Colombia, como muchos
países latinoamericanos, hace ingentes esfuerzos por solucionar sus problemas
de bienestar más fundamentales. De acuerdo con datos publicados por el Banco
Mundial, el nuestro, es uno de los países más desiguales, en el ranking mundial
sigue de cerca a Haití y a Honduras. De
hecho, en línea con el DANE, la incidencia sobre los colombianos de la pobreza
monetaria es del 24% y del 40% en las cabeceras municipales y en los centros poblados respectivamente.
Lo que muestran estas
cifras es que la gran mayoría de la población sufre las inclemencias de los
ingresos bajos, en efecto de acuerdo con el análisis realizado por la
consultora de consumo Raddar en 2015, el 15,9% de la población vive en estrato
1, el 28,9 en estrato 2, el 34,4% en estrato 3, el 11% en estrato 4 y apenas el 9,8% de todos los colombianos
vive en estrato 5 y 6. Un resultado como este es de suma importancia si se
tiene en cuenta que el estrato es una proxy de acceso a bienes y servicios
públicos y que de acuerdo con los resultados del último censo realizado en el
país, más del 70% de la población colombiana vive en zonas urbanas, por lo que
en general está estratificada.
Los diferentes gobiernos
formulan e implementan políticas públicas con el propósito de dar respuesta a
todos y cada uno de los problemas asociados a esta realidad socioeconómica, sin
embargo, lo que muestran las estadísticas es que la mayoría de ellas no logra una
mejora significativa en la situación de los colombianos menos favorecidos. En
este sentido, valdría la pena preguntarse por algunas de las razones que
fundamentan esta falta de efectividad en la intervención pública:
1. Los tomadores de decisión no conocen la realidad de los beneficiarios:
en primera instancia hay que decir que quienes formulan las políticas públicas
y deciden la manera en la que el país atenderá las necesidades de la mayoría de
colombianos, provienen de los grupos poblacionales minoritarios, es decir del
diminuto 9,8% que vive en los estratos 5 y 6. No obstante el indudable
compromiso y capacidad técnica de estas personas, el problema es que la
realidad a la que se han enfrentado
desde chicos, es diametralmente diferente a la del resto de la población. Su
entorno socio espacial es diferente, la provisión de bienes y servicios
públicos a que han tenido acceso durante toda su vida es muy distinta, al punto
de que podemos decir que han vivido en una Colombia muy diferente a la de la
población para la cual proponen soluciones. La mayoría de ellos aterrizan en
cargos públicos de decisión luego de pasar por las mejores universidades del
país y del exterior, saltándose una serie de etapas operativas que les
permitirían conocer la verdadera magnitud de las problemáticas. Así las cosas,
podemos decir que en Colombia hay una marcada falta de sintonía entre quienes
hacen las políticas públicas y quienes serán beneficiarios de ellas.
2. Escaso aprendizaje institucional: el premio Nobel de economía
Joseph E. Stiglitz y el profesor de la escuela de negocios de la universidad de
Columbia Bruce C. Greenwald, se han encargado de explicarnos de una y otra
manera la importancia del aprendizaje en la economía y por supuesto, al
interior de las organizaciones. En su libro “La creación de una sociedad del
aprendizaje”, dimensionan la importancia del Know How en la capacidad de las organizaciones
para diferenciarse y lograr avances sustanciales en productividad y efectividad.
Si trasladamos esta conclusión al entorno en el que se formulan las políticas
públicas, podemos afirmar que el aprendizaje al interior de las entidades no es
el necesario para garantizar la pertinencia de las intervenciones. En general,
el modelo de elección popular de mandatarios unido al esquema de libre nombramiento
y remoción al que se ajustan la mayoría de los cargos que toman decisiones al
interior de lo público, hacen que usualmente la formulación de políticas
públicas se haga en el marco de niveles demasiado bajos de la curva de
aprendizaje, esto debido básicamente a que en promedio cada año y medio, las
organizaciones cambian las personas que ocupan los cargos decisorios.
3. Baja
productividad de las organizaciones públicas: la experiencia en evaluación
de políticas públicas en distintos países, muestra que su efectividad depende
en buena medida del nivel de la productividad de las organizaciones públicas
que participan en su implementación. En los casos en los que la ejecución de
las intervenciones depende de una institucionalidad burocrática y pesada, la
solución de los problemas difícilmente alcanza a los beneficiarios. Por el
contrario, cuando se trata de organizaciones ágiles y altamente productivas,
los beneficiarios tienen acceso completo a los bienes y servicios públicos que
las políticas se comprometen a entregar. Desafortunadamente en Colombia, los
niveles de productividad pública son considerablemente bajos, afectando
negativamente la efectividad de cualquier intervención.
4. Sistema legal de alta complejidad: si en algo hemos sido
exitosos los colombianos, es en diseñar un sistema de leyes con un nivel de
sofisticación inusitado, hasta el punto, que dificulta dar solución pertinente
y efectiva a los problemas sociales de todos los colombianos. No por nada
Colombia es uno de los países con más abogados por cien mil habitantes del
mundo, los sistemas de contratación, tributación, solución de controversias
etc. están tan llenos de vericuetos, que muchas políticas públicas con objetivos
maravillosos terminan dilapidando sus recursos en sortear toda suerte de laberintos
legales.
Cuando los elementos
descritos se conjugan en el marco de una combinación sombríamente ideal, se
presentan casos como el de Rubiela Chivará, una madre tristemente célebre
gracias a que nuestras políticas públicas no tuvieron la capacidad de
garantizarle la vida y luego de su muerte, no le ofrecieron las condiciones para
proporcionarle un trato medianamente digno. Este caso y muchos otros parecidos, son
campanazos de alerta que deben llamar nuestra atención e instigarnos a
modificar un sistema que viene cometiendo los mismos errores desde hace
décadas.
