Mucho se ha oído hablar de la
corrupción pública pero poco se dice de los costos no evidentes de este
fenómeno sobre la sociedad, por lo tanto vale la pena dedicar unos minutos a
analizar sus implicaciones.
En economía se habla de
externalidades, en referencia comúnmente a los efectos no compensados de una
actividad de carácter privado sobre el resto de la sociedad. En caso de que la
incidencia sea negativa, hablamos de costos o reducciones de bienestar y si la
incidencia es positiva, hablamos de beneficios o mejoras de bienestar. En la
primera situación, se afirma que quien desarrolla una actividad privada con el
objetivo de mejorar su propio bienestar, le está transfiriendo costos o está
mermando la felicidad de otras personas que tienen poco o nada que ver en el asunto,
mientras en la segunda, le está externalizando beneficios o está mejorando la
felicidad de otras personas ajenas al proyecto particular de este individuo.
El problema de las externalidades
en economía es bien conocido, en general antes de emprender cualquier actividad
que busca beneficios privados, los individuos, consciente o inconscientemente,
desarrollan un análisis beneficio-costo dirigido a identificar los costos
potenciales en que incurrirán y los beneficios que recibirán en
contraprestación. Si la resta es positiva, lo más seguro es que decidan
adelantar la actividad, si es negativa la evitarán. Así las cosas, cuando los
costos de una actividad son asumidos por alguien más, son externalizados o
sacados de la ecuación, es más probable que las personas decidan emprender una
actividad que reduce de forma importante el bienestar del resto. Tal vez
convenga describir un ejemplo para aclarar un poco más el concepto:
Cuando un vecino ruidoso, en un
edificio de apartamentos, pretende adelantar una fiesta, durante el proceso de
análisis beneficio-costo, considerará los costos del licor y los pasabocas que
posiblemente se consumirán, el costo por hora de la música en vivo que animará
la fiesta y potencialmente, la reposición de uno que otro implemento casero que
sea destruido cuando sus comensales empiecen a elevar los niveles de alcohol en
la sangre, no obstante, durante el proceso de tomar la decisión, no tendrá en
cuenta los costos que le transferirá a sus vecinos, quienes con seguridad,
estarán inmersos en otras actividades, la mayoría de las cuales, se verán interrumpidas por la
apoteósica fiesta que está a punto de adelantarse. No cabe duda que en el marco
de un evento de estas características, quien organiza la fiesta y sus invitados
experimentarán una mejora de bienestar sustancial, la cual compararán con los
costos de la preparación y que dicha resta arrojará un resultado positivo, por
lo que el proyecto de fiesta seguirá su rumbo sin mayores contratiempos. Otra
sería la decisión si el vecino ruidoso considerara en su evaluación los costos
que transfiere a los demás y que decidiera compensarlos de alguna manera por
las incomodidades o que una administración responsable e interesada por el
bienestar general de todos los residentes, optara por sancionarlo con una multa
suficientemente alta como para compensar el malestar que está a punto de causar,
en ese caso posiblemente el beneficio recibido por su escandalosa actividad no
será suficiente para compensar tales costos aumentados.
En el caso de una actividad como
la corrupción el análisis beneficio-costo privado es relativamente simple: modificando
irregularmente, directa o indirectamente, un conjunto de decisiones, el
corrupto recibirá montos de recursos públicos que utilizará para mejorar su
propio bienestar y el de sus allegados, los costos evidentes en los que
incurrirá tendrán que ver con la sumatoria de los montos que debe pagar para
salirse con la suya, con el cuestionamiento de su integridad, las sanciones
sociales, morales, legales y de toda índole, que deberá asumir por cuenta de
tales decisiones. No obstante, ¿qué pasa con los costos no evidentes? ¿Qué pasa
con los costos que el corrupto transfiere a los demás, no incluye en su
análisis beneficio-costo y por los cuales no nos está compensando al resto de la
sociedad? Hagamos un breve análisis de algunos de ellos utilizando en primera
instancia un ejemplo, con la esperanza de que el lector extienda sus
fundamentos a los demás escenarios públicos, teniendo en cuenta que las
dinámicas en infraestructura, son similares a las de salud, educación, etc:
1.
Costos
asociados a fallas en la provisión de bienes y servicios públicos: vamos a
suponer que un corrupto incide en las decisiones, en lo que tiene que ver con
la selección de un proponente que construirá una nueva vía, importante para la
competitividad de un país entero. En este caso, son varias las formas en que
transfiere costos a la sociedad que no son necesariamente evidentes. En primer
instancia, El Estado que debe seleccionarlo diseña todo un show procesal
dirigido a hacer más transparentes los mecanismos de selección y de dientes
para afuera, intentar frenar la corrupción; esta condición hace que procesos
que deberían tardar unos cuantos días terminen durando meses y que el disfrute
de la vía con las respectivas implicaciones en materia de mejora en productividad,
reducción de tiempos de viaje, reducción de contaminación del aire etc., se retrase innecesariamente. De otro lado, considerando que el corrupto muy
probablemente no va a ser el oferente más idóneo técnicamente o de lo contrario
no necesitaría utilizar la corrupción como mecanismo para resultar favorecido,
la sociedad va a recibir una vía de mala calidad que no va a satisfacer sus
necesidades y que seguramente tendrá que reemplazar antes de lo esperado. Así las cosas, el recibo de los anhelados
bienes y servicios públicos por parte de la sociedad, puede tardarse 2 o 3 años
más de lo que debería y considerando los costos del reemplazo, pueden costar el
doble o el triple de lo que costarían unos de calidad razonable.
2.
Costos
asociados a la complejidad y consecuente ineficiencia administrativa: de
otro lado, para intentar lidiar con la mala calidad sistemática de los productos
públicos entregados y el comportamiento deshonesto de sus servidores, la
organización pública que contrata las vías, debe tener en su interior ejércitos
de personas encargadas de adelantar cada uno de los dispendiosos pasos
necesarios, para llevar a cabo la selección de los oferentes. En sus huestes
contará con infinidad de abogados que se dediquen a elaborar términos de
referencia y contratos excesivamente
complejos, multitud de contratistas que adelanten los procesos de supervisión e
interventoría, hasta el punto de que su tamaño puede terminar siendo 4 veces
más grande del que tendría en caso de que la corrupción no existiera. Además,
considerando que a pesar del tamaño de estos ejércitos el control no será
efectivo, se requerirán sendas instancias externas a la entidad, de magnitudes
también especialmente grandes como contralorías, procuradurías, veedurías y
otras tantas, que intentarán, de dientes para afuera, reducir la corrupción,
también infructuosamente.
3.
Costos
asociados al pago de impuestos innecesariamente altos: no es tarea fácil financiar
los recursos que desaparecen por cuenta de la corrupción, los sobrecostos de la
baja pertinencia y calidad de los productos y de un aparato público
innecesariamente grande. Lograrlo requerirá un flujo de ingresos fiscales
suficiente, para mantener un ecosistema criminal de estas características. En
contraste, en países sin corrupción, con la mitad de los recursos se podría
entregar el doble o el triple de bienes y servicios públicos. Así las cosas,
las implicaciones para la sociedad de tener altos niveles de corrupción, están
relacionados con tener que pagar una tasa impositiva que puede ser el doble o
el triple de la que pagaría si no existiera este flagelo. En este sentido, si
pensamos en que los impuestos son una forma de apropiarse de parte del ingreso
de las personas, que lo que gana cada uno procede de horas de trabajo cuya
remuneración es usada para comprar bienes y servicios que proporcionan
bienestar; la corrupción se apropia de horas de trabajo de las personas y
reduce su capacidad para adquirir bienes y servicios que con seguridad
mejorarían su felicidad. Eso sin mencionar que eleva los precios de los
productos que dicha sociedad produce, haciéndolos menos competitivos en el
panorama internacional y por lo tanto, más difíciles de vender en mercados
globales, reduciendo en conjunto el ingreso total de la economía y por lo tanto
su capacidad agregada para proporcionarse bienestar.
4.
Costos
asociados a la conformación de delincuencia organizada pública: con el
ánimo de intentar controlar entornos tan complejos como los mencionados y de
garantizar en el tiempo la sostenibilidad del lucrativo negocio, los corruptos
intentarán ubicar en posiciones claves a sus fichas, por lo tanto, incidirán en
procesos de elección popular y nominación pública, para garantizar en el
legislativo, actores capaces de definir
normas que de dientes para afuera, satisfagan a la opinión pública, pero de dientes para adentro, faciliten su accionar; en el ejecutivo actores que tomen las
decisiones más convenientes para sus propios intereses, aun en contravía del
bienestar de la sociedad y en la rama judicial peones que tengan la potestad de
incidir durante los procesos sancionatorios, de manera que los costos dentro de
su ecuación personal, resulten ser lo suficientemente pequeños como para
garantizar un análisis beneficio-costo positivo. En este caso, el resultado para la sociedad
no es otro, que contar con un conjunto de normas y decisiones que la perjudican
en vez de beneficiarla y un esquema de justicia completamente desigual, que
trata a las personas de forma totalmente inequitativa asignándoles diferente
peso en la balanza.
5.
Costos
asociados a desigualdad social y violencia: una de las formas más claras y
expeditas para reducir la desigualdad, es entregando bienes y servicios
públicos de alta calidad a las clases menos favorecidas, que les permitan
equipararse con las que están en mejor condición, sin duda, en primer lugar, es
necesaria la reducción de la iniquidad en materia de justicia. Bajo las
condiciones mencionadas en los anteriores numerales, en un entorno corrupto no
es posible por definición materializar ni lo uno ni lo otro, así las cosas, la
corrupción extiende indefinidamente la existencia de sociedades desiguales e
injustas, con evidentes conflictos de intereses entre El Estado y los
ciudadanos. Mientras el primero concentra su actuación en decisiones que
benefician a los pequeños grupos dominantes, los segundos incrementan su nivel
de frustración en un entorno en el que no gobierna la ley, con el consecuente
surgimiento de multitud de fenómenos de violencia. Por lo tanto, las consecuencias para la
sociedad no son otras que polarización y muerte. Finalmente, para
intentar controlar estos fenómenos, será necesario hacer gastos mucho más altos
de seguridad y defensa que los que harían Estados en los que no existe la
corrupción, con el consabido aumento en los impuestos que conducen a una
apropiación aún mayor por parte del Estado, del bienestar de la sociedad y la desviación
de recursos de sectores de alta rentabilidad social como educación y salud, a
sectores que en principio no deberían existir como los mencionados.
A manera de cierre, vale la pena
mencionar, que la sanción por corrupción debería en primera instancia,
reconocer una compensación consecuente a la sociedad, por todos los costos que
el corrupto le externaliza y que en segunda instancia, si la sanción es lo
suficientemente efectiva para que el corrupto deba involucrarla en su análisis beneficio-costo, seguramente
tendríamos mucha menos corrupción pública en nuestras sociedades que la que hoy
día tenemos.
