El Estado que consume y el país que no invierte


Cualquier hogar colombiano conoce la escena. Se llega al supermercado con la lista de siempre, se llena el mismo carrito y, en la caja, la cuenta resulta más alta que la del mes anterior. Mientras tanto, el empleo que se busca no aparece con facilidad y el negocio de la familia vende un poco menos que antes. Los precios suben y las oportunidades no. Esta combinación incómoda no es una casualidad ni una mala racha, sino el resultado de un patrón que se ha formado durante años y que conviene entender con calma, porque entenderlo es el primer paso para cambiarlo.

Toda economía puede pensarse como una mesa con dos lados. En uno están las compras: lo que los hogares, las empresas y el Estado quieren adquirir. En el otro está la producción: lo que el país es capaz de fabricar, cultivar, construir y prestar como servicio. Los economistas llaman a esos lados demanda agregada y oferta agregada, pero la idea es sencilla. Cuando las compras crecen al mismo ritmo que la capacidad de producir, todo marcha bien, con más empleo, más ingresos y precios estables. El problema aparece cuando un lado se levanta más rápido que el otro. Si la demanda supera lo que el país puede producir, el exceso de dinero persigue a los pocos bienes disponibles, y entonces los precios suben o el faltante se cubre con productos traídos de afuera.

En Colombia, buena parte del impulso reciente de la demanda proviene del Estado. El gasto público se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento, y el consumo, tanto el del gobierno como el de los hogares que reciben transferencias, explica gran parte de lo poco que la economía avanza. Esto no es malo en sí mismo, pues un Estado que protege a quien lo necesita cumple una función valiosa. La dificultad está en la naturaleza de ese gasto. La mayor parte del presupuesto se destina al funcionamiento, que es la operación del propio Estado, y a transferencias que se convierten de inmediato en consumo. Es dinero que se gasta y se agota, sin dejar nada que aumente la capacidad futura del país para producir.

Ese gasto tiene una fuente, y esa fuente es el sector privado. Los recursos que el Estado destina al consumo provienen de los impuestos que pagan hogares y empresas, de modo que el mismo dinero que habría podido convertirse en una máquina nueva, una bodega, una flota de camiones o un ahorro familiar se desvía hacia el gasto corriente. Con los años, la carga tributaria ha crecido y el margen de las empresas para invertir se ha estrechado. Cuando una empresa entrega a los impuestos una parte tan grande de sus ganancias, le queda menos para expandirse, contratar y producir. Así, mientras un lado de la mesa sube con recursos públicos, el otro, el de la producción, se frena precisamente con los recursos que se le quitan.

La situación se agrava por una consecuencia inevitable. Cuando la demanda presiona los precios, el banco central debe responder, y su herramienta es la tasa de interés. Una tasa alta enfría la inflación, pero también encarece el crédito, y un crédito caro desalienta justamente lo que el país más necesita, que es la inversión productiva. El empresario que pensaba ampliar su planta observa el costo de financiarse, calcula los impuestos que pagará sobre el resultado y decide esperar. De ese modo, la política fiscal empuja los precios hacia arriba, y la política monetaria, obligada a corregir, frena la capacidad de producir. Dos piezas que deberían avanzar en la misma dirección terminan tirando en sentidos contrarios, y la economía paga la diferencia.

Las señales de ese desajuste son visibles en las cuentas nacionales. La inversión, medida como formación de capital, se debilita cada año, y el ahorro de los hogares, base de cualquier inversión futura, también se deteriora. Entre tanto, las importaciones crecen mucho más que las exportaciones, porque cuando el país no produce lo que la demanda reclama, lo compra afuera. Cada peso gastado en un bien importado fortalece la producción de otro país y no la propia. Así se explica que una economía pueda sostener su consumo y, aun así, crecer muy poco: el dinero circula, pero sale por la puerta de las importaciones sin dejar empleo ni capacidad instalada en el territorio.

Si el rumbo no cambia, el destino es conocido. Una economía con precios que suben, inversión que cae y crecimiento que se apaga se acerca a la llamada estanflación, en la que se sufren al mismo tiempo la lentitud del crecimiento y el encarecimiento de la vida. Todavía no se está allí, y por eso mismo es el momento de actuar. Lo que hoy es una trayectoria puede corregirse. Lo que mañana sea una crisis habrá impuesto decisiones mucho más dolorosas, tomadas con menos opciones y menos tiempo.

La pregunta, entonces, es qué hacer, y la respuesta consiste en cambiar la composición del gasto público antes que su tamaño. Un peso que el Estado gasta en consumo desaparece al final del mes. Un peso invertido en una carretera, un puerto, una red de energía o un laboratorio de investigación sigue trabajando durante décadas: reduce los costos de transporte, abarata la producción, atrae empresas, genera empleo y ensancha la base sobre la cual el país podrá recaudar y gastar mañana. Hoy la inversión pública representa apenas alrededor de una séptima parte del presupuesto general de la nación, una proporción muy baja para un país que necesita infraestructura, energía y conocimiento para competir.

La historia económica ofrece una lección consistente. Los países que pasaron de la pobreza a la riqueza, desde Corea del Sur hasta Singapur, transformaron profundamente la manera de gastar los recursos públicos. Dedicaron una parte muy grande del gasto a la inversión real, es decir, a caminos, puertos, energía, educación técnica e investigación, y lo hicieron junto con una alta tasa de ahorro interno. No existe un caso de desarrollo sostenido sin inversión fuerte. El crecimiento duradero no se compra con consumo: se construye con capital, y el capital se acumula cuando alguien decide, año tras año, destinar recursos a lo que dará frutos más adelante en lugar de gastarlos hoy.

Esto exige que la proporción del presupuesto dedicada a la inversión crezca de manera decidida, desde el nivel actual hasta algo cercano a la mitad del gasto. Una meta de esa magnitud no se alcanza en un solo presupuesto ni sin cuidado. Lo razonable es un camino gradual en el que el gasto corriente deje de crecer por encima de la economía y cada peso adicional que reciba el Estado se oriente a la inversión. Así nadie pierde de un día para otro un beneficio del que depende, y la composición del presupuesto se transforma hasta que, en una década, el Estado se convierta en constructor de capacidad productiva y no solo en administrador de consumo. Además, los programas sociales que hoy protegen a los hogares más vulnerables se vuelven más sostenibles, porque una economía que produce más puede financiarlos sin asfixiar a nadie.

La otra mitad del cambio consiste en aliviar la carga que hoy soportan hogares y empresas. Colombia tiene una carga tributaria elevada frente a la de otros países, y además está concentrada en grupos específicos, como consecuencia de una distribución del ingreso muy desigual. Reducirla de manera sustancial permitiría que el ahorro de las familias y la inversión de las empresas vuelvan a crecer en lugar de deteriorarse. Un menor peso de los impuestos no es un regalo a quienes más tienen, sino la condición para que haya más empresas, más empleo y mejores salarios, y para que el ahorro, combustible de toda inversión, deje de menguar.

Visto en conjunto, el patrón es coherente, y su corrección también. Un Estado que gasta sobre todo en consumo estimula la demanda con recursos que retira a quienes podrían ampliar la oferta, y la economía responde con precios más altos, menos inversión y más importaciones. Un Estado que gasta sobre todo en inversión y deja más recursos en manos de quienes producen estimula los dos lados de la mesa a la vez: construye la capacidad de producir y permite que esa capacidad se use. Nada de esto significa abandonar a quien lo necesita ni desmontar lo que funciona. Significa aceptar que la mejor forma de proteger a la gente en el largo plazo es contar con una economía capaz de generar riqueza, y que el momento de empezar a construirla es ahora, cuando todavía es una decisión y no una emergencia.

Versión en audio

Comentarios

Entradas populares de este blog

Para mis "sufridos" estudiantes

El oscuro futuro de América Latina

Nuestra sociedad no necesita a los políticos