Estas épocas electorales, resultan muy interesantes
para personas de mi talante, genuinamente preocupadas por el devenir político
colombiano. Las reuniones de amigos, el entorno laboral y académico se convierten
en espacios de apasionantes discusiones.
Café va, café viene, desayuno un día, almuerzo el otro; encuentros que se
transforman en interesantes y enriquecedores debates con personas que conocen
lo público usualmente desde una perspectiva directiva, pero fundamentalmente técnica.
En alguna de estas acaloradas discusiones, uno de
mis inteligentes amigos, cuyo nombre prefiero no enunciar para evitarle
problemas, de quien solamente diré que forma parte de este gobierno… me
preguntó: “¡bueno! Y si usted fuera presidente entonces ¿qué es lo que haría?”.
Ante semejante pregunta, mi primera reacción fue
mirarlo fijamente, intentando no delatar con los ojos, la emoción asociada a
poder responder un cuestionamiento de ese calibre. Después de una larga pausa me desaté en prosa,
en el marco de un relato sobre el cual solamente compartiré una que otra idea,
con el ánimo humilde de que alguna de las campañas en las que he colaborado
intelectualmente o en su defecto cualquiera de los candidatos actuales, bien
sea de derecha o de izquierda; tome como suyos estos planteamientos y tenga a
bien ayudarle en su materialización a un consultor, profesor inquieto, que no
tiene filiación política u orientación ideológica alguna, distinta a la propia
de sacar del embrollo en el que se encuentra, a esta apesadumbrada sociedad
colombiana.
Reduciría
a cero los montos de financiamiento de las campañas políticas.
Un principio fundamental de la democracia es que el
voto de cada ciudadano: rico, pobre, empresario, empleado, hombre, mujer etc., vale exactamente lo mismo y que ninguno
de ellos representa un poder de elección superior al de los demás.
Lo cierto, es que nada atenta de manera más directa
contra este pilar fundamental, que el increíble despliegue de marketing
político y el proceso de “engrase” de las maquinarias electorales, en que se
gastan los cuantiosos recursos que financian las campañas electorales. En
últimas, quien gana en la contienda electoral actual, no es aquel que tiene un
mejor programa o ha mostrado mejores resultados durante su trayectoria; quien
sale airoso es el que tiene recursos para pagar más carteles, más lechonas, más
publicidad en medios, más buses etc.
No perdamos de vista que usualmente, quienes aportan
los dineros que financian las campañas, son grupos de interés dispuestos a
invertir cuantiosos recursos en promover un candidato que defiende sus
intereses, los cuales usualmente, van en contravía del interés general.
Como presidente propondría una reforma electoral profunda, que empiece por prohibir rotundamente la entrada de cualquier monto de recursos a las campañas políticas, restrinja por completo la mercantilización del proceso de elección y garantice la transformación rotunda
del escenario político, de manera que a través de los partidos se diera un
proceso de depuración de candidatos que condujera a un número razonable de
entre cinco y diez opciones. Estos prospectos tendrían abiertos todos los
espacios regionales, nacionales etc., para exponer sus ideas únicamente en
debates públicos con presencia de cada uno de ellos, que les permitieran a los
ciudadanos hacer comparaciones y tomar decisiones informadas.
Sentaría
los pilares para reducir la desigualdad a través de dos mecanismos principales:
i. Libre y completo acceso a educación superior completamente gratuita en
universidades de alta calidad, ii. libre y completo acceso a un sistema de
justicia efectivo y veloz.
Pocas cosas aceleran tanto la desigualdad en materia
de ingresos como graduarse o no de una universidad, tener estudios de posgrado
y terminar estudios en una universidad bien situada en los rankings de calidad
académica. Lo que muestran las cifras es que en el primer caso, las personas
solo pueden acceder a un conjunto de posibilidades de trabajo de poca
agregación de valor y por lo tanto escaza remuneración, mientras en el segundo,
la demanda laboral con el tiempo aprende que las capacidades de las personas
que salen de mejores universidades son mayores, en este sentido, concentran sus
requerimientos en graduados de este tipo de organizaciones, aumentando
gradualmente su disponibilidad a pagar por ellos.
Desde este punto de vista, como presidente,
propondría varias reformas a nuestro sistema educativo. La primera de ellas
estaría focalizada en ampliar drásticamente los cupos educativos en las
universidades públicas, el segundo estaría focalizado en incrementar de manera
drástica la productividad de dichas organizaciones públicas, así como la
calidad de los servicios educativos y no educativos que ofrecen. En esencia,
trabajaría con las facultades de ingeniería industrial, administración,
ingeniería de sistemas y derecho de cada una de ellas, para rediseñar los procesos internos en aras de
mejorar drásticamente su agilidad y eficacia. Además, promovería la creación de
una superintendencia de educación, completamente independiente, con una
estructura similar a la del Banco de la República, encargada de definir,
inspeccionar, vigilar y controlar los estándares educativos, a la que le daría
bastantes dientes para sancionar de manera efectiva en todos los casos en los
que se presenten incumplimientos por parte de los establecimientos educativos.
De otra parte, no olvidemos que en sociedades desiguales
en ingresos y riqueza, los sistemas de justicia complejos y pesados, además de
fomentar la impunidad, producen resultados diferenciados premiando en las
decisiones a los percentiles de ingresos altos y castigando a los grupos menos
favorecidos. Esta condición profundiza la desigualdad e incluso la acelera,
pues facilita patrones de abuso y despojo de parte de los grupos favorecidos
hacia los más vulnerables. Desde este punto de vista, como presidente, concentraría
buena parte de mis esfuerzos en hacer pasar a fuerza, una reforma a la justicia
diferente a las que hasta la fecha han sido sometidas a discusión. En este caso, el énfasis estaría puesto fundamentalmente
en acelerar la velocidad de toda la cadena de valor de la justicia, en
particular le pediría a abogados, jueces, fiscales, policías, ciudadanos,
empresarios etc., que me ayuden a identificar los aspectos más engorrosos de
los diferentes procesos que se surten al interior del sistema de justicia, para
luego hacer una mejora seria de cada uno de ellos, que incremente de forma
drástica su velocidad y eficacia. Dicho cambio, estaría sustentado en
suprimir actividades que no agregan valor y modificar prácticas arcaicas que en
plena era digital, todavía gobiernan las actuaciones jurídicas.
Reeducaría
a todos los abogados del país e introduciría cambios de enfoque en las
facultades de derecho para diseñar instituciones focalizadas en “facilitarle la
vida a las personas”.
La nuestra, es una sociedad que parece estar sitiada
por talanqueras que restringen casi todas las dimensiones de la actividad
humana, aspectos como la forma en la que concebimos los contratos entre
privados, la interacción de El Estado con los ciudadanos, el papel del gobierno
en nuestra actividad cotidiana; parecen estar mediados por una marcada obsesión
por dificultar y prohibir, antes que incentivar y facilitar. Al respecto, vale
la pena anotar que paulatinamente la ciencia económica ha ido desvelando las
razones por las cuales algunas sociedades logran resultados mejores que otras
en materia de bienestar y desigualdad. En la actualidad, parece existir un
consenso con respecto a que las características de las reglas en el marco de
las cuales las sociedades desarrollan toda su actividad, definen la naturaleza
de su resultado. Desde este punto de vista, los malos indicadores de Colombia
en materia de desarrollo y desigualdad están seriamente predestinados por un
conjunto de reglas perversas. Al respecto, vale la pena anotar que los abogados
intervienen desde diferentes perspectivas tanto en el establecimiento de las
reglas mencionadas, como en su formalización a través de leyes. En últimas, la
doctrina jurídica colombiana, es la que nos ha conducido a tener reglas de
estas características, por lo tanto, siendo
presidente trabajaría desde las facultades de derecho, en lograr un cambio estructural
de los imaginarios de los abogados, que conduzca a definir reglas de interacción social que lleven
a los individuos, las familias, las empresas, el gobierno y El Estado a construir las condiciones para garantizar la
igualdad en materia de ingresos, riqueza y al mejoramiento paulatino del
bienestar de la sociedad colombiana.
Implementar
una consejería de ingeniería pública que se dedique a mejorar la operación de
todas las entidades, cambiando su tecnología y agilizando la manera en la que
hacen las cosas.
Las organizaciones públicas son el mecanismo
principal por el cual El Estado materializa su accionar sobre la sociedad.
Aquellas no son más que un conjunto de personas que se interrelacionan entre sí
con el propósito de materializar objetivos comunes, dicha interacción está
mediada por la tecnología, los recursos
físicos y un conjunto de reglas
particulares denominadas cultura, jerarquía etc. Sin duda, la manera en la que estas personas definen
tal organización puede conducir a que los objetivos mencionados se logren más o
menos rápido, con mayor o menor eficacia. En esencia, si lo pensamos desde un
punto de vista práctico, las entidades públicas no son más que organizaciones
concebidas para producir bienes y servicios públicos hechos para incrementar el
bienestar de los ciudadanos. Desde este
punto de vista, si yo fuera presidente, trabajaría decididamente en mejorar la
forma en la que se organizan dichas entidades. Uno de mis objetivos más
importantes sería lograr que todas funcionaran como la más ágil y productiva
empresa pública, dedicada por entero a la producción veloz, eficaz de bienes y
servicios públicos con una alta calidad, centrada en incrementar de manera muy
importante y cuantiosa su rentabilidad social. Para lograrlo, en primera
instancia escogería un staff de directivos, con una probada capacidad
gerencial, que sean capaces de acompañarme durante todo el gobierno e implementar
verdaderos procesos de mejora al interior de sus organizaciones. Seleccionaría personas
que sean capaces de conservar un bajo perfil, que estén interesadas en hacerse
notar por los buenos resultados de sus organizaciones y no por dar discursos,
participar en eventos, salir en medios o hacer inauguraciones. Básicamente,
configuraría un cuerpo directivo que volcaría todos sus esfuerzos hacia el
interior de las organizaciones.
De otra parte, crearía una alta consejería de
ingeniería pública, que haciendo equipo con los directivos, se dedique a
mejorar una por una dichas entidades, en el marco de un principio fundamental: queda
abiertamente prohibido crear, suprimir o reestructurar entidades, simplemente, vamos
a trabajar con la estructura de El Estado actual, pero vamos a lograr que todas
y cada una de las organizaciones públicas del ejecutivo, funcionen mejor que
nunca.
