No obstante, hemos perdido 5 meses valiosos de preparación, aún no es del todo tarde para modificar drásticamente la estrategia que venimos implementando. Los recursos financieros que tenemos son más que suficientes para materializar un resultado distinto al proyectado, que garantice la libertad de las personas, que preserve sus vidas y permita una total reactivación económica asegurando el acceso a servicios de salud de tal calidad, que todos podamos estar protegidos y tranquilos. 

En la actualidad tenemos una ventaja y es que podemos aprender de los errores del pasado. Hoy día sabemos, por ejemplo, que para mejorar los servicios de salud no basta con adelantar procesos contractuales para comprar ventiladores, tenemos conciencia de que lo que en realidad se requiere son unidades de salud adicionales totalmente funcionales, operando correctamente. Además, tenemos claro que la atención durante las etapas previas a la hospitalización es crucial y que debe operar como si fuera proporcionada por la más eficiente y eficaz empresa privada.  Pero más importante aun, sabemos que los alcaldes son personas que contratamos como sociedad para que desarrollen un trabajo muy particular y que tenemos la potestad de exigirles que lo lleven a cabo sin ninguna dilación ni excusa. 

Nuestra sociedad no necesita a los políticos

                                           Fuente: http://www.birgrupyazar.com/kuru-siki-hayatlar/

Cuando nos referimos a las actividades de quienes rigen o esperan regir los asuntos públicos, nos vienen a la cabeza todo tipo de perspectivas centradas en lograr una mejor sociedad,  garantizando que cada uno de los individuos que la conforman, sea capaz de lograr sus expectativas y que por esta vía, tenga la posibilidad de alcanzar un estado de felicidad razonable. Esa, naturalmente, es la lógica del deber ser de la política, la cual en el caso de Colombia y de un sinnúmero de países en el mundo, dista mucho de lo que pasa en la realidad.

La culpa de una diferencia tan marcada entre el deber ser y lo que es, está enquistada en un conjunto de imaginarios que a lo largo de los años, han venido posicionándose en nuestras sociedades, hasta el punto, de que muchas personas creen que no es posible concebir un entorno de poder público diferente al actual, sienten que la lógica política contemporánea es producto de un estado natural social que no puede modificarse, al cual todos indefectiblemente tenemos que acostumbrarnos.

Lo cierto es que los políticos, un grupo minoritario de personas, se han encargado de hacernos pensar de esta manera, a través de siglos de decisiones amañadas nos han convencido de que son necesarios para mantener el equilibrio social y satisfacer nuestras necesidades.  Tan falsa es esta posición que históricamente, buena parte de su tiempo, lo han invertido en discursillos focalizados en tratar de defender lo indefendible y mantener un conveniente status quo.

Lo interesante del caso es que las nuevas generaciones “no comen cuento”, a partir de los millennials, el mundo está conformado por un conjunto de personas críticas capaces de identificar las fallas sistémicas de los modelos políticos, económicos y sociales que  nos han regido durante años. Por primera vez en siglos estas personas son capaces de acceder alrededor de todo el mundo, de manera irrestricta, a volúmenes ingentes de información, puntos de vista, teorías, paradigmas etc; y lo más interesante de todo, es que tienen la capacidad necesaria para unir los puntos y darse cuenta de que “el tigre no es como lo pintan” las personas que en la actualidad rigen nuestros destinos. 

Lo claro es que como sociedad estamos en un proceso de transición hacia un paradigma político diferente, al cual nos dirigimos caminando pero algunos creemos que es necesario empezar a correr. Es evidente que YA NO NECESITAMOS A LOS POLÍTICOS, que actualmente toman decisiones sobre nuestras vidas.

Quién puede necesitar individuos egoístas que piensan más en su propia conveniencia que en el bienestar del pueblo que los eligió directa o indirectamente. Se trata de personas que ven en lo público una carrera por la que se mueven en el marco de una especie de gueto, a costa de tomar decisiones que preservan los intereses de aquellos que tienen injerencia en su proyección profesional, aun cuando vayan en contra del bienestar de la sociedad. Operan como una especie de logia que preserva a toda costa los intereses de sus miembros, pero a la que le tienen sin cuidado las afugias de nuestra golpeada sociedad. Muy al estilo de la mafia siciliana de antaño, concentran su gestión en hacer favores que después alguien debe pagarles y en recompensar a aquellos que en algún momento de su vida les ayudaron a avanzar en el marco de su crecimiento político. 

No obstante puedan haber alcanzado niveles educativos altos, en general se trata de personas poco técnicas, escasamente estructuradas, cuyo único mérito radica en su capacidad para relacionarse con la logia indicada y entender los mecanismos para evitar ser expulsados.

Quién puede necesitar personas que no construyen su agenda política en torno a la solución estructural de problemas sociales, sino alrededor de propuestas que preservan los intereses de los grupos económicos más poderosos, los mismos que son capaces de pagar ingentes sumas de dinero para venderle a los votantes “el candidato indicado”, mediante la implementación de despiadadas y mentirosas campañas de marketing.

Quién puede necesitar dirigentes completamente ajenos a las realidades del pueblo sobre el cual toman decisiones, que viven en entornos ideales separados, amén de que ellos mismos se encargan de solucionar primero sus necesidades, priorizándolas por sobre las de sus votantes, es decir, se concentran exclusivamente en garantizar la erradicación de sus propios sufrimientos olvidándose del dolor del resto de la sociedad.

Por qué íbamos a querer ser dirigidos por habladores de oficio, cuyo principal mérito es dar discursos, aparecer en fotografías y figurar en redes sociales.  Personas capaces de anteponer un evento político a una reunión técnica cuyo propósito es diseñar la solución efectiva a un problema social; que privilegian una rueda de prensa sobre un ejercicio de gerencia serio, que garantice el correcto funcionamiento de las organizaciones que dirigen; que prefieren abrir eventos en los que participan las mismas con los mismos pertenecientes a su séquito político, antes que trabajar concienzudamente para sacar adelante proyectos que mejorarán el bienestar de los más desfavorecidos.

Quién podría pensar que para nuestra sociedad es útil contar con políticos que mandan al traste la efectividad de las organizaciones que dirigen, llenando sus cargos con individuos que poco o nada conocen de la técnica necesaria para garantizar el logro de sus objetivos misionales, con aspirantes cuyo único mérito es respaldar a toda costa al integrante del gueto que en su momento pudo llegar a un cargo de decisión. 

Quién querría en su entorno personas con un hambre ingente de riquezas, capaces de utilizar la posibilidad de regir nuestro destino, para venderle al mejor postor la decisión que más le  convenga, aún en desmedro del bienestar de la mayoría.

¿Habrá alguien que necesite personas tan dañinas para una sociedad como la nuestra? Si todos estamos de acuerdo en la respuesta, ¿por qué permitimos que sigan plagando la realidad política de nuestros países? De inmediato podemos tomar la decisión de condenar su existencia, tenemos la posibilidad de dejar de votar por ellos, podemos restringirles la entrada a nuestros entornos cotidianos, hacerles sentir a través de todas las estrategias posibles que no son bienvenidos y que a partir de la fecha son proscritos en una sociedad que tiene la voluntad de garantizarse para sí misma una lógica política completamente diferente.  

Confiar: una oportunidad para el desarrollo colombiano

Por: Armando Ardila Delgado y Valeria Parra Gregory*

Si el domingo los colombianos hubiesen salido a votar para refrendar o no los acuerdos de La Habana, le habrían dicho que SI al proceso de paz. Así lo señala la última medición de Invamer, contratada por Caracol, Blu Radio y El Espectador. No obstante, según la encuesta Gallup de julio pasado, el 64% de las personas desaprueba la gestión del presidente de la República; Colombia está dispuesta a confiar, lo cual representaría uno de los primeros pasos para construir la paz. No solo estamos hablando de materializar lo acordado, sino de generar todas las condiciones necesarias para evitar que hombres y mujeres, jóvenes y niños tengan razones para volver a la guerra. 

Según estudios de diferentes instituciones como la Universidad Católica de Chile y la Asociación Internacional de Ciencia Política, la confianza está relacionada con la gobernabilidad, el desarrollo y la resolución de conflictos.  A mayor confianza entre unos y otros,  mejores resultados en el ámbito económico, político y social. Una condición como ésta haría la diferencia en un país como Colombia, en el que el porcentaje de la población que dice estar dispuesto a confiar en la mayoría de la gente, apenas llega al 5%.

En todo caso, partir de la idea que los demás son buenos cuando las cifras relacionadas con criminalidad y corrupción son altas, no es una tarea sencilla.  Sin embargo, según autores como la premio Nobel de economía Elinor Ostrom, tener expectativas positivas respecto al comportamiento de los demás, reduce el riesgo de transacción y, por tanto, los riesgos de conflicto. Teniendo en cuenta que Colombia es considerado “el país menos pacífico de la región”, una situación similar tendría un impacto social relevante. De hecho, en el escenario actual, atrevernos a confiar sería una de las garantías para construir una paz estable, ya que estaría cimentada en la cooperación y una idea diferente de "el otro". El objetivo, sería dejar a un lado el estereotipo de colombiano “sagaz” que confunde ingenio con la posibilidad de sacar provecho a cualquier costo y, por el contrario, posicionar la actitud de confianza, no como ingenuidad, sino como una oportunidad para obtener mayores beneficios. 

Así mismo, confiar traería resultados positivos en el ámbito político y económico. En el primero, porque favorece la gobernabilidad y la democracia. En los casos en los que los niveles de confianza hacia las instituciones son altos, la toma de decisiones y la implementación de políticas es más efectiva y los niveles de corrupción son menores. Suecia es un buen ejemplo, sus niveles de confianza en las instituciones (48% de las personas confían en la función pública) y confianza social (60% confían en la mayoría de sus conciudadanos), están estrechamente relacionados con resultados positivos en los indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial.  Resultados que contrastan con Colombia, en donde apenas 20% de la población confía en la función pública, y el sólo 5% confía en la mayoría de las personas que le rodean. En este sentido, las relaciones entre confianza y gobernabilidad constituye un círculo virtuoso, en el que mayores niveles de confianza permiten ejecutar más fácilmente políticas, incentivan la cooperación y la participación ciudadana en la toma decisiones, al tiempo que garantizan, entre otras cosas, la obediencia voluntaria de las normas. A su vez, estos resultados contribuyen a la generación de un ambiente propicio para aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los servidores públicos.

Indicadores Mundiales de Gobernabilidad-2014

Fuente: Banco Mundial. 

Finalmente, confiar también contribuiría a impulsar el escenario económico colombiano. Según autores como el politólogo Francis Fukuyama, en el entorno actual no solo priman los seres racionales que mediante acciones egoístas buscan maximizar resultados, por lo que elementos como la cooperación cobran importancia. Al reducirse los costos de transacción, aumentan las posibilidades de creación de nuevas organizaciones y crecimiento de las ya existentes. De hecho, este mismo autor sostiene que existe una fuerte relación entre el nivel de confianza y el Producto Interno Bruto, relación que se evidencia de nuevo en el ejemplo que compara Suecia y Colombia, teniendo en cuenta que el PIB de cada uno es US$579,7 miles de millones y US$378,4 miles de millones, respectivamente.  Stephen Knack y Philip Keefer afirman que la confianza también estimula la innovación que motiva la exploración de nuevos mercados y creación de nuevos productos o servicios. Si percibimos estabilidad y menos riesgos, nos atrevemos más.

Ahora bien, si el conflicto en diferentes escenarios disminuyera, las instituciones y políticas fueran más efectivas y transparentes, al tiempo que se impulsara el crecimiento de la economía, se irían desdibujando las causas estructurales del conflicto que hemos vivido por décadas. Entonces, aprender a confiar en los demás y cambiar de paradigma nos abriría nuevas oportunidades para vivir, por fin, una paz estable y duradera. 

* Secretaria Privada de la Subdirección General del Departamento Administrativo de la Función Pública 

El problema de la industria de los taxis bajo la lupa de La Economía

Publicado en El Diario Portafolio http://www.portafolio.co/opinion/analisis-industria-taxis-colombia-493053

Las protestas de los taxistas en diferentes ciudades colombianas, motivadas por la entrada al mercado de una aplicación de consumo colaborativo como UBER, ponen bajo la lupa de la opinión pública, a uno de los reductos del antiguo modelo de transporte urbano,  conocido por priorizar intereses privados por encima del bienestar de toda una sociedad.

Nos enfrentamos a un interesante caso de destrucción creativa Schumpeteriana, en el marco del cual, si el gobierno lo permite; el modelo arcaico del transporte en taxi actual, desaparecerá para darle espacio a un esquema de competencia abierta focalizado en el bienestar de los usuarios.

Para entender por qué es definitivo para la sociedad colombiana dar un paso de estas características, vale la pena analizar la industria del taxi bogotana como modo de transporte urbano. Años de decisiones de política pública fundamentadas en el lobby de los magnates del sector, han parido un esperpento económico de magnitudes inusitadas que vale la pena desvelar con cuidado.   Se trata de un modelo de producción, que contiene en sí mismo buena parte de las distorsiones, que se podrían analizar al interior de una clase de microeconomía u organización industrial; veamos algunas de ellas:

1. Se trata de una Industria sujeta a racionamiento: curiosamente la oferta de nuevos cupos está racionada, esto quiere decir que no hay forma de que su provisión aumente por efecto de la interacción de las fuerzas del mercado. Hace varios años el gobierno decidió congelar la entrada de nuevos taxis a la ciudad, lo que implica que la industria deba ajustarse a una curva de oferta absolutamente inelástica, que no varía a pesar el creciente aumento de la necesidad de vehículos adicionales. El resultado más obvio de una situación de estas características, es el aumento sostenido del valor de los cupos, hasta el punto de que hoy día su precio puede rondar los 100 millones de pesos y la consecuente generación de barreras de entrada a una industria de carácter competitivo, que redundan en el aumento de poder de mercado de los magnates de los taxis y el consabido deterioro de la calidad del servicio explicada por la restricción de la competencia.

2. El mercado del transporte en taxi está sujeto a control de precios: en situaciones en las cuales se tiene una oferta fija debido al racionamiento y una demanda creciente, la manera en la que el mercado garantiza sus sabios ajustes, es mediante un aumento paulatino de los precios. Para poner freno a este fenómeno, los gobiernos pasados decidieron controlar el valor de la “carrera”, decretando una tarifa máxima y generando como consecuencia una notable escasez en la industria. Esa es precisamente una de las razones por las cuales es tan difícil conseguir un taxi especialmente en horas de alta demanda.

3. La oferta está protegida por múltiples barreras a la entrada: subsecuentes regulaciones, han generado paulatinamente barreras tácitas a la entrada de competidores: seguros, requisitos como la necesidad de afiliarse a una empresa y hasta las especificaciones y el color de los vehículos; han hecho que este sector esté cada vez más resguardado de cualquier clase de competencia y que se convierta en un negocio altamente rentable para algunos grupos con alto poder económico.

4. Industria con poder de lobby y de mercado: la de los taxis, es una industria de altísima incidencia política, capaz de hacer prevalecer sus objetivos financieros por encima del interés social. Desde hace años, los magnates del sector financian campañas, promueven entre los conductores e incluso entre los pasajeros, candidatos de elección popular cuyas agendas están en línea con la defensa de sus propios intereses. Una condición de estas características hace que las leyes sean diseñadas sobre medida, para su propio beneficio y que las instancias de regulación no se atrevan a sancionar actuaciones reprochables, por físico temor a la capacidad de movilización y acción colectiva de los taxistas.

5. Se trata de un mercado informal con problemas de selección adversa: La búsqueda de rentas privadas en un mercado con precios controlados y características como las descritas, conduce inexorablemente la pauperización de la mano de obra.

Por todos es conocido que la mayoría de los taxis funcionan bajo un esquema en el que los dueños se quedan con entre el 40% y el 60% del “producido”, mientras el conductor debe conformarse con el porcentaje restante, el cual debe alcanzarle para mantener a su familia y además cubrir los costos de la  operación del vehículo. Naturalmente un salario de estas características genera en el mercado un fenómeno denominado “selección adversa” gracias al cual, la mano de obra más capacitada es captada por otros sectores mejor remunerados, mientras que la industria de los taxis debe conformarse con los “menos peores” dispuestos a trabajar por el importe que el sector puede pagar.

Todos estos elementos y muchos otros que no vale la pena explicar para no incurrir en tecnicismos, son los responsables de que el servicio que actualmente ofrecen los taxis, ostente una calidad tan cuestionada y que empresas como UBER, ajenas a todas estas dinámicas, con una propuesta innovadora y diferente; sean tan valoradas y respaldadas por los usuarios.

Como moraleja, vale la pena decir que la regulación no siempre es buena, en especial cuando el regulador no defiende la felicidad de los usuarios, sino que se concentra en preservar los intereses económicos de los dueños de la industria. 

¿Por qué las políticas públicas no funcionan en Colombia?

Colombia, como muchos países latinoamericanos, hace ingentes esfuerzos por solucionar sus problemas de bienestar más fundamentales. De acuerdo con datos publicados por el Banco Mundial, el nuestro, es uno de los países más desiguales, en el ranking mundial sigue de cerca a Haití y a Honduras.  De hecho, en línea con el DANE, la incidencia sobre los colombianos de la pobreza monetaria es del 24% y del 40% en las cabeceras municipales  y en los centros poblados respectivamente.

Lo que muestran estas cifras es que la gran mayoría de la población sufre las inclemencias de los ingresos bajos, en efecto de acuerdo con el análisis realizado por la consultora de consumo Raddar en 2015, el 15,9% de la población vive en estrato 1, el 28,9 en estrato 2, el 34,4% en estrato 3, el 11% en estrato 4  y apenas el 9,8% de todos los colombianos vive en estrato 5 y 6. Un resultado como este es de suma importancia si se tiene en cuenta que el estrato es una proxy de acceso a bienes y servicios públicos y que de acuerdo con los resultados del último censo realizado en el país, más del 70% de la población colombiana vive en zonas urbanas, por lo que en general está estratificada.

Los diferentes gobiernos formulan e implementan políticas públicas con el propósito de dar respuesta a todos y cada uno de los problemas asociados a esta realidad socioeconómica, sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que la mayoría de ellas no logra una mejora significativa en la situación de los colombianos menos favorecidos. En este sentido, valdría la pena preguntarse por algunas de las razones que fundamentan esta falta de efectividad en la intervención pública:

1. Los tomadores de decisión no conocen la realidad de los beneficiarios: en primera instancia hay que decir que quienes formulan las políticas públicas y deciden la manera en la que el país atenderá las necesidades de la mayoría de colombianos, provienen de los grupos poblacionales minoritarios, es decir del diminuto 9,8% que vive en los estratos 5 y 6. No obstante el indudable compromiso y capacidad técnica de estas personas, el problema es que la realidad  a la que se han enfrentado desde chicos, es diametralmente diferente a la del resto de la población. Su entorno socio espacial es diferente, la provisión de bienes y servicios públicos a que han tenido acceso durante toda su vida es muy distinta, al punto de que podemos decir que han vivido en una Colombia muy diferente a la de la población para la cual proponen soluciones. La mayoría de ellos aterrizan en cargos públicos de decisión luego de pasar por las mejores universidades del país y del exterior, saltándose una serie de etapas operativas que les permitirían conocer la verdadera magnitud de las problemáticas. Así las cosas, podemos decir que en Colombia hay una marcada falta de sintonía entre quienes hacen las políticas públicas y quienes serán beneficiarios de ellas.

2. Escaso aprendizaje institucional: el premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz y el profesor de la escuela de negocios de la universidad de Columbia Bruce C. Greenwald, se han encargado de explicarnos de una y otra manera la importancia del aprendizaje en la economía y por supuesto, al interior de las organizaciones. En su libro “La creación de una sociedad del aprendizaje”, dimensionan la importancia del Know How en la capacidad de las organizaciones para diferenciarse y lograr avances sustanciales en productividad y efectividad. Si trasladamos esta conclusión al entorno en el que se formulan las políticas públicas, podemos afirmar que el aprendizaje al interior de las entidades no es el necesario para garantizar la pertinencia de las intervenciones. En general, el modelo de elección popular de mandatarios unido al esquema de libre nombramiento y remoción al que se ajustan la mayoría de los cargos que toman decisiones al interior de lo público, hacen que usualmente la formulación de políticas públicas se haga en el marco de niveles demasiado bajos de la curva de aprendizaje, esto debido básicamente a que en promedio cada año y medio, las organizaciones cambian las personas que ocupan los cargos decisorios.

 3. Baja productividad de las organizaciones públicas: la experiencia en evaluación de políticas públicas en distintos países, muestra que su efectividad depende en buena medida del nivel de la productividad de las organizaciones públicas que participan en su implementación. En los casos en los que la ejecución de las intervenciones depende de una institucionalidad burocrática y pesada, la solución de los problemas difícilmente alcanza a los beneficiarios. Por el contrario, cuando se trata de organizaciones ágiles y altamente productivas, los beneficiarios tienen acceso completo a los bienes y servicios públicos que las políticas se comprometen a entregar. Desafortunadamente en Colombia, los niveles de productividad pública son considerablemente bajos, afectando negativamente la efectividad de cualquier intervención.

4. Sistema legal de alta complejidad: si en algo hemos sido exitosos los colombianos, es en diseñar un sistema de leyes con un nivel de sofisticación inusitado, hasta el punto, que dificulta dar solución pertinente y efectiva a los problemas sociales de todos los colombianos. No por nada Colombia es uno de los países con más abogados por cien mil habitantes del mundo, los sistemas de contratación, tributación, solución de controversias etc. están tan llenos de vericuetos, que muchas políticas públicas con objetivos maravillosos terminan dilapidando sus recursos en sortear toda suerte de laberintos legales.

Cuando los elementos descritos se conjugan en el marco de una combinación sombríamente ideal, se presentan casos como el de Rubiela Chivará, una madre tristemente célebre gracias a que nuestras políticas públicas no tuvieron la capacidad de garantizarle la vida y luego de su muerte, no le ofrecieron las condiciones para proporcionarle un trato medianamente digno.  Este caso y muchos otros parecidos, son campanazos de alerta que deben llamar nuestra atención e instigarnos a modificar un sistema que viene cometiendo los mismos errores desde hace décadas. 

Plan de desarrollo, buen gobierno, productividad pública y calidad del gasto.

Hace unos días, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), abrió un espacio en el que los directivos de un conjunto de firmas de consultoría del sector gobierno, tuvimos la oportunidad de transmitir nuestras impresiones, sobre la estructura y contenido del Plan Nacional de Desarrollo que está próximo a aprobarse.

Las características del evento, resultaron muy pertinentes y seguramente provechosas, para la ardua tarea que está adelantando el DNP por esto días. Se trató de un conversatorio con un número reducido de expertos en temas diversos, conocedores del gobierno y las políticas públicas; en el que el director del DNP, Simón Gaviria tuvo la oportunidad de presentar el plan y recibir interesantes impresiones en un valioso tono de franqueza y camaradería técnica.

Con estos antecedentes, considero oportuno precisar algunos elementos de las impresiones personales, amablemente acogidas por el DNP, relacionadas con el componente del Plan denominado “Buen Gobierno”. En particular, se suscriben a incluir en este nuevo derrotero estratégico nacional, un componente transversal que garantice la migración de la perspectiva de la gestión pública, hacia dos conceptos centrales de administración moderna: elevada productividad y alta calidad del gasto público.

El DNP ha manifestado, que por fin Gobierno Nacional va a formalizar al interior del nuevo Plan de Desarrollo, el paso de implementar el modelo de Gestión Presupuestaria por Resultados en Colombia. Decisión muy pertinente si consideramos que países de la región como Chile y Perú, han recorrido dicho camino con resultados notables, mucho antes que nosotros. Con este mecanismo, avanzaremos en poder hacer una asociación mucho más clara entre las metas que nos proponemos como nación y los recursos que invertimos en alcanzarlas.

Esta iniciativa, supone el primer escalón para iniciar un proceso sostenido de mejora en la efectividad pública colombiana, sin embargo, si queremos hacer la tarea completa y pretendemos  garantizar un gobierno efectivo, que responda de la manera esperada a las exigencias sociales del post conflicto; es pertinente que empecemos a medir la capacidad de nuestras instituciones para entregar bienes, servicios públicos y calculemos de forma técnica la eficiencia y la eficacia, con la que están siendo usados los recursos públicos colombianos.

Hace unos años, Chile emprendió un proceso similar al que proponemos y de acuerdo con la más reciente medición del World Economic Forum, hoy día supera a países como Japón y Canadá en el ranking de eficiencia en el gasto público.

La idea en concreto, es que nuestro gobierno empiece a medir el nivel de producción de bienes y servicios de sus instituciones y que se fije metas concretas asociadas a la mejora de los niveles de productividad. De la misma manera, esperamos que logre avanzar del puesto 101 en el ranking mundial mencionado y se acerque al puesto 21 en el que se encuentra actualmente Chile.

El objetivo es que desde la perspectiva del “Buen Gobierno” contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, se formule una estrategia consolidada de gestión del cambio en la administración, por intermedio de la cual, cada gerente público se obsesione con garantizar que su organización produzca más, haciendo uso de los mismos recursos y el Ministerio de Hacienda trabaje en garantizar que nuestro país utilice los dineros públicos, en el marco de estándares de eficiencia y eficacia, superiores a los de cualquier nación vecina.

La consolidación exitosa de una iniciativa como la anotada, traerá consigo aspectos que todos los ciudadanos colombianos añoramos: el dinero de nuestros impuestos se verá representado en obras de infraestructura oportunas, menor desigualdad social, mayor seguridad en las ciudades y en las áreas rurales, mayor cobertura y por supuesto calidad, en educación, salud, servicios públicos etc.

Todo esto, sin la necesidad urgente de concebir reformas tributarias cada año, gracias al hecho de que con los mismos recursos será posible lograr mayores resultados y responder de forma más efectiva a las sentidas necesidades sociales.

Si esta iniciativa se incluye en el plan y el gobierno trabaja de manera activa en garantizar su implementación, van a pasar varios años antes de ver sus resultados, por eso es mejor empezar cuanto antes de manera que “Todos Construyamos un Nuevo País” con instituciones públicas a la altura de sus retos. 

Menos impuestos y más productividad pública

El 29 de septiembre pasado, Juan Carlos Echeverry, ministro de hacienda predecesor de Mauricio Cárdenas; publicó en el diario El Tiempo una columna titulada “Mitos Sobre Gastos e Impuesto”. En su contenido define 4 creencias que él denomina como “infundadas”, relacionadas con todo lo que las personas tienden a pensar, cuando se hace alusión a temas como gasto del gobierno y reformas tributarias. A pesar de lo interesante de sus conclusiones, desde mi humilde perspectiva, la posición de Echeverry es una representación fehaciente, del imaginario que rige a los gerentes públicos colombianos, en particular a todos aquellos que tienen o han tenido un vínculo directo con el Ministerio de Hacienda: “aumentar la intervención pública significa, necesariamente, recaudar más recursos”.

Vale la pena revisar en detalle la validez teórica de una aproximación como ésta y sugerir un cambio estructural en el paradigma de nuestra gestión pública. No hay que olvidar que desde la perspectiva de la Gerencia Pública Moderna, es posible lograr mejores resultados manteniendo constantes los recursos invertidos en la intervención gubernamental. Este efecto se logra, fundamentalmente mediante el incremento sostenido de la Productividad Pública y el mejoramiento permanente de la Calidad del Gasto Público. Ambas condiciones tienen que ver directamente con el mejoramiento de la efectividad gubernamental.

La productividad está definida como la relación entre la cantidad de bienes y servicios generados por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.

De acuerdo con las cifras reportadas por Banco Mundial, para el periodo comprendido entre el 2009 y el 2013, Colombia se encuentra en los percentiles inferiores en cuanto a productividad nacional. Considerando el hecho de que la productividad pública usualmente se ubica por debajo de la productividad privada y que la productividad nacional considera ambas medidas; se puede inferir que la productividad pública Colombiana con respecto al resto de países del mundo, se ubica en los últimos puestos de la tabla.

De acuerdo con los actuales Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial, Colombia es un país de media tabla en efectividad  pública, esta situación nos pone por debajo de países como Chile en lo que tiene que ver con la capacidad de nuestro gobierno para enfrentar problemas sociales. Un resultado de estas características sugiere también un bajo nivel de productividad pública que incide sobre todas las dimensiones del desempeño económico. De acuerdo con cifras reportadas por el Foro Económico Mundial en 2013, Colombia aparece en el puesto 69 de 144 en el Índice Global de Competitividad. Este resultado se explica en buena medida por el bajo puntaje que obtienen nuestras instituciones, de hecho,  la corrupción y la ineficiente burocracia de gobierno, se cuentan entre los factores más problemáticos para quienes quieren  hacer negocios en nuestro país.  Estos resultados coinciden con los reportados por Transparencia Internacional, que en el 2013 le dio a Colombia un puntaje de media tabla en su Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándolo por debajo de países como Jamaica, Trinidad y Tobago; y equiparándolo con países como Surinam.

Varias experiencias interesantes alrededor del mundo nos han demostrado, que mediante la simplificación de la intervención pública, el rediseño de sus procesos e institucionalidad para reducir sus costos de transacción, tanto los internos como los que se transfieren al ciudadano; es posible entregar más bienes y servicios públicos, sin necesidad de invertir mayores recursos, logrando consecuentes mejoras en calidad, cobertura y reducciones en  los tiempos de entrega.   

En su libro Instruction to Deliver, Michael Barber, pone de presente el éxito alcanzado por gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, al lograr “disparar” todos los indicadores claves, a través de la mejora sostenida de la productividad pública. En una publicación posterior, Deliverology 101: A Field Guide for Educational Leaders; demuestra el potencial del mejoramiento sostenido de la efectividad pública al interior del sistema educativo.

Experiencias como estas han fundamentado la evolución paulatina de países de la región como Chile, que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, logró escalar desde el puesto 49, en apenas 5 años, hasta ubicarse entre los 10 mejores países del mundo  en calidad del gasto público. El secreto, la implementación de mejoras estructurales en la gestión de sus organizaciones, dirigidas a incrementar la productividad pública y la calidad de los bienes y servicios producidos.

En Colombia tenemos un camino largo por recorrer, por ejemplo, ¿cuánto nos ahorraríamos con simplificaciones evidentes en aspectos centrales como la contratación pública?. Durante cada periodo fiscal, las entidades deben adelantar procesos vertiginosos de contratación de bienes y servicios cuya provisión es necesaria para soportar su operación. Estas actividades requieren del compromiso de un aparato jurídico y técnico importante a lo largo de todo el año. En este sentido, ¿por qué deben hacerse contrataciones anuales cuando se sabe que la provisión es requerida durante periodos mayores? ¿Por qué no rediseñamos todo el aparato de contratación para facilitar los contratos plurianuales? 

Bajo estas condiciones el principal “mito sobre gastos e impuestos” está en creer que la única manera en la que se pueden atender a más personas en el marco de estándares de calidad mayores, es recaudando más impuestos. Lo cierto en todo caso, es que lo único que logramos con esos recursos adicionales, si no mejoramos la calidad del gasto, es desperdiciar una cantidad mayor de recursos en ineficiencia y corrupción. 

Delivery System: una estrategia novedosa para mejorar los resultados gubernamentales

Fuente: Sustantperú

Publicado en http://www.portafolio.co/opinion/ds-estrategia-mejorar-resultados-del-gobierno

Hace unos días, en el marco de un evento realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se desarrolló una interesante discusión acerca de los mecanismos que pueden implementarse en países como Colombia para mejorar la efectividad de las intervenciones públicas. En la mesa me acompañaban como ponentes: Ray Shostak y Wayne Summers (asesores del primer ministro David Cameron en UK), Maria Lorena Gutierrez (alta consejera presidencial para el buen gobierno y la eficiencia administrativa) y Diego Dorado (Director de Evaluación de Políticas Públicas del DNP). Las conclusiones a la que nos aproximamos con este calificado grupo de personas interesadas en mejorar la capacidad de nuestro gobierno para dar solución a los problemas  sociales, convergieron hacia  la necesidad de implementar en nuestro país un modelo de mejoramiento continuo de las intervenciones públicas denominado Delivery System (DS).

Se trata de una aproximación pragmática a lo que Nick Macpherson, un funcionario del gobierno inglés, denominó “Deliverology”^[1] acuñando el nombre de una especie de ciencia de la entrega de bienes y servicios públicos.

Al respecto puedo decirles varias cosas, entre ellas que quedé gratamente sorprendido  luego de aproximarme a la minucia metodológica del DS. En sus vericuetos encontré una serie de elementos absolutamente interesantes, todos asociados a herramientas cotidianamente utilizadas por la Ingeniería Industrial en el mejoramiento de las operaciones privadas. Esta simple condición, que puede parecer sutil a los ojos de un observador desprevenido, supone una serie de cambios radicales en los paradigmas de administración de lo público que celebro con todo entusiasmo.  El primero de ellos tiene que ver con entender que la operación pública es una actividad que busca satisfacer necesidades de clientes a los que denominamos ciudadanos. El segundo y no menos importante, tiene su fundamento en comprender que el gobierno persigue la satisfacción de sus ciudadanos y el logro de mejoras sustanciales en su bienestar. El tercero y más representativo tiene que ver con asumir que el aparato gubernamental puede mejorarse a través de métodos y herramientas que el sector privado ha explotado con reconocido éxito, durante años, para objetivos menos altruistas.

La idea general del DS es seductora en la medida de su simplicidad metodológica: en primer lugar busca entender el mapa relacional que define el proceso de entrega de los bienes y servicios públicos en sectores considerados prioritarios, para posteriormente identificar todas las relaciones consideradas críticas y proceder a la identificación de las barreras que impiden su desarrollo fluido.  Luego de este diagnóstico, continúa con la definición de planes de acción dirigidos a destruir los obstáculos y garantizar el cabal funcionamiento de la cadena de entrega. El proceso de implementación de las mejoras es liderado por una oficina denominada Delivery Unit (DU) cuyo interés principal está en ayudar a que todos los actores del proceso de entrega puedan desarrollar su papel de manera más efectiva.

Mi opinión es que este modelo, en términos de estructura y metodología se parece mucho al utilizado por las oficinas de gestión de mejora que encontramos en las grandes organizaciones privadas. El desarrollo de su negocio las obliga a hacer entregas complejas a poblaciones millones de veces más grandes que las de algunos de nuestros países, con las dificultades asociadas a enfrentarse a escenarios tanto o más enmarañados que los del sector público, con múltiples regímenes jurídicos, costumbres, mercados etc.

Durante años nos hemos concentrado en destinar más y más recursos a diferentes frentes pero en pocas ocasiones nos hemos preguntado acerca de mecanismos que nos permitan utilizarlos de manera más eficiente. En hora buena Colombia decidió implementar este modelo, esperemos que goce de la continuidad necesaria para alcanzar su verdadero potencial. Ojalá DNP y presidencia sigan pensando en implementar herramientas que le permitan al gobierno solucionar los problemas de un mayor número de personas, haciendo un mejor uso de los recursos con los que hoy día contamos.

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[1] Barber, M. (2008). Instruction to Deliver. London: Methuen Publishing Ltd.