Sobre la peste negra y sus enseñanzas en materia de decisiones públicas: recomendaciones de expertos que conducen a la sociedad a "morderse la cola"

La peste negra es considerada la pandemia más importante de la historia, se estima que entre el 30 y el 60 por ciento de la población mundial murió a causa de esta enfermedad. En la actualidad se argumenta que era transmitida por pulgas transportadas por roedores, también se cree que la transmisión entre personas se produjo por ectoparásitos humanos, como la pulga común o piojos del cuerpo, sin embargo, han venido surgiendo cuestionamientos científicos en relación con este planteamiento. 

No obstante lo dicho, los médicos más adelantados y eruditos de la época, atribuían el mal a los “miasmas”, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel; incluso hubo algunos que asociaron la enfermedad con fenómenos astrológicos.

Los dramáticos efectos de la enfermedad sobre la población mundial pueden explicarse principalmente por el error de diagnóstico de los equipos científicos, su interpretación del fenómeno llevó a los políticos y a toda la sociedad, a enfrentar un “falso determinante”, a declarar un “falso problema” el enemigo público de toda la humanidad.

Esta situación condujo inexorablemente a la sociedad, a la implementación de medidas costosas focalizadas en evitar a toda costa los “miasmas” y toda suerte de contacto humano, distrayendo recursos valiosos que podrían haberse invertido en el control de “roedores e insectos parásitos”.

A pesar de que han pasado varios siglos desde cuándo históricamente se registró este insuceso, los errores de diagnósticos inducidos por equipos científicos que fungen como asesores públicos, siguen estando presentes. La declaración de “falsos problemas” como enemigos públicos está vigente en la mayoría de sociedades actuales y goza de mayor incidencia en países con niveles medios o bajos de desarrollo. 

En el caso de  Colombia, por ejemplo, es posible identificar múltiples fenómenos que se ajustan a la lógica mencionada, las decisiones de los políticos y de la sociedad, están determinadas por análisis de grupos de expertos de indudable eficacia a la hora de postular “falsos enemigos públicos”, los cuales amenazan si tregua las dimensiones más relevantes de la realidad cotidiana. 

El narcotráfico es sin duda el “miasma” más representativo de nuestra realidad, a diario invertimos incontables recursos humanos, financieros y técnicos en intentar acabar con este flagelo, sin comprender que los “roedores e insectos parásitos” actuales, están representados en la enfermiza desigualdad que se ha venido consolidando en el país a lo largo de los años y conduce a los grupos menos favorecidos a intentar apropiarse de rentas de cualquier índole, utilizando mecanismos como el tráfico de drogas, disponibles en un momento determinado de la historia. 

Peor aún, este “falso determinante” nos lleva a sacar conclusiones basadas en evidencia también errónea, que nos conducen a decisiones que parecen tener fundamento en cifras, pero que en realidad están nubladas por nuestros fuertes prejuicios con relación a la existencia de un “enemigo público” incuestionable, de esta manera, cada vez que se genera un asesinato en nuestro país, de inmediato lo atribuimos al “falso problema” del narcotráfico, descartando de tajo cualquier análisis en relación con sus verdaderas causas.

El exceso de velocidad es también un “falso determinante” que en los últimos años ha tomado fuerza en lo que tiene que ver con la problemática de accidentalidad vial. El país viene invirtiendo ingentes recursos en reducir la velocidad de desplazamiento en todas las vías terrestres, en la actualidad buena parte de los esfuerzos de los políticos y la sociedad se enfocan en atacar este “enemigo público”. Es interesante ver el papel que las cifras han venido jugando en fundamentar y consolidar la capacidad de amenaza de este “falso problema”, las medidas que se han venido tomando están focalizadas en reducir los límites de velocidad hasta niveles considerablemente bajos, a tal punto, que en los diagnósticos actuales, la causa omnipresente de la casi totalidad de accidentes, es justamente exceder los mencionados limites. Esta condición supone un inconveniente de amplias magnitudes en la medida en que tales prejuicios menoscaban la posibilidad de hacer análisis serios para identificar los determinantes reales de cada accidente.

Por supuesto, desde un punto de vista contrafactual, es trivial demostrar que desplazarse a  velocidades superiores a los bajísimos límites actuales impuestos en nuestro país, no es el verdadero determinante de los accidentes viales, si este planteamiento fuera cierto la mortalidad y morbilidad en las autopistas europeas de alta velocidad serían inconcebibles y cada país con límites de velocidad superiores a los nuestros, ostentaría índices de accidentalidad más altos. 

En este caso el verdadero determinante es sin duda, la manera en la que se diseñó el sistema vial y la forma en la que se configura debido a un proceso evolutivo basado en micro decisiones que en esencia estructura vías terrestres que conducen a la generación de accidentes. Desde aspectos como la potestad de un alcalde para definir el uso del suelo en sectores cercanos a autopistas, hasta que contratistas públicos puedan decidir sobre cerramientos y señalizaciones que no cumplen con estándares mínimos de seguridad, pasando porque un gobierno local permita que las vías se deterioren; son en conjunto causantes de la tormenta perfecta para generar un número de accidentes considerable. 

Los anteriores son apenas dos ejemplos tomados de un amplio repertorio, por lo  tanto, vale la pena pensar las cosas con calma y revisar dos veces antes de implementar medidas que terminan restringiendo libertades con el propósito contradictorio de  controlar “miasmas”.  La idea en términos de decisiones políticas y sociales es afrontar la solución de problemas reales, dejando de lado los sofismas que lo único que hacen es distraernos. 

¿Queremos un Estado controlador o facilitador? ¿Alguien tiene la respuesta?

Todas las personas independientemente de la nacionalidad, tenemos similares ambiciones y capacidades, la diferencia entre nosotros radica fundamentalmente en las condiciones que nos proporciona el entorno para materializar todo nuestro potencial y lograr lo que nos proponemos.

De otra parte, las características del entorno dependen en buena medida de los estímulos que una organización denominada Estado define con cada una de sus decisiones.

Por lo tanto, la posibilidad de que las personas de uno otro contexto nacional, materialicen sus objetivos individuales depende en buena medida de la cultura del Estado que rige su existencia.

Estados con una cultura basada en el control de sus ciudadanos, en decidir qué pueden y qué no pueden hacer, para los cuales el pueblo está al servicio de la burocracia; son Estados en los que por definición se dificultará materializar cualquier clase de meta individual. Por el contrario Estados cuya cultura se abstiene por completo de restringir los objetivos de sus ciudadanos, pone la felicidad colectiva por encima de todo, para los cuales la burocracia está al servicio del pueblo; serán Estados en los que resultará increíblemente fácil lograr propósitos propios.

Ahora bien, los Estados del primer tipo, los controladores, son por definición ineficientes en términos de su capacidad para proveer bienes y servicios, en general deben invertir buena parte de su tiempo y recursos en supervisar y controlar a sus ciudadanos. Los del segundo tipo, los facilitadores, son altamente productivos pues todos sus recursos están focalizados en producir bienes y servicios oportunos y de alta calidad.

En consecuencia, los Estados controladores demandan una parte importante del total de la producción privada, la cual expropian a través de onerosos impuestos mediante los cuales financian su existencia. No obstante, dada su marcada ineficiencia, dichos gravámenes resultan siendo un costo para los ciudadanos que en la práctica no supone ningún beneficio. En contraste, los Estados facilitadores cobran impuestos bajos que regresan a los ciudadanos en la forma de bienes y servicios altamente valiosos que facilitan notablemente sus actividades cotidianas.

Ahora, dado este contexto, vale la pena preguntarse qué tipo de Estado tenemos en Colombia, para evaluar de manera sencilla sus características podemos remitirnos a analizar algunas de sus decisiones, en dos aspectos cruciales para la cotidianidad de cualquier ciudadano como el transporte y la justicia.

Si pensamos detalladamente en un bien o servicio público de alta relevancia para el logro de los objetivos de cada ciudadano como las vías por ejemplo, podremos lograr algún grado de validación para los conceptos recién expuestos.

Nuestro país ocupa los últimos lugares en calidad vial, una situación como ésta sería afrontada por un Estado facilitador focalizando todos sus esfuerzos y productividad en construir nuevas vías de altísima calidad. Sin embargo, buena parte de las medidas para solucionar dicha problemática se han focalizado en controlar el comportamiento de los ciudadanos, por ejemplo, reducen drásticamente la velocidad de movilización con la esperanza de evitar que las personas terminen muertas gracias a que las actuales características viales son causantes directas de accidentes.

En las áreas urbanas las restricciones han llegado al punto de racionar el uso de las vías a través de la implementación de mecanismos de carácter permanente como el “pico y placa”, que le otorgan la posibilidad de movilizarse a algunos vehículos determinados días de la semana mientras que otros deben permanecer parqueados. En contraste un Estado facilitador dirigiría todas sus baterías a ofrecerle a sus ciudadanos todos los modos de transporte existentes de forma que quien quiera transportarse lo pueda hacer como y cuando quiera.

Además, Colombia es un país con serios y claros problemas para garantizar “el gobierno de la ley”, no obstante, para mitigar este fenómeno su Estado focaliza sus medidas en controlar excesivamente todas las actuaciones de sus afiliados, aspectos como el uso de armas, el registro de la propiedad, las reglas contractuales etc., son excesivamente regulados en un esfuerzo infructuoso por evitar irregularidades, cuando lo lógico sería concentrarse en garantizar una provisión de justicia rápida y altamente efectiva que garantice el respeto universal por parte del pueblo, de un conjunto de reglas simples y elementales.

En el marco de estos antecedentes, ires y venires de gobiernos de una y otra ideología, los cuales logran poco o nada en términos de mejorar nuestra felicidad; vale la pena preguntarnos qué Estado queremos: uno controlador e ineficiente que nos dificulte la vida o uno facilitador y eficiente que nos ayude a materializar todas nuestras metas individuales. Sin embargo, antes de encontrar la respuesta, no perdamos de vista que cualquier asomo de cambio depende de las acciones futuras que cada uno de nosotros emprenda.