Los emprendedores no necesitan incentivos

Durante años, las iniciativas relacionadas con emprendimiento, se han concentrado, desde la perspectiva de los negocios nuevos, en aumentar la velocidad de creación de una empresa, en dar incentivos temporales para acelerar su incubación,  en desarrollar la generación de ideas, la innovación etc. Por otra parte, convencidos de que nuestras micro, pequeñas y medianas empresas tienen recursos y capacidades limitados, nos hemos dedicado a generar programas que intentan fortalecer tales dimensiones. 

No obstante lo mencionado, paralelamente, hemos creado un ecosistema tributario que expropia los márgenes de estos emprendimientos, que depreda los negocios pequeños o los condena al subdesarrollo, pues les quita la posibilidad de generar verdadera riqueza que se convierta en el combustible para crecer, desarrollar los recursos, las capacidades y generar ventaja competitiva. 

Estamos obsesionados con la formalidad, perdiendo de vista que para un emprendedor no es negocio ser formal. La realidad, es que la única manera de generar riqueza en ciertas industrias es manteniéndose escondido de tal ecosistema depredador. 

Pero ahí no para todo, tal expropiación la hemos extendido a las personas naturales quitándoles la posibilidad de generar riqueza que les permita invertir en nuevos emprendimientos. Parece que el único camino posible, es ser empleado e invertir los pocos recursos ahorrados en apartamentos, taxis, tiendas, restaurantes o alguna suerte de negocio incipiente. 

Para una micro, pequeña o mediana empresa, crecer significa evolucionar de manera orgánica, autónoma, sin depender de mecanismos artificiales como incubadoras y respiradores representados en programas de apoyo o alguna otra suerte de artificialidad.

Perdemos de vista que para evolucionar, es necesario tener acceso a tecnologías novedosas que están disponibles en el mercado, a contratar talento humano costoso que traiga nuevas ideas y consultores externos caros que nos ayuden a solucionar problemas estructurales, también implica poder invertir en investigación y desarrollo para encontrar mecanismos que nos permitan separarnos de nuestros competidores. Sin embargo, en aras de asegurar todo lo anterior, la empresa debe generar margen y riqueza suficientes para remunerar correctamente a sus dueños y además, generar excedentes que le permitan adquirir todo lo mencionado. 

Nadie desarrolla un negocio de forma contundente, con márgenes que inicialmente parecen ser gigantescos, pero que luego de descontar los importes que alimentan al ecosistema depredador, terminan siendo famélicos y no alcanzan ni siquiera para ofrecer una vida decorosa a quien emprende. 

Sin duda, en materia de políticas de emprendimiento, no vamos por el camino correcto, buena parte de los recursos se focalizan en generar mecanismos artificiales que contrarresten un monstruo creado por nosotros mismos. El resto, se emplea para fomentar comportamientos que son naturales en el ser humano como el emprendimiento y la innovación, pero que en el marco de un ecosistema tan hostil, se reprimen y languidecen. 

Es necesario generar un cambio de rumbo que modifique el ecosistema, que comprenda que no podemos seguir pretendiendo castigar a las micro, pequeñas y medianas empresas con impuestos mal estudiados y poco técnicos, sin tener consecuencias. Que tales medidas lo que consiguen, en resumidas cuentas, es profundizar la desigualdad: nuestros impuestos, además de ser terriblemente distorsionadores, castigan de forma implacable los capitales pequeños mientras resultan ser inofensivos para los más grandes. 

En definitiva, lo que necesitan los emprendedores, más que estímulos o incentivos, es la generación de un entorno en el que emprender, generar riqueza, crecer y evolucionar, sea un proceso completamente natural. 

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La Primera Línea del Metro y los mitos de su financiamiento

Publicado en el diario Portafolio http://www.portafolio.co/opinion/analisis-primer-linea-del-metro-bogota

Hace unos días, Simón Gaviria director del Departamento Nacional de Planeación, dio a conocer la posición oficial de Gobierno Nacional, con respecto a respaldar el 70 % de los costos de construir la Primera Línea del Metro en la ciudad de Bogotá. Luego de su anuncio, se han manifestado un sinnúmero de voces, todas ellas preocupadas por la ausencia de una propuesta concreta de financiamiento para una obra tan pertinente y esperada. De lo que no cabe duda, es de la necesidad de avanzar con pasos firmes y veloces en la ingeniería financiera de la iniciativa. Actualmente, la Secretaría de Hacienda Distrital viene trabajando en la definición de la estructuración financiera, en este sentido, considero pertinente hacer por este medio, algunas aclaraciones que espero ayuden a  concretar la iniciativa:

Se trata de un diseño costoso: en primera instancia, lo que muestra los estudios socioeconómicos del proyecto, recién finalizados y que en los próximos días serán entregados a la opinión pública; es que se trata de un proyecto de altísima rentabilidad social, cuyos costos se ajustan al estándar internacional de un diseño de estas características.

Es necesario considerar otras alternativas en materia de transporte: vale la pena mencionar, que dadas las dificultades de movilidad de Bogotá, sería irresponsable insistir en la expansión del transporte público a costa de quitarle carriles a otros modos de transporte o vinculando automotores adicionales a unas vías con niveles de servicio sorprendentemente bajos. Lo que no se puede perder de vista en la discusión, es que la construcción de una línea subterránea de carácter “pesado” como la que se está considerando en los diseños actuales, tendrá el mismo efecto en la ciudad de construir una nueva autopista de alta capacidad y altos niveles de servicio. Ningún diseño alterno lograría un efecto tan contundente.

El sistema actual puede soportar la demanda de transporte: el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá en todos sus modos, tiene una capacidad de expansión muy pequeña, concentrada en los buses que no transitan por carriles exclusivos. En el caso de Transmilenio, dadas las condiciones en materia de velocidad y cargas del sistema, existen niveles de sobredemanda y deterioro gradual en la calidad del servicio, alarmantes para cualquier ciudad del mundo con una política de transporte, focalizada en el bienestar de los ciudadanos.

La tarifa del metro tiene que ser igual a la de los otros modos de transporte: la principal ventaja del metro, radica en su capacidad para ofrecer reducidos tiempos de desplazamiento y en la facilidad de carga y descarga de sus pasajeros. Considerando que estás son dos de las debilidades más grandes de los modos de transporte actuales, las personas estarías dispuestas a pagar mucho más por un desplazamiento en metro. Por lo tanto, si trasladamos de los modos alternos al metro, un número importante de personas con mayor poder adquisitivo, podemos elevar también la calidad del servicio en los buses con y sin carril exclusivo. Bajo estas condiciones, resulta perfectamente válido pensar en tarifas en el rango de los $2500 a $3000 pesos ya que supondrían una mejora sustancial de la experiencia del usuario en todos los modos del sistema.  

El proyecto no puede ser financieramente viable: si se logra una sinergia robusta entre la ingeniería financiera del proyecto y la recién finalizada evaluación económica y social; se pueden obtener resultados que aclaren las perspectivas de financiamiento. Mediante  el control de los sobre costos del proyecto, la implementación de una tarifa más alta y el aprovechamiento de todos los ingresos que potencialmente puede recibir una iniciativa como esta durante su operación; si duda se mejorarán de manera drástica los valores actuales de los indicadores financieros del proyecto, haciéndolos pertinentes para la participación privada. Por todos es conocido, que los desarrollos de transporte urbano de estas características, tienen incidencia directa sobre la oferta y la demanda inmobiliaria y comercial. Vale la pena considerar el hecho de que sea el mismo operador del metro quien construya los centros comerciales, los proyectos de vivienda, quien arriende los locales y se lucre con una oferta de publicidad bien estructurada etc.  

El proyecto tiene que financiarse con recursos públicos: la respuesta a este mito es un rotundo no. Si se estructura una ingeniería financiera sólida que le permita al operador capitalizar la totalidad de los ingresos potenciales del sistema y minimizar costos, por supuesto manteniendo altos indicadores en la calidad del servicio; será posible conseguir financiamiento privado. Incluso, reconociendo la evolución de otros metros en el mundo y la productividad pública en materia de transporte, esta sería sin duda la mejor alternativa.

 El proyecto tiene que ser administrado por Tansmilenio o una entidad distrital: Transmilenio como ente gestor, no está en capacidad de operar el metro de Bogotá, de asignársele esta tarea, transferiría al proyecto todas sus ineficiencias reduciendo el potencial en materia de calidad y reinversión. El operador del metro ideal, sería uno que consolide una asociación entre una firma con experiencia en infraestructura, electricidad y tenga musculo financiero para afrontar la construcción del proyecto  (ISA o la Empresa de Energía de Bogotá con algunos de los candidatos), con otra que conozca de transporte y particularmente de metros (una firma internacional pues en Colombia no existe esta capacidad) y una empresa dedicada al  desarrollo inmobiliario y comercial con el músculo suficiente para desarrollar obras de envergadura (alguna de nuestras grandes constructoras). Con la ayuda de un equipo de estas características seguramente tendremos un metro construido en poco tiempo que ofrezca el nivel de calidad de servicio en la operación que todos esperamos.

El operador del metro tiene que convivir con los entes gestores actuales de los demás modos de transporte: para que en Bogotá el transporte público opere en el marco de un verdadero sistema, es necesario que el operador del metro se configure como el único actor en la ciudad responsable de planear y administrar todos los modos de transporte, incluidos los taxis. En Bogotá no existirá un verdadero Sistema de Transporte Integrado a menos que su operación se configure en el marco de un esquema de planificación y administración completamente unificado, en el que se garantice una asignación de cargas con base en niveles de calidad óptimos. Considerando que los taxis aportan en esta estructura de transporte, deberían ser vinculados. 

¡Ni una reforma tributaria más!

Publicado en http://www.portafolio.co/opinion/coyuntura-%C2%A1ni-una-reforma-tributaria-mas

Cada vez que se aproxima un cambio de gobierno, empiezan a oírse voces que algunos denominan como “calificadas”, planteando la posibilidad de iniciar la discusión sobre una nueva reforma tributaria.

En general estos procesos de ajuste fiscal, buscan aumentar los ingresos gubernamentales  con el objetivo de mejorar el flujo de caja público.  Lo que usualmente se pierde de vista, es que actualmente quedan muy pocas actividades que no se encuentren gravadas y que cada impuesto nuevo, restringe de manera drástica el bienestar del actor económico obligado a pagarlo. Lo que se espera es que dicha reducción de la “felicidad” resulte compensada, mediante procesos de inversión social dirigidos a mejorar la calidad de vida, de los mismos actores que pagan los impuestos o de otros, cuyos ingresos son menores.

Sin embargo, cuando un gobierno tiene dificultades importantes para garantizar la calidad en la provisión de los bienes y servicios públicos, el análisis cruzado de los beneficios recibidos, de los recursos captados y de los costos de transacción generados; resulta siendo negativo.   

En el caso de Colombia, esta situación tiene alcances dramáticos que pueden ser analizados a la luz de la cotidianidad tributaria de un ciudadano de clase media, dedicado a la prestación de servicios profesionales, independientes y perteneciente al denominado “régimen común”.

En primera instancia, este individuo tendrá que trasladar al fisco alrededor del 30% del monto total de cada contrato que suscriba. Considerando que el monto estipulado en el contrato va a remunerar sus servicios, podemos decir que de cada 10 horas que trabaja, aproximadamente 3 irán a pagar impuestos como IVA, ICA y Retención. El 70% del ingreso restante, se distribuye en todos los costos en los que debe incurrir para prestar el servicio mencionado y en general, la totalidad de los rubros asociados al desarrollo de las actividades cotidianas. Sin embargo, la adquisición de cualquier bien o servicio supone una transacción, que comúnmente está gravada de una u otra manera a través de impuestos al consumo, sobretasas o impuestos a las transacciones financieras y en su mayoría, estas compras no se pueden deducir de los montos retenidos durante los pagos de cada contrato. Bajo estas condiciones el panorama para este individuo resulta francamente sombrío, pues debe agregar al menos 2 horas de las 10 trabajadas a remunerar otros impuestos.

No obstante, la mitad de todos los servicios prestados por nuestro ciudadano promedio pertenecen al fisco, todavía debe disponer de al menos 2 horas más de su jornada para cubrir tributos  de carácter explícito como prediales, impuestos a vehículos, renta y otros de naturaleza implícita como sobre-aportes a salud y pensiones, seguros obligatorios, licencias de emisiones etc. Al terminar todo este pandemónium,  se define un escenario en el que solamente 3 de las 10 horas trabajadas resultan siendo propias; sin embargo, todavía es necesario utilizar una parte de ellas, para remunerar mecanismos como la medicina prepagada y los seguros voluntarios, que le permitirán a este ciudadano blindarse contra problemas evidentes en la calidad de los bienes y servicios públicos gubernamentales.

Finalmente una minúscula porción de todo el arduo trabajo desarrollado, puede usarse para mejorar la felicidad propia y la de quienes conforman el círculo familiar de nuestro apesadumbrado sujeto.

Es importante recordar, que además de todo lo mencionado, este complejo entramado impositivo genera una serie de costos de transacción, que comprometen en trámites una parte importante del tiempo de ocio de nuestro aportante y que implican, la contratación de servicios contables y tributarios, necesarios para garantizar liquidaciones precisas y evitar toda suerte de sanciones.

Naturalmente, en caso de que nuestro sujeto experimental desee mejorar su bienestar de forma sustancial, debe pensar en incrementar la jornada laboral en por lo menos 5 o 6 horas diarias, de manera que pueda generar un ahorro suficiente para adquirir vivienda, vehículo etc. Esta condición, nos deja en un escenario complejo, en el cual tenemos un gobierno que es capaz de restringir de manera drástica el tiempo de ocio de los individuos y propone entes cuyo único objetivo es trabajar para mantener su burocracia y además, sobrellevar una cotidianidad digna.

Luego de analizar un caso como este, la pregunta obvia que debemos hacernos es ¿cómo llegamos a un escenario, en el que la casi totalidad del trabajo desarrollado por un sujeto promedio termina siendo propiedad del fisco?

Al parecer reformas consecutivas han conducido nuestra sociedad hasta un escenario en el que el gobierno y su burocracia ineficaz, se están convirtiendo en una carga difícil de llevar para los ciudadanos. El aparato público que solía concentrarse en “mejorar el bienestar de sus ciudadanos” ahora actúa como una institución extractiva que devuelve apenas una porción de lo que toma por derecho. 

Para concluir, vale la pena proponer algunos cambios en el paradigma actual. En primera instancia, es hora de que nuestros gobernantes dejen de pensar en reformas tributarias y empiecen a obsesionarse con lograr mejoras sostenidas de la productividad pública. Además, llegó el momento de retomar el camino e iniciar un proceso ininterrumpido que conduzca a entregar más y mejores bienes y servicios públicos, utilizando una cantidad de recursos igual o menor a la actual. Por último, vale la pena trabajar en el diseño de un conjunto de indicadores, que midan las mejoras en la productividad pública y que una vez se den los avances esperados, el fisco empiece a devolverles a los ciudadanos parte de la remuneración al trabajo que les pertenece por derecho.

Rumores sobre un nuevo impuesto a las transacciones financieras

Fuente: Bolsamania

Durante los últimos días, se filtraron rumores relacionados con la creación de un nuevo impuesto a las transacciones financieras, al parecer ha venido tomando fuerza la idea de modificar el cuatro por mil y cobrar un impuesto a retiros por montos superiores a los 10 millones de pesos. Aunque el Ministro de Hacienda públicamente le restó importancia a la iniciativa, manifestando que se trataba de una propuesta lanzada en el marco de una discusión parlamentaria, el incidente nos puso a pensar a algunos, en lo desconsiderada y socialmente irresponsable, que resulta la política tributaria en este país.

Vale la pena recordar, que en Colombia más de una reforma tributaria e impuestos tan representativos como el cuatro por mil, el impuesto al patrimonio y el IVA, proceden también de rumores que pasaron de lo virtual a lo real en un abrir y cerrar de ojos.

Lo que hay que decir al respecto, es que nuestra clase media ya no soporta un impuesto más; entre retenciones, IVA, ICA, predial, impuesto a vehículos, impuesto a los combustibles, impuesto a las transacciones financieras, impuesto de renta etc…etc…nuestros gobiernos están asfixiando a un grupo social considerado por algunos, el motor del desarrollo sostenido, de las grandes economías.

Miren a su alrededor y háganse las siguientes preguntas con respecto al entorno en el que vivimos: ¿En qué transacción cotidiana no hay algún impuesto involucrado?¿Qué conocido suyo se da el lujo de vivir tranquilamente, sin preocuparse por tener lo suficiente para paga el crédito del apartamento, la cuota del carro o el semestre de las universidades de los hijos? ¿En qué hogar actual, el salario de uno solo de los padres es suficiente para sostener una familia de manera decorosa?, ¿Bajo qué circunstancias estos golpeados hogares, pueden asumir además un impuesto asociado al pago de obligaciones como las mencionadas?

Nuestros honorables congresistas y nuestros funcionarios públicos, no son conscientes de que con estas medidas, están acercando la clase media al umbral de las clases menos favorecidas, reduciendo de manera sistemática su calidad de vida.

No pretendo ser alarmista, pero si sumamos los impuestos que paga en un año un hogar promedio de este grupo poblacional, nos daremos cuenta de que cerca de la mitad de sus ingresos terminan siendo propiedad del Fisco.

A veces me pregunto qué sería del estado Colombiano, si la sociedad en pleno, le exigiera hacer su labor en el marco de reglas de mercado similares a las tenemos los privados. Una empresa, por ejemplo, tiene que garantizar la plena satisfacción de sus clientes, al mismo tiempo que ofrece precios competitivos. La única manera de lograr resultados como este, es mediante el mejoramiento sostenido de la forma en la que se hacen las cosas al interior de la organización y el incremento de la productividad del su recurso humano.

Confieso que es difícil imaginar al aparato público situado en un escenario como este, su condición de monopolio natural, lo exime de preocuparse demasiado por sus clientes, mientras que su capacidad para incrementar los precios de sus bienes y servicios por vía normativa, le evitan pensar mucho en la necesidad de mejorar continuamente.

Es hora de que nuestros gobernantes dejen de pensar en las reformas tributarias, como el único mecanismo para equiparar los ingresos y los gastos públicos, y empiecen a obsesionarse con lograr incrementos sostenidos en la productividad. Si todos en el estado, se concentran en hacer más con los mismos recursos, el aparato público podrá  responder de manera efectiva a las innumerables necesidades sociales de nuestro país, al mismo tiempo que reduce la carga impositiva sobre los grupos sociales llamados a generar desarrollo.

El Ministerio de Hacienda, el DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública, están en mora de formular una estrategia articulada, que les permita controlar la eficiencia y la eficacia en lo público, mediante indicadores claves de gestión como el costo comparativo promedio de los bienes y servicios públicos, la efectividad del gasto público, las variaciones anuales en la productividad pública etc.

Sin embargo, no basta con formular un buen cuadro de mando integral, también es necesario trabajar en estrategias activas, que garanticen la mejora en los resultados arrojados por los indicadores. En este particular, la Escuela Superior de la Administración Pública, puede hacer su aporte mediante la creación de programas de formación, concentrados en la investigación de operaciones pública o la ingeniería de las organizaciones y las políticas públicas.  

Es hora de que le exijamos a nuestros gobernantes mayor eficiencia y menos reformas tributarias, más calidad de vida y mayor celeridad en la entrega de bienes y servicios públicos, económicos y de mejor calidad. 

¡LOS CAMPESINOS TIENEN RAZÓN!

Publicado en http://www.portafolio.co/opinion/coyuntura-%C2%A1los-campesinos-tienen-razon

En estos días, todo el mundo está hablando del campo y de los efectos de la protesta campesina, la sociedad colombiana y su gobierno reflexionan de manera vertiginosa, con el fin de identificar los determinantes de dicho descontento. Algunas voces hablan de lo poco competitivos que resultan los productos de nuestros campos, a la luz de la entrada en vigencia de los TLC; otros afirman que se trata de un problema de insumos agrícolas,  de distribución de los medios de producción y de concentración de la tierra; hay quienes dicen que el problema está asociado al proceso de negociación de paz en la Habana.

Qué sentido tiene rompernos la cabeza tratando de identificar las causas de un problema sobre-diagnosticado, cuando la realidad del caso es que los campesinos colombianos protestan, sencillamente porque todos y cada uno de ellos están completamente ¡jodidos!.

Dejémonos de cuentos, el problema del agro en Colombia no tiene sus raíces en los TLC, el escaso desarrollo de la infraestructura vial o la reducida presencia del estado en las zonas rurales; la precaria situación que hoy día enfrentan nuestros campesinos, se debe a que durante los últimos años, la sociedad colombiana ha decidido darle la espalda a la producción de bienes agrícolas, para concentrarse en producción minera, de manufactura y servicios.

Como si fuera poco, todas las medidas propuestas para mejorar la situación  agraria, han sido concebidas e implementadas por tecnócratas fundamentados en el imaginario urbano, para los cuales el campo se suscribe a las vaquitas que ven cuando salen los fines de semana a comer postre, a los cultivos que pueden apreciar de lejos cuando veranean en la casa de descanso de algún familiar o amigo y a la ruana que se ponen como acto de rebeldía “chic” en momento dramáticos como el que actualmente vive el país.

La solución a un problema estructural tan grande, no depende de que el gobierno decida subsidiar sectores deprimidos, controlar los precios de los insumos agrícolas o restringir las cuotas de importación de leche; está fundamentada en la capacidad de la sociedad para priorizar de manera irrestricta el desarrollo agroindustrial del país.

En principio, es necesario que el gobierno en pleno, entienda que el del campo es un problema público que los gobiernos anteriores no han podido solucionar e inicie una total reingeniería del entramado institucional encargado de administrar el sector.

Acá no estamos hablando de adelantar un proceso al estilo de los que conocemos al interior de lo público, en el cual un consultor externo identifica los problemas, propone soluciones concretas y elabora un dictamen que el gobierno termina acogiendo a medias, lo que se requiere en este caso es el compromiso irrestricto del estado para modificar la normatividad, la estructura de ministerios, departamentos administrativos y entidades, de tal suerte que logren trabajar de manera articulada y eficaz para alcanzar un desarrollo aceptable del campo, en el marco de un periodo no superior a cinco años.  

Los recursos necesarios para financiar una propuesta de esta magnitud son considerables y requieren de una ejecución centralizada, bajo la batuta de una gerencia con dedicación exclusiva, encargada de garantizar el éxito de este macroproyecto estratégico para el país.

Los fondos de regalías deberían estar financiando la solución definitiva y articulada a problemas estructurales evidentes como este, no tiene sentido que estos dineros se estén desperdigando por todo el territorio nacional, de forma indiscriminada en microproyectos asociados a la construcción de plazas de mercado o consultorías para definir el perfil turístico de un municipio, cuando el desarrollo del campo sigue en veremos.

Es necesario que nuestros gobernantes y nuestra sociedad en pleno, entiendan que una erradicación estructural definitiva a los problemas de desarrollo campesino, supone la solución conexa de buena parte de los problemas urbanos y la reducción gradual de una porción importante de los determinantes que sustentan la ilegalidad en todo el territorio nacional. Recordemos lo difícil que ha sido para nuestras urbes, solucionar de manera efectiva todos los inconvenientes generados por el creciente flujo de campesinos desesperados, que día a día llegan a sus zonas marginales.

¿A qué campesino de clase media con ingresos suficientes para mantener de manera decorosa a su familia, apoyado por el respaldo eficaz del estado para vivir tranquilo y en paz; le interesaría protestar, desplazarse, apoyar a grupos ilegales o producir cultivos ilícitos?.

Si la respuesta para todos es tan evidente, ¿por qué como sociedad no hemos tenido los pantalones para dar solución definitiva a esta problemática?

Government Analytics: el siguiente paso hacia una administración pública efectiva.

Fuente: Grupo Productiva Consultoría 

El Gobierno invierte una parte muy importante de sus recursos en la recopilación de cifras. Si estas cantidades masivas de datos empiezan a ser usadas por nuestros funcionarios de manera sistemática, intensiva, descriptiva, predictiva y prescriptiva; podríamos lograr la consolidación de un estado inteligente que logre solucionar de manera efectiva las necesidades de la población más necesitada.

Nuestro país es prolífico en la creación e institucionalización de sistemas de información para todos los temas imaginables. Los siguientes son apenas algunos ejemplos pero la lista es interminable: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI), Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Pública (SUIFP), Registro Único de Proveedores (RUP), Sitema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG), Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF),   Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programa Sociales (SISBEN), Sistema de Información del Sector Educativo (SISE) etc…etc. 

De acuerdo con un estudio reciente de IBM Institute for Business Value[1], los funcionarios públicos alrededor del mundo dedican la mitad de su tiempo diario al proceso de recopilar información y menos de un tercio a analizarla en profundidad con el fin de generar insumos para la toma efectiva de decisiones.

La percepción de nuestros servidores públicos con respecto a esta generación masiva de datos está alineada de las conclusiones del estudio de IBM: la mayoría de su trabajo se resume en solicitar información, estructurar bases y enviarlas para que alguien en la cadena jerárquica desarrolle una secuencia de actividades similar a la de ellos. La pregunta lógica en este caso es si una dedicación agregada tan masiva de recursos, soportaría un Analisis Beneficio Costo (ABC), es decir si el costo de alimentar todos estos sistemas es compensado por los beneficios generados por su utilización durante el proceso de toma de decisiones públicas. Cuando se examinan algunas cifras empieza a dudarse de la posibilidad de que esta evaluación arroje resultados positivos. De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia el monto de las pretensiones económicas contra el estado en los últimos cuatro años ha oscilado entre  63.4 y 129.9 billones de pesos, la Fiscalía General de la Nación estima que las pérdidas en el Distrito Capital por cuenta del carrusel de la contratación podrían llegar a los dos billones de pesos y de acuerdo con las directivas de la misma institución, el monto del desfalco a la DIAN supera el billón de pesos. Lo complejo en todos estos casos es que el Gobierno cuenta con información que le permitiría prevenir este tipo de problemas si la utilizara de la manera apropiada.

Los principios de Government Analytics justamente buscan convertir al Gobierno como un todo en una organización inteligente que tome decisiones basadas en el análisis pormenorizado de la información, de manera que evite cometer errores similares a los mencionados en el párrafo anterior, que lo conduzcan a reducir la efectividad de sus intervenciones.

 Government Analytics no es otra cosa que la aplicación de técnicas analíticas (econometría, estadística, optimización etc), durante el proceso de resolución de los asuntos de Estado. Provee un marco para la toma de decisiones que ayuda a los Gobiernos a resolver dificultades complejas, mejorar su desempeño y anticiparse a la ocurrencia de los problemas administrando y balanceando de manera apropiada los riesgos que le son propios.

En la actualidad Colombia posee más datos de los que necesita, pero aun no los utiliza de la manera apropiada. Existe  un indicador denominado Índice de Visión Analítica (AVI), que mide la capacidad de las organizaciones públicas para utilizar la analítica de forma extendida y sistemática, y de promoverla como una habilidad o aptitud empresarial. Al analizar con cabeza fría la situación del sector público colombiano se puede decir que las Instituciones del Gobierno se circunscriben apenas a revisar periódicamente los datos históricos para establecer si su desempeño fue positivo o negativo. Sin embargo muy pocas o ninguna, utilizan los datos de manera sistemática para alimentar modelos que les permitan prevenir posibilidades de fraude, identificar riesgos de contratación, definir la localización más efectiva de la fuerza pública etc. En las condiciones actuales nuestro sector público puede ubicarse a lo sumo en el segundo nivel de cinco posibles dentro del escalafón del indicador, es decir está muy lejos de ser considerado inteligente a la luz de este modelo.

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[1] Messatfa, H; Reyes, L; Schroeck, M. (2010). El poder de la analítica en el sector público: cómo conseguir la competencia analítica para acelerar los resultados. IBM Institute for Business Value.