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domingo, 26 de abril de 2015

El proceso de paz y la racionalidad de los guerreristas


Publicado en el diario Portafolio http://www.portafolio.co/opinion/analisis-modelos-violencia-colombia

Luego del ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en  el Cauca, que dejó 11 militares muertos y 17 heridos, el país se ha dividido en dos bandos. El primero, clama a gritos por el rompimiento del proceso de paz; mientras el segundo, llama a la cordura y a mantener un ambiente de negociación que garantice la firma de un acuerdo.

Desde este punto de vista, vale la pena analizar con cabeza fría, varios aspectos relevantes del conflicto, antes de tomar partido por una u otra posición.

Un aspecto a considerar es la posibilidad o no de finalizar el conflicto a través del ejercicio institucional de la fuerza.  De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y con el Banco Mundial, Colombia está en el top 30 de países del mundo, con  mayor gasto militar, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, nuestro país sigue siendo uno de los más violentos del mundo, los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, actualmente nos ubican en el puesto 13 del ranking de países con mayor tasa de homicidios por cien mil habitantes. 

De otra parte, la literatura más reciente sobre las dinámicas de los modelos de violencia, los sitúa en una perspectiva evolutiva, en el marco de la cual, se reproducen en un ambiente propicio para su existencia y cambian de acuerdo con las características del entorno social. En esencia, al igual que cualquier ser vivo, evolucionan por cuenta de mutaciones generadas por los incentivos del ambiente en el cual sobreviven.

De acuerdo con las mediciones para el Índice de Gini publicadas por el Banco Mundial, Colombia es el onceavo país más desigual del mundo. En lo que tiene que ver con brechas en ingresos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos ubica en el puesto 13 entre 151 países. Lo que nos muestran las cifras es que hay un grupo poblacional pequeño que gana bien y vive bien, pero hay un porcentaje muy grande de la población cuyos ingresos ni si quiera alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Ésta problemática es de tal magnitud, que de acuerdo con las cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 42,8% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza, es decir no gana lo suficiente para satisfacer sus necesidades más elementales.

Lo que nos muestran estos indicadores, es que nuestro país ofrece un entorno absolutamente propicio para la proliferación de modelos de violencia, que tienen por objetivo principal, captar rentas a través de narcotráfico, extorsión, contrabando, minería ilegal etc. Así las cosas, podemos destinar el 100% de nuestro presupuesto a la fuerza pública y jamás estos modelos de violencia van a desaparecer hasta tanto no desaparezcamos el entorno propicio que tienen hoy para reproducirse. Por el contrario, cuanto más presupuesto dediquemos a la guerra, menor será la proporción que podremos destinar a generar condiciones que permitan que la mayoría de la población, pueda cubrir sus necesidades insatisfechas; por lo que incluso, estaríamos profundizando los determinantes del conflicto.

Para tener una idea de las dimensiones de este fenómeno, vale la pena revisar el caso del paramilitarismo en Colombia. A partir del 25 de noviembre el 2003, se dio inicio al proceso de desmovilización de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La mayoría de los Colombianos pensaron que este proceso sacaría de combate a uno de los bandos más sangrientos del conflicto; sin embargo, en la actualidad es evidente que estas unidades generadoras de violencia, no desaparecieron sino que simplemente  mutaron ajustándose a los cambios en un entorno todavía propicio para su supervivencia y evolucionaron en un organismo diferente denominado BACRIM o Bandas Criminales.

A pesar de todo lo mencionado, una parte del país considera que la manera para enfrentar una problemática de estas características, es profundizar el accionar de las fuerzas militares y de policía. En el marco de una condición que la economía moderna llama “riesgo moral”, un grupo poblacional fundamentalmente de estratos altos ubicado en las ciudades principales, toma decisiones de política que respaldan esta iniciativa y además exigen resultados. Sin embargo, las consecuencias de sus actos son sufridas por el grupo poblacional más deprimido; de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1988 hasta la fecha, han muerto 2981 civiles en acciones bélicas, desarrolladas fundamentalmente por fuera de las ciudades colombianas.  En efecto, entre 1958 y 2012, el conflicto ha generado la muerte de al menos 220.000 personas localizadas en su mayoría, en poblaciones pequeñas y zonas rurales.  Para que tengan una idea de la magnitud del fenómeno, este número de vidas perdidas se puede equiparar a la desaparición del total de la población de una ciudad como Tunja en Boyacá.

Considerando estos antecedentes, vale la pena preguntarse si de verdad lo que el país requiere es la profundización institucional del conflicto o un proceso sostenido de paz y reconciliación con todos sus protagonistas, que empiece con las FARC y se focalice en erradicar la desigualdad y reparar a todos los grupos poblacionales afectados por más de 50 años de guerra.

martes, 3 de septiembre de 2013

¡LOS CAMPESINOS TIENEN RAZÓN!





En estos días, todo el mundo está hablando del campo y de los efectos de la protesta campesina, la sociedad colombiana y su gobierno reflexionan de manera vertiginosa, con el fin de identificar los determinantes de dicho descontento. Algunas voces hablan de lo poco competitivos que resultan los productos de nuestros campos, a la luz de la entrada en vigencia de los TLC; otros afirman que se trata de un problema de insumos agrícolas,  de distribución de los medios de producción y de concentración de la tierra; hay quienes dicen que el problema está asociado al proceso de negociación de paz en la Habana.

Qué sentido tiene rompernos la cabeza tratando de identificar las causas de un problema sobre-diagnosticado, cuando la realidad del caso es que los campesinos colombianos protestan, sencillamente porque todos y cada uno de ellos están completamente ¡jodidos!.

Dejémonos de cuentos, el problema del agro en Colombia no tiene sus raíces en los TLC, el escaso desarrollo de la infraestructura vial o la reducida presencia del estado en las zonas rurales; la precaria situación que hoy día enfrentan nuestros campesinos, se debe a que durante los últimos años, la sociedad colombiana ha decidido darle la espalda a la producción de bienes agrícolas, para concentrarse en producción minera, de manufactura y servicios.

Como si fuera poco, todas las medidas propuestas para mejorar la situación  agraria, han sido concebidas e implementadas por tecnócratas fundamentados en el imaginario urbano, para los cuales el campo se suscribe a las vaquitas que ven cuando salen los fines de semana a comer postre, a los cultivos que pueden apreciar de lejos cuando veranean en la casa de descanso de algún familiar o amigo y a la ruana que se ponen como acto de rebeldía “chic” en momento dramáticos como el que actualmente vive el país.

La solución a un problema estructural tan grande, no depende de que el gobierno decida subsidiar sectores deprimidos, controlar los precios de los insumos agrícolas o restringir las cuotas de importación de leche; está fundamentada en la capacidad de la sociedad para priorizar de manera irrestricta el desarrollo agroindustrial del país.

En principio, es necesario que el gobierno en pleno, entienda que el del campo es un problema público que los gobiernos anteriores no han podido solucionar e inicie una total reingeniería del entramado institucional encargado de administrar el sector.

Acá no estamos hablando de adelantar un proceso al estilo de los que conocemos al interior de lo público, en el cual un consultor externo identifica los problemas, propone soluciones concretas y elabora un dictamen que el gobierno termina acogiendo a medias, lo que se requiere en este caso es el compromiso irrestricto del estado para modificar la normatividad, la estructura de ministerios, departamentos administrativos y entidades, de tal suerte que logren trabajar de manera articulada y eficaz para alcanzar un desarrollo aceptable del campo, en el marco de un periodo no superior a cinco años.  

Los recursos necesarios para financiar una propuesta de esta magnitud son considerables y requieren de una ejecución centralizada, bajo la batuta de una gerencia con dedicación exclusiva, encargada de garantizar el éxito de este macroproyecto estratégico para el país.

Los fondos de regalías deberían estar financiando la solución definitiva y articulada a problemas estructurales evidentes como este, no tiene sentido que estos dineros se estén desperdigando por todo el territorio nacional, de forma indiscriminada en microproyectos asociados a la construcción de plazas de mercado o consultorías para definir el perfil turístico de un municipio, cuando el desarrollo del campo sigue en veremos.

Es necesario que nuestros gobernantes y nuestra sociedad en pleno, entiendan que una erradicación estructural definitiva a los problemas de desarrollo campesino, supone la solución conexa de buena parte de los problemas urbanos y la reducción gradual de una porción importante de los determinantes que sustentan la ilegalidad en todo el territorio nacional. Recordemos lo difícil que ha sido para nuestras urbes, solucionar de manera efectiva todos los inconvenientes generados por el creciente flujo de campesinos desesperados, que día a día llegan a sus zonas marginales.

¿A qué campesino de clase media con ingresos suficientes para mantener de manera decorosa a su familia, apoyado por el respaldo eficaz del estado para vivir tranquilo y en paz; le interesaría protestar, desplazarse, apoyar a grupos ilegales o producir cultivos ilícitos?.


Si la respuesta para todos es tan evidente, ¿por qué como sociedad no hemos tenido los pantalones para dar solución definitiva a esta problemática?