¡Si yo fuera presidente!

Estas épocas electorales, resultan muy interesantes para personas de mi talante, genuinamente preocupadas por el devenir político colombiano. Las reuniones de amigos, el entorno laboral y académico se convierten en espacios  de apasionantes discusiones. Café va, café viene, desayuno un día, almuerzo el otro; encuentros que se transforman en interesantes y enriquecedores debates con personas que conocen lo público usualmente desde una perspectiva directiva, pero fundamentalmente técnica.

En alguna de estas acaloradas discusiones, uno de mis inteligentes amigos, cuyo nombre prefiero no enunciar para evitarle problemas, de quien solamente diré que forma parte de este gobierno… me preguntó: “¡bueno! Y si usted fuera presidente entonces ¿qué es lo que haría?”.

Ante semejante pregunta, mi primera reacción fue mirarlo fijamente, intentando no delatar con los ojos, la emoción asociada a poder responder un cuestionamiento de ese calibre.  Después de una larga pausa me desaté en prosa, en el marco de un relato sobre el cual solamente compartiré una que otra idea, con el ánimo humilde de que alguna de las campañas en las que he colaborado intelectualmente o en su defecto cualquiera de los candidatos actuales, bien sea de derecha o de izquierda; tome como suyos estos planteamientos y tenga a bien ayudarle en su materialización a un consultor, profesor inquieto, que no tiene filiación política u orientación ideológica alguna, distinta a la propia de sacar del embrollo en el que se encuentra, a esta apesadumbrada sociedad colombiana.

Reduciría a cero los montos de financiamiento de las campañas políticas.

Un principio fundamental de la democracia es que el voto de cada ciudadano: rico, pobre, empresario, empleado, hombre, mujer  etc., vale exactamente lo mismo y que ninguno de ellos representa un poder de elección superior al de los demás.

Lo cierto, es que nada atenta de manera más directa contra este pilar fundamental, que el increíble despliegue de marketing político y el proceso de “engrase” de las maquinarias electorales, en que se gastan los cuantiosos recursos que financian las campañas electorales. En últimas, quien gana en la contienda electoral actual, no es aquel que tiene un mejor programa o ha mostrado mejores resultados durante su trayectoria; quien sale airoso es el que tiene recursos para pagar más carteles, más lechonas, más publicidad en medios, más buses etc.

No perdamos de vista que usualmente, quienes aportan los dineros que financian las campañas, son grupos de interés dispuestos a invertir cuantiosos recursos en promover un candidato que defiende sus intereses, los cuales usualmente, van en contravía del interés general.

Como presidente propondría una reforma electoral profunda, que empiece por prohibir rotundamente la entrada de cualquier monto de recursos a las campañas políticas, restrinja por completo la mercantilización del proceso de elección y garantice la transformación rotunda del escenario político, de manera que a través de los partidos se diera un proceso de depuración de candidatos que condujera a un número razonable de entre cinco y diez opciones. Estos prospectos tendrían abiertos todos los espacios regionales, nacionales etc., para exponer sus ideas únicamente en debates públicos con presencia de cada uno de ellos, que les permitieran a los ciudadanos hacer comparaciones y tomar decisiones informadas.

Sentaría los pilares para reducir la desigualdad a través de dos mecanismos principales: i. Libre y completo acceso a educación superior completamente gratuita en universidades de alta calidad, ii. libre y completo acceso a un sistema de justicia efectivo y veloz.

Pocas cosas aceleran tanto la desigualdad en materia de ingresos como graduarse o no de una universidad, tener estudios de posgrado y terminar estudios en una universidad bien situada en los rankings de calidad académica. Lo que muestran las cifras es que en el primer caso, las personas solo pueden acceder a un conjunto de posibilidades de trabajo de poca agregación de valor y por lo tanto escaza remuneración, mientras en el segundo, la demanda laboral con el tiempo aprende que las capacidades de las personas que salen de mejores universidades son mayores, en este sentido, concentran sus requerimientos en graduados de este tipo de organizaciones, aumentando gradualmente su disponibilidad a pagar por ellos.

Desde este punto de vista, como presidente, propondría varias reformas a nuestro sistema educativo. La primera de ellas estaría focalizada en ampliar drásticamente los cupos educativos en las universidades públicas, el segundo estaría focalizado en incrementar de manera drástica la productividad de dichas organizaciones públicas, así como la calidad de los servicios educativos y no educativos que ofrecen. En esencia, trabajaría con las facultades de ingeniería industrial, administración, ingeniería de sistemas y derecho de cada una de ellas, para  rediseñar los procesos internos en aras de mejorar drásticamente su agilidad y eficacia. Además, promovería la creación de una superintendencia de educación, completamente independiente, con una estructura similar a la del Banco de la República, encargada de definir, inspeccionar, vigilar y controlar los estándares educativos, a la que le daría bastantes dientes para sancionar de manera efectiva en todos los casos en los que se presenten incumplimientos por parte de los establecimientos educativos.  

De otra parte, no olvidemos que en sociedades desiguales en ingresos y riqueza, los sistemas de justicia complejos y pesados, además de fomentar la impunidad, producen resultados diferenciados premiando en las decisiones a los percentiles de ingresos altos y castigando a los grupos menos favorecidos. Esta condición profundiza la desigualdad e incluso la acelera, pues facilita patrones de abuso y despojo de parte de los grupos favorecidos hacia los más vulnerables. Desde este punto de vista, como presidente, concentraría buena parte de mis esfuerzos en hacer pasar a fuerza, una reforma a la justicia diferente a las que hasta la fecha han sido sometidas a discusión.  En este caso, el énfasis estaría puesto fundamentalmente en acelerar la velocidad de toda la cadena de valor de la justicia, en particular le pediría a abogados, jueces, fiscales, policías, ciudadanos, empresarios etc., que me ayuden a identificar los aspectos más engorrosos de los diferentes procesos que se surten al interior del sistema de justicia, para luego hacer una mejora seria de cada uno de ellos, que incremente de forma drástica su velocidad y eficacia. Dicho cambio, estaría sustentado en suprimir actividades que no agregan valor y modificar prácticas arcaicas que en plena era digital, todavía gobiernan las actuaciones jurídicas.

Reeducaría a todos los abogados del país e introduciría cambios de enfoque en las facultades de derecho para diseñar instituciones focalizadas en “facilitarle la vida a las personas”.

La nuestra, es una sociedad que parece estar sitiada por talanqueras que restringen casi todas las dimensiones de la actividad humana, aspectos como la forma en la que concebimos los contratos entre privados, la interacción de El Estado con los ciudadanos, el papel del gobierno en nuestra actividad cotidiana; parecen estar mediados por una marcada obsesión por dificultar y prohibir, antes que incentivar y facilitar. Al respecto, vale la pena anotar que paulatinamente la ciencia económica ha ido desvelando las razones por las cuales algunas sociedades logran resultados mejores que otras en materia de bienestar y desigualdad. En la actualidad, parece existir un consenso con respecto a que las características de las reglas en el marco de las cuales las sociedades desarrollan toda su actividad, definen la naturaleza de su resultado. Desde este punto de vista, los malos indicadores de Colombia en materia de desarrollo y desigualdad están seriamente predestinados por un conjunto de reglas perversas. Al respecto, vale la pena anotar que los abogados intervienen desde diferentes perspectivas tanto en el establecimiento de las reglas mencionadas, como en su formalización a través de leyes. En últimas, la doctrina jurídica colombiana, es la que nos ha conducido a tener reglas de estas características, por lo tanto,  siendo presidente trabajaría desde las facultades de derecho, en lograr un cambio estructural de los imaginarios de los abogados, que conduzca  a definir reglas de interacción social que lleven a los individuos, las familias, las empresas, el gobierno y El Estado a  construir las condiciones para garantizar la igualdad en materia de ingresos, riqueza y al mejoramiento paulatino del bienestar de la sociedad colombiana.

Implementar una consejería de ingeniería pública que se dedique a mejorar la operación de todas las entidades, cambiando su tecnología y agilizando la manera en la que hacen las cosas.

Las organizaciones públicas son el mecanismo principal por el cual El Estado materializa su accionar sobre la sociedad. Aquellas no son más que un conjunto de personas que se interrelacionan entre sí con el propósito de materializar objetivos comunes, dicha interacción está mediada por la tecnología,  los recursos físicos  y un conjunto de reglas particulares denominadas cultura, jerarquía etc. Sin duda,  la manera en la que estas personas definen tal organización puede conducir a que los objetivos mencionados se logren más o menos rápido, con mayor o menor eficacia. En esencia, si lo pensamos desde un punto de vista práctico, las entidades públicas no son más que organizaciones concebidas para producir bienes y servicios públicos hechos para incrementar el bienestar de los ciudadanos.  Desde este punto de vista, si yo fuera presidente, trabajaría decididamente en mejorar la forma en la que se organizan dichas entidades. Uno de mis objetivos más importantes sería lograr que todas funcionaran como la más ágil y productiva empresa pública, dedicada por entero a la producción veloz, eficaz de bienes y servicios públicos con una alta calidad, centrada en incrementar de manera muy importante y cuantiosa su rentabilidad social. Para lograrlo, en primera instancia escogería un staff de directivos, con una probada capacidad gerencial, que sean capaces de acompañarme durante todo el gobierno e implementar verdaderos procesos de mejora al interior de sus organizaciones. Seleccionaría personas que sean capaces de conservar un bajo perfil, que estén interesadas en hacerse notar por los buenos resultados de sus organizaciones y no por dar discursos, participar en eventos, salir en medios o hacer inauguraciones. Básicamente, configuraría un cuerpo directivo que volcaría todos sus esfuerzos hacia el interior de las organizaciones.

De otra parte, crearía una alta consejería de ingeniería pública, que haciendo equipo con los directivos, se dedique a mejorar una por una dichas entidades, en el marco de un principio fundamental: queda abiertamente prohibido crear, suprimir o reestructurar entidades, simplemente, vamos a trabajar con la estructura de El Estado actual, pero vamos a lograr que todas y cada una de las organizaciones públicas del ejecutivo, funcionen mejor que nunca.