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miércoles, 21 de agosto de 2019

Sobre la peste negra y sus enseñanzas en materia de decisiones públicas: recomendaciones de expertos que conducen a la sociedad a "morderse la cola"



La peste negra es considerada la pandemia más importante de la historia, se estima que entre el 30 y el 60 por ciento de la población mundial murió a causa de esta enfermedad. En la actualidad se argumenta que era transmitida por pulgas transportadas por roedores, también se cree que la transmisión entre personas se produjo por ectoparásitos humanos, como la pulga común o piojos del cuerpo, sin embargo, han venido surgiendo cuestionamientos científicos en relación con este planteamiento. 

No obstante lo dicho, los médicos más adelantados y eruditos de la época, atribuían el mal a los “miasmas”, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel; incluso hubo algunos que asociaron la enfermedad con fenómenos astrológicos.

Los dramáticos efectos de la enfermedad sobre la población mundial pueden explicarse principalmente por el error de diagnóstico de los equipos científicos, su interpretación del fenómeno llevó a los políticos y a toda la sociedad, a enfrentar un “falso determinante”, a declarar un “falso problema” el enemigo público de toda la humanidad.

Esta situación condujo inexorablemente a la sociedad, a la implementación de medidas costosas focalizadas en evitar a toda costa los “miasmas” y toda suerte de contacto humano, distrayendo recursos valiosos que podrían haberse invertido en el control de “roedores e insectos parásitos”.

A pesar de que han pasado varios siglos desde cuándo históricamente se registró este insuceso, los errores de diagnósticos inducidos por equipos científicos que fungen como asesores públicos, siguen estando presentes. La declaración de “falsos problemas” como enemigos públicos está vigente en la mayoría de sociedades actuales y goza de mayor incidencia en países con niveles medios o bajos de desarrollo. 

En el caso de  Colombia, por ejemplo, es posible identificar múltiples fenómenos que se ajustan a la lógica mencionada, las decisiones de los políticos y de la sociedad, están determinadas por análisis de grupos de expertos de indudable eficacia a la hora de postular “falsos enemigos públicos”, los cuales amenazan si tregua las dimensiones más relevantes de la realidad cotidiana. 

El narcotráfico es sin duda el “miasma” más representativo de nuestra realidad, a diario invertimos incontables recursos humanos, financieros y técnicos en intentar acabar con este flagelo, sin comprender que los “roedores e insectos parásitos” actuales, están representados en la enfermiza desigualdad que se ha venido consolidando en el país a lo largo de los años y conduce a los grupos menos favorecidos a intentar apropiarse de rentas de cualquier índole, utilizando mecanismos como el tráfico de drogas, disponibles en un momento determinado de la historia. 

Peor aún, este “falso determinante” nos lleva a sacar conclusiones basadas en evidencia también errónea, que nos conducen a decisiones que parecen tener fundamento en cifras, pero que en realidad están nubladas por nuestros fuertes prejuicios con relación a la existencia de un “enemigo público” incuestionable, de esta manera, cada vez que se genera un asesinato en nuestro país, de inmediato lo atribuimos al “falso problema” del narcotráfico, descartando de tajo cualquier análisis en relación con sus verdaderas causas.

El exceso de velocidad es también un “falso determinante” que en los últimos años ha tomado fuerza en lo que tiene que ver con la problemática de accidentalidad vial. El país viene invirtiendo ingentes recursos en reducir la velocidad de desplazamiento en todas las vías terrestres, en la actualidad buena parte de los esfuerzos de los políticos y la sociedad se enfocan en atacar este “enemigo público”. Es interesante ver el papel que las cifras han venido jugando en fundamentar y consolidar la capacidad de amenaza de este “falso problema”, las medidas que se han venido tomando están focalizadas en reducir los límites de velocidad hasta niveles considerablemente bajos, a tal punto, que en los diagnósticos actuales, la causa omnipresente de la casi totalidad de accidentes, es justamente exceder los mencionados limites. Esta condición supone un inconveniente de amplias magnitudes en la medida en que tales prejuicios menoscaban la posibilidad de hacer análisis serios para identificar los determinantes reales de cada accidente.

Por supuesto, desde un punto de vista contrafactual, es trivial demostrar que desplazarse a  velocidades superiores a los bajísimos límites actuales impuestos en nuestro país, no es el verdadero determinante de los accidentes viales, si este planteamiento fuera cierto la mortalidad y morbilidad en las autopistas europeas de alta velocidad serían inconcebibles y cada país con límites de velocidad superiores a los nuestros, ostentaría índices de accidentalidad más altos. 

En este caso el verdadero determinante es sin duda, la manera en la que se diseñó el sistema vial y la forma en la que se configura debido a un proceso evolutivo basado en micro decisiones que en esencia estructura vías terrestres que conducen a la generación de accidentes. Desde aspectos como la potestad de un alcalde para definir el uso del suelo en sectores cercanos a autopistas, hasta que contratistas públicos puedan decidir sobre cerramientos y señalizaciones que no cumplen con estándares mínimos de seguridad, pasando porque un gobierno local permita que las vías se deterioren; son en conjunto causantes de la tormenta perfecta para generar un número de accidentes considerable. 

Los anteriores son apenas dos ejemplos tomados de un amplio repertorio, por lo  tanto, vale la pena pensar las cosas con calma y revisar dos veces antes de implementar medidas que terminan restringiendo libertades con el propósito contradictorio de  controlar “miasmas”.  La idea en términos de decisiones políticas y sociales es afrontar la solución de problemas reales, dejando de lado los sofismas que lo único que hacen es distraernos. 

viernes, 28 de junio de 2013

Government Analytics: el siguiente paso hacia una administración pública efectiva.

Fuente: Grupo Productiva Consultoría 


El Gobierno invierte una parte muy importante de sus recursos en la recopilación de cifras. Si estas cantidades masivas de datos empiezan a ser usadas por nuestros funcionarios de manera sistemática, intensiva, descriptiva, predictiva y prescriptiva; podríamos lograr la consolidación de un estado inteligente que logre solucionar de manera efectiva las necesidades de la población más necesitada.

Nuestro país es prolífico en la creación e institucionalización de sistemas de información para todos los temas imaginables. Los siguientes son apenas algunos ejemplos pero la lista es interminable: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI), Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Pública (SUIFP), Registro Único de Proveedores (RUP), Sitema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG), Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF),   Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programa Sociales (SISBEN), Sistema de Información del Sector Educativo (SISE) etc…etc. 

De acuerdo con un estudio reciente de IBM Institute for Business Value[1], los funcionarios públicos alrededor del mundo dedican la mitad de su tiempo diario al proceso de recopilar información y menos de un tercio a analizarla en profundidad con el fin de generar insumos para la toma efectiva de decisiones.
La percepción de nuestros servidores públicos con respecto a esta generación masiva de datos está alineada de las conclusiones del estudio de IBM: la mayoría de su trabajo se resume en solicitar información, estructurar bases y enviarlas para que alguien en la cadena jerárquica desarrolle una secuencia de actividades similar a la de ellos. La pregunta lógica en este caso es si una dedicación agregada tan masiva de recursos, soportaría un Analisis Beneficio Costo (ABC), es decir si el costo de alimentar todos estos sistemas es compensado por los beneficios generados por su utilización durante el proceso de toma de decisiones públicas. Cuando se examinan algunas cifras empieza a dudarse de la posibilidad de que esta evaluación arroje resultados positivos. De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia el monto de las pretensiones económicas contra el estado en los últimos cuatro años ha oscilado entre  63.4 y 129.9 billones de pesos, la Fiscalía General de la Nación estima que las pérdidas en el Distrito Capital por cuenta del carrusel de la contratación podrían llegar a los dos billones de pesos y de acuerdo con las directivas de la misma institución, el monto del desfalco a la DIAN supera el billón de pesos. Lo complejo en todos estos casos es que el Gobierno cuenta con información que le permitiría prevenir este tipo de problemas si la utilizara de la manera apropiada.

Los principios de Government Analytics justamente buscan convertir al Gobierno como un todo en una organización inteligente que tome decisiones basadas en el análisis pormenorizado de la información, de manera que evite cometer errores similares a los mencionados en el párrafo anterior, que lo conduzcan a reducir la efectividad de sus intervenciones.

 Government Analytics no es otra cosa que la aplicación de técnicas analíticas (econometría, estadística, optimización etc), durante el proceso de resolución de los asuntos de Estado. Provee un marco para la toma de decisiones que ayuda a los Gobiernos a resolver dificultades complejas, mejorar su desempeño y anticiparse a la ocurrencia de los problemas administrando y balanceando de manera apropiada los riesgos que le son propios.

En la actualidad Colombia posee más datos de los que necesita, pero aun no los utiliza de la manera apropiada. Existe  un indicador denominado Índice de Visión Analítica (AVI), que mide la capacidad de las organizaciones públicas para utilizar la analítica de forma extendida y sistemática, y de promoverla como una habilidad o aptitud empresarial. Al analizar con cabeza fría la situación del sector público colombiano se puede decir que las Instituciones del Gobierno se circunscriben apenas a revisar periódicamente los datos históricos para establecer si su desempeño fue positivo o negativo. Sin embargo muy pocas o ninguna, utilizan los datos de manera sistemática para alimentar modelos que les permitan prevenir posibilidades de fraude, identificar riesgos de contratación, definir la localización más efectiva de la fuerza pública etc. En las condiciones actuales nuestro sector público puede ubicarse a lo sumo en el segundo nivel de cinco posibles dentro del escalafón del indicador, es decir está muy lejos de ser considerado inteligente a la luz de este modelo.



[1] Messatfa, H; Reyes, L; Schroeck, M. (2010). El poder de la analítica en el sector público: cómo conseguir la competencia analítica para acelerar los resultados. IBM Institute for Business Value.