La cultura de complicarlo todo

A la entrada de casi cualquier edificio de oficinas en Colombia espera un cuaderno. Quien llega con su computador portátil debe detenerse, anotar la marca, el serial, el nombre y la hora, y solo después puede avanzar hacia el ascensor. Nadie cree que ese registro proteja algo, ni quienes lo exigen ni quienes lo cumplen, y sin embargo se repite en empresas, entidades públicas, universidades y clínicas de todo el país, todos los días, con una obediencia casi religiosa. El ritual no tiene dueño, nadie lo audita y nadie recuerda quién lo decidió, pero nadie se atreve a suprimirlo, porque eliminar un control parece un riesgo personal, mientras que mantenerlo no le cuesta nada a quien lo mantiene. Ese pequeño cuaderno resume, en un metro cuadrado de recepción, un rasgo profundo de la sociedad colombiana: la convicción de que lo difícil es, por eso mismo, lo correcto.

Ese rasgo es cultural antes que legal. Se aprende en las oficinas, en los colegios y en las familias, y se transmite sin que nadie lo proponga como doctrina. Ese conjunto de reglas, formales como las leyes y los trámites e informales como las costumbres y las expectativas que las personas tienen unas de otras, es lo que la economía del desarrollo llama instituciones. Hablar de instituciones no es hablar de edificios ni de entidades, sino de las reglas del juego que una sociedad establece para organizar su convivencia y su actividad económica, y que sus miembros construyen y sostienen todos los días. Quien añade un requisito, una firma o un formulario suele creer, con sinceridad, que está protegiendo a alguien. Se le enseñó que la dificultad equivale a seriedad y que el control equivale a responsabilidad. Además, los incentivos lo respaldan, porque a nadie se le reprocha haber agregado una exigencia, pero sí se le reprocha que algo se haya escapado por falta de ella. Cada decisión, vista desde el escritorio donde se toma, parece razonable y hasta prudente. El problema aparece cuando se mira el conjunto, que es precisamente lo que nadie está encargado de mirar.

La movilidad ofrece un ejemplo de cómo opera esa lógica. Colombia ocupa lugares muy bajos en las comparaciones internacionales sobre calidad de vías y de transporte, y la respuesta habitual del Estado ante esa carencia consiste en restringir. Quien se mueve en carro encuentra límites de circulación, quien lo hace en moto enfrenta nuevas exigencias, y quien apuesta por la movilidad eléctrica descubre que también para ella se discuten cargas y trabas. Bajar el límite de velocidad en una carretera deteriorada es barato y rápido, mientras que reconstruirla exige años, presupuesto y capital político. Por eso la herramienta fácil se impone una y otra vez, y el déficit de fondo, que es la falta de infraestructura y de sistemas de transporte público de calidad, nunca se resuelve. La restricción deja de ser un complemento de la obra y se convierte en su sustituto.

La seguridad sigue el mismo patrón. Cuando el delito se comete desde motocicletas, resulta más sencillo regular a todos los motociclistas que desarticular las bandas que cometen los delitos. Los primeros son visibles, están registrados y se pueden multar, mientras que las segundas exigen inteligencia, investigación y persistencia. El resultado es que la carga recae sobre la mayoría honesta, que trabaja y se transporta en moto, mientras el problema real permanece casi intacto. La medida produce la sensación de estar haciendo algo, y esa sensación suele bastar para que la política se considere cumplida.

Lo mismo ocurre con los permisos y los impuestos. Para ampliar una vivienda o abrir un pequeño negocio hay que atravesar una sucesión de trámites, muchos de ellos sin relación clara con el bien común, que a menudo piden en formato físico información que ya existe en formato digital. Cada requisito tiene su explicación y su defensor, y ninguno parece grave por separado. Con los impuestos sucede algo similar, porque la superposición de gravámenes a lo largo de una misma cadena de suministro encarece el producto final mucho más de lo que sugiere cualquier tarifa individual. Lo que se paga, además, no solo se mide en dinero: se mide en tiempo, en papeleo, en abogados y en sustitutos privados de lo que el Estado no entrega, como la vigilancia particular o la salud prepagada. El ciudadano termina pagando dos veces, una por el servicio que no recibe y otra por el que debe procurarse por su cuenta.

Basta imaginar a una persona que decide emprender para ver cómo se suman estas barreras. Debe constituir la empresa y cumplir sus obligaciones formales, lo que consume meses. Debe conseguir un local y los permisos para operarlo. Debe pagar impuestos que también pagarán sus clientes en el precio final. Debe transportar su producto por vías en mal estado, con restricciones a cada modo de transporte, y debe confiar en llegar a su destino sin ser víctima de la inseguridad que el Estado no logra controlar. Ninguno de esos obstáculos, tomado aisladamente, es insuperable. La suma sí lo es. El país que resulta de multiplicar esa experiencia por millones de personas es un país donde muchos proyectos jamás nacen, donde muchos acuerdos jamás se cierran y donde muchos equipos jamás llegan a trabajar juntos. Y como esos proyectos son invisibles, nadie los contabiliza ni hace campaña en su nombre.

Este fenómeno no es solo una impresión de quienes lo sufren, pues la evidencia es abundante y coincidente. Los informes del Consejo Privado de Competitividad han documentado durante años el peso de la tramitología y de los costos de transacción sobre la productividad del país. Las comparaciones de la OCDE sitúan a Colombia en posiciones rezagadas frente a sus miembros en varias dimensiones relevantes. Y la obra de Daron Acemoglu y James Robinson, quienes han estudiado el caso colombiano con particular atención, ofrece el marco para entender la raíz del problema: las instituciones, es decir, las reglas que una sociedad se da a sí misma, son extractivas cuando dificultan que la gente común invierta, construya y conserve los frutos de su esfuerzo, e inclusivas cuando hacen posible exactamente lo contrario. Un Estado que cobra mucho, entrega poco y complica todo lo que toca encaja con rigor en la primera categoría.

Los países que lograron salir de la pobreza en las últimas décadas muestran el contraste. Singapur, Corea del Sur, Irlanda y, más recientemente, Polonia y Estonia salieron de la pobreza y alcanzaron niveles de ingreso altos. Sus estrategias fueron distintas, pero comparten que abrir un negocio, pagar impuestos o hacer cumplir un contrato se volvió barato, rápido y predecible. Irlanda es un caso especialmente ilustrativo, pues pasó de ser una de las economías más pobres de Europa occidental a ubicarse entre las más ricas después de abrir su economía y de facilitar la inversión y el emprendimiento desde finales de los años ochenta. En ellos los impuestos son sencillos de entender y de pagar, y el Estado concentra su energía en facilitar la vida de las personas. Incluso en las economías nórdicas, que cobran tributos elevados, la diferencia está en el diseño: sistemas simples, difíciles de eludir y respaldados por servicios que los ciudadanos pueden ver y usar. Allí el ciudadano siente que el intercambio es justo y por eso coopera, mientras que en Colombia la carga viene acompañada de fricción y la fricción alimenta la desconfianza, que a su vez justifica nuevos controles, en un círculo vicioso.

De ahí que la conclusión sea incómoda, porque no admite un culpable cómodo. Sería fácil atribuir todo a una élite que se beneficia de la complejidad, y en parte es cierto, pues quienes tienen abogados y contactos absorben la fricción mejor que los recién llegados, de modo que la complejidad protege a los establecidos. Pero la explicación completa es más amplia, porque las instituciones son reglas que la sociedad establece y reproduce en su vida diaria, y no un asunto reservado al Estado. El hábito de complicar lo practican el funcionario que diseña la norma, el asesor que la recomienda, el gerente que exige un trámite adicional y el vigilante que apunta el serial del computador. Cada uno cree que su aporte es pequeño y que el beneficio supera el costo, y esa creencia, repetida por millones de personas, es lo que sostiene el atraso. Ocurre algo parecido a lo que pasa con un lago sobreexplotado, donde cada pescador piensa que una red más no cambia nada, y la suma de todas las redes termina por vaciarlo.

Por eso el primer paso es reconocer el problema, de manera semejante a lo que sucede con cualquier adicción, que no se supera mientras quien la padece no admita que existe y que hace daño. Mientras cada colombiano siga convencido de que la fricción que genera es insignificante, nada cambiará. Reconocerlo implica, además, resistir la tentación de justificar cada caso particular con una excepción razonable, porque esa justificación permanente es la que mantiene vivo el hábito. Cada norma puede defenderse por separado, y esa es justamente la trampa: lo que debe evaluarse es el efecto acumulado de todas ellas sobre la vida de una persona que intenta trabajar, emprender o simplemente moverse por su ciudad.

La salida exige entonces cambiar lo que la sociedad entiende por buen gobierno y por buena gestión. Un trámite breve, una regla clara y un servicio que funciona deberían verse como señales de calidad y no como falta de rigor. En la práctica, esto supone que alguien tenga como tarea explícita medir el costo total de las reglas, que toda nueva exigencia reemplace a una anterior y que los controles inútiles, empezando por el cuaderno de la recepción, puedan eliminarse sin que quien lo decida cargue con el riesgo de hacerlo. Supone también que quienes están en posiciones de pequeña autoridad, un funcionario, un gerente, un regulador, se pregunten por sus propias reglas si realmente sirven a alguien. El cambio no vendrá de una ley única ni de un gobierno providencial. Vendrá, si llega, de millones de decisiones pequeñas tomadas en dirección contraria a la que hoy se toman, y de la comprensión de que cada colombiano, en su rincón, es parte tanto del problema como de la solución.

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