El 29 de septiembre pasado, Juan Carlos Echeverry,
ministro de hacienda predecesor de Mauricio Cárdenas; publicó en el diario El Tiempo
una columna titulada “Mitos Sobre Gastos e Impuesto”. En su contenido define 4
creencias que él denomina como “infundadas”, relacionadas con todo lo que las
personas tienden a pensar, cuando se hace alusión a temas como gasto del
gobierno y reformas tributarias. A pesar de lo interesante de sus conclusiones,
desde mi humilde perspectiva, la posición de Echeverry es una representación fehaciente,
del imaginario que rige a los gerentes públicos colombianos, en particular a todos
aquellos que tienen o han tenido un vínculo directo con el Ministerio de Hacienda:
“aumentar la intervención pública significa, necesariamente, recaudar más
recursos”.
Vale la pena revisar en detalle la validez teórica de
una aproximación como ésta y sugerir un cambio estructural en el paradigma de
nuestra gestión pública. No hay que olvidar que desde la perspectiva de la
Gerencia Pública Moderna, es posible lograr mejores resultados manteniendo
constantes los recursos invertidos en la intervención gubernamental. Este efecto
se logra, fundamentalmente mediante el incremento sostenido de la Productividad Pública y el mejoramiento
permanente de la Calidad del Gasto
Público. Ambas condiciones tienen que ver directamente con el mejoramiento
de la efectividad gubernamental.
La productividad está
definida como la relación entre la cantidad de bienes y servicios generados por
un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción.
También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo
utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el
resultado deseado, más productivo es el sistema.
De acuerdo con las cifras reportadas por Banco
Mundial, para el periodo comprendido entre el 2009 y el 2013, Colombia se
encuentra en los percentiles inferiores en cuanto a productividad nacional. Considerando el hecho de que la
productividad pública usualmente se ubica por debajo de la productividad
privada y que la productividad nacional considera ambas medidas; se puede
inferir que la productividad pública Colombiana con respecto al resto de países
del mundo, se ubica en los últimos puestos de la tabla.
De acuerdo con los actuales Indicadores de Gobernanza
del Banco Mundial, Colombia es un país de media tabla en efectividad pública, esta
situación nos pone por debajo de países como Chile en lo que tiene que ver con la capacidad de nuestro gobierno para
enfrentar problemas sociales. Un resultado de estas características sugiere
también un bajo nivel de productividad pública que incide sobre todas las
dimensiones del desempeño económico. De acuerdo con cifras reportadas por el
Foro Económico Mundial en 2013, Colombia aparece en el puesto 69 de 144 en el
Índice Global de Competitividad. Este resultado se explica en buena medida por el
bajo puntaje que obtienen nuestras instituciones, de hecho, la
corrupción y la ineficiente burocracia de gobierno, se cuentan entre los
factores más problemáticos para quienes quieren hacer negocios en nuestro país. Estos resultados coinciden con los reportados
por Transparencia Internacional, que en el 2013 le dio a Colombia un puntaje de
media tabla en su Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándolo por debajo
de países como Jamaica, Trinidad y Tobago; y equiparándolo con países como
Surinam.
Varias experiencias interesantes alrededor del mundo
nos han demostrado, que mediante la simplificación de la intervención pública, el
rediseño de sus procesos e institucionalidad para reducir sus costos de
transacción, tanto los internos como los que se transfieren al ciudadano; es
posible entregar más bienes y servicios públicos, sin necesidad de invertir mayores
recursos, logrando consecuentes mejoras en calidad, cobertura y reducciones
en los tiempos de entrega.
En su libro Instruction to Deliver, Michael Barber,
pone de presente el éxito alcanzado por gobierno de Tony Blair en el Reino
Unido, al lograr “disparar” todos los indicadores claves, a través de la mejora
sostenida de la productividad pública. En una publicación posterior, Deliverology
101: A Field Guide for Educational Leaders; demuestra el potencial del
mejoramiento sostenido de la efectividad pública al interior del sistema
educativo.
Experiencias como estas han fundamentado la evolución
paulatina de países de la región como Chile, que de acuerdo con el Foro
Económico Mundial, logró escalar desde el puesto 49, en apenas 5 años, hasta
ubicarse entre los 10 mejores países del mundo en calidad del gasto público. El secreto, la
implementación de mejoras estructurales en la gestión de sus organizaciones,
dirigidas a incrementar la productividad pública y la calidad de los bienes y
servicios producidos.
En Colombia tenemos un camino largo por recorrer, por
ejemplo, ¿cuánto nos ahorraríamos con simplificaciones evidentes en aspectos centrales
como la contratación pública?. Durante cada periodo fiscal, las entidades deben
adelantar procesos vertiginosos de contratación de bienes y servicios cuya
provisión es necesaria para soportar su operación. Estas actividades requieren
del compromiso de un aparato jurídico y técnico importante a lo largo de todo
el año. En este sentido, ¿por qué deben hacerse contrataciones anuales cuando
se sabe que la provisión es requerida durante periodos mayores? ¿Por qué no rediseñamos
todo el aparato de contratación para facilitar los contratos plurianuales?
Bajo estas condiciones el principal “mito sobre gastos
e impuestos” está en creer que la única manera en la que se pueden atender a
más personas en el marco de estándares de calidad mayores, es recaudando más
impuestos. Lo cierto en todo caso, es que lo único que logramos con esos
recursos adicionales, si no mejoramos la calidad del gasto, es desperdiciar una
cantidad mayor de recursos en ineficiencia y corrupción.
