Por qué la inflación no cede en Colombia: la raíz fiscal de un problema monetario

 

En octubre de 2026, Colombia presenta un enigma que desconcierta incluso a economistas con experiencia. El peso se ha apreciado cerca de 22% en el último año, la moneda emergente que más se ha fortalecido, según Bloomberg. Una moneda fuerte suele ser aliada contra los precios, porque abarata lo que el país importa. Sin embargo, la inflación anual llegó a 6,29% en septiembre y la básica, que excluye alimentos y regulados, ronda 6%, el doble de la meta de 3%. Entretanto, el Banco de la República ha subido su tasa de interés cuatro veces en lo que va del año, de 9,25% a 12,25%.

La respuesta no está en el tipo de cambio ni en el mundo exterior, sino en decisiones tomadas dentro del país durante los últimos años, y lo que hoy vemos es su resultado acumulado. El Estado ha gastado más de lo que recauda, ha encarecido producir con más impuestos, con combustibles más caros y con aumentos del salario mínimo muy superiores a la inflación, ha concentrado su gasto en consumo y no en inversión, y ha dejado un entorno de inestabilidad jurídica e inseguridad que frena a quienes invierten. Todas esas decisiones han empujado en la misma dirección, la de más presión sobre los precios, y el propio Banco de la República lo reconoce: atribuye el repunte a mayores costos laborales y a un alto gasto de hogares y sector público, junto con dificultades de oferta en los alimentos.

Empecemos por el gasto. El Estado colombiano gasta mucho más de lo que recauda, y la brecha se ha ensanchado. Al revisar las cuentas, el gobierno que asumió en agosto estima que el déficit de este año sería de 8,2% del PIB sin recortes y de 7,2% si se ejecutan los anunciados; el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyecta 7,8%, muy por encima del 5,3% que traía el Marco Fiscal de Mediano Plazo de junio. Para 2027, el presupuesto aprobado por el Congreso el 20 de octubre, de 634,9 billones de pesos, se apoya en proyecciones que, sin ajustes, llevan el déficit a 9,4% del PIB y la deuda neta a 66,2%; el CARF calcula cifras todavía peores, cercanas a 10% y 67%.

Importa tanto en qué se gasta como cuánto. De ese presupuesto, 393 billones, cerca de 62%, son gastos de funcionamiento, como nómina, transferencias y obligaciones recurrentes; otros 147 billones, 23%, pagan la deuda; y solo 95 billones, alrededor de 15% y 4,5% del PIB, van a inversión. Un Estado que destina casi todo a consumo inyecta ingreso a los hogares sin ampliar la capacidad de producir: ese ingreso se gasta y se convierte en demanda de bienes y servicios, la demanda agregada empujada hacia arriba. La inversión también genera demanda al comienzo, pero deja carreteras, redes y capacidad que permiten producir más después; es la que, con el tiempo, amplía la oferta y alivia los precios.

La otra mitad de la historia son los costos. En 2022 la reforma tributaria elevó la carga sobre las empresas, con sobretasas como la del sector financiero, que paga una renta de 40% frente a 35% general. Cuando el Congreso hundió la ley de financiamiento en diciembre de 2025, el gobierno intentó recaudar por decreto: la Corte Constitucional tumbó la primera emergencia económica y sus impuestos, pero de la segunda salió un impuesto extraordinario al patrimonio de las empresas para 2026, de 0,5% y de 1,6% para el sector financiero y el extractivo. A esto se suma el salario mínimo, decretado con aumentos de 16% en 2023, 12,07% en 2024, 9,54% en 2025 y 23% en 2026, cuando la inflación de 2025 cerró en 5,10% y la regla técnica de inflación más productividad indicaba cerca de 6%. Por hora, según el Banco de la República, el aumento fue de 28%, por la reducción de la jornada. El gobierno lo presentó como un paso hacia un salario vital; para las empresas, fue un costo inmediato.

Los combustibles son otro costo que viene de decisiones de varios años. Desde octubre de 2022 el gobierno subió gradualmente la gasolina para cerrar el hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que ese año acumulaba una deuda de 37 billones por precios internos muy por debajo de los internacionales. El galón pasó de 9.214 pesos a comienzos de 2022 a cerca de 15.900 hoy, unos 72% más. El ACPM, el diésel del transporte de carga, siguió el mismo camino con rezago: costaba 9.065 pesos en octubre de 2023 y hoy cuesta 11.320, 25% más. La corrección tenía lógica fiscal, pero cada alza encareció el transporte y la logística de toda la economía, y los precios regulados, entre ellos los de energía, gas y combustibles, subían 6,8% anual en agosto. El Fondo, además, siguió costando: cerca de 20 billones en 2023, según el Gobierno de entonces, y 10,7 billones en 2024, según estimaciones de analistas. En 2026 el petróleo internacional volvió a dispararse y el ACPM acumula 3% en el año, mientras la gasolina cuesta 125 pesos menos que en enero; el resto del golpe lo absorbe el presupuesto, y la Asociación Colombiana del Petróleo proyecta que el déficit del Fondo cierre el año entre 6 y 8 billones.

Ante estos costos, una empresa tiene dos salidas: subir sus precios, lo que alimenta la inflación, o invertir menos, lo que frena su capacidad de producir. En ambos casos la oferta de la economía crece menos de lo que exige la demanda; en el lenguaje de los economistas, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Financiar el déficit agrava el problema: el proyecto de presupuesto del gobierno contempla cerca de 239 billones en nuevo endeudamiento, y cuando el Estado compite así por el ahorro, el crédito se encarece para las empresas.

A los costos se suma una incertidumbre con varias fuentes. Quien decide construir una planta o abrir una nueva sucursal intenta anticipar los próximos cinco o diez años, y hoy enfrenta reglas cambiantes, tensiones políticas e inseguridad. En lo jurídico, la Corte Constitucional anuló impuestos creados por decreto y advirtió que usar la emergencia para imponer lo que el Congreso no aprobó podría comprometer la separación de poderes; los arbitrajes internacionales de inversión contra el país pasaron de 13 en 2022 a 19 en junio de 2026, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En lo político, la elección presidencial se decidió por menos de un punto porcentual y el empalme estuvo marcado por acusaciones cruzadas. En seguridad, los grupos armados ilegales crecieron 23,5% en 2025, hasta más de 27.000 integrantes, el secuestro aumentó 133% y fue asesinado el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Ante tanta impredecibilidad, los inversionistas no suelen pagar un poco más: esperan o se retiran. La inversión extranjera directa cayó 14% en 2025 y cerca de 30% en dos años, una caída que analistas atribuyen a la incertidumbre regulatoria. Con la demanda empujada hacia arriba y la oferta frenada por tres vías, costos, crédito caro e incertidumbre, los precios suben por ambos lados.

¿Qué puede hacer el banco central? Mucho menos de lo que se cree. El Banco de la República es formalmente independiente y no emite dinero para cubrir el déficit, que se financia con bonos del Tesoro, los TES, colocados en el mercado. Pero su herramienta principal ha tenido que trabajar a fondo este año: subió la tasa 100 puntos básicos en enero, otros 100 el 31 de marzo (hasta 11,25%), 75 el 30 de junio (hasta 12%) y 25 el 30 de septiembre, hasta 12,25%. Los economistas llaman dominancia fiscal a esta situación: la política fiscal marca el ritmo y la monetaria se limita a compensarlo en parte, con tasas cada vez más altas.

Es tentador culpar a factores externos, y algunos son reales y actuales: el conflicto en el golfo Pérsico ha encarecido combustibles y fertilizantes, y el fenómeno de El Niño presiona los alimentos y la energía. Pero esos choques golpean sobre todo a alimentos y regulados, mientras que la inflación sin ellos ronda 6% y la de servicios llegó a 7,2% en agosto, señal de un problema que nace de la demanda y de los costos internos. Además, los vecinos enfrentan choques similares con menos inflación: en septiembre Brasil registró 4,58%, Perú 4,55%, Chile 4,1% y México 3,45%, frente a 6,29% en Colombia. El tipo de cambio apunta en la misma dirección. Las tasas de 12,25%, muy superiores a las de Estados Unidos y Europa, han atraído capital extranjero en busca de rendimiento, el llamado carry trade, y ese flujo ha empujado el peso al alza. El programa del Banco para acumular hasta 4.000 millones de dólares en reservas, del que ya había comprado 1.039 millones a mediados de octubre, solo adquiere dólares cuando la divisa se abarata, de modo que modera la apreciación, pero no la revierte. Un peso fuerte debería abaratar las importaciones; si aun así la inflación persiste, el canal externo trabaja a favor de bajar los precios y pierde frente a una presión interna más fuerte.

Juntando las piezas, la inflación colombiana no cede porque años de decisiones fiscales, salariales y de precios de los combustibles presionan los precios por varios frentes a la vez: empujan la demanda, encarecen producir, frenan la inversión con su incertidumbre y obligan al banco central a subir tasas que no alcanzan a compensarlo. Por eso el peso puede apreciarse 22% mientras la inflación sigue por encima de 6%, y el propio Banco advierte que podría tardar hasta 2028 en volver a la meta. Corregirlo exige dos cambios: reducir el déficit, contraer el gasto y reorientarlo  hacia la inversión, que amplía la oferta futura, en lugar del consumo, que solo sostiene la demanda. El ajuste de 2,2% del PIB, cerca de 45 billones, con el que Hacienda espera llevar el déficit de 2027 de 9,4% a 7,2% y la deuda neta a 58,9%, depende de una ley de rescate que el gobierno aún no ha presentado al Congreso. Mientras ese ajuste no llegue, las tasas de interés, por sí solas, no devolverán la inflación a 3%.