Las externalidades de la corrupción pública

Mucho se ha oído hablar de la corrupción pública pero poco se dice de los costos no evidentes de este fenómeno sobre la sociedad, por lo tanto vale la pena dedicar unos minutos a analizar sus implicaciones.

En economía se habla de externalidades, en referencia comúnmente a los efectos no compensados de una actividad de carácter privado sobre el resto de la sociedad. En caso de que la incidencia sea negativa, hablamos de costos o reducciones de bienestar y si la incidencia es positiva, hablamos de beneficios o mejoras de bienestar. En la primera situación, se afirma que quien desarrolla una actividad privada con el objetivo de mejorar su propio bienestar, le está transfiriendo costos o está mermando la felicidad de otras personas que tienen poco o nada que ver en el asunto, mientras en la segunda, le está externalizando beneficios o está mejorando la felicidad de otras personas ajenas al proyecto particular de este individuo.

El problema de las externalidades en economía es bien conocido, en general antes de emprender cualquier actividad que busca beneficios privados, los individuos, consciente o inconscientemente, desarrollan un análisis beneficio-costo dirigido a identificar los costos potenciales en que incurrirán y los beneficios que recibirán en contraprestación. Si la resta es positiva, lo más seguro es que decidan adelantar la actividad, si es negativa la evitarán. Así las cosas, cuando los costos de una actividad son asumidos por alguien más, son externalizados o sacados de la ecuación, es más probable que las personas decidan emprender una actividad que reduce de forma importante el bienestar del resto. Tal vez convenga describir un ejemplo para aclarar un poco más el concepto:

Cuando un vecino ruidoso, en un edificio de apartamentos, pretende adelantar una fiesta, durante el proceso de análisis beneficio-costo, considerará los costos del licor y los pasabocas que posiblemente se consumirán, el costo por hora de la música en vivo que animará la fiesta y potencialmente, la reposición de uno que otro implemento casero que sea destruido cuando sus comensales empiecen a elevar los niveles de alcohol en la sangre, no obstante, durante el proceso de tomar la decisión, no tendrá en cuenta los costos que le transferirá a sus vecinos, quienes con seguridad, estarán inmersos en otras actividades, la mayoría  de las cuales, se verán interrumpidas por la apoteósica fiesta que está a punto de adelantarse. No cabe duda que en el marco de un evento de estas características, quien organiza la fiesta y sus invitados experimentarán una mejora de bienestar sustancial, la cual compararán con los costos de la preparación y que dicha resta arrojará un resultado positivo, por lo que el proyecto de fiesta seguirá su rumbo sin mayores contratiempos. Otra sería la decisión si el vecino ruidoso considerara en su evaluación los costos que transfiere a los demás y que decidiera compensarlos de alguna manera por las incomodidades o que una administración responsable e interesada por el bienestar general de todos los residentes, optara por sancionarlo con una multa suficientemente alta como para compensar el malestar que está a punto de causar, en ese caso posiblemente el beneficio recibido por su escandalosa actividad no será suficiente para compensar tales costos aumentados.

En el caso de una actividad como la corrupción el análisis beneficio-costo privado es relativamente simple: modificando irregularmente, directa o indirectamente, un conjunto de decisiones, el corrupto recibirá montos de recursos públicos que utilizará para mejorar su propio bienestar y el de sus allegados, los costos evidentes en los que incurrirá tendrán que ver con la sumatoria de los montos que debe pagar para salirse con la suya, con el cuestionamiento de su integridad, las sanciones sociales, morales, legales y de toda índole, que deberá asumir por cuenta de tales decisiones. No obstante, ¿qué pasa con los costos no evidentes? ¿Qué pasa con los costos que el corrupto transfiere a los demás, no incluye en su análisis beneficio-costo y por los cuales no nos está compensando al resto de la sociedad? Hagamos un breve análisis de algunos de ellos utilizando en primera instancia un ejemplo, con la esperanza de que el lector extienda sus fundamentos a los demás escenarios públicos, teniendo en cuenta que las dinámicas en infraestructura, son similares a las de salud, educación, etc:

1.       Costos asociados a fallas en la provisión de bienes y servicios públicos: vamos a suponer que un corrupto incide en las decisiones, en lo que tiene que ver con la selección de un proponente que construirá una nueva vía, importante para la competitividad de un país entero. En este caso, son varias las formas en que transfiere costos a la sociedad que no son necesariamente evidentes. En primer instancia, El Estado que debe seleccionarlo diseña todo un show procesal dirigido a hacer más transparentes los mecanismos de selección y de dientes para afuera, intentar frenar la corrupción; esta condición hace que procesos que deberían tardar unos cuantos días terminen durando meses y que el disfrute de la vía con las respectivas implicaciones en materia de mejora en productividad, reducción de tiempos de viaje, reducción de contaminación del aire etc.,  se retrase innecesariamente.  De otro lado, considerando que el corrupto muy probablemente no va a ser el oferente más idóneo técnicamente o de lo contrario no necesitaría utilizar la corrupción como mecanismo para resultar favorecido, la sociedad va a recibir una vía de mala calidad que no va a satisfacer sus necesidades y que seguramente tendrá que reemplazar antes de lo esperado.  Así las cosas, el recibo de los anhelados bienes y servicios públicos por parte de la sociedad, puede tardarse 2 o 3 años más de lo que debería y considerando los costos del reemplazo, pueden costar el doble o el triple de lo que costarían unos de calidad razonable.

2.       Costos asociados a la complejidad y consecuente ineficiencia administrativa: de otro lado, para intentar lidiar con la mala calidad sistemática de los productos públicos entregados y el comportamiento deshonesto de sus servidores, la organización pública que contrata las vías, debe tener en su interior ejércitos de personas encargadas de adelantar cada uno de los dispendiosos pasos necesarios, para llevar a cabo la selección de los oferentes. En sus huestes contará con infinidad de abogados que se dediquen a elaborar términos de referencia y contratos  excesivamente complejos, multitud de contratistas que adelanten los procesos de supervisión e interventoría, hasta el punto de que su tamaño puede terminar siendo 4 veces más grande del que tendría en caso de que la corrupción no existiera. Además, considerando que a pesar del tamaño de estos ejércitos el control no será efectivo, se requerirán sendas instancias externas a la entidad, de magnitudes también especialmente grandes como contralorías, procuradurías, veedurías y otras tantas, que intentarán, de dientes para afuera, reducir la corrupción, también infructuosamente.

3.       Costos asociados al pago de impuestos innecesariamente altos: no es tarea fácil financiar los recursos que desaparecen por cuenta de la corrupción, los sobrecostos de la baja pertinencia y calidad de los productos y de un aparato público innecesariamente grande. Lograrlo requerirá un flujo de ingresos fiscales suficiente, para mantener un ecosistema criminal de estas características. En contraste, en países sin corrupción, con la mitad de los recursos se podría entregar el doble o el triple de bienes y servicios públicos. Así las cosas, las implicaciones para la sociedad de tener altos niveles de corrupción, están relacionados con tener que pagar una tasa impositiva que puede ser el doble o el triple de la que pagaría si no existiera este flagelo. En este sentido, si pensamos en que los impuestos son una forma de apropiarse de parte del ingreso de las personas, que lo que gana cada uno procede de horas de trabajo cuya remuneración es usada para comprar bienes y servicios que proporcionan bienestar; la corrupción se apropia de horas de trabajo de las personas y reduce su capacidad para adquirir bienes y servicios que con seguridad mejorarían su felicidad. Eso sin mencionar que eleva los precios de los productos que dicha sociedad produce, haciéndolos menos competitivos en el panorama internacional y por lo tanto, más difíciles de vender en mercados globales, reduciendo en conjunto el ingreso total de la economía y por lo tanto su capacidad agregada para proporcionarse bienestar.

4.       Costos asociados a la conformación de delincuencia organizada pública: con el ánimo de intentar controlar entornos tan complejos como los mencionados y de garantizar en el tiempo la sostenibilidad del lucrativo negocio, los corruptos intentarán ubicar en posiciones claves a sus fichas, por lo tanto, incidirán en procesos de elección popular y nominación pública, para garantizar en el legislativo,  actores capaces de definir normas que de dientes para afuera, satisfagan a la opinión pública, pero de dientes para adentro, faciliten su accionar; en el ejecutivo actores que tomen las decisiones más convenientes para sus propios intereses, aun en contravía del bienestar de la sociedad y en la rama judicial peones que tengan la potestad de incidir durante los procesos sancionatorios, de manera que los costos dentro de su ecuación personal, resulten ser lo suficientemente pequeños como para garantizar un análisis beneficio-costo positivo.  En este caso, el resultado para la sociedad no es otro, que contar con un conjunto de normas y decisiones que la perjudican en vez de beneficiarla y un esquema de justicia completamente desigual, que trata a las personas de forma totalmente inequitativa asignándoles diferente peso en la balanza.  

5.       Costos asociados a desigualdad social y violencia: una de las formas más claras y expeditas para reducir la desigualdad, es entregando bienes y servicios públicos de alta calidad a las clases menos favorecidas, que les permitan equipararse con las que están en mejor condición, sin duda, en primer lugar, es necesaria la reducción de la iniquidad en materia de justicia. Bajo las condiciones mencionadas en los anteriores numerales, en un entorno corrupto no es posible por definición materializar ni lo uno ni lo otro, así las cosas, la corrupción extiende indefinidamente la existencia de sociedades desiguales e injustas, con evidentes conflictos de intereses entre El Estado y los ciudadanos. Mientras el primero concentra su actuación en decisiones que benefician a los pequeños grupos dominantes, los segundos incrementan su nivel de frustración en un entorno en el que no gobierna la ley, con el consecuente surgimiento de multitud de fenómenos de violencia.  Por lo tanto, las consecuencias para la sociedad no son otras que polarización y muerte. Finalmente, para intentar controlar estos fenómenos, será necesario hacer gastos mucho más altos de seguridad y defensa que los que harían Estados en los que no existe la corrupción, con el consabido aumento en los impuestos que conducen a una apropiación aún mayor por parte del Estado, del bienestar de la sociedad y la desviación de recursos de sectores de alta rentabilidad social como educación y salud, a sectores que en principio no deberían existir como los mencionados.

A manera de cierre, vale la pena mencionar, que la sanción por corrupción debería en primera instancia, reconocer una compensación consecuente a la sociedad, por todos los costos que el corrupto le externaliza y que en segunda instancia, si la sanción es lo suficientemente efectiva para que el corrupto deba involucrarla en su  análisis beneficio-costo, seguramente tendríamos mucha menos corrupción pública en nuestras sociedades que la que hoy día tenemos. 

Disponible en audio: https://anchor.fm/armando-ardila/episodes/Las-externalidades-de-la-corrupcin-pblica-e1l4mfo/Las-externalidades-de-la-corrupcin-pblica-a888913

Nuestra sociedad no necesita a los políticos

                                           Fuente: http://www.birgrupyazar.com/kuru-siki-hayatlar/

Cuando nos referimos a las actividades de quienes rigen o esperan regir los asuntos públicos, nos vienen a la cabeza todo tipo de perspectivas centradas en lograr una mejor sociedad,  garantizando que cada uno de los individuos que la conforman, sea capaz de lograr sus expectativas y que por esta vía, tenga la posibilidad de alcanzar un estado de felicidad razonable. Esa, naturalmente, es la lógica del deber ser de la política, la cual en el caso de Colombia y de un sinnúmero de países en el mundo, dista mucho de lo que pasa en la realidad.

La culpa de una diferencia tan marcada entre el deber ser y lo que es, está enquistada en un conjunto de imaginarios que a lo largo de los años, han venido posicionándose en nuestras sociedades, hasta el punto, de que muchas personas creen que no es posible concebir un entorno de poder público diferente al actual, sienten que la lógica política contemporánea es producto de un estado natural social que no puede modificarse, al cual todos indefectiblemente tenemos que acostumbrarnos.

Lo cierto es que los políticos, un grupo minoritario de personas, se han encargado de hacernos pensar de esta manera, a través de siglos de decisiones amañadas nos han convencido de que son necesarios para mantener el equilibrio social y satisfacer nuestras necesidades.  Tan falsa es esta posición que históricamente, buena parte de su tiempo, lo han invertido en discursillos focalizados en tratar de defender lo indefendible y mantener un conveniente status quo.

Lo interesante del caso es que las nuevas generaciones “no comen cuento”, a partir de los millennials, el mundo está conformado por un conjunto de personas críticas capaces de identificar las fallas sistémicas de los modelos políticos, económicos y sociales que  nos han regido durante años. Por primera vez en siglos estas personas son capaces de acceder alrededor de todo el mundo, de manera irrestricta, a volúmenes ingentes de información, puntos de vista, teorías, paradigmas etc; y lo más interesante de todo, es que tienen la capacidad necesaria para unir los puntos y darse cuenta de que “el tigre no es como lo pintan” las personas que en la actualidad rigen nuestros destinos. 

Lo claro es que como sociedad estamos en un proceso de transición hacia un paradigma político diferente, al cual nos dirigimos caminando pero algunos creemos que es necesario empezar a correr. Es evidente que YA NO NECESITAMOS A LOS POLÍTICOS, que actualmente toman decisiones sobre nuestras vidas.

Quién puede necesitar individuos egoístas que piensan más en su propia conveniencia que en el bienestar del pueblo que los eligió directa o indirectamente. Se trata de personas que ven en lo público una carrera por la que se mueven en el marco de una especie de gueto, a costa de tomar decisiones que preservan los intereses de aquellos que tienen injerencia en su proyección profesional, aun cuando vayan en contra del bienestar de la sociedad. Operan como una especie de logia que preserva a toda costa los intereses de sus miembros, pero a la que le tienen sin cuidado las afugias de nuestra golpeada sociedad. Muy al estilo de la mafia siciliana de antaño, concentran su gestión en hacer favores que después alguien debe pagarles y en recompensar a aquellos que en algún momento de su vida les ayudaron a avanzar en el marco de su crecimiento político. 

No obstante puedan haber alcanzado niveles educativos altos, en general se trata de personas poco técnicas, escasamente estructuradas, cuyo único mérito radica en su capacidad para relacionarse con la logia indicada y entender los mecanismos para evitar ser expulsados.

Quién puede necesitar personas que no construyen su agenda política en torno a la solución estructural de problemas sociales, sino alrededor de propuestas que preservan los intereses de los grupos económicos más poderosos, los mismos que son capaces de pagar ingentes sumas de dinero para venderle a los votantes “el candidato indicado”, mediante la implementación de despiadadas y mentirosas campañas de marketing.

Quién puede necesitar dirigentes completamente ajenos a las realidades del pueblo sobre el cual toman decisiones, que viven en entornos ideales separados, amén de que ellos mismos se encargan de solucionar primero sus necesidades, priorizándolas por sobre las de sus votantes, es decir, se concentran exclusivamente en garantizar la erradicación de sus propios sufrimientos olvidándose del dolor del resto de la sociedad.

Por qué íbamos a querer ser dirigidos por habladores de oficio, cuyo principal mérito es dar discursos, aparecer en fotografías y figurar en redes sociales.  Personas capaces de anteponer un evento político a una reunión técnica cuyo propósito es diseñar la solución efectiva a un problema social; que privilegian una rueda de prensa sobre un ejercicio de gerencia serio, que garantice el correcto funcionamiento de las organizaciones que dirigen; que prefieren abrir eventos en los que participan las mismas con los mismos pertenecientes a su séquito político, antes que trabajar concienzudamente para sacar adelante proyectos que mejorarán el bienestar de los más desfavorecidos.

Quién podría pensar que para nuestra sociedad es útil contar con políticos que mandan al traste la efectividad de las organizaciones que dirigen, llenando sus cargos con individuos que poco o nada conocen de la técnica necesaria para garantizar el logro de sus objetivos misionales, con aspirantes cuyo único mérito es respaldar a toda costa al integrante del gueto que en su momento pudo llegar a un cargo de decisión. 

Quién querría en su entorno personas con un hambre ingente de riquezas, capaces de utilizar la posibilidad de regir nuestro destino, para venderle al mejor postor la decisión que más le  convenga, aún en desmedro del bienestar de la mayoría.

¿Habrá alguien que necesite personas tan dañinas para una sociedad como la nuestra? Si todos estamos de acuerdo en la respuesta, ¿por qué permitimos que sigan plagando la realidad política de nuestros países? De inmediato podemos tomar la decisión de condenar su existencia, tenemos la posibilidad de dejar de votar por ellos, podemos restringirles la entrada a nuestros entornos cotidianos, hacerles sentir a través de todas las estrategias posibles que no son bienvenidos y que a partir de la fecha son proscritos en una sociedad que tiene la voluntad de garantizarse para sí misma una lógica política completamente diferente.  

Carta abierta a los Servidores de Función Pública

Querido equipo de Función Pública:

Quiero enviarles a todos un caluroso saludo lleno del más profundo agradecimiento y un sincero sentimiento de aprecio. Les escribo por varias razones, la primera, despedirme pues he decidido retornar a mis actividades privadas, asumir de nuevo las labores académicas y el trabajo con los multilaterales. Cuando acepté las riendas de la Subdirección de Función Pública, la entidad me necesitaba, ahora quien necesita de mi apoyo es la empresa que ayudé a construir hace años y a la que también quiero con el corazón. 

Ha sido más que un placer trabajar con todos ustedes y aportar en la materialización de los retos que se ha trazado esta bonita organización. Cuentan con mi absoluta gratitud por los ingentes esfuerzos que han hecho para construir un mejor país, es mucho lo que Función Pública ha aportado en materia de política pública. Con algunos tuve la oportunidad de interactuar más que con otros, sin embargo, de cada uno me llevo gratos recuerdos asociados a sonrisas sinceras y muestras genuinas de aprecio.

La segunda, pedirles algo:

No se olviden que de acuerdo con el DANE aproximadamente un tercio de la población colombiana (27.8%) no gana lo suficiente para poder comprar una canasta mínima (menos de 223.638 mensuales). No pierdan de vista que de acuerdo con el Banco Mundial, Colombia es el séptimo país más desigual del mundo. Por otro lado, asegúrense de recordar que somos el octavo país con más asesinatos por cien mil habitantes de todos los que se incluyen en la medición de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito.  Si recuerdan estos datos, tendrán presente que no obstante muchos de nosotros vivamos en una burbuja de aparente bienestar, la mayoría de colombianos no tienen la posibilidad de tener la vida que se merecen.

Desde muy joven me conmovió este particular y me ha motivado durante años a hacer todo lo que puedo para cambiar la situación de millones de colombianos: llegar a la oficina antes de las 6 am y salir cuando se ha ido el sol, trabajar con multilaterales y gobierno, olvidarme de invertir en negocios de alta rentabilidad, para fundar una organización que se dedica a solucionar problemas reales que afectan nuestra sociedad, explicarle a mis estudiantes en las noches y los fines de semana, mecanismos que permiten que la intervención pública y privada cambie el bienestar de las personas y más recientemente, venir a trabajar en Función Pública.

En el caso de ustedes, que seguirán formando parte de esta maravillosa entidad transformadora, tengan presente que su labor y la manera en la que entienden lo público puede hacer toda la diferencia:

1. Hagan honor a la disciplina, la seriedad, el profesionalismo y el trabajo arduo.
2. Sean disruptivos, entiendan que la situación actual no es producto del azar, es el resultado de las reglas de juego (instituciones) que nuestra sociedad ha configurado durante años de decisiones y que como cualquier convención, pueden cambiarse cuando lo deseemos.
3. Lean todo lo que se les atraviese y estudien todo lo que puedan para encontrar soluciones reales a los problemas actuales de lo público.
4. Manténganse a la vanguardia del conocimiento, entiendan nuevos modelos e impleméntelos.
5. Piensen diferente, conspiren para cambiar el mundo y persuadan hasta el cansancio  a todos aquellos que pretenden mantener el statu quo.
6. Cultiven la verdadera inteligencia, procuren entender fenómenos, dilucidar problemas e identificar soluciones estructurales. Sálganse de las dinámicas arcaicas que asocian la brillantez al hecho de recordar líneas de textos, normas o cifras escritas en alguna parte.
7. Trabajen arduamente por cambiar lo que no funciona y transformen las dinámicas rígidas y conformistas que sostienen tercamente que las cosas no pueden ser diferentes.
8. Obsesiónense con diseñar organizaciones ágiles, vanguardistas, productivas, que cambien por completo el panorama de lo público y tengan la capacidad para darle la vuelta a los indicadores que mencioné unos párrafos atrás.
9. No se preocupen por publicitar lo que hacen para mostrar resultados, sabrán que lo están logrando el día que para el ciudadano sea evidente el buen funcionamiento de las organizaciones sobre las cuales Función Pública tiene incidencia.
10. Cuiden como un tesoro todo lo público, recuerden que nuestras entidades existen gracias al aporte de millones de colombianos que para financiarnos debieron renunciar a una parte de sus ingresos, los cuales podrían haber utilizado para irse de vacaciones, cambiar de carro, comprar una nueva casa, pagar una mejor educación para sus hijos etc. 

Y lo más importante, asegúrense de ser los mejores servidores del mundo y promover que todos los que trabajan en lo público tengan una actitud similar a la de ustedes. No olviden jamás el deber de garantizar la felicidad de 47 millones de colombianos.

Cordialmente, 

Armando Ardila Delgado 

Subdirector

PRODUCTIVIDAD PÚBLICA: LA CLAVE PARA UNA VERDADERA PAZ ESTABLE Y DURADERA

Por: Armando Ardila
@ArmandoArdilaD

En estos días todo el país está concentrado en informarse acerca del contenido de los acuerdos de La Habana y decidir si refrendar o no el compromiso establecido entre las FARC y el Gobierno. Se trata sin duda de una decisión importante que requiere de toda nuestra atención y compromiso, sin embargo, no hay que perder de vista que si queremos la materialización de una paz estable y duradera, es necesario rediseñar toda la institucionalidad que durante años ha formado parte de un entorno de conflicto y emprender cuanto antes acciones decididas que garanticen resultados.

 Todo empieza por que nuestro país reconozca las dificultades que tiene el actual diseño institucional para garantizar el bienestar de toda la población colombiana y que asuma su responsabilidad en la implementación de un modelo de estas características generador y perpetuador de los determinantes del conflicto.

 En primera instancia, teniendo en cuenta que la manera en la que el Estado proporciona bienestar, es a través de la oferta de bienes, servicios y la definición de las reglas de juego en el marco de las cuales los privados desarrollan sus actividades y que dicha oferta se materializa a través de entidades públicas; es necesario pensar en una forma diferente de entender la manera en la que se diseñan las organizaciones al interior de lo público. En la actualidad, nuestras entidades se estructuran pensando más en la conveniencia política y jurídica, que en la pertinencia desde la perspectiva de la ingeniería. En línea con lo dicho, vale la pena preguntarnos si estamos creando las estructuras organizacionales apropiadas, entre 2002 y 2010 se modificaron 431 entidades y se suprimieron otras 49. Posteriormente, la reforma administrativa llevada a cabo por el gobierno actual modificó varias de las entidades previamente reestructuradas, incluyendo la separación de ministerios que ya habían sido fusionados.

 En general el enfoque de productividad pública se ha concentrado históricamente en generar esquemas de compensación e incentivos para que el talento humano incremente su producción, perdiendo de vista que la manera en la que está diseñada la organización es tal vez el principal determinante de la productividad individual. La misma persona puede tener resultados notables en una organización diseñada para “facilitar” su trabajo, mientras que reportará logros mediocres en una organización con procesos complejos y mal diseñados que parecen estar construidos para frenar su accionar.

 Desde este punto de vista, es necesario evolucionar hacia un paradigma institucional público que priorice la productividad por sobre todas las cosas, que se concentre en diseñar organizaciones cuyo marco estratégico, diseño de negocio, procesos, cultura, arquitectura tecnológica etc, esté focalizada en entregarle a los ciudadanos una cantidad mayor de bienes y servicios, haciendo uso de menos recursos, en el marco de un estándar de calidad creciente.

 Además, será imprescindible hacer cambios importantes en la estructura sistémica al interior de la cual se insertan estas nuevas y mejor diseñadas organizaciones. El país debe emprender cuanto antes el mejoramiento de institucionalidades transversales a todas sus entidades, como el empleo público y las compras públicas. Hay que reconocer que el actual modelo de gestión de talento humano público tiene serios problemas de diseño, rigideces e innecesarias complejidades, que impiden que las organizaciones puedan potenciar la productividad de sus empleados. En diciembre de 2015 la rama ejecutiva tenía 31.203 cargos pendientes por proveer a través de concursos, no obstante el costo promedio de provision de uno de estos cargos es de 8 millones de pesos, mientras que la duración estimada de todo el proceso es de aproximadamente un año. De otra parte, aunque Colombia Compra Eficiente ha logrado avances sustanciales en la manera en la que se provisionan los insumos al interior de las organizaciones, aún queda un largo camino por recorrer. Un aspecto crucial, para aumentar la tasa de producción de bienes y servicios públicos, así como su impacto, es garantizar una provisión de insumos óptima y oportuna en el marco de altos estándares de calidad. Desafortunadamente, la complejidad de los procesos actuales de compra impiden por completo la implementación de esquemas just in time.

 El mejoramiento en estos dos casos no pasa por hacer ajustes menores de lo que tenemos hoy día, sino que supone una ruptura radical en los modelos. En lo que tiene que ver con el empleo público, es necesario ajustar toda su lógica a las actuales tendencias globales de gestión de talento humano, en este sentido, esquemas flexibles, people analytics, felicidad laboral etc., son aspectos que deben ser involucrados en un modelo mejorado que le garantice a las organizaciones la provisión ágil y sobre todo pertinente de este invaluable recurso. En lo que tiene que ver con las compras públicas, la reducción drástica de los costos de transacción internos y externos para las organizaciones debería ser un aspecto prioritario, así como los ajustes en la anualidad del gasto, que permitan hacer compras ágiles más pertinentes para las necesidades de las organizaciones y por supuesto de los ciudadanos.

 A manera de conclusión, vale la pena reiterar que la paz se construye diseñando organizaciones públicas capaces de llegar a toda nuestra población, con bienes y servicios de alta calidad, desarrollados de manera productiva y que para lograrlo, es necesario que nuestro Estado haga ajustes sistémicos en toda su estructura, aplicando todo el set de herramientas que pueden ofrecernos los más recientes y sofisticados avances en la ingeniería de organizaciones.

¿Por qué las políticas públicas no funcionan en Colombia?

Colombia, como muchos países latinoamericanos, hace ingentes esfuerzos por solucionar sus problemas de bienestar más fundamentales. De acuerdo con datos publicados por el Banco Mundial, el nuestro, es uno de los países más desiguales, en el ranking mundial sigue de cerca a Haití y a Honduras.  De hecho, en línea con el DANE, la incidencia sobre los colombianos de la pobreza monetaria es del 24% y del 40% en las cabeceras municipales  y en los centros poblados respectivamente.

Lo que muestran estas cifras es que la gran mayoría de la población sufre las inclemencias de los ingresos bajos, en efecto de acuerdo con el análisis realizado por la consultora de consumo Raddar en 2015, el 15,9% de la población vive en estrato 1, el 28,9 en estrato 2, el 34,4% en estrato 3, el 11% en estrato 4  y apenas el 9,8% de todos los colombianos vive en estrato 5 y 6. Un resultado como este es de suma importancia si se tiene en cuenta que el estrato es una proxy de acceso a bienes y servicios públicos y que de acuerdo con los resultados del último censo realizado en el país, más del 70% de la población colombiana vive en zonas urbanas, por lo que en general está estratificada.

Los diferentes gobiernos formulan e implementan políticas públicas con el propósito de dar respuesta a todos y cada uno de los problemas asociados a esta realidad socioeconómica, sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que la mayoría de ellas no logra una mejora significativa en la situación de los colombianos menos favorecidos. En este sentido, valdría la pena preguntarse por algunas de las razones que fundamentan esta falta de efectividad en la intervención pública:

1. Los tomadores de decisión no conocen la realidad de los beneficiarios: en primera instancia hay que decir que quienes formulan las políticas públicas y deciden la manera en la que el país atenderá las necesidades de la mayoría de colombianos, provienen de los grupos poblacionales minoritarios, es decir del diminuto 9,8% que vive en los estratos 5 y 6. No obstante el indudable compromiso y capacidad técnica de estas personas, el problema es que la realidad  a la que se han enfrentado desde chicos, es diametralmente diferente a la del resto de la población. Su entorno socio espacial es diferente, la provisión de bienes y servicios públicos a que han tenido acceso durante toda su vida es muy distinta, al punto de que podemos decir que han vivido en una Colombia muy diferente a la de la población para la cual proponen soluciones. La mayoría de ellos aterrizan en cargos públicos de decisión luego de pasar por las mejores universidades del país y del exterior, saltándose una serie de etapas operativas que les permitirían conocer la verdadera magnitud de las problemáticas. Así las cosas, podemos decir que en Colombia hay una marcada falta de sintonía entre quienes hacen las políticas públicas y quienes serán beneficiarios de ellas.

2. Escaso aprendizaje institucional: el premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz y el profesor de la escuela de negocios de la universidad de Columbia Bruce C. Greenwald, se han encargado de explicarnos de una y otra manera la importancia del aprendizaje en la economía y por supuesto, al interior de las organizaciones. En su libro “La creación de una sociedad del aprendizaje”, dimensionan la importancia del Know How en la capacidad de las organizaciones para diferenciarse y lograr avances sustanciales en productividad y efectividad. Si trasladamos esta conclusión al entorno en el que se formulan las políticas públicas, podemos afirmar que el aprendizaje al interior de las entidades no es el necesario para garantizar la pertinencia de las intervenciones. En general, el modelo de elección popular de mandatarios unido al esquema de libre nombramiento y remoción al que se ajustan la mayoría de los cargos que toman decisiones al interior de lo público, hacen que usualmente la formulación de políticas públicas se haga en el marco de niveles demasiado bajos de la curva de aprendizaje, esto debido básicamente a que en promedio cada año y medio, las organizaciones cambian las personas que ocupan los cargos decisorios.

 3. Baja productividad de las organizaciones públicas: la experiencia en evaluación de políticas públicas en distintos países, muestra que su efectividad depende en buena medida del nivel de la productividad de las organizaciones públicas que participan en su implementación. En los casos en los que la ejecución de las intervenciones depende de una institucionalidad burocrática y pesada, la solución de los problemas difícilmente alcanza a los beneficiarios. Por el contrario, cuando se trata de organizaciones ágiles y altamente productivas, los beneficiarios tienen acceso completo a los bienes y servicios públicos que las políticas se comprometen a entregar. Desafortunadamente en Colombia, los niveles de productividad pública son considerablemente bajos, afectando negativamente la efectividad de cualquier intervención.

4. Sistema legal de alta complejidad: si en algo hemos sido exitosos los colombianos, es en diseñar un sistema de leyes con un nivel de sofisticación inusitado, hasta el punto, que dificulta dar solución pertinente y efectiva a los problemas sociales de todos los colombianos. No por nada Colombia es uno de los países con más abogados por cien mil habitantes del mundo, los sistemas de contratación, tributación, solución de controversias etc. están tan llenos de vericuetos, que muchas políticas públicas con objetivos maravillosos terminan dilapidando sus recursos en sortear toda suerte de laberintos legales.

Cuando los elementos descritos se conjugan en el marco de una combinación sombríamente ideal, se presentan casos como el de Rubiela Chivará, una madre tristemente célebre gracias a que nuestras políticas públicas no tuvieron la capacidad de garantizarle la vida y luego de su muerte, no le ofrecieron las condiciones para proporcionarle un trato medianamente digno.  Este caso y muchos otros parecidos, son campanazos de alerta que deben llamar nuestra atención e instigarnos a modificar un sistema que viene cometiendo los mismos errores desde hace décadas. 

El proceso de paz y la racionalidad de los guerreristas

Publicado en el diario Portafolio http://www.portafolio.co/opinion/analisis-modelos-violencia-colombia

Luego del ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en  el Cauca, que dejó 11 militares muertos y 17 heridos, el país se ha dividido en dos bandos. El primero, clama a gritos por el rompimiento del proceso de paz; mientras el segundo, llama a la cordura y a mantener un ambiente de negociación que garantice la firma de un acuerdo.

Desde este punto de vista, vale la pena analizar con cabeza fría, varios aspectos relevantes del conflicto, antes de tomar partido por una u otra posición.

Un aspecto a considerar es la posibilidad o no de finalizar el conflicto a través del ejercicio institucional de la fuerza.  De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y con el Banco Mundial, Colombia está en el top 30 de países del mundo, con  mayor gasto militar, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, nuestro país sigue siendo uno de los más violentos del mundo, los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, actualmente nos ubican en el puesto 13 del ranking de países con mayor tasa de homicidios por cien mil habitantes. 

De otra parte, la literatura más reciente sobre las dinámicas de los modelos de violencia, los sitúa en una perspectiva evolutiva, en el marco de la cual, se reproducen en un ambiente propicio para su existencia y cambian de acuerdo con las características del entorno social. En esencia, al igual que cualquier ser vivo, evolucionan por cuenta de mutaciones generadas por los incentivos del ambiente en el cual sobreviven.

De acuerdo con las mediciones para el Índice de Gini publicadas por el Banco Mundial, Colombia es el onceavo país más desigual del mundo. En lo que tiene que ver con brechas en ingresos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos ubica en el puesto 13 entre 151 países. Lo que nos muestran las cifras es que hay un grupo poblacional pequeño que gana bien y vive bien, pero hay un porcentaje muy grande de la población cuyos ingresos ni si quiera alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Ésta problemática es de tal magnitud, que de acuerdo con las cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 42,8% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza, es decir no gana lo suficiente para satisfacer sus necesidades más elementales.

Lo que nos muestran estos indicadores, es que nuestro país ofrece un entorno absolutamente propicio para la proliferación de modelos de violencia, que tienen por objetivo principal, captar rentas a través de narcotráfico, extorsión, contrabando, minería ilegal etc. Así las cosas, podemos destinar el 100% de nuestro presupuesto a la fuerza pública y jamás estos modelos de violencia van a desaparecer hasta tanto no desaparezcamos el entorno propicio que tienen hoy para reproducirse. Por el contrario, cuanto más presupuesto dediquemos a la guerra, menor será la proporción que podremos destinar a generar condiciones que permitan que la mayoría de la población, pueda cubrir sus necesidades insatisfechas; por lo que incluso, estaríamos profundizando los determinantes del conflicto.

Para tener una idea de las dimensiones de este fenómeno, vale la pena revisar el caso del paramilitarismo en Colombia. A partir del 25 de noviembre el 2003, se dio inicio al proceso de desmovilización de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La mayoría de los Colombianos pensaron que este proceso sacaría de combate a uno de los bandos más sangrientos del conflicto; sin embargo, en la actualidad es evidente que estas unidades generadoras de violencia, no desaparecieron sino que simplemente  mutaron ajustándose a los cambios en un entorno todavía propicio para su supervivencia y evolucionaron en un organismo diferente denominado BACRIM o Bandas Criminales.

A pesar de todo lo mencionado, una parte del país considera que la manera para enfrentar una problemática de estas características, es profundizar el accionar de las fuerzas militares y de policía. En el marco de una condición que la economía moderna llama “riesgo moral”, un grupo poblacional fundamentalmente de estratos altos ubicado en las ciudades principales, toma decisiones de política que respaldan esta iniciativa y además exigen resultados. Sin embargo, las consecuencias de sus actos son sufridas por el grupo poblacional más deprimido; de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1988 hasta la fecha, han muerto 2981 civiles en acciones bélicas, desarrolladas fundamentalmente por fuera de las ciudades colombianas.  En efecto, entre 1958 y 2012, el conflicto ha generado la muerte de al menos 220.000 personas localizadas en su mayoría, en poblaciones pequeñas y zonas rurales.  Para que tengan una idea de la magnitud del fenómeno, este número de vidas perdidas se puede equiparar a la desaparición del total de la población de una ciudad como Tunja en Boyacá.

Considerando estos antecedentes, vale la pena preguntarse si de verdad lo que el país requiere es la profundización institucional del conflicto o un proceso sostenido de paz y reconciliación con todos sus protagonistas, que empiece con las FARC y se focalice en erradicar la desigualdad y reparar a todos los grupos poblacionales afectados por más de 50 años de guerra.

Plan de desarrollo, buen gobierno, productividad pública y calidad del gasto.

Hace unos días, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), abrió un espacio en el que los directivos de un conjunto de firmas de consultoría del sector gobierno, tuvimos la oportunidad de transmitir nuestras impresiones, sobre la estructura y contenido del Plan Nacional de Desarrollo que está próximo a aprobarse.

Las características del evento, resultaron muy pertinentes y seguramente provechosas, para la ardua tarea que está adelantando el DNP por esto días. Se trató de un conversatorio con un número reducido de expertos en temas diversos, conocedores del gobierno y las políticas públicas; en el que el director del DNP, Simón Gaviria tuvo la oportunidad de presentar el plan y recibir interesantes impresiones en un valioso tono de franqueza y camaradería técnica.

Con estos antecedentes, considero oportuno precisar algunos elementos de las impresiones personales, amablemente acogidas por el DNP, relacionadas con el componente del Plan denominado “Buen Gobierno”. En particular, se suscriben a incluir en este nuevo derrotero estratégico nacional, un componente transversal que garantice la migración de la perspectiva de la gestión pública, hacia dos conceptos centrales de administración moderna: elevada productividad y alta calidad del gasto público.

El DNP ha manifestado, que por fin Gobierno Nacional va a formalizar al interior del nuevo Plan de Desarrollo, el paso de implementar el modelo de Gestión Presupuestaria por Resultados en Colombia. Decisión muy pertinente si consideramos que países de la región como Chile y Perú, han recorrido dicho camino con resultados notables, mucho antes que nosotros. Con este mecanismo, avanzaremos en poder hacer una asociación mucho más clara entre las metas que nos proponemos como nación y los recursos que invertimos en alcanzarlas.

Esta iniciativa, supone el primer escalón para iniciar un proceso sostenido de mejora en la efectividad pública colombiana, sin embargo, si queremos hacer la tarea completa y pretendemos  garantizar un gobierno efectivo, que responda de la manera esperada a las exigencias sociales del post conflicto; es pertinente que empecemos a medir la capacidad de nuestras instituciones para entregar bienes, servicios públicos y calculemos de forma técnica la eficiencia y la eficacia, con la que están siendo usados los recursos públicos colombianos.

Hace unos años, Chile emprendió un proceso similar al que proponemos y de acuerdo con la más reciente medición del World Economic Forum, hoy día supera a países como Japón y Canadá en el ranking de eficiencia en el gasto público.

La idea en concreto, es que nuestro gobierno empiece a medir el nivel de producción de bienes y servicios de sus instituciones y que se fije metas concretas asociadas a la mejora de los niveles de productividad. De la misma manera, esperamos que logre avanzar del puesto 101 en el ranking mundial mencionado y se acerque al puesto 21 en el que se encuentra actualmente Chile.

El objetivo es que desde la perspectiva del “Buen Gobierno” contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, se formule una estrategia consolidada de gestión del cambio en la administración, por intermedio de la cual, cada gerente público se obsesione con garantizar que su organización produzca más, haciendo uso de los mismos recursos y el Ministerio de Hacienda trabaje en garantizar que nuestro país utilice los dineros públicos, en el marco de estándares de eficiencia y eficacia, superiores a los de cualquier nación vecina.

La consolidación exitosa de una iniciativa como la anotada, traerá consigo aspectos que todos los ciudadanos colombianos añoramos: el dinero de nuestros impuestos se verá representado en obras de infraestructura oportunas, menor desigualdad social, mayor seguridad en las ciudades y en las áreas rurales, mayor cobertura y por supuesto calidad, en educación, salud, servicios públicos etc.

Todo esto, sin la necesidad urgente de concebir reformas tributarias cada año, gracias al hecho de que con los mismos recursos será posible lograr mayores resultados y responder de forma más efectiva a las sentidas necesidades sociales.

Si esta iniciativa se incluye en el plan y el gobierno trabaja de manera activa en garantizar su implementación, van a pasar varios años antes de ver sus resultados, por eso es mejor empezar cuanto antes de manera que “Todos Construyamos un Nuevo País” con instituciones públicas a la altura de sus retos. 

La Primera Línea del Metro y los mitos de su financiamiento

Publicado en el diario Portafolio http://www.portafolio.co/opinion/analisis-primer-linea-del-metro-bogota

Hace unos días, Simón Gaviria director del Departamento Nacional de Planeación, dio a conocer la posición oficial de Gobierno Nacional, con respecto a respaldar el 70 % de los costos de construir la Primera Línea del Metro en la ciudad de Bogotá. Luego de su anuncio, se han manifestado un sinnúmero de voces, todas ellas preocupadas por la ausencia de una propuesta concreta de financiamiento para una obra tan pertinente y esperada. De lo que no cabe duda, es de la necesidad de avanzar con pasos firmes y veloces en la ingeniería financiera de la iniciativa. Actualmente, la Secretaría de Hacienda Distrital viene trabajando en la definición de la estructuración financiera, en este sentido, considero pertinente hacer por este medio, algunas aclaraciones que espero ayuden a  concretar la iniciativa:

Se trata de un diseño costoso: en primera instancia, lo que muestra los estudios socioeconómicos del proyecto, recién finalizados y que en los próximos días serán entregados a la opinión pública; es que se trata de un proyecto de altísima rentabilidad social, cuyos costos se ajustan al estándar internacional de un diseño de estas características.

Es necesario considerar otras alternativas en materia de transporte: vale la pena mencionar, que dadas las dificultades de movilidad de Bogotá, sería irresponsable insistir en la expansión del transporte público a costa de quitarle carriles a otros modos de transporte o vinculando automotores adicionales a unas vías con niveles de servicio sorprendentemente bajos. Lo que no se puede perder de vista en la discusión, es que la construcción de una línea subterránea de carácter “pesado” como la que se está considerando en los diseños actuales, tendrá el mismo efecto en la ciudad de construir una nueva autopista de alta capacidad y altos niveles de servicio. Ningún diseño alterno lograría un efecto tan contundente.

El sistema actual puede soportar la demanda de transporte: el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá en todos sus modos, tiene una capacidad de expansión muy pequeña, concentrada en los buses que no transitan por carriles exclusivos. En el caso de Transmilenio, dadas las condiciones en materia de velocidad y cargas del sistema, existen niveles de sobredemanda y deterioro gradual en la calidad del servicio, alarmantes para cualquier ciudad del mundo con una política de transporte, focalizada en el bienestar de los ciudadanos.

La tarifa del metro tiene que ser igual a la de los otros modos de transporte: la principal ventaja del metro, radica en su capacidad para ofrecer reducidos tiempos de desplazamiento y en la facilidad de carga y descarga de sus pasajeros. Considerando que estás son dos de las debilidades más grandes de los modos de transporte actuales, las personas estarías dispuestas a pagar mucho más por un desplazamiento en metro. Por lo tanto, si trasladamos de los modos alternos al metro, un número importante de personas con mayor poder adquisitivo, podemos elevar también la calidad del servicio en los buses con y sin carril exclusivo. Bajo estas condiciones, resulta perfectamente válido pensar en tarifas en el rango de los $2500 a $3000 pesos ya que supondrían una mejora sustancial de la experiencia del usuario en todos los modos del sistema.  

El proyecto no puede ser financieramente viable: si se logra una sinergia robusta entre la ingeniería financiera del proyecto y la recién finalizada evaluación económica y social; se pueden obtener resultados que aclaren las perspectivas de financiamiento. Mediante  el control de los sobre costos del proyecto, la implementación de una tarifa más alta y el aprovechamiento de todos los ingresos que potencialmente puede recibir una iniciativa como esta durante su operación; si duda se mejorarán de manera drástica los valores actuales de los indicadores financieros del proyecto, haciéndolos pertinentes para la participación privada. Por todos es conocido, que los desarrollos de transporte urbano de estas características, tienen incidencia directa sobre la oferta y la demanda inmobiliaria y comercial. Vale la pena considerar el hecho de que sea el mismo operador del metro quien construya los centros comerciales, los proyectos de vivienda, quien arriende los locales y se lucre con una oferta de publicidad bien estructurada etc.  

El proyecto tiene que financiarse con recursos públicos: la respuesta a este mito es un rotundo no. Si se estructura una ingeniería financiera sólida que le permita al operador capitalizar la totalidad de los ingresos potenciales del sistema y minimizar costos, por supuesto manteniendo altos indicadores en la calidad del servicio; será posible conseguir financiamiento privado. Incluso, reconociendo la evolución de otros metros en el mundo y la productividad pública en materia de transporte, esta sería sin duda la mejor alternativa.

 El proyecto tiene que ser administrado por Tansmilenio o una entidad distrital: Transmilenio como ente gestor, no está en capacidad de operar el metro de Bogotá, de asignársele esta tarea, transferiría al proyecto todas sus ineficiencias reduciendo el potencial en materia de calidad y reinversión. El operador del metro ideal, sería uno que consolide una asociación entre una firma con experiencia en infraestructura, electricidad y tenga musculo financiero para afrontar la construcción del proyecto  (ISA o la Empresa de Energía de Bogotá con algunos de los candidatos), con otra que conozca de transporte y particularmente de metros (una firma internacional pues en Colombia no existe esta capacidad) y una empresa dedicada al  desarrollo inmobiliario y comercial con el músculo suficiente para desarrollar obras de envergadura (alguna de nuestras grandes constructoras). Con la ayuda de un equipo de estas características seguramente tendremos un metro construido en poco tiempo que ofrezca el nivel de calidad de servicio en la operación que todos esperamos.

El operador del metro tiene que convivir con los entes gestores actuales de los demás modos de transporte: para que en Bogotá el transporte público opere en el marco de un verdadero sistema, es necesario que el operador del metro se configure como el único actor en la ciudad responsable de planear y administrar todos los modos de transporte, incluidos los taxis. En Bogotá no existirá un verdadero Sistema de Transporte Integrado a menos que su operación se configure en el marco de un esquema de planificación y administración completamente unificado, en el que se garantice una asignación de cargas con base en niveles de calidad óptimos. Considerando que los taxis aportan en esta estructura de transporte, deberían ser vinculados. 

Menos impuestos y más productividad pública

El 29 de septiembre pasado, Juan Carlos Echeverry, ministro de hacienda predecesor de Mauricio Cárdenas; publicó en el diario El Tiempo una columna titulada “Mitos Sobre Gastos e Impuesto”. En su contenido define 4 creencias que él denomina como “infundadas”, relacionadas con todo lo que las personas tienden a pensar, cuando se hace alusión a temas como gasto del gobierno y reformas tributarias. A pesar de lo interesante de sus conclusiones, desde mi humilde perspectiva, la posición de Echeverry es una representación fehaciente, del imaginario que rige a los gerentes públicos colombianos, en particular a todos aquellos que tienen o han tenido un vínculo directo con el Ministerio de Hacienda: “aumentar la intervención pública significa, necesariamente, recaudar más recursos”.

Vale la pena revisar en detalle la validez teórica de una aproximación como ésta y sugerir un cambio estructural en el paradigma de nuestra gestión pública. No hay que olvidar que desde la perspectiva de la Gerencia Pública Moderna, es posible lograr mejores resultados manteniendo constantes los recursos invertidos en la intervención gubernamental. Este efecto se logra, fundamentalmente mediante el incremento sostenido de la Productividad Pública y el mejoramiento permanente de la Calidad del Gasto Público. Ambas condiciones tienen que ver directamente con el mejoramiento de la efectividad gubernamental.

La productividad está definida como la relación entre la cantidad de bienes y servicios generados por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.

De acuerdo con las cifras reportadas por Banco Mundial, para el periodo comprendido entre el 2009 y el 2013, Colombia se encuentra en los percentiles inferiores en cuanto a productividad nacional. Considerando el hecho de que la productividad pública usualmente se ubica por debajo de la productividad privada y que la productividad nacional considera ambas medidas; se puede inferir que la productividad pública Colombiana con respecto al resto de países del mundo, se ubica en los últimos puestos de la tabla.

De acuerdo con los actuales Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial, Colombia es un país de media tabla en efectividad  pública, esta situación nos pone por debajo de países como Chile en lo que tiene que ver con la capacidad de nuestro gobierno para enfrentar problemas sociales. Un resultado de estas características sugiere también un bajo nivel de productividad pública que incide sobre todas las dimensiones del desempeño económico. De acuerdo con cifras reportadas por el Foro Económico Mundial en 2013, Colombia aparece en el puesto 69 de 144 en el Índice Global de Competitividad. Este resultado se explica en buena medida por el bajo puntaje que obtienen nuestras instituciones, de hecho,  la corrupción y la ineficiente burocracia de gobierno, se cuentan entre los factores más problemáticos para quienes quieren  hacer negocios en nuestro país.  Estos resultados coinciden con los reportados por Transparencia Internacional, que en el 2013 le dio a Colombia un puntaje de media tabla en su Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándolo por debajo de países como Jamaica, Trinidad y Tobago; y equiparándolo con países como Surinam.

Varias experiencias interesantes alrededor del mundo nos han demostrado, que mediante la simplificación de la intervención pública, el rediseño de sus procesos e institucionalidad para reducir sus costos de transacción, tanto los internos como los que se transfieren al ciudadano; es posible entregar más bienes y servicios públicos, sin necesidad de invertir mayores recursos, logrando consecuentes mejoras en calidad, cobertura y reducciones en  los tiempos de entrega.   

En su libro Instruction to Deliver, Michael Barber, pone de presente el éxito alcanzado por gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, al lograr “disparar” todos los indicadores claves, a través de la mejora sostenida de la productividad pública. En una publicación posterior, Deliverology 101: A Field Guide for Educational Leaders; demuestra el potencial del mejoramiento sostenido de la efectividad pública al interior del sistema educativo.

Experiencias como estas han fundamentado la evolución paulatina de países de la región como Chile, que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, logró escalar desde el puesto 49, en apenas 5 años, hasta ubicarse entre los 10 mejores países del mundo  en calidad del gasto público. El secreto, la implementación de mejoras estructurales en la gestión de sus organizaciones, dirigidas a incrementar la productividad pública y la calidad de los bienes y servicios producidos.

En Colombia tenemos un camino largo por recorrer, por ejemplo, ¿cuánto nos ahorraríamos con simplificaciones evidentes en aspectos centrales como la contratación pública?. Durante cada periodo fiscal, las entidades deben adelantar procesos vertiginosos de contratación de bienes y servicios cuya provisión es necesaria para soportar su operación. Estas actividades requieren del compromiso de un aparato jurídico y técnico importante a lo largo de todo el año. En este sentido, ¿por qué deben hacerse contrataciones anuales cuando se sabe que la provisión es requerida durante periodos mayores? ¿Por qué no rediseñamos todo el aparato de contratación para facilitar los contratos plurianuales? 

Bajo estas condiciones el principal “mito sobre gastos e impuestos” está en creer que la única manera en la que se pueden atender a más personas en el marco de estándares de calidad mayores, es recaudando más impuestos. Lo cierto en todo caso, es que lo único que logramos con esos recursos adicionales, si no mejoramos la calidad del gasto, es desperdiciar una cantidad mayor de recursos en ineficiencia y corrupción.