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lunes, 16 de febrero de 2015

Plan de desarrollo, buen gobierno, productividad pública y calidad del gasto.


Hace unos días, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), abrió un espacio en el que los directivos de un conjunto de firmas de consultoría del sector gobierno, tuvimos la oportunidad de transmitir nuestras impresiones, sobre la estructura y contenido del Plan Nacional de Desarrollo que está próximo a aprobarse.

Las características del evento, resultaron muy pertinentes y seguramente provechosas, para la ardua tarea que está adelantando el DNP por esto días. Se trató de un conversatorio con un número reducido de expertos en temas diversos, conocedores del gobierno y las políticas públicas; en el que el director del DNP, Simón Gaviria tuvo la oportunidad de presentar el plan y recibir interesantes impresiones en un valioso tono de franqueza y camaradería técnica.

Con estos antecedentes, considero oportuno precisar algunos elementos de las impresiones personales, amablemente acogidas por el DNP, relacionadas con el componente del Plan denominado “Buen Gobierno”. En particular, se suscriben a incluir en este nuevo derrotero estratégico nacional, un componente transversal que garantice la migración de la perspectiva de la gestión pública, hacia dos conceptos centrales de administración moderna: elevada productividad y alta calidad del gasto público.

El DNP ha manifestado, que por fin Gobierno Nacional va a formalizar al interior del nuevo Plan de Desarrollo, el paso de implementar el modelo de Gestión Presupuestaria por Resultados en Colombia. Decisión muy pertinente si consideramos que países de la región como Chile y Perú, han recorrido dicho camino con resultados notables, mucho antes que nosotros. Con este mecanismo, avanzaremos en poder hacer una asociación mucho más clara entre las metas que nos proponemos como nación y los recursos que invertimos en alcanzarlas.

Esta iniciativa, supone el primer escalón para iniciar un proceso sostenido de mejora en la efectividad pública colombiana, sin embargo, si queremos hacer la tarea completa y pretendemos  garantizar un gobierno efectivo, que responda de la manera esperada a las exigencias sociales del post conflicto; es pertinente que empecemos a medir la capacidad de nuestras instituciones para entregar bienes, servicios públicos y calculemos de forma técnica la eficiencia y la eficacia, con la que están siendo usados los recursos públicos colombianos.

Hace unos años, Chile emprendió un proceso similar al que proponemos y de acuerdo con la más reciente medición del World Economic Forum, hoy día supera a países como Japón y Canadá en el ranking de eficiencia en el gasto público.

La idea en concreto, es que nuestro gobierno empiece a medir el nivel de producción de bienes y servicios de sus instituciones y que se fije metas concretas asociadas a la mejora de los niveles de productividad. De la misma manera, esperamos que logre avanzar del puesto 101 en el ranking mundial mencionado y se acerque al puesto 21 en el que se encuentra actualmente Chile.

El objetivo es que desde la perspectiva del “Buen Gobierno” contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, se formule una estrategia consolidada de gestión del cambio en la administración, por intermedio de la cual, cada gerente público se obsesione con garantizar que su organización produzca más, haciendo uso de los mismos recursos y el Ministerio de Hacienda trabaje en garantizar que nuestro país utilice los dineros públicos, en el marco de estándares de eficiencia y eficacia, superiores a los de cualquier nación vecina.

La consolidación exitosa de una iniciativa como la anotada, traerá consigo aspectos que todos los ciudadanos colombianos añoramos: el dinero de nuestros impuestos se verá representado en obras de infraestructura oportunas, menor desigualdad social, mayor seguridad en las ciudades y en las áreas rurales, mayor cobertura y por supuesto calidad, en educación, salud, servicios públicos etc.

Todo esto, sin la necesidad urgente de concebir reformas tributarias cada año, gracias al hecho de que con los mismos recursos será posible lograr mayores resultados y responder de forma más efectiva a las sentidas necesidades sociales.

Si esta iniciativa se incluye en el plan y el gobierno trabaja de manera activa en garantizar su implementación, van a pasar varios años antes de ver sus resultados, por eso es mejor empezar cuanto antes de manera que “Todos Construyamos un Nuevo País” con instituciones públicas a la altura de sus retos. 

sábado, 14 de junio de 2014

¡Ni una reforma tributaria más!


Cada vez que se aproxima un cambio de gobierno, empiezan a oírse voces que algunos denominan como “calificadas”, planteando la posibilidad de iniciar la discusión sobre una nueva reforma tributaria.

En general estos procesos de ajuste fiscal, buscan aumentar los ingresos gubernamentales  con el objetivo de mejorar el flujo de caja público.  Lo que usualmente se pierde de vista, es que actualmente quedan muy pocas actividades que no se encuentren gravadas y que cada impuesto nuevo, restringe de manera drástica el bienestar del actor económico obligado a pagarlo. Lo que se espera es que dicha reducción de la “felicidad” resulte compensada, mediante procesos de inversión social dirigidos a mejorar la calidad de vida, de los mismos actores que pagan los impuestos o de otros, cuyos ingresos son menores.

Sin embargo, cuando un gobierno tiene dificultades importantes para garantizar la calidad en la provisión de los bienes y servicios públicos, el análisis cruzado de los beneficios recibidos, de los recursos captados y de los costos de transacción generados; resulta siendo negativo.   

En el caso de Colombia, esta situación tiene alcances dramáticos que pueden ser analizados a la luz de la cotidianidad tributaria de un ciudadano de clase media, dedicado a la prestación de servicios profesionales, independientes y perteneciente al denominado “régimen común”.

En primera instancia, este individuo tendrá que trasladar al fisco alrededor del 30% del monto total de cada contrato que suscriba. Considerando que el monto estipulado en el contrato va a remunerar sus servicios, podemos decir que de cada 10 horas que trabaja, aproximadamente 3 irán a pagar impuestos como IVA, ICA y Retención. El 70% del ingreso restante, se distribuye en todos los costos en los que debe incurrir para prestar el servicio mencionado y en general, la totalidad de los rubros asociados al desarrollo de las actividades cotidianas. Sin embargo, la adquisición de cualquier bien o servicio supone una transacción, que comúnmente está gravada de una u otra manera a través de impuestos al consumo, sobretasas o impuestos a las transacciones financieras y en su mayoría, estas compras no se pueden deducir de los montos retenidos durante los pagos de cada contrato. Bajo estas condiciones el panorama para este individuo resulta francamente sombrío, pues debe agregar al menos 2 horas de las 10 trabajadas a remunerar otros impuestos.

No obstante, la mitad de todos los servicios prestados por nuestro ciudadano promedio pertenecen al fisco, todavía debe disponer de al menos 2 horas más de su jornada para cubrir tributos  de carácter explícito como prediales, impuestos a vehículos, renta y otros de naturaleza implícita como sobre-aportes a salud y pensiones, seguros obligatorios, licencias de emisiones etc. Al terminar todo este pandemónium,  se define un escenario en el que solamente 3 de las 10 horas trabajadas resultan siendo propias; sin embargo, todavía es necesario utilizar una parte de ellas, para remunerar mecanismos como la medicina prepagada y los seguros voluntarios, que le permitirán a este ciudadano blindarse contra problemas evidentes en la calidad de los bienes y servicios públicos gubernamentales.

Finalmente una minúscula porción de todo el arduo trabajo desarrollado, puede usarse para mejorar la felicidad propia y la de quienes conforman el círculo familiar de nuestro apesadumbrado sujeto.

Es importante recordar, que además de todo lo mencionado, este complejo entramado impositivo genera una serie de costos de transacción, que comprometen en trámites una parte importante del tiempo de ocio de nuestro aportante y que implican, la contratación de servicios contables y tributarios, necesarios para garantizar liquidaciones precisas y evitar toda suerte de sanciones.

Naturalmente, en caso de que nuestro sujeto experimental desee mejorar su bienestar de forma sustancial, debe pensar en incrementar la jornada laboral en por lo menos 5 o 6 horas diarias, de manera que pueda generar un ahorro suficiente para adquirir vivienda, vehículo etc. Esta condición, nos deja en un escenario complejo, en el cual tenemos un gobierno que es capaz de restringir de manera drástica el tiempo de ocio de los individuos y propone entes cuyo único objetivo es trabajar para mantener su burocracia y además, sobrellevar una cotidianidad digna.

Luego de analizar un caso como este, la pregunta obvia que debemos hacernos es ¿cómo llegamos a un escenario, en el que la casi totalidad del trabajo desarrollado por un sujeto promedio termina siendo propiedad del fisco?

Al parecer reformas consecutivas han conducido nuestra sociedad hasta un escenario en el que el gobierno y su burocracia ineficaz, se están convirtiendo en una carga difícil de llevar para los ciudadanos. El aparato público que solía concentrarse en “mejorar el bienestar de sus ciudadanos” ahora actúa como una institución extractiva que devuelve apenas una porción de lo que toma por derecho. 

Para concluir, vale la pena proponer algunos cambios en el paradigma actual. En primera instancia, es hora de que nuestros gobernantes dejen de pensar en reformas tributarias y empiecen a obsesionarse con lograr mejoras sostenidas de la productividad pública. Además, llegó el momento de retomar el camino e iniciar un proceso ininterrumpido que conduzca a entregar más y mejores bienes y servicios públicos, utilizando una cantidad de recursos igual o menor a la actual. Por último, vale la pena trabajar en el diseño de un conjunto de indicadores, que midan las mejoras en la productividad pública y que una vez se den los avances esperados, el fisco empiece a devolverles a los ciudadanos parte de la remuneración al trabajo que les pertenece por derecho.