miércoles, 21 de agosto de 2019

Sobre la peste negra y sus enseñanzas en materia de decisiones públicas: recomendaciones de expertos que conducen a la sociedad a "morderse la cola"



La peste negra es considerada la pandemia más importante de la historia, se estima que entre el 30 y el 60 por ciento de la población mundial murió a causa de esta enfermedad. En la actualidad se argumenta que era transmitida por pulgas transportadas por roedores, también se cree que la transmisión entre personas se produjo por ectoparásitos humanos, como la pulga común o piojos del cuerpo, sin embargo, han venido surgiendo cuestionamientos científicos en relación con este planteamiento. 

No obstante lo dicho, los médicos más adelantados y eruditos de la época, atribuían el mal a los “miasmas”, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel; incluso hubo algunos que asociaron la enfermedad con fenómenos astrológicos.

Los dramáticos efectos de la enfermedad sobre la población mundial pueden explicarse principalmente por el error de diagnóstico de los equipos científicos, su interpretación del fenómeno llevó a los políticos y a toda la sociedad, a enfrentar un “falso determinante”, a declarar un “falso problema” el enemigo público de toda la humanidad.

Esta situación condujo inexorablemente a la sociedad, a la implementación de medidas costosas focalizadas en evitar a toda costa los “miasmas” y toda suerte de contacto humano, distrayendo recursos valiosos que podrían haberse invertido en el control de “roedores e insectos parásitos”.

A pesar de que han pasado varios siglos desde cuándo históricamente se registró este insuceso, los errores de diagnósticos inducidos por equipos científicos que fungen como asesores públicos, siguen estando presentes. La declaración de “falsos problemas” como enemigos públicos está vigente en la mayoría de sociedades actuales y goza de mayor incidencia en países con niveles medios o bajos de desarrollo. 

En el caso de  Colombia, por ejemplo, es posible identificar múltiples fenómenos que se ajustan a la lógica mencionada, las decisiones de los políticos y de la sociedad, están determinadas por análisis de grupos de expertos de indudable eficacia a la hora de postular “falsos enemigos públicos”, los cuales amenazan si tregua las dimensiones más relevantes de la realidad cotidiana. 

El narcotráfico es sin duda el “miasma” más representativo de nuestra realidad, a diario invertimos incontables recursos humanos, financieros y técnicos en intentar acabar con este flagelo, sin comprender que los “roedores e insectos parásitos” actuales, están representados en la enfermiza desigualdad que se ha venido consolidando en el país a lo largo de los años y conduce a los grupos menos favorecidos a intentar apropiarse de rentas de cualquier índole, utilizando mecanismos como el tráfico de drogas, disponibles en un momento determinado de la historia. 

Peor aún, este “falso determinante” nos lleva a sacar conclusiones basadas en evidencia también errónea, que nos conducen a decisiones que parecen tener fundamento en cifras, pero que en realidad están nubladas por nuestros fuertes prejuicios con relación a la existencia de un “enemigo público” incuestionable, de esta manera, cada vez que se genera un asesinato en nuestro país, de inmediato lo atribuimos al “falso problema” del narcotráfico, descartando de tajo cualquier análisis en relación con sus verdaderas causas.

El exceso de velocidad es también un “falso determinante” que en los últimos años ha tomado fuerza en lo que tiene que ver con la problemática de accidentalidad vial. El país viene invirtiendo ingentes recursos en reducir la velocidad de desplazamiento en todas las vías terrestres, en la actualidad buena parte de los esfuerzos de los políticos y la sociedad se enfocan en atacar este “enemigo público”. Es interesante ver el papel que las cifras han venido jugando en fundamentar y consolidar la capacidad de amenaza de este “falso problema”, las medidas que se han venido tomando están focalizadas en reducir los límites de velocidad hasta niveles considerablemente bajos, a tal punto, que en los diagnósticos actuales, la causa omnipresente de la casi totalidad de accidentes, es justamente exceder los mencionados limites. Esta condición supone un inconveniente de amplias magnitudes en la medida en que tales prejuicios menoscaban la posibilidad de hacer análisis serios para identificar los determinantes reales de cada accidente.

Por supuesto, desde un punto de vista contrafactual, es trivial demostrar que desplazarse a  velocidades superiores a los bajísimos límites actuales impuestos en nuestro país, no es el verdadero determinante de los accidentes viales, si este planteamiento fuera cierto la mortalidad y morbilidad en las autopistas europeas de alta velocidad serían inconcebibles y cada país con límites de velocidad superiores a los nuestros, ostentaría índices de accidentalidad más altos. 

En este caso el verdadero determinante es sin duda, la manera en la que se diseñó el sistema vial y la forma en la que se configura debido a un proceso evolutivo basado en micro decisiones que en esencia estructura vías terrestres que conducen a la generación de accidentes. Desde aspectos como la potestad de un alcalde para definir el uso del suelo en sectores cercanos a autopistas, hasta que contratistas públicos puedan decidir sobre cerramientos y señalizaciones que no cumplen con estándares mínimos de seguridad, pasando porque un gobierno local permita que las vías se deterioren; son en conjunto causantes de la tormenta perfecta para generar un número de accidentes considerable. 

Los anteriores son apenas dos ejemplos tomados de un amplio repertorio, por lo  tanto, vale la pena pensar las cosas con calma y revisar dos veces antes de implementar medidas que terminan restringiendo libertades con el propósito contradictorio de  controlar “miasmas”.  La idea en términos de decisiones políticas y sociales es afrontar la solución de problemas reales, dejando de lado los sofismas que lo único que hacen es distraernos. 

viernes, 9 de agosto de 2019

La paradoja del Estado generador de pobreza




Cuando en nuestra cotidianidad hablamos de pobreza, generalmente hacemos énfasis en la generación de ingresos, no obstante, tendemos a descuidar todo aquello que tiene relación con los egresos. Esta misma desviación tan natural en grupos desprevenidos de tertuliantes, parece estar arraigada en los equipos técnicos que analizan la problemática al interior de los gobiernos.   Tal situación lleva a subestimar las implicaciones en materia de generación de pobreza y reducción del bienestar social que pueden desencadenar ciertas políticas públicas, en esencia, si mantenemos el ingreso de los hogares constante pero paulatinamente hacemos crecer sus egresos, indudablemente los estamos empobreciendo, el resultado es similar si el ingreso crece pero lo hace a una velocidad menor a la que lo hacen los egresos. De la misma manera, cuando los egresos periódicos de un hogar son lo suficientemente altos y el hogar intempestivamente se queda sin ingresos, la situación en materia de reducción de bienestar es francamente precaria y lo será mucho más en la medida en que estos egresos altos estén directamente relacionados con la compra de bienes y servicios dirigidos a satisfacer sus necesidades más esenciales.

En los últimos años, al interior de nuestros gobiernos, se ha vuelto popular y conveniente asociar costos importantes a la casi totalidad de las transacciones cotidianas de los hogares, aspectos tan esenciales como consumir agua, gas y energía, transportarse, alimentarse, procurarse una vivienda, divertirse etc., han venido siendo cargados directa o indirectamente con pequeños importes que en suma han incrementado de forma importante el ingreso necesario para que un hogar sobreviva.

Para ilustrar el argumento podemos analizar el caso de los alimentos que cotidianamente consume un hogar promedio, en los últimos años algunos de ellos han sido gravados directa o indirectamente mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto al Consumo o alguna clase de sobretasa, bien sea al alimento en cuestión o a algún insumo involucrado en su cadena productiva.

Algo similar sucede con el transporte, bien sea que se valga de vehículo propio o de algún modo de carácter público, en el primer caso por ejemplo, en los últimos años se ha incrementado el costo de propiedad de los vehículos de forma notable, se han gravado su compra, su tenencia, la mayoría de bienes y servicios asociados a su operación y mantenimiento, adicionalmente se han venido implementando seguros, cobros por contaminación etc., en el segundo caso los costos se han incrementado indirectamente por cuenta de estos mismos conceptos y otros tantos que sería redundante mencionar.

La conclusión de todo esto es muy interesante en la medida en que pone de presente un hecho contradictorio, el Estado, un actor por definición llamado a reducir la pobreza real, puede estarla multiplicando o por lo menos, puede estar demorando de forma importante el mejoramiento en el ingreso disponible de los hogares. Lo más curioso del caso, es que puede no ser consciente de este fenómeno, es decir, puede estar actuando en el marco de una situación evidente de “riesgo moral”.

Para comprender la verdadera incidencia de un comportamiento de estas características, analicemos el caso de un hogar de clase media que compró una casa a crédito hace treinta años, se trata de una pareja de jubilados que han visto crecer paulatinamente el costo del impuesto predial de la casa antigua en la que viven, no ha pasado lo mismo con su pensión, cuyo monto se ha incrementado apenas para “mantener” el poder adquisitivo frente a una canasta básica. No obstante lo mencionado, el Estado toma la decisión de cobrar intempestivamente un impuesto de valorización que eleva de forma dramática el costo de la vivienda, una decisión de estas características hace que estas personas deban dejar de comer o deban vender su casa para solventar el pago del impuesto, generando una situación de pobreza evidente que no aparecerá en los indicadores ni en las cifras de los sistemas de seguimiento públicos.

Los alcances de dinámicas como las mencionadas pueden llegar a ser insospechados, incluso pueden afectar negativamente aspectos tan determinantes para salir de la pobreza como la creación de capital humano. En efecto, en los últimos años, el Estado ha tomado múltiples decisiones relacionadas con la implementación de frecuentes reformas tributarias, ha venido aumentando indiscriminadamente el precio de los combustibles y cargado uno que otro pequeño importe a los egresos de los hogares colombianos, como resultado de esto, el ingreso disponible para educación se ha venido reduciendo, en consecuencia la matrícula en universidades de clase media, en jornada diurna es cada vez menor, mientras el porcentaje de personas que deciden elegir un programa de educación nocturno, que les permite estudiar mientras trabajan, se ha elevado significativamente.

Lo cierto de todo esto, es que es necesario replantear el papel del Estado y reconfigurar la forma en la que ataca la pobreza, podría empezar bajando los costos de los hogares reduciendo de forma pronunciada la incidencia sobre ellos mediante el incremento paulatino de la calidad del gasto y la productividad pública, además podría focalizar su política tributaria sobre los ingresos y no sobre los egresos.

En síntesis, el Estado debe empezar a pensárselo muy bien, cada vez que quiera afectar los egresos de los hogares, es necesario que evalúe seriamente las verdaderas implicaciones de sus actos y deje de actuar de la forma ligera en que lo viene haciendo, en lo que al bienestar de la sociedad se refiere.