Un Estado más pequeño y más eficaz para un país que quiere desarrollarse

Colombia entrega al sector público cerca de la mitad de lo que produce: según la OCDE, el gasto de las administraciones públicas fue de 49,7 % del PIB en 2024, frente a un promedio de 42,6 % entre los países de la OCDE en 2023. A cambio, el país convive con violencia, vías precarias, hospitales y escuelas desiguales y una inversión que no alcanza para sostener su crecimiento. El problema no es que el Estado exista, sino que absorbe una porción enorme de la riqueza para sostenerse a sí mismo y devuelve muy poco de ella en oportunidades.

Cada peso que se gasta en mantener en marcha un aparato público demasiado grande es un peso que no se invierte. Mientras el consumo del gobierno crece, la inversión productiva se rezaga, y el resultado es una economía que sostiene nóminas y subsidios con deuda y que hipoteca su propio crecimiento. Reducir el tamaño del Estado no es un fin en sí mismo; es la condición para liberar recursos que hoy se consumen y convertirlos en desarrollo.

Un subsidio alivia el mes; una universidad, un puerto o una vía cambian lo que una familia puede ganar durante toda la vida. Las transferencias protegen el ingreso de hoy, pero no cambian por sí solas lo que un hogar podrá ganar mañana, y el país ha multiplicado lo primero mientras descuida lo segundo. Ayudar a quien lo necesita es indispensable, pero convertir la ayuda en el eje de la política pública es renunciar a que esos mismos hogares dejen de necesitarla. Con recursos limitados no se puede hacer todo al mismo tiempo, y la decisión correcta es concentrar la mayor parte del gasto en lo que construye futuro.

Tampoco la salida está en cobrar más, porque cada impuesto adicional reduce el bienestar de todos, de los hogares y de las empresas, de quien tiene poco y de quien tiene mucho. Colombia es un país de ingresos bajos para la gran mayoría y de informalidad muy extendida, de modo que un impuesto adicional no tiene a quién llegar sin golpear a quien ya no alcanza a cubrir lo básico. La lectura que surge de la distribución del ingreso y del diseño de los impuestos es clara: el peso tributario posible ya recae, casi en su totalidad, sobre los ingresos más altos y sobre las empresas formales, que enfrentan una tarifa máxima de 39 % en la renta personal, de las más altas de América Latina, y la tarifa corporativa más alta de la región. Y esas tarifas son apenas una parte visible de una maraña agobiante de impuestos, contribuciones, tasas y trámites que cubre todas las actividades de la economía y encarece cada paso de quien intenta producir, vender o contratar. Esa maraña no solo desalienta a quien produce: también limita la posibilidad de comprar y de acceder a bienes y servicios, porque los hace más caros para las familias. Pedir más a quien ya carga con casi todo desalienta la inversión y el empleo, y pedirlo a quien no tiene destruye bienestar. Por eso el ajuste debe hacerse en el gasto.

El Estado no existe para dar empleo; existe para servir a los ciudadanos. Detrás de cada cargo hay una persona con familia, y muchos servidores cumplen funciones indispensables, desde maestros hasta médicos y policías, pero cuando las plantas crecen por inercia, por superposición de entidades o por costumbre, el costo lo paga la sociedad entera en impuestos, en deuda y en inversión que no se hace. Convertir al Estado en empleador de última instancia desvía recursos de lo que el país más necesita. Su papel es facilitar y promover la creación de empleo en el sector privado, removiendo los obstáculos que la frenan y creando las condiciones para que las empresas nazcan, crezcan y contraten, porque el empleo que sostiene a un país es el que genera la economía productiva y no el que financia el presupuesto.

Por eso el rediseño del Estado debe comenzar por una pregunta de fondo: en qué debe estar metido y en qué no. Un Estado que se ocupa de todo termina haciendo mal casi todo, y buena parte de su tamaño actual viene de funciones que se fueron acumulando sin que nadie se preguntara si le correspondían. La tarea es concentrarlo en lo que solo él puede hacer bien, como la seguridad, la justicia, una regulación inteligente y los bienes y servicios públicos que nadie más producirá, y soltar el resto. Eso implica un cambio de papel: dejar de ser el motor de la economía para convertirse en su promotor. El motor son las personas y las empresas que producen, invierten y contratan; al Estado le corresponde abrirles el camino y no reemplazarlas.

El resultado buscado es un Estado más pequeño, que pese menos sobre la economía y deje de consumirla, y que logre mayores resultados que el actual con un costo mucho menor. No se trata de un Estado débil sino de uno de alta productividad, que presta mejores servicios con menos estructura y que concentra sus recursos en la inversión y no en su propio funcionamiento. Eso exige fusionar o suprimir entidades que hoy hacen lo mismo, resolver con tecnología trámites que consumen semanas, rediseñar procesos heredados de otra época, reducir las plantas hasta donde lo exijan las nuevas estructuras, lo que puede implicar desvinculaciones numerosas, no reponer las vacantes que deja la jubilación y formar a los servidores para funciones nuevas. Y exige que la tarea cubra a todo el poder público, el ejecutivo, la rama judicial, el Congreso, los organismos de control y las administraciones de departamentos y municipios, porque si solo se reduce una parte, el crecimiento se traslada a otra y la cuenta sigue siendo la misma.

Lo más importante de todo este proceso es el destino de los recursos. Reducir el Estado no tiene sentido si lo que se libera se vuelve a gastar en funcionamiento; tiene sentido si la mayor parte se reorienta hacia la inversión real, la que construye el desarrollo del país. Cada peso que deja de sostener estructuras redundantes debe convertirse en infraestructura, hospitales, educación y seguridad, es decir, en las bases sobre las cuales cualquier persona puede producir y crear valor. La reforma, entendida así, es un cambio en el propósito del gasto público: pasar de un Estado que consume a un Estado que construye el marco de la productividad.

El objetivo de fondo es crear un entorno donde nacer pobre no determine lo que una persona puede llegar a hacer. Un país con buena infraestructura, con hospitales cercanos, con educación de calidad conectada con las necesidades de la economía y con seguridad en sus calles es un país donde una idea tiene dónde crecer. Un joven de un barrio humilde no necesita, sobre todo, un cheque mensual; necesita una universidad que lo forme en tecnologías complejas, una vía por la que su producto llegue al mercado, una ciudad segura y un puerto que lo conecte con el mundo. Cuando esas condiciones existen, el nivel de ingreso de la familia deja de decidir quién puede fundar una empresa, probar un negocio o materializar una idea.

Allí se encuentra la verdadera medida de una reforma del Estado: en cuántas ideas nuevas, cuántas empresas nuevas y cuántos negocios nuevos logran nacer en un país que ha dejado de gastar en sostenerse para gastar en abrir caminos. Un Estado que concentra sus recursos en esa tarea multiplica las oportunidades de todos, y en especial de quienes hoy tienen menos, porque son los que más dependen de que existan bienes y servicios públicos de calidad. Es la diferencia entre un país que gasta para mantenerse y uno que gasta para crecer.

Nada de esto ocurre solo; requiere que la sociedad lo entienda y lo exija. Le corresponde reclamar cifras claras y comparables, para que el debate no se reduzca a eslóganes; aceptar que no se puede sostener todo el gasto corriente y, a la vez, construir el país; vigilar que lo que se ahorre vaya a inversión y que cada ahorro tenga un destino visible; proteger a quienes más dependen de la ayuda durante la transición, para que el ajuste no recaiga sobre los más débiles; y sostener el esfuerzo a lo largo de varios gobiernos, porque una reforma de esta magnitud toma años y se desmorona si cada administración la deshace.

Colombia puede seguir financiando el presente con deuda, con un Estado cada vez más caro de mantener y menos espacio para construir, o puede decidir que cada peso público cuente. La segunda opción exige esfuerzo ahora, pero abre un país en el que un Estado más pequeño y más eficaz sirve a una nación llena de ideas, de empresas y de oportunidades, sin importar el ingreso con que cada uno haya nacido.

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