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domingo, 12 de abril de 2020

Coronavirus Covid-19: si en época de crisis requerimos resultados distintos, nuestros líderes no pueden actuar de la forma acostumbrada


Para la mayoría de personas que vivimos en países tercermundistas, el Estado no es más que un mal necesario, un ente lejano que existe, sabemos que funciona mal y nunca logrará satisfacer nuestras necesidades. Dado el poco interés y desconfianza que sentimos hacia sus capacidades, las decisiones que tomamos con respecto a su conformación, son ligeras, emocionales, estamos dispuestos a “poner el rasguño en el dedo, por delante, del bienestar  de toda la humanidad”. 

Sin embargo, cuando se presentan situaciones críticas como la actual, que nos generan miedo, desasosiego y sobre todo, incertidumbre; la importancia del Estado cobra valor especial. Empezamos a comprender que nuestra libertad y supervivencia dependen en buena medida de las capacidades de nuestros líderes, cuestionamos nuestras pasadas decisiones, poniendo al fin la racionalidad y el bien común por delante de nuestros propios intereses. 

En ninguna ocasión que nuestra generación recuerde, nuestro futuro y el de todos los que queremos, había estado completamente en manos de las personas que elegimos para regir nuestros destinos, jamás en nuestras vidas, los problemas que cotidianamente aparecían en los periódicos cada mañana y que ignorábamos de manera consciente, estuvieron tan cerca de destruir todas nuestras esperanzas. Fraudes en educación, alimentación escolar, atención de enfermedades huérfanas, sobrecostos y sobornos en contratos de infraestructura, corrupción al interior de las EPS e IPS, quiebras de hospitales etc., parecían lejanos y dañinos para alguien más, por lo que pasábamos la página con la certeza de que se trataba de problemas de otros.

Colombia es un país que por décadas ha funcionado mal, su Estado es una organización llena de ineficiencias, corrupción, inexperiencia, ignorancia, intereses ocultos, delincuencia...en general, todo tipo de problemas que históricamente han impedido que los bienes y servicios públicos lleguen de manera eficaz a todos sus ciudadanos. Ahora, si estos resultados han sido tales en situaciones de normalidad, ¿por qué esperaríamos que durante la crisis todo opere de forma diferente?

Ya no es momento para escoger nuevos lideres, sin embargo, podemos exigirles resultados diferentes. Oportunamente, aquellos que nos guían, han tomado la decisión de aislarnos en nuestras casas con el objetivo de intentar reducir los excesos de demanda que el Covid-19 pueda generar en relación con la precaria oferta de servicios de salud, no obstante, cuanto más tiempo estemos encerrados, más profunda será la crisis económica a la que nos enfrentemos. De otro lado, el aislamiento demora la morbilidad y por esta vía la mortalidad, sin embargo, se trata de una medida que retrasa un resultado inminente con el objetivo de prepararnos y ampliar de forma cuidadosa la oferta de servicios de salud, que reducirá la mortalidad en la medida en que preservará las vidas de aquellos que con una detección y atención oportuna, puedan salvarse. 

Ahora, si nuestros líderes no hacen una gerencia magistral, si no implementan mecanismos mucho más eficaces que los acostumbrados para garantizar la ampliación drástica de camas , respiradores, unidades de cuidado intensivo, el desarrollo ampliado y efectivo de pruebas de detección, la provisión impecable de toda clase de insumos médicos, el funcionamiento perfecto de toda la cadena de suministro de alimentos, bienes de primera necesidad y el control impecable del orden público; terminaremos en el peor de los mundos: con un aislamiento eterno cuyas consecuencias económicas serán insospechadas, con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, en el marco de situaciones de escasez, hambre y descontrol social. 

Por lo tanto, por nuestra libertad y supervivencia, vale la pena exigirles resultados diferentes, rigurosidad extrema, abandono completo del populismo y la politiquería habitual, para que se dediquen puntualmente a hacer la labor para la cual los contratamos. Por supuesto, midámoslos con los indicadores correctos y bajo ninguna circunstancia, aceptemos las excusas de siempre: lo que necesitamos como sociedad es una entrega de bienes y servicios absolutamente eficaz y eficiente que garantice menos muertos y caos que en cualquier otro país del mundo, posteriormente requeriremos la reactivación responsable y sería de la economía de manera que recuperemos rápidamente todo el bienestar perdido durante esta época aciaga. 

No perdamos de vista que como nunca antes, nuestro futuro depende de la efectividad gubernamental y que no podemos esperar lograr resultados diferentes, actuando de la misma forma en que siempre lo hemos hecho. 


viernes, 3 de enero de 2020

La purga de los Cátaros por la Iglesia Católica Romana y sus similitudes con el asesinato de líderes sociales en Colombia



La exterminación de los Cátaros en el siglo Xlll se configuró como una de las purgas más conocidas y documentadas de la historia occidental, específicamente sus causas tienen que ver con la preocupación de la iglesia con respecto a las ideas liberales y progresistas planteadas por este grupo religioso. Sus puntos de vista comprometían toda una institucionalidad construida para preservar los intereses de unos pocos, en esencia, en caso de que los planteamientos gnósticos hubiesen proliferado al interior de la doctrina cristiana, La Iglesia Romana hubiese perdido su rol como el vínculo monopolístico entre lo mundano y lo divino. Las consecuencias de una transformación de estas características implicarían la democratización de la religión cristiana con la natural decadencia política de la iglesia como institución.

El asesinato sistemático de los Cátaros tiene relación directa con el surgimiento de La Inquisición, como la institución encargada de erradicar las ideas liberales de la época, más conocidas como ideas heréticas.  Además, está vinculado con el inicio del Oscurantismo, aquella época funesta en la que buena parte del conocimiento de la humanidad fue destruido.

La sociedad colombiana parece tener arraigadas en lo más profundo de su esencia, dinámicas similares, a lo largo de su historia, diferentes grupos con intereses específicos, han configurado instituciones tanto explícitas como tácitas, dedicadas a erradicar durante los siglos XX y XXI la “herejía” política de distintos grupos poblacionales. El asesinato sistemático de Los Liberales en la época denominada “La Violencia”, que tuvo su auge luego del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, la erradicación de miembros declarados de movimientos como la Unión Patriótica, proclamado como el brazo político de las guerrillas marxistas, que tuvieron su origen en movimientos armados liberales y la reciente exterminación gradual de los Líderes Sociales, personas capaces de movilizar a la población de las regiones colombianas en torno a ideas que afectan la estabilidad económica y política de ciertos sectores;  fundamentan por completo dicha hipótesis.

En la actualidad, parece existir todo un arreglo institucional subterráneo, que desempeña de manera eficiente un rol eminentemente inquisitorial, su misión es desaparecer a cualquier persona que tenga ideas que comprometan los intereses de los grupos poderosos que mueven los hilos del poder.

El resultado de un proceso de estas características, no es otro que el oscurantismo político de un país que a lo largo de los años se ha consolidado como  uno de los más desiguales y con mayor índice de asesinatos por cien mil habitantes de toda la humanidad.

Luego de la purga cátara  y varios siglos de oscurantismo, finalmente las ideas liberales se impusieron gracias al surgimiento de la ilustración, la cual trajo consigo el renacimiento de la humanidad, una época maravillosa en la que aparecieron las semillas ideológicas que posteriormente posicionarían los fundamentos democráticos como la base de la mayoría de Estados contemporáneos. Sin duda, estos eventos tienen una relación estrecha con la abolición de La Inquisición como institución en el siglo XIX y la desaparición de su rol en el control violento de la herejía.

Tuvieron que pasar cinco siglos antes de que la humanidad empezara a abrir espacios para la liberalidad, para el conocimiento y la democratización  de ideas. No fué sino hasta ochocientos años más tarde, que la comunidad católica de una macrorregión denominada Occitania donde fueron asesinadas 200 personas quemadas vivas,  iniciara un proceso para pedir perdón por la matanza.

Cuánto demorará la sociedad colombiana en comprender el error histórico que está cometiendo, en qué momento tomará la decisión social de desmontar las instituciones  sobre las cuales se soporta la purga de todos aquellos que profesan ideas políticas diferentes, cuándo pedirá perdón por todos estos asesinatos. Somos varios quienes no perdemos la esperanza de que a Colombia llegue al fin la ilustración política, época en la que renazcamos como Nación y en la que las ideas progresistas que buscan una sociedad más justa y democrática, terminen por imponerse.

lunes, 29 de abril de 2019

Las externalidades de la corrupción pública




Mucho se ha oído hablar de la corrupción pública pero poco se dice de los costos no evidentes de este fenómeno sobre la sociedad, por lo tanto vale la pena dedicar unos minutos a analizar sus implicaciones.

En economía se habla de externalidades, en referencia comúnmente a los efectos no compensados de una actividad de carácter privado sobre el resto de la sociedad. En caso de que la incidencia sea negativa, hablamos de costos o reducciones de bienestar y si la incidencia es positiva, hablamos de beneficios o mejoras de bienestar. En la primera situación, se afirma que quien desarrolla una actividad privada con el objetivo de mejorar su propio bienestar, le está transfiriendo costos o está mermando la felicidad de otras personas que tienen poco o nada que ver en el asunto, mientras en la segunda, le está externalizando beneficios o está mejorando la felicidad de otras personas ajenas al proyecto particular de este individuo.

El problema de las externalidades en economía es bien conocido, en general antes de emprender cualquier actividad que busca beneficios privados, los individuos, consciente o inconscientemente, desarrollan un análisis beneficio-costo dirigido a identificar los costos potenciales en que incurrirán y los beneficios que recibirán en contraprestación. Si la resta es positiva, lo más seguro es que decidan adelantar la actividad, si es negativa la evitarán. Así las cosas, cuando los costos de una actividad son asumidos por alguien más, son externalizados o sacados de la ecuación, es más probable que las personas decidan emprender una actividad que reduce de forma importante el bienestar del resto. Tal vez convenga describir un ejemplo para aclarar un poco más el concepto:

Cuando un vecino ruidoso, en un edificio de apartamentos, pretende adelantar una fiesta, durante el proceso de análisis beneficio-costo, considerará los costos del licor y los pasabocas que posiblemente se consumirán, el costo por hora de la música en vivo que animará la fiesta y potencialmente, la reposición de uno que otro implemento casero que sea destruido cuando sus comensales empiecen a elevar los niveles de alcohol en la sangre, no obstante, durante el proceso de tomar la decisión, no tendrá en cuenta los costos que le transferirá a sus vecinos, quienes con seguridad, estarán inmersos en otras actividades, la mayoría  de las cuales, se verán interrumpidas por la apoteósica fiesta que está a punto de adelantarse. No cabe duda que en el marco de un evento de estas características, quien organiza la fiesta y sus invitados experimentarán una mejora de bienestar sustancial, la cual compararán con los costos de la preparación y que dicha resta arrojará un resultado positivo, por lo que el proyecto de fiesta seguirá su rumbo sin mayores contratiempos. Otra sería la decisión si el vecino ruidoso considerara en su evaluación los costos que transfiere a los demás y que decidiera compensarlos de alguna manera por las incomodidades o que una administración responsable e interesada por el bienestar general de todos los residentes, optara por sancionarlo con una multa suficientemente alta como para compensar el malestar que está a punto de causar, en ese caso posiblemente el beneficio recibido por su escandalosa actividad no será suficiente para compensar tales costos aumentados.

En el caso de una actividad como la corrupción el análisis beneficio-costo privado es relativamente simple: modificando irregularmente, directa o indirectamente, un conjunto de decisiones, el corrupto recibirá montos de recursos públicos que utilizará para mejorar su propio bienestar y el de sus allegados, los costos evidentes en los que incurrirá tendrán que ver con la sumatoria de los montos que debe pagar para salirse con la suya, con el cuestionamiento de su integridad, las sanciones sociales, morales, legales y de toda índole, que deberá asumir por cuenta de tales decisiones. No obstante, ¿qué pasa con los costos no evidentes? ¿Qué pasa con los costos que el corrupto transfiere a los demás, no incluye en su análisis beneficio-costo y por los cuales no nos está compensando al resto de la sociedad? Hagamos un breve análisis de algunos de ellos utilizando en primera instancia un ejemplo, con la esperanza de que el lector extienda sus fundamentos a los demás escenarios públicos, teniendo en cuenta que las dinámicas en infraestructura, son similares a las de salud, educación, etc:

1.       Costos asociados a fallas en la provisión de bienes y servicios públicos: vamos a suponer que un corrupto incide en las decisiones, en lo que tiene que ver con la selección de un proponente que construirá una nueva vía, importante para la competitividad de un país entero. En este caso, son varias las formas en que transfiere costos a la sociedad que no son necesariamente evidentes. En primer instancia, El Estado que debe seleccionarlo diseña todo un show procesal dirigido a hacer más transparentes los mecanismos de selección y de dientes para afuera, intentar frenar la corrupción; esta condición hace que procesos que deberían tardar unos cuantos días terminen durando meses y que el disfrute de la vía con las respectivas implicaciones en materia de mejora en productividad, reducción de tiempos de viaje, reducción de contaminación del aire etc.,  se retrase innecesariamente.  De otro lado, considerando que el corrupto muy probablemente no va a ser el oferente más idóneo técnicamente o de lo contrario no necesitaría utilizar la corrupción como mecanismo para resultar favorecido, la sociedad va a recibir una vía de mala calidad que no va a satisfacer sus necesidades y que seguramente tendrá que reemplazar antes de lo esperado.  Así las cosas, el recibo de los anhelados bienes y servicios públicos por parte de la sociedad, puede tardarse 2 o 3 años más de lo que debería y considerando los costos del reemplazo, pueden costar el doble o el triple de lo que costarían unos de calidad razonable.
2.       Costos asociados a la complejidad y consecuente ineficiencia administrativa: de otro lado, para intentar lidiar con la mala calidad sistemática de los productos públicos entregados y el comportamiento deshonesto de sus servidores, la organización pública que contrata las vías, debe tener en su interior ejércitos de personas encargadas de adelantar cada uno de los dispendiosos pasos necesarios, para llevar a cabo la selección de los oferentes. En sus huestes contará con infinidad de abogados que se dediquen a elaborar términos de referencia y contratos  excesivamente complejos, multitud de contratistas que adelanten los procesos de supervisión e interventoría, hasta el punto de que su tamaño puede terminar siendo 4 veces más grande del que tendría en caso de que la corrupción no existiera. Además, considerando que a pesar del tamaño de estos ejércitos el control no será efectivo, se requerirán sendas instancias externas a la entidad, de magnitudes también especialmente grandes como contralorías, procuradurías, veedurías y otras tantas, que intentarán, de dientes para afuera, reducir la corrupción, también infructuosamente.
3.       Costos asociados al pago de impuestos innecesariamente altos: no es tarea fácil financiar los recursos que desaparecen por cuenta de la corrupción, los sobrecostos de la baja pertinencia y calidad de los productos y de un aparato público innecesariamente grande. Lograrlo requerirá un flujo de ingresos fiscales suficiente, para mantener un ecosistema criminal de estas características. En contraste, en países sin corrupción, con la mitad de los recursos se podría entregar el doble o el triple de bienes y servicios públicos. Así las cosas, las implicaciones para la sociedad de tener altos niveles de corrupción, están relacionados con tener que pagar una tasa impositiva que puede ser el doble o el triple de la que pagaría si no existiera este flagelo. En este sentido, si pensamos en que los impuestos son una forma de apropiarse de parte del ingreso de las personas, que lo que gana cada uno procede de horas de trabajo cuya remuneración es usada para comprar bienes y servicios que proporcionan bienestar; la corrupción se apropia de horas de trabajo de las personas y reduce su capacidad para adquirir bienes y servicios que con seguridad mejorarían su felicidad. Eso sin mencionar que eleva los precios de los productos que dicha sociedad produce, haciéndolos menos competitivos en el panorama internacional y por lo tanto, más difíciles de vender en mercados globales, reduciendo en conjunto el ingreso total de la economía y por lo tanto su capacidad agregada para proporcionarse bienestar.
4.       Costos asociados a la conformación de delincuencia organizada pública: con el ánimo de intentar controlar entornos tan complejos como los mencionados y de garantizar en el tiempo la sostenibilidad del lucrativo negocio, los corruptos intentarán ubicar en posiciones claves a sus fichas, por lo tanto, incidirán en procesos de elección popular y nominación pública, para garantizar en el legislativo,  actores capaces de definir normas que de dientes para afuera, satisfagan a la opinión pública, pero de dientes para adentro, faciliten su accionar; en el ejecutivo actores que tomen las decisiones más convenientes para sus propios intereses, aun en contravía del bienestar de la sociedad y en la rama judicial peones que tengan la potestad de incidir durante los procesos sancionatorios, de manera que los costos dentro de su ecuación personal, resulten ser lo suficientemente pequeños como para garantizar un análisis beneficio-costo positivo.  En este caso, el resultado para la sociedad no es otro, que contar con un conjunto de normas y decisiones que la perjudican en vez de beneficiarla y un esquema de justicia completamente desigual, que trata a las personas de forma totalmente inequitativa asignándoles diferente peso en la balanza.  
5.       Costos asociados a desigualdad social y violencia: una de las formas más claras y expeditas para reducir la desigualdad, es entregando bienes y servicios públicos de alta calidad a las clases menos favorecidas, que les permitan equipararse con las que están en mejor condición, sin duda, en primer lugar, es necesaria la reducción de la iniquidad en materia de justicia. Bajo las condiciones mencionadas en los anteriores numerales, en un entorno corrupto no es posible por definición materializar ni lo uno ni lo otro, así las cosas, la corrupción extiende indefinidamente la existencia de sociedades desiguales e injustas, con evidentes conflictos de intereses entre El Estado y los ciudadanos. Mientras el primero concentra su actuación en decisiones que benefician a los pequeños grupos dominantes, los segundos incrementan su nivel de frustración en un entorno en el que no gobierna la ley, con el consecuente surgimiento de multitud de fenómenos de violencia.  Por lo tanto, las consecuencias para la sociedad no son otras que polarización y muerte. Finalmente, para intentar controlar estos fenómenos, será necesario hacer gastos mucho más altos de seguridad y defensa que los que harían Estados en los que no existe la corrupción, con el consabido aumento en los impuestos que conducen a una apropiación aún mayor por parte del Estado, del bienestar de la sociedad y la desviación de recursos de sectores de alta rentabilidad social como educación y salud, a sectores que en principio no deberían existir como los mencionados.

A manera de cierre, vale la pena mencionar, que la sanción por corrupción debería en primera instancia, reconocer una compensación consecuente a la sociedad, por todos los costos que el corrupto le externaliza y que en segunda instancia, si la sanción es lo suficientemente efectiva para que el corrupto deba involucrarla en su  análisis beneficio-costo, seguramente tendríamos mucha menos corrupción pública en nuestras sociedades que la que hoy día tenemos. 



Disponible en audio: https://anchor.fm/armando-ardila/episodes/Las-externalidades-de-la-corrupcin-pblica-e1l4mfo/Las-externalidades-de-la-corrupcin-pblica-a888913

viernes, 4 de mayo de 2018

La moral colombiana: entre los “usted no sabe quién soy yo” y los “abeja”



Hace unos días, en el marco de alguna de las interesantes conversaciones cotidianas que la mayoría de nosotros sostenemos a diario, con personas que no conocemos del todo pero que tienen mucho que decir, con respecto a lo que sienten viviendo en un país como el nuestro, un taxista me preguntó en medio de su frustración por el escalamiento de la violencia en las regiones colombianas y los descarados casos de corrupción rampante, de carácter tanto público como privado, “¿cuál puede ser el problema de Colombia para que estemos tan jodidos?”.  

El objetivo de este blog es responder esa misma pregunta que a varios, incluyéndome, nos ha dado tantas vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Lo primero que hay que precisar es que la precaria situación de la sociedad colombiana está explicada por las características de la moral en el marco de la cual se materializan todas sus interacciones sociales.

Al respecto, lo que se puede decir es que cada sociedad define un conjunto de reglas que persiguen en última instancia, la posibilidad de vivir en armonía al interior de un modelo social, que garantice la felicidad de todos sus individuos en el marco de principios fundamentales como la libertad, la equidad, el bienestar etc. Dichas reglas, que le dan forma a la concepción de justicia sobre la cual la sociedad toma decisiones que afectan a cada uno de sus miembros, se definen y fundamentan mediante procesos de prueba y error que les muestran a los individuos lo que más les conviene a el largo plazo, en términos de lograr materializar sus expectativas o su felicidad. Ese conjunto de reglas es lo que llamamos “moral” y su estudio lo conocemos como “Ética”.

La sociedad colombiana desarrolla actualmente sus actividades cotidianas, en el marco de un grupo particular de reglas, a las que llegamos gracias al doloroso proceso histórico que hemos vivido durante décadas. Específicamente las condiciones de marcada desigualdad en las que ha existido el país desde siempre, terminaron por definir reglas sociales que sistemáticamente han buscado perpetuar dicha desigualdad e incluso profundizarla paulatinamente.

En esencia vivimos en una sociedad con una moral compleja, en la que la virtud individual y el ejercicio de la justicia, claramente no están en primer lugar del orden del día. Estas reglas son tan injustas que priorizan de facto las necesidades del grupo poblacional más rico, pues le proporcionan mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud etc.  El estrato social, por ejemplo, es un discriminador evidente, pues es claro que las dotaciones con las que cuenta los barrios de estratos cinco y seis son mucho mejores que las propias de estratos uno y dos, de otra parte, las reglas que conducen a tener un sistema de salud ineficiente y corrupto, le ofrecen a los pobres un estándar de calidad completamente distinto al que pueden acceder las personas que tienen la posibilidad de pagar un buen plan de medicina prepagada, incluso, la calidad de la educación en los colegios públicos en los que estudian los pobres, en promedio, es claramente  inferior a la que ofrecen las instituciones privadas más costosas.

 La moral asociada a todas estas dinámicas queda muy bien representada en la cultura del ciudadano “usted no sabe quién soy yo”, todo un planteamiento social que legitima el hecho de concebir personas más importantes que otras, con derecho a gozar de privilegios a los que los demás no pueden acceder y suficiente poder para imponer reglas que perpetúen la posibilidad de continuar recibiendo tales beneficios.

De otra parte, el grupo poblacional mayoritario más pobre, consciente de las diferencias y de las serias dificultades que interpone la sociedad para reducirlas, termina legitimando una serie de reglas basadas en desconfianza, aprovechamiento, revanchismo, lucha por los recursos escasos y justicia por la propia mano.  La moral resultante de esta lógica está muy bien representada en la cultura del ciudadano “abeja”, aquel individuo que se aprovecha de la “ingenuidad” de los demás, dispuesto a pasarse por la faja las necesidades del resto de la sociedad con tal de mejorar su propio bienestar.

Todos estos aspectos y otros innumerables más, rompen lo que John Rawls llamó “el velo de la ignorancia”, esa condición de libertad e igualdad verdaderas, por medio de la cual, en una sociedad justa, cada uno de sus individuos tendría las mismas posibilidades de materializar sus expectativas y conseguir la felicidad.  En últimas nuestra moral nos conduce a la existencia de la injusticia como una condición socialmente aceptada y defendida por todos los miembros de la sociedad, ricos y pobres. Luego de una conclusión como ésta, valdría la pena preguntarse ¿bajo qué circunstancia, una sociedad cuyas reglas hacen honor a la injusticia no debería estar indefectiblemente jodida?


lunes, 5 de marzo de 2018

¡Si yo fuera presidente!



Estas épocas electorales, resultan muy interesantes para personas de mi talante, genuinamente preocupadas por el devenir político colombiano. Las reuniones de amigos, el entorno laboral y académico se convierten en espacios  de apasionantes discusiones. Café va, café viene, desayuno un día, almuerzo el otro; encuentros que se transforman en interesantes y enriquecedores debates con personas que conocen lo público usualmente desde una perspectiva directiva, pero fundamentalmente técnica.

En alguna de estas acaloradas discusiones, uno de mis inteligentes amigos, cuyo nombre prefiero no enunciar para evitarle problemas, de quien solamente diré que forma parte de este gobierno… me preguntó: “¡bueno! Y si usted fuera presidente entonces ¿qué es lo que haría?”.

Ante semejante pregunta, mi primera reacción fue mirarlo fijamente, intentando no delatar con los ojos, la emoción asociada a poder responder un cuestionamiento de ese calibre.  Después de una larga pausa me desaté en prosa, en el marco de un relato sobre el cual solamente compartiré una que otra idea, con el ánimo humilde de que alguna de las campañas en las que he colaborado intelectualmente o en su defecto cualquiera de los candidatos actuales, bien sea de derecha o de izquierda; tome como suyos estos planteamientos y tenga a bien ayudarle en su materialización a un consultor, profesor inquieto, que no tiene filiación política u orientación ideológica alguna, distinta a la propia de sacar del embrollo en el que se encuentra, a esta apesadumbrada sociedad colombiana.

Reduciría a cero los montos de financiamiento de las campañas políticas.

Un principio fundamental de la democracia es que el voto de cada ciudadano: rico, pobre, empresario, empleado, hombre, mujer  etc., vale exactamente lo mismo y que ninguno de ellos representa un poder de elección superior al de los demás.

Lo cierto, es que nada atenta de manera más directa contra este pilar fundamental, que el increíble despliegue de marketing político y el proceso de “engrase” de las maquinarias electorales, en que se gastan los cuantiosos recursos que financian las campañas electorales. En últimas, quien gana en la contienda electoral actual, no es aquel que tiene un mejor programa o ha mostrado mejores resultados durante su trayectoria; quien sale airoso es el que tiene recursos para pagar más carteles, más lechonas, más publicidad en medios, más buses etc.

No perdamos de vista que usualmente, quienes aportan los dineros que financian las campañas, son grupos de interés dispuestos a invertir cuantiosos recursos en promover un candidato que defiende sus intereses, los cuales usualmente, van en contravía del interés general.

Como presidente propondría una reforma electoral profunda, que empiece por prohibir rotundamente la entrada de cualquier monto de recursos a las campañas políticas, restrinja por completo la mercantilización del proceso de elección y garantice la transformación rotunda del escenario político, de manera que a través de los partidos se diera un proceso de depuración de candidatos que condujera a un número razonable de entre cinco y diez opciones. Estos prospectos tendrían abiertos todos los espacios regionales, nacionales etc., para exponer sus ideas únicamente en debates públicos con presencia de cada uno de ellos, que les permitieran a los ciudadanos hacer comparaciones y tomar decisiones informadas.

Sentaría los pilares para reducir la desigualdad a través de dos mecanismos principales: i. Libre y completo acceso a educación superior completamente gratuita en universidades de alta calidad, ii. libre y completo acceso a un sistema de justicia efectivo y veloz.

Pocas cosas aceleran tanto la desigualdad en materia de ingresos como graduarse o no de una universidad, tener estudios de posgrado y terminar estudios en una universidad bien situada en los rankings de calidad académica. Lo que muestran las cifras es que en el primer caso, las personas solo pueden acceder a un conjunto de posibilidades de trabajo de poca agregación de valor y por lo tanto escaza remuneración, mientras en el segundo, la demanda laboral con el tiempo aprende que las capacidades de las personas que salen de mejores universidades son mayores, en este sentido, concentran sus requerimientos en graduados de este tipo de organizaciones, aumentando gradualmente su disponibilidad a pagar por ellos.

Desde este punto de vista, como presidente, propondría varias reformas a nuestro sistema educativo. La primera de ellas estaría focalizada en ampliar drásticamente los cupos educativos en las universidades públicas, el segundo estaría focalizado en incrementar de manera drástica la productividad de dichas organizaciones públicas, así como la calidad de los servicios educativos y no educativos que ofrecen. En esencia, trabajaría con las facultades de ingeniería industrial, administración, ingeniería de sistemas y derecho de cada una de ellas, para  rediseñar los procesos internos en aras de mejorar drásticamente su agilidad y eficacia. Además, promovería la creación de una superintendencia de educación, completamente independiente, con una estructura similar a la del Banco de la República, encargada de definir, inspeccionar, vigilar y controlar los estándares educativos, a la que le daría bastantes dientes para sancionar de manera efectiva en todos los casos en los que se presenten incumplimientos por parte de los establecimientos educativos.  

De otra parte, no olvidemos que en sociedades desiguales en ingresos y riqueza, los sistemas de justicia complejos y pesados, además de fomentar la impunidad, producen resultados diferenciados premiando en las decisiones a los percentiles de ingresos altos y castigando a los grupos menos favorecidos. Esta condición profundiza la desigualdad e incluso la acelera, pues facilita patrones de abuso y despojo de parte de los grupos favorecidos hacia los más vulnerables. Desde este punto de vista, como presidente, concentraría buena parte de mis esfuerzos en hacer pasar a fuerza, una reforma a la justicia diferente a las que hasta la fecha han sido sometidas a discusión.  En este caso, el énfasis estaría puesto fundamentalmente en acelerar la velocidad de toda la cadena de valor de la justicia, en particular le pediría a abogados, jueces, fiscales, policías, ciudadanos, empresarios etc., que me ayuden a identificar los aspectos más engorrosos de los diferentes procesos que se surten al interior del sistema de justicia, para luego hacer una mejora seria de cada uno de ellos, que incremente de forma drástica su velocidad y eficacia. Dicho cambio, estaría sustentado en suprimir actividades que no agregan valor y modificar prácticas arcaicas que en plena era digital, todavía gobiernan las actuaciones jurídicas.

Reeducaría a todos los abogados del país e introduciría cambios de enfoque en las facultades de derecho para diseñar instituciones focalizadas en “facilitarle la vida a las personas”.

La nuestra, es una sociedad que parece estar sitiada por talanqueras que restringen casi todas las dimensiones de la actividad humana, aspectos como la forma en la que concebimos los contratos entre privados, la interacción de El Estado con los ciudadanos, el papel del gobierno en nuestra actividad cotidiana; parecen estar mediados por una marcada obsesión por dificultar y prohibir, antes que incentivar y facilitar. Al respecto, vale la pena anotar que paulatinamente la ciencia económica ha ido desvelando las razones por las cuales algunas sociedades logran resultados mejores que otras en materia de bienestar y desigualdad. En la actualidad, parece existir un consenso con respecto a que las características de las reglas en el marco de las cuales las sociedades desarrollan toda su actividad, definen la naturaleza de su resultado. Desde este punto de vista, los malos indicadores de Colombia en materia de desarrollo y desigualdad están seriamente predestinados por un conjunto de reglas perversas. Al respecto, vale la pena anotar que los abogados intervienen desde diferentes perspectivas tanto en el establecimiento de las reglas mencionadas, como en su formalización a través de leyes. En últimas, la doctrina jurídica colombiana, es la que nos ha conducido a tener reglas de estas características, por lo tanto,  siendo presidente trabajaría desde las facultades de derecho, en lograr un cambio estructural de los imaginarios de los abogados, que conduzca  a definir reglas de interacción social que lleven a los individuos, las familias, las empresas, el gobierno y El Estado a  construir las condiciones para garantizar la igualdad en materia de ingresos, riqueza y al mejoramiento paulatino del bienestar de la sociedad colombiana.

Implementar una consejería de ingeniería pública que se dedique a mejorar la operación de todas las entidades, cambiando su tecnología y agilizando la manera en la que hacen las cosas.

Las organizaciones públicas son el mecanismo principal por el cual El Estado materializa su accionar sobre la sociedad. Aquellas no son más que un conjunto de personas que se interrelacionan entre sí con el propósito de materializar objetivos comunes, dicha interacción está mediada por la tecnología,  los recursos físicos  y un conjunto de reglas particulares denominadas cultura, jerarquía etc. Sin duda,  la manera en la que estas personas definen tal organización puede conducir a que los objetivos mencionados se logren más o menos rápido, con mayor o menor eficacia. En esencia, si lo pensamos desde un punto de vista práctico, las entidades públicas no son más que organizaciones concebidas para producir bienes y servicios públicos hechos para incrementar el bienestar de los ciudadanos.  Desde este punto de vista, si yo fuera presidente, trabajaría decididamente en mejorar la forma en la que se organizan dichas entidades. Uno de mis objetivos más importantes sería lograr que todas funcionaran como la más ágil y productiva empresa pública, dedicada por entero a la producción veloz, eficaz de bienes y servicios públicos con una alta calidad, centrada en incrementar de manera muy importante y cuantiosa su rentabilidad social. Para lograrlo, en primera instancia escogería un staff de directivos, con una probada capacidad gerencial, que sean capaces de acompañarme durante todo el gobierno e implementar verdaderos procesos de mejora al interior de sus organizaciones. Seleccionaría personas que sean capaces de conservar un bajo perfil, que estén interesadas en hacerse notar por los buenos resultados de sus organizaciones y no por dar discursos, participar en eventos, salir en medios o hacer inauguraciones. Básicamente, configuraría un cuerpo directivo que volcaría todos sus esfuerzos hacia el interior de las organizaciones.

De otra parte, crearía una alta consejería de ingeniería pública, que haciendo equipo con los directivos, se dedique a mejorar una por una dichas entidades, en el marco de un principio fundamental: queda abiertamente prohibido crear, suprimir o reestructurar entidades, simplemente, vamos a trabajar con la estructura de El Estado actual, pero vamos a lograr que todas y cada una de las organizaciones públicas del ejecutivo, funcionen mejor que nunca.








jueves, 9 de octubre de 2014

Menos impuestos y más productividad pública



El 29 de septiembre pasado, Juan Carlos Echeverry, ministro de hacienda predecesor de Mauricio Cárdenas; publicó en el diario El Tiempo una columna titulada “Mitos Sobre Gastos e Impuesto”. En su contenido define 4 creencias que él denomina como “infundadas”, relacionadas con todo lo que las personas tienden a pensar, cuando se hace alusión a temas como gasto del gobierno y reformas tributarias. A pesar de lo interesante de sus conclusiones, desde mi humilde perspectiva, la posición de Echeverry es una representación fehaciente, del imaginario que rige a los gerentes públicos colombianos, en particular a todos aquellos que tienen o han tenido un vínculo directo con el Ministerio de Hacienda: “aumentar la intervención pública significa, necesariamente, recaudar más recursos”.

Vale la pena revisar en detalle la validez teórica de una aproximación como ésta y sugerir un cambio estructural en el paradigma de nuestra gestión pública. No hay que olvidar que desde la perspectiva de la Gerencia Pública Moderna, es posible lograr mejores resultados manteniendo constantes los recursos invertidos en la intervención gubernamental. Este efecto se logra, fundamentalmente mediante el incremento sostenido de la Productividad Pública y el mejoramiento permanente de la Calidad del Gasto Público. Ambas condiciones tienen que ver directamente con el mejoramiento de la efectividad gubernamental.

La productividad está definida como la relación entre la cantidad de bienes y servicios generados por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.

De acuerdo con las cifras reportadas por Banco Mundial, para el periodo comprendido entre el 2009 y el 2013, Colombia se encuentra en los percentiles inferiores en cuanto a productividad nacional. Considerando el hecho de que la productividad pública usualmente se ubica por debajo de la productividad privada y que la productividad nacional considera ambas medidas; se puede inferir que la productividad pública Colombiana con respecto al resto de países del mundo, se ubica en los últimos puestos de la tabla.

De acuerdo con los actuales Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial, Colombia es un país de media tabla en efectividad  pública, esta situación nos pone por debajo de países como Chile en lo que tiene que ver con la capacidad de nuestro gobierno para enfrentar problemas sociales. Un resultado de estas características sugiere también un bajo nivel de productividad pública que incide sobre todas las dimensiones del desempeño económico. De acuerdo con cifras reportadas por el Foro Económico Mundial en 2013, Colombia aparece en el puesto 69 de 144 en el Índice Global de Competitividad. Este resultado se explica en buena medida por el bajo puntaje que obtienen nuestras instituciones, de hecho,  la corrupción y la ineficiente burocracia de gobierno, se cuentan entre los factores más problemáticos para quienes quieren  hacer negocios en nuestro país.  Estos resultados coinciden con los reportados por Transparencia Internacional, que en el 2013 le dio a Colombia un puntaje de media tabla en su Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándolo por debajo de países como Jamaica, Trinidad y Tobago; y equiparándolo con países como Surinam.

Varias experiencias interesantes alrededor del mundo nos han demostrado, que mediante la simplificación de la intervención pública, el rediseño de sus procesos e institucionalidad para reducir sus costos de transacción, tanto los internos como los que se transfieren al ciudadano; es posible entregar más bienes y servicios públicos, sin necesidad de invertir mayores recursos, logrando consecuentes mejoras en calidad, cobertura y reducciones en  los tiempos de entrega.   

En su libro Instruction to Deliver, Michael Barber, pone de presente el éxito alcanzado por gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, al lograr “disparar” todos los indicadores claves, a través de la mejora sostenida de la productividad pública. En una publicación posterior, Deliverology 101: A Field Guide for Educational Leaders; demuestra el potencial del mejoramiento sostenido de la efectividad pública al interior del sistema educativo.

Experiencias como estas han fundamentado la evolución paulatina de países de la región como Chile, que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, logró escalar desde el puesto 49, en apenas 5 años, hasta ubicarse entre los 10 mejores países del mundo  en calidad del gasto público. El secreto, la implementación de mejoras estructurales en la gestión de sus organizaciones, dirigidas a incrementar la productividad pública y la calidad de los bienes y servicios producidos.

En Colombia tenemos un camino largo por recorrer, por ejemplo, ¿cuánto nos ahorraríamos con simplificaciones evidentes en aspectos centrales como la contratación pública?. Durante cada periodo fiscal, las entidades deben adelantar procesos vertiginosos de contratación de bienes y servicios cuya provisión es necesaria para soportar su operación. Estas actividades requieren del compromiso de un aparato jurídico y técnico importante a lo largo de todo el año. En este sentido, ¿por qué deben hacerse contrataciones anuales cuando se sabe que la provisión es requerida durante periodos mayores? ¿Por qué no rediseñamos todo el aparato de contratación para facilitar los contratos plurianuales? 


Bajo estas condiciones el principal “mito sobre gastos e impuestos” está en creer que la única manera en la que se pueden atender a más personas en el marco de estándares de calidad mayores, es recaudando más impuestos. Lo cierto en todo caso, es que lo único que logramos con esos recursos adicionales, si no mejoramos la calidad del gasto, es desperdiciar una cantidad mayor de recursos en ineficiencia y corrupción. 

miércoles, 26 de junio de 2013

¿Por qué falla el aparato público?


Fuente: Pauta


Alguna vez se ha preguntado acerca de las razones por las cuales i. la malla vial de las principales ciudades del país nunca está en condiciones óptimas, ii. trámites sencillos ante organismos públicos que deberían demorar horas se tardan meses, iii. los más vulnerables de la sociedad deben hacer fila en la madrugada para recibir atención en un hospital público, iv. diariamente nos vemos avocados al maltrato, la inseguridad y el hacinamiento del transporte público…en fin… ¿alguna vez ha indagado acerca de las razones por las cuales el aparato público parece tan poco interesado en el bienestar y  satisfacción de sus clientes, los ciudadanos?

Llevo varios años de mi vida como consultor y académico haciéndome esa pregunta y soñando con que alguna vez los servicios que recibo del aparato público estén tan ajustados a mis intereses y expectativas, como los que me ofrecen compañías con objetivos menos altruistas como mi proveedor de teléfonos inteligentes y cierta cadena de hoteles que visito con alguna frecuencia.

Un elemento altamente perjudicial para la efectividad pública es la exagerada rotación de los cuerpos directivos de todas las organizaciones gubernamentales, las famosas crisis ministeriales y las absurdas renuncias protocolarias son en parte culpables de este fenómeno que se profundiza por la poco atractiva escala salarial de las mal remuneradas plazas de libre nombramiento y remoción. Para ponerles un ejemplo concreto, recientemente, en mi trabajo como consultor al interior de un ministerio me vi obligado a interactuar con 3 directores del área misional y 3 secretarias generales en un lapso de apenas 8 meses. El sentido común nos dice que si hasta en el más modesto de los restaurantes, cambiar de administración cada 3 meses da al traste con la calidad del servicio, en una organización de más de mil funcionarios, las consecuencias pueden ser dramáticas.

Esta condición que a primera vista parece inofensiva tiene resultados funestos en todas las dimensiones corporativas, impide el desarrollo de proyectos de largo aliento en la medida en que los cambios directivos suponen, en todos los casos, cambios de direccionamiento estratégico. Por otro lado, trae consigo la desaparición del Know-How institucional de alto nivel, pues cuando sale de una entidad un director general, un ministro o un alcalde, se va con él todo el equipo familiarizado con el negocio, habilitado para tomar decisiones.

A esto hay que sumarle el hecho de que a estos cargos rara vez llegan personas suficientemente capacitadas para gerenciar organizaciones complejas, en esencia, parece que haber sido narrador deportivo, concejal, congresista, líder sindical o sacerdote, genera las capacidades en materia de planeamiento, toma de decisiones, liderazgo de equipos de alto desempeño; necesarias para dirigir con éxito organizaciones complejas como un distrito o un ministerio. Además, erróneamente tendemos a considerar que el hecho de tener estudios de doctorado en el exterior en ciencias como la economía o el derecho, es una garantía suficiente para asegurar el buen desempeño gerencial. Con conocimiento de causa les puedo decir que en ninguno de los pensum de estos programas de formación aparecen elementos dirigidos a generar capacidades en cualquiera de las dimensiones que definen el perfil de un buen gerente, por el contrario, lo que fundamentan en muchas ocasiones es la especialidad en contravía de la integralidad y el trabajo individual en detrimento de la interacción colectiva.

Como si la inestabilidad organizacional y la escasa capacidad directiva no fueran factores lo suficientemente críticos como para dar al traste con la facultad del gobierno para atender de manera decorosa a sus ciudadanos, existe otra condición que dificulta toda su operación. Las personas que trabajan al interior del gobierno tienden a pensar que el negocio de lo público es altamente complejo y que esta condición es inmodificable. Mi percepción luego de definir procesos al interior de un buen número de organizaciones públicas, es que el negocio de todas ellas es tan elemental que a la luz de la teoría de las organizaciones francamente da risa. En general todas ellas tienen una posición dominante en el mercado al punto de actuar como monopolio, no compiten por precio, por calidad, o en general por cualquier atributo, esta condición hace que no estén demasiado obligados a segmentar su mercado o entender las necesidades de sus clientes. Su promesa de valor es ofrecer al cliente lo que la organización puede y quiere ofrecer, carecen de juntas directivas exigentes y competidores que las obliguen a generar dinámicas sostenidas de innovación, la mayoría de ellas dominan el entorno jurídico…en fin…desde esta perspectiva ¿por qué habríamos de considerar su negocio complejo? Lo claro en cualquier caso, es que un conjunto de decisiones tomadas por gerentes inexpertos, recién llegados, con escaso conocimiento del negocio, poca información y limitada capacidad gerencial, pueden entorpecer la ejecución del más elemental de los procedimientos.

¿Pero cuál puede ser el camino para enfrentar un panorama tan sombrío? En la medida en que al interior de las organizaciones públicas empecemos a garantizar equipos estables, calificados, con habilidades gerenciales, enfocados en hacernos a los contribuyentes la vida más fácil, trabajando en mejoramiento de procesos y la fundamentación de buenas prácticas corporativas, convencidos en hacernos cada vez más felices utilizando menos recursos,  empeñados en aumentar la efectividad de su actuación al tiempo que reducen el recaudo de impuestos. En esa medida, personas como usted o como yo, podremos sentir que el gobierno nos atiende como nos merecemos.