El Management: un arte importante pero increíblemente escaso

Fuente: IB Training Center

La capacidad gerencial es un aspecto que explica las diferencias más importantes en el resultado alcanzado por las distintas organizaciones. No obstante, se trata de una condición escasa en el entorno colombiano, por esa razón principalmente nuestras organizaciones tanto de carácter privado como público, se encuentran claramente rezagadas en relación con el resto del mundo. Al leer este enunciado, la mayoría de lectores un tanto ágiles para concluir y posiblemente  poco familiarizados con el concepto, estarán pensando en que hay otros aspectos que definen tales diferencias, sin embargo, vale la pena anotar de forma también rápida, que todas las dimensiones que vienen a sus cabezas, están afectadas de forma determinante por el concepto del management.

Precisamente, uno de los factores generadores de semejante circunstancia, es la ignorancia social en relación con los aspectos más esenciales de un arte tan sofisticado. La mayoría de personas entienden la gerencia de forma superficial, asociándola a aspectos tan diversos como el emprendimiento, el ejercicio del poder o la toma de decisiones.

Tal ignorancia es sustancialmente menor en sociedades más desarrolladas, en su caso, tanto el entorno público como privado, han venido construyendo a lo largo de los años capacidades indudables, que han separado drásticamente el nivel de producción privada y la eficacia de la gestión pública, del que ostentan el resto de países. No es una coincidencia que las organizaciones más valiosas y los gobiernos más adelantados, compartan entorno con las mejores escuelas de negocios del mundo.

Pocos tienen en la cabeza que El management es en realidad el arte de articular y gestionar recursos de toda índole, de forma efectiva, con el propósito de lograr la materialización de resultados concretos. Considerando tal definición entenderán la relevancia de generar una capacidad como ésta. Lo que se puede ver en la práctica en relación con semejante desconocimiento es una especie de sensación de superioridad, la mayoría de nosotros nos creemos gerentes simplemente porque jerárquicamente, tenemos la posibilidad de ejercer más poder que otros y peor aún, respaldados por la suficiencia que nos entrega la ignorancia, nos consideramos a nosotros mismos buenos gerentes, logremos o no los resultados esperados.

Aspectos fundamentales para asegurar la movilización y articulación de recursos como la estrategia de negocio, privado o público, así como la forma de organizarse; son irrelevantes para multitud de directivos. Capacidades esenciales como el liderazgo, el pensamiento sistémico y estratégico, están ausentes de su repertorio o desviados hacia versiones distorsionadas que deterioran drásticamente su capacidad para materializar sinergias y lograr resultados.

En la mayoría de los casos están sujetos a conceptos antiguos, atrasados o a experiencias del pasado que generaron capacidades gerenciales limitadas y rudimentarias. Nuevamente la ignorancia mezclada con el ego les juega una mala pasada, pues los lleva a pensar que todos los cuestionamientos a su manera de hacer las cosas, así como las aproximaciones gerenciales más actuales, no son más que “teorías” interesantes que no pueden ser aplicadas. No se dan cuenta de que al ser el management un arte, carece enteramente de tales planteamientos irreales, mientras todo lo que propone es práctica pura extraída de organizaciones más avanzadas, mejor gerenciadas, que han demostrado su capacidad para obtener resultados superiores a los de todas aquellas con las que están familiarizados.

Considerando las implicaciones del problema, es urgente que como sociedad lo afrontemos con decisión y contundencia. Lo primero, que debemos hacer, es de forma humilde, aceptar que somos ignorantes. Lo segundo es, prepararnos con ahínco para superar todas nuestras deficiencias y lo tercero, es empezar a operar cambios en todos nuestros entornos, que nos conduzcan a mejorar nuestros resultados empresariales y gubernamentales.

Un requisito esencial para asegurar semejante evolución, es el fortalecimiento y desarrollo de las escuelas de negocios y de gerencia pública, así como el estrechamiento paulatino de la relación academia, empresa, gobierno. Otro determinante, es poner a la gerencia por delante de todo, considerarla un valor social fundamental, promoverla al interior de los diferentes sectores, independientemente de si son privados o públicos.

De avanzar en este sentido, lo más probable, es que en unos años seamos un país desarrollado, que mire a lo lejos a otras sociedades en las que apenas se empieza a gestar está misma discusión.

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Presidentes Novatos

 

Fuente de la imagen: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49377596

El Estado moderno es una organización, no es más que eso, una organización conformada para dar solución a problemas que de manera individual no podemos afrontar. Dentro de ella, El Ejecutivo, tiene la responsabilidad de “ejecutar” todos los mecanismos necesarios para que una parte importante de dichos problemas sea encarada de forma contundente. 

 

Cada tanto, en los diferentes países democráticos del mundo, escogemos al presidente, al gerente general de esta instancia ejecutora, seleccionamos una figura de evidente importancia, que en entornos distintos al público llamaríamos Chief Executive Officer o CEO. La relevancia de esta elección es indudable, pues su capacidad de liderazgo determinará los resultados de innumerables organizaciones subsidiarias con millones de empleados públicos trabajando en su interior: ministerios, secretarías, departamentos, unidades, agencias, empresas estatales etc. Además, afectará en buena medida el desempeño de otras partes del ecosistema organizacional estatal, como las ramas ejecutiva y judicial. 

 

Una decisión similar se toma de cuando en cuando en organizaciones privadas de tamaño importante, al analizar los elementos determinantes de dicha elección en las empresas más valiosas del mundo, resulta evidente la búsqueda de resultados determinados por una indudable madurez gerencial, usualmente, los candidatos son personas que a lo largo de su vida han dirigido equipos de diferentes tamaños, cada vez mayores y han tenido la posibilidad de aprender la manera de llevarlos a lograr buenos resultados. Además, en el marco de un proceso cada vez más complejo de toma de decisiones, han comprendido qué medidas generan buenos réditos y cuáles no. Eso sin mencionar que, han tenido la posibilidad de entender muy bien las dinámicas de los negocios por los que han pasado y la manera en que dichos aspectos pueden afectar el desempeño de las organizaciones que dirigen. Finalmente han apropiado claramente las particularidades de las funciones organizacionales, sus pormenores técnicos y la forma en que deben configurarse para lograr resultados notables.

 

A pesar de que la elección del presidente de un país puede determinar, sin lugar a duda, el desempeño del Estado y su capacidad para solucionar eficazmente los problemas más determinantes de nuestras vidas y las de las personas que amamos; somos mucho menos exigentes que las juntas directivas de las organizaciones privadas de gran tamaño mencionadas, al escoger el candidato que regirá nuestros destinos. En general, nuestra decisión está centrada en las características de su discurso, en lo que promete y en otra serie de aspectos irrelevantes a la hora de materializar una gerencia efectiva como su apariencia, sus creencias religiosas, si tiene hijos o no, si es hombre o mujer etc. 

 

El resultado de diferencias drásticas como las anotadas es evidente, mientras las grandes y complejas organizaciones privadas, gracias a la elección concienzuda de un gerente maduro, logran materializar sus resultados y evolucionar de forma contundente, los estados modernos al interior de los cuales se toman decisiones ligeras e irresponsables como las anotadas, alcanzan resultados mediocres y se sumergen en un preocupante retroceso.

 

La sociedad chilena recientemente eligió un presidente de 36 años cuya experiencia estuvo centrada en ser líder estudiantil y posteriormente diputado. Perú hace poco escogió a un mandatario en cuya trayectoria se cuenta ser profesor de primaria y representante sindical, esta decisión se suma a otras similares que ha tomado este país en los últimos tiempos y han supuesto que, en los últimos 5 años, 6 presidentes hayan renunciado o hayan sido destituidos. Ucrania eligió un presidente de 41 años que toda su vida había sido humorista y en la actualidad, se encuentra sumida en una guerra de magnitudes inesperadas, con su vecino Rusia. El pueblo venezolano hace ya varios años eligió a un mandatario con únicamente estudios de bachillerato, que había sido conductor de bus, guardaespaldas y que, aunque fue diputado, ministro y posteriormente vicepresidente; dados los indicadores del país, no tiene la posibilidad de mostrar ningún tipo de resultado positivo asociado a su gestión en dichos cargos. 

 

Colombia por su parte, está a punto de tomar la importante decisión de elegir su presidente, punteando en las encuestas se encuentran un candidato que fue toda su vida congresista y posteriormente fue alcalde de Bogotá y un aspirante cuya experiencia está centrada en haber sido concejal y alcalde de Medellín. Vale la pena anotar que el actual presidente del país llegó a esta alta dignidad, luego de haber trabajado con multilaterales y haber sido senador de la república. 

 

Lo que nos muestra este balance, es que estamos siendo notablemente irresponsables con nuestras decisiones y que antes de elegir a aquel que afrontará la gerencia de la organización que más impacto tiene sobre nuestra realidad, bien vale la pena ser mucho más exigentes y selectos reclamando que tenga una experiencia amplia y directamente relacionada con la gerencia de organizaciones públicas complejas, que nos asegure una madurez gerencial indudable y sobre todo, exigiendo que el aspirante sea capaz de mostrar resultados contundentes cuando estuvo al frente de cada una de las instancias que tuvo la oportunidad de dirigir. 

 

En resumen y por el bien de nuestras familias, vale la pena exigirle a nuestros políticos y a nuestras instituciones, una mejora sustancial en el nivel de los aspirantes a presidente, de forma que nuestros países dejen se ser dirigidos por presidentes novatos.

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No necesitamos gobernantes que nos digan “quédate en casa”

No necesitamos gobernantes que nos digan “quédate en casa”, necesitamos gobernantes ágiles, eficaces que se encarguen de preparar  todo el entorno productivo, de interacción social y por supuesto, de servicios de salud; para garantizar nuestra libertad y al mismo tiempo mantener controladas las tasas de mortalidad y morbilidad del COVID-19. 

No necesitamos gobernantes que nos digan mediante medidas de “pico y placa” a qué hora y qué día podemos movilizarnos y de qué manera debemos hacerlo, necesitamos gobernantes capaces de construir y poner en operación oportunamente infraestructura de movilidad, así como sistemas de transporte eficientes y de alta calidad, capaces de disponer todo el entorno jurídico y económico para facilitar, además,  el acceso a tecnologías más limpias de transporte que garanticen nuestra salud y bienestar.

No necesitamos gobernantes que nos digan a qué velocidad debemos movernos y que nos persigan mediante policías y cámaras para castigarnos cada vez que desobedezcamos su mandato, necesitamos gobernantes capaces de proporcionarnos infraestructura y entornos de movilidad seguros por los que podamos transportarnos con completa libertad y tranquilidad preservando nuestras vidas y las de los demás.

No necesitamos gobernantes que nos digan qué substancias podemos o no consumir, necesitamos gobernantes que proporcionen las condiciones necesarias para construir un entorno de capital social robusto, que aseguren un consumo responsable e informado. 

No necesitamos gobernantes que nos digan si podemos o no llevar a un acompañante en una motocicleta, queremos gobernantes capaces de identificar y desarticular las estructuras ilegales que utilizan éste tipo de vehículos para hacer sus fechorías. 

No queremos gobernantes que nos digan si podemos o no utilizar una aplicación como Uber que nos facilita la vida, queremos gobernantes que generen todos los incentivos para que nuevas iniciativas de estas características, sean eficazmente involucradas en un proceso de transformación real, al interior de industrias que en la actualidad no funcionan bien. 

A lo largo de nuestra historia, hemos dado forma a instituciones basadas en el autoritarismo, cuyo principal fundamento es controlar el comportamiento de una sociedad ignorante que no tiene plena conciencia de sus actuaciones. Desde los gobernantes Muiscas, pasando por los españoles y criollos, hasta los “doctores” de nuestros días, el papel de los gobernantes ha estado focalizado en decirle a los gobernados lo que deben hacer, abstrayéndose de la verdadera responsabilidad centrada en proporcionar de manera ágil y oportuna todos los bienes, servicios públicos y condiciones, para que la sociedad tenga el bienestar necesario y pueda materializar su felicidad. 

Como se puede apreciar en algunos de los ejemplos que encabezan este escrito, tales instituciones aún se encuentran completamente vigentes y convivimos con ellas no obstante lo negativas, anacrónicas y destructivas que pueden ser. Tal vez convenga ampliar un poco más el argumento con la ayuda de algún ejemplo. 

En la actualidad nos enfrentamos a un problema sin precedentes que los diferentes países han afrontado de formas distintas. La mayoría de ellos, incluido Colombia, no estaban preparados para un desafío de estas magnitudes, por lo tanto, el consenso internacional estableció que lo mejor era tomar una decisión extrema como el aislamiento social, con todos sus costos, a fin de hacer tiempo, poder comprender el fenómeno y prepararse para sobrellevarlo de forma eficaz. 

No obstante, dependiendo de la estructura institucional, en cada caso, de las reglas sociales que se han configurado a lo largo de la historia, algunos países de inmediato iniciaron un proceso muy claro de redistribución de recursos públicos, dirigido a proporcionar muy rápidamente los bienes y servicios necesarios para garantizar el bienestar de las personas. Cómo consecuencia de ello, paulatinamente han ido migrando hacia medidas de distanciamiento voluntario que permitan la reactivación económica y que restablezcan la libertad de las personas. 

En el caso de Colombia, muy rápidamente los gobiernos locales tomaron decisiones tan extremas como el aislamiento obligatorio e incluso toques de queda, medida comprensible dadas las debilidades del país en relación con la provisión de bienes y servicios necesarios para enfrentar efectivamente la pandemia. No obstante, luego de aproximadamente dos meses de sobrellevar tales medidas, muchos gobiernos locales siguen tan poco preparados como al principio,  además de muy cómodos decretando toques de queda, así como drásticas medidas de aislamiento obligatorio. Los costos de la actuación de estos gobernantes autoritarios son insospechados, pero pueden ser medidos en términos de muertes causadas por la pandemia, en la medida en que lo único que han logrado es retrasar la evolución de un fenómeno epidemiológico inevitable, la destrucción de empresas, la reducción de la riqueza de los hogares, el aumento de la pobreza etc. 

Es hora de desmontar estás instituciones que nos han hecho tanto daño a lo largo del tiempo y que en una situación desfavorable como la actual, nos están metiendo paulatinamente en una de las peores crisis económicas y sociales de la historia. Cómo ciudadanos, tenemos la obligación de exigir por todos los medios y de manera implacable, la preservación de nuestra libertad como uno de nuestros derechos más preciados, al tiempo que exigimos un cambio de paradigma público y desmontamos por completo los gobiernos autoritarios para convertirlos en proveedores pertinentes de bienes y servicios públicos.  

¡Si yo fuera presidente!

Estas épocas electorales, resultan muy interesantes para personas de mi talante, genuinamente preocupadas por el devenir político colombiano. Las reuniones de amigos, el entorno laboral y académico se convierten en espacios  de apasionantes discusiones. Café va, café viene, desayuno un día, almuerzo el otro; encuentros que se transforman en interesantes y enriquecedores debates con personas que conocen lo público usualmente desde una perspectiva directiva, pero fundamentalmente técnica.

En alguna de estas acaloradas discusiones, uno de mis inteligentes amigos, cuyo nombre prefiero no enunciar para evitarle problemas, de quien solamente diré que forma parte de este gobierno… me preguntó: “¡bueno! Y si usted fuera presidente entonces ¿qué es lo que haría?”.

Ante semejante pregunta, mi primera reacción fue mirarlo fijamente, intentando no delatar con los ojos, la emoción asociada a poder responder un cuestionamiento de ese calibre.  Después de una larga pausa me desaté en prosa, en el marco de un relato sobre el cual solamente compartiré una que otra idea, con el ánimo humilde de que alguna de las campañas en las que he colaborado intelectualmente o en su defecto cualquiera de los candidatos actuales, bien sea de derecha o de izquierda; tome como suyos estos planteamientos y tenga a bien ayudarle en su materialización a un consultor, profesor inquieto, que no tiene filiación política u orientación ideológica alguna, distinta a la propia de sacar del embrollo en el que se encuentra, a esta apesadumbrada sociedad colombiana.

Reduciría a cero los montos de financiamiento de las campañas políticas.

Un principio fundamental de la democracia es que el voto de cada ciudadano: rico, pobre, empresario, empleado, hombre, mujer  etc., vale exactamente lo mismo y que ninguno de ellos representa un poder de elección superior al de los demás.

Lo cierto, es que nada atenta de manera más directa contra este pilar fundamental, que el increíble despliegue de marketing político y el proceso de “engrase” de las maquinarias electorales, en que se gastan los cuantiosos recursos que financian las campañas electorales. En últimas, quien gana en la contienda electoral actual, no es aquel que tiene un mejor programa o ha mostrado mejores resultados durante su trayectoria; quien sale airoso es el que tiene recursos para pagar más carteles, más lechonas, más publicidad en medios, más buses etc.

No perdamos de vista que usualmente, quienes aportan los dineros que financian las campañas, son grupos de interés dispuestos a invertir cuantiosos recursos en promover un candidato que defiende sus intereses, los cuales usualmente, van en contravía del interés general.

Como presidente propondría una reforma electoral profunda, que empiece por prohibir rotundamente la entrada de cualquier monto de recursos a las campañas políticas, restrinja por completo la mercantilización del proceso de elección y garantice la transformación rotunda del escenario político, de manera que a través de los partidos se diera un proceso de depuración de candidatos que condujera a un número razonable de entre cinco y diez opciones. Estos prospectos tendrían abiertos todos los espacios regionales, nacionales etc., para exponer sus ideas únicamente en debates públicos con presencia de cada uno de ellos, que les permitieran a los ciudadanos hacer comparaciones y tomar decisiones informadas.

Sentaría los pilares para reducir la desigualdad a través de dos mecanismos principales: i. Libre y completo acceso a educación superior completamente gratuita en universidades de alta calidad, ii. libre y completo acceso a un sistema de justicia efectivo y veloz.

Pocas cosas aceleran tanto la desigualdad en materia de ingresos como graduarse o no de una universidad, tener estudios de posgrado y terminar estudios en una universidad bien situada en los rankings de calidad académica. Lo que muestran las cifras es que en el primer caso, las personas solo pueden acceder a un conjunto de posibilidades de trabajo de poca agregación de valor y por lo tanto escaza remuneración, mientras en el segundo, la demanda laboral con el tiempo aprende que las capacidades de las personas que salen de mejores universidades son mayores, en este sentido, concentran sus requerimientos en graduados de este tipo de organizaciones, aumentando gradualmente su disponibilidad a pagar por ellos.

Desde este punto de vista, como presidente, propondría varias reformas a nuestro sistema educativo. La primera de ellas estaría focalizada en ampliar drásticamente los cupos educativos en las universidades públicas, el segundo estaría focalizado en incrementar de manera drástica la productividad de dichas organizaciones públicas, así como la calidad de los servicios educativos y no educativos que ofrecen. En esencia, trabajaría con las facultades de ingeniería industrial, administración, ingeniería de sistemas y derecho de cada una de ellas, para  rediseñar los procesos internos en aras de mejorar drásticamente su agilidad y eficacia. Además, promovería la creación de una superintendencia de educación, completamente independiente, con una estructura similar a la del Banco de la República, encargada de definir, inspeccionar, vigilar y controlar los estándares educativos, a la que le daría bastantes dientes para sancionar de manera efectiva en todos los casos en los que se presenten incumplimientos por parte de los establecimientos educativos.  

De otra parte, no olvidemos que en sociedades desiguales en ingresos y riqueza, los sistemas de justicia complejos y pesados, además de fomentar la impunidad, producen resultados diferenciados premiando en las decisiones a los percentiles de ingresos altos y castigando a los grupos menos favorecidos. Esta condición profundiza la desigualdad e incluso la acelera, pues facilita patrones de abuso y despojo de parte de los grupos favorecidos hacia los más vulnerables. Desde este punto de vista, como presidente, concentraría buena parte de mis esfuerzos en hacer pasar a fuerza, una reforma a la justicia diferente a las que hasta la fecha han sido sometidas a discusión.  En este caso, el énfasis estaría puesto fundamentalmente en acelerar la velocidad de toda la cadena de valor de la justicia, en particular le pediría a abogados, jueces, fiscales, policías, ciudadanos, empresarios etc., que me ayuden a identificar los aspectos más engorrosos de los diferentes procesos que se surten al interior del sistema de justicia, para luego hacer una mejora seria de cada uno de ellos, que incremente de forma drástica su velocidad y eficacia. Dicho cambio, estaría sustentado en suprimir actividades que no agregan valor y modificar prácticas arcaicas que en plena era digital, todavía gobiernan las actuaciones jurídicas.

Reeducaría a todos los abogados del país e introduciría cambios de enfoque en las facultades de derecho para diseñar instituciones focalizadas en “facilitarle la vida a las personas”.

La nuestra, es una sociedad que parece estar sitiada por talanqueras que restringen casi todas las dimensiones de la actividad humana, aspectos como la forma en la que concebimos los contratos entre privados, la interacción de El Estado con los ciudadanos, el papel del gobierno en nuestra actividad cotidiana; parecen estar mediados por una marcada obsesión por dificultar y prohibir, antes que incentivar y facilitar. Al respecto, vale la pena anotar que paulatinamente la ciencia económica ha ido desvelando las razones por las cuales algunas sociedades logran resultados mejores que otras en materia de bienestar y desigualdad. En la actualidad, parece existir un consenso con respecto a que las características de las reglas en el marco de las cuales las sociedades desarrollan toda su actividad, definen la naturaleza de su resultado. Desde este punto de vista, los malos indicadores de Colombia en materia de desarrollo y desigualdad están seriamente predestinados por un conjunto de reglas perversas. Al respecto, vale la pena anotar que los abogados intervienen desde diferentes perspectivas tanto en el establecimiento de las reglas mencionadas, como en su formalización a través de leyes. En últimas, la doctrina jurídica colombiana, es la que nos ha conducido a tener reglas de estas características, por lo tanto,  siendo presidente trabajaría desde las facultades de derecho, en lograr un cambio estructural de los imaginarios de los abogados, que conduzca  a definir reglas de interacción social que lleven a los individuos, las familias, las empresas, el gobierno y El Estado a  construir las condiciones para garantizar la igualdad en materia de ingresos, riqueza y al mejoramiento paulatino del bienestar de la sociedad colombiana.

Implementar una consejería de ingeniería pública que se dedique a mejorar la operación de todas las entidades, cambiando su tecnología y agilizando la manera en la que hacen las cosas.

Las organizaciones públicas son el mecanismo principal por el cual El Estado materializa su accionar sobre la sociedad. Aquellas no son más que un conjunto de personas que se interrelacionan entre sí con el propósito de materializar objetivos comunes, dicha interacción está mediada por la tecnología,  los recursos físicos  y un conjunto de reglas particulares denominadas cultura, jerarquía etc. Sin duda,  la manera en la que estas personas definen tal organización puede conducir a que los objetivos mencionados se logren más o menos rápido, con mayor o menor eficacia. En esencia, si lo pensamos desde un punto de vista práctico, las entidades públicas no son más que organizaciones concebidas para producir bienes y servicios públicos hechos para incrementar el bienestar de los ciudadanos.  Desde este punto de vista, si yo fuera presidente, trabajaría decididamente en mejorar la forma en la que se organizan dichas entidades. Uno de mis objetivos más importantes sería lograr que todas funcionaran como la más ágil y productiva empresa pública, dedicada por entero a la producción veloz, eficaz de bienes y servicios públicos con una alta calidad, centrada en incrementar de manera muy importante y cuantiosa su rentabilidad social. Para lograrlo, en primera instancia escogería un staff de directivos, con una probada capacidad gerencial, que sean capaces de acompañarme durante todo el gobierno e implementar verdaderos procesos de mejora al interior de sus organizaciones. Seleccionaría personas que sean capaces de conservar un bajo perfil, que estén interesadas en hacerse notar por los buenos resultados de sus organizaciones y no por dar discursos, participar en eventos, salir en medios o hacer inauguraciones. Básicamente, configuraría un cuerpo directivo que volcaría todos sus esfuerzos hacia el interior de las organizaciones.

De otra parte, crearía una alta consejería de ingeniería pública, que haciendo equipo con los directivos, se dedique a mejorar una por una dichas entidades, en el marco de un principio fundamental: queda abiertamente prohibido crear, suprimir o reestructurar entidades, simplemente, vamos a trabajar con la estructura de El Estado actual, pero vamos a lograr que todas y cada una de las organizaciones públicas del ejecutivo, funcionen mejor que nunca.

¿Por qué las políticas públicas no funcionan en Colombia?

Colombia, como muchos países latinoamericanos, hace ingentes esfuerzos por solucionar sus problemas de bienestar más fundamentales. De acuerdo con datos publicados por el Banco Mundial, el nuestro, es uno de los países más desiguales, en el ranking mundial sigue de cerca a Haití y a Honduras.  De hecho, en línea con el DANE, la incidencia sobre los colombianos de la pobreza monetaria es del 24% y del 40% en las cabeceras municipales  y en los centros poblados respectivamente.

Lo que muestran estas cifras es que la gran mayoría de la población sufre las inclemencias de los ingresos bajos, en efecto de acuerdo con el análisis realizado por la consultora de consumo Raddar en 2015, el 15,9% de la población vive en estrato 1, el 28,9 en estrato 2, el 34,4% en estrato 3, el 11% en estrato 4  y apenas el 9,8% de todos los colombianos vive en estrato 5 y 6. Un resultado como este es de suma importancia si se tiene en cuenta que el estrato es una proxy de acceso a bienes y servicios públicos y que de acuerdo con los resultados del último censo realizado en el país, más del 70% de la población colombiana vive en zonas urbanas, por lo que en general está estratificada.

Los diferentes gobiernos formulan e implementan políticas públicas con el propósito de dar respuesta a todos y cada uno de los problemas asociados a esta realidad socioeconómica, sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que la mayoría de ellas no logra una mejora significativa en la situación de los colombianos menos favorecidos. En este sentido, valdría la pena preguntarse por algunas de las razones que fundamentan esta falta de efectividad en la intervención pública:

1. Los tomadores de decisión no conocen la realidad de los beneficiarios: en primera instancia hay que decir que quienes formulan las políticas públicas y deciden la manera en la que el país atenderá las necesidades de la mayoría de colombianos, provienen de los grupos poblacionales minoritarios, es decir del diminuto 9,8% que vive en los estratos 5 y 6. No obstante el indudable compromiso y capacidad técnica de estas personas, el problema es que la realidad  a la que se han enfrentado desde chicos, es diametralmente diferente a la del resto de la población. Su entorno socio espacial es diferente, la provisión de bienes y servicios públicos a que han tenido acceso durante toda su vida es muy distinta, al punto de que podemos decir que han vivido en una Colombia muy diferente a la de la población para la cual proponen soluciones. La mayoría de ellos aterrizan en cargos públicos de decisión luego de pasar por las mejores universidades del país y del exterior, saltándose una serie de etapas operativas que les permitirían conocer la verdadera magnitud de las problemáticas. Así las cosas, podemos decir que en Colombia hay una marcada falta de sintonía entre quienes hacen las políticas públicas y quienes serán beneficiarios de ellas.

2. Escaso aprendizaje institucional: el premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz y el profesor de la escuela de negocios de la universidad de Columbia Bruce C. Greenwald, se han encargado de explicarnos de una y otra manera la importancia del aprendizaje en la economía y por supuesto, al interior de las organizaciones. En su libro “La creación de una sociedad del aprendizaje”, dimensionan la importancia del Know How en la capacidad de las organizaciones para diferenciarse y lograr avances sustanciales en productividad y efectividad. Si trasladamos esta conclusión al entorno en el que se formulan las políticas públicas, podemos afirmar que el aprendizaje al interior de las entidades no es el necesario para garantizar la pertinencia de las intervenciones. En general, el modelo de elección popular de mandatarios unido al esquema de libre nombramiento y remoción al que se ajustan la mayoría de los cargos que toman decisiones al interior de lo público, hacen que usualmente la formulación de políticas públicas se haga en el marco de niveles demasiado bajos de la curva de aprendizaje, esto debido básicamente a que en promedio cada año y medio, las organizaciones cambian las personas que ocupan los cargos decisorios.

 3. Baja productividad de las organizaciones públicas: la experiencia en evaluación de políticas públicas en distintos países, muestra que su efectividad depende en buena medida del nivel de la productividad de las organizaciones públicas que participan en su implementación. En los casos en los que la ejecución de las intervenciones depende de una institucionalidad burocrática y pesada, la solución de los problemas difícilmente alcanza a los beneficiarios. Por el contrario, cuando se trata de organizaciones ágiles y altamente productivas, los beneficiarios tienen acceso completo a los bienes y servicios públicos que las políticas se comprometen a entregar. Desafortunadamente en Colombia, los niveles de productividad pública son considerablemente bajos, afectando negativamente la efectividad de cualquier intervención.

4. Sistema legal de alta complejidad: si en algo hemos sido exitosos los colombianos, es en diseñar un sistema de leyes con un nivel de sofisticación inusitado, hasta el punto, que dificulta dar solución pertinente y efectiva a los problemas sociales de todos los colombianos. No por nada Colombia es uno de los países con más abogados por cien mil habitantes del mundo, los sistemas de contratación, tributación, solución de controversias etc. están tan llenos de vericuetos, que muchas políticas públicas con objetivos maravillosos terminan dilapidando sus recursos en sortear toda suerte de laberintos legales.

Cuando los elementos descritos se conjugan en el marco de una combinación sombríamente ideal, se presentan casos como el de Rubiela Chivará, una madre tristemente célebre gracias a que nuestras políticas públicas no tuvieron la capacidad de garantizarle la vida y luego de su muerte, no le ofrecieron las condiciones para proporcionarle un trato medianamente digno.  Este caso y muchos otros parecidos, son campanazos de alerta que deben llamar nuestra atención e instigarnos a modificar un sistema que viene cometiendo los mismos errores desde hace décadas.