Colombia necesita un cambio de paradigma tributario

 

Cuando se analiza el tamaño del Estado colombiano, lo primero es definir de qué Estado se está hablando, ya que el gasto público se mide de tres maneras distintas y cada una refleja una realidad diferente. Por un lado se encuentra el gobierno central, compuesto por los ministerios, las entidades nacionales y el pago de la deuda, donde el presupuesto general aprobado recientemente representa cerca de la tercera parte del producto interno bruto. Por otro lado está el gobierno general, que incorpora a las gobernaciones, las alcaldías y la seguridad social, siendo esta la métrica internacional utilizada por organismos como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuyos indicadores muestran que este gasto consolidado supera el 49 por ciento del producto interno bruto y se sitúa holgadamente por encima del promedio de las economías desarrolladas. Finalmente existe el sector público consolidado, que además integra a las empresas del Estado como la medida más amplia, aunque rara vez forma parte del debate público.

Esta diferencia no es un simple tecnicismo, mientras el país discute las cuentas del gobierno central, el aparato estatal en su conjunto consume cerca de la mitad de lo que produce la economía nacional, y gran parte de esos recursos se gestionan fuera del Congreso, en las regiones y en los sistemas de seguridad social. Un Estado con semejantes dimensiones exige una base tributaria amplia y sólida para sostenerse, y Colombia carece de ella.

El recaudo fiscal es bajo no porque los ciudadanos se nieguen a cumplir, sino porque el tejido productivo es predominantemente informal y una porción significativa de la población vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Los impuestos solo se pueden cobrar donde existen ingresos formales y registros contables, y en el país una parte enorme de la actividad económica carece de ambos. Por esta razón, la carga fiscal termina recayendo exclusivamente sobre quienes se encuentran visibles, los asalariados y las empresas formales.

Estas empresas corresponden en su gran mayoría a micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del noventa y nueve por ciento del tejido empresarial y cerca del setenta y nueve por ciento del empleo nacional. No se trata de grandes corporaciones respaldadas por equipos de especialistas en impuestos, sino de pequeños comercios, talleres, restaurantes y negocios familiares que operan con márgenes muy ajustados. De este modo, la población con menores ingresos y los negocios más pequeños soportan una sobrecarga impositiva, mientras una fracción considerable de la economía opera al margen del sistema. Así se consolida un círculo vicioso donde los tributos elevados desincentivan la formalización, la informalidad reduce el recaudo y la caída en el recaudo obliga a exigirle más a los contribuyentes de siempre.

A este panorama se suma que hemos llegado a un punto extremo en el que prácticamente cada actividad de los colombianos tiene detrás alguna clase de tributo. A lo largo de la cadena de suministro, desde la compra de los insumos hasta la entrega del producto final, se pagan impuestos una y otra vez en múltiples momentos, lo que encarece de forma notable las cosas y dificulta el acceso de las familias a bienes y servicios fundamentales. A esto se añade que en el país existe una marcada cultura de aplicar subsidios cruzados en un sinnúmero de servicios públicos, lo que da origen a contribuciones ocultas y parafiscales que rara vez se tienen en cuenta al calcular la verdadera carga tributaria que soporta la sociedad. Los tributos no dependen de una sola instancia, sino de tres niveles de gobierno, la Nación, los departamentos y más de mil municipios, cada uno con sus propias normativas, tarifas y trámites. Nadie calcula el impacto acumulado de estas obligaciones. Como consecuencia, se soporta una maraña de impuestos sobre impuestos que se agrava cuando el capital acumulado y el ahorro, forjados con esmero después de pagar toda esta carga fiscal, terminan siendo destruidos y prácticamente expropiados por el mismo Estado. Las instituciones desconocen la carga tributaria real que soportan las personas y las empresas, perdiendo la capacidad de evaluar si están destruyendo el bienestar de los hogares o aniquilando la supervivencia de los negocios.

Detrás de este desorden opera una estructura tributaria marcadamente antitécnica que tiene que ser estudiada y sobre todo corregida de inmediato. Los impuestos no deberían responder a la urgencia fiscal de cada vigencia, sino regirse por principios claros que Colombia incumple sistemáticamente. El primero exige que los impuestos estimulen el desarrollo económico, pero en el país encarecen la contratación, la formalización y el crecimiento, haciendo más rentable permanecer pequeño e informal. El segundo busca que los gravámenes no sean distorsionadores, entendiendo por distorsión el impacto directo de los propios impuestos al alterar artificialmente los precios, las decisiones de consumo de las familias y las elecciones de producción de las empresas, de modo que las decisiones cotidianas se mueven por la presión fiscal y no por la eficiencia natural. El tercero dictamina que los tributos no deben deteriorar el bienestar sino incrementarlo, pero en Colombia este principio se vulnera al desatender la calidad de los servicios públicos y cargar excesivamente a los contribuyentes visibles. El cuarto establece que no se debe destruir riqueza, pero en la práctica se exigen impuestos incluso cuando los negocios registran pérdidas o cuando se castiga de forma confiscatoria el ahorro acumulado, obligando a los empresarios a vender activos, recortar inversiones o cerrar sus puertas. El quinto señala que los tributos deben ser pocos, sencillos y fáciles de recaudar, exigiendo un sistema radicalmente más simple que elimine la complejidad actual de contratar asesoría solo para entender las obligaciones. El sexto exige respetar la estabilidad económica y de contexto, mientras que en el país las reglas de juego se modifican mediante reformas constantes, generando una incertidumbre generalizada que se castiga con menor inversión y menor crecimiento económico.

Por estas razones resulta imperativo un cambio de paradigma y detener de tajo, sin más disculpas, esta dinámica permanente de pretender cobrar más y más impuestos. Los recursos masivos que ya se extraen de los hogares y las empresas tienen que alcanzar. Durante décadas se ha aplicado la misma fórmula repetitiva, ante la voracidad del gasto, se promueve una reforma tributaria, se negocian excepciones particulares, se incrementa alguna tarifa y, al cabo de dos años, reaparece el déficit fiscal. Reiterar este ciclo esperando resultados distintos carece de lógica estratégica. Es imperativo transitar hacia un modelo donde el gasto público sea sustancialmente menor y se priorice la ampliación de la base de contribuyentes antes que el incremento de las tarifas. Se requiere simplificar de manera radical los tres niveles impositivos, medir con precisión el esfuerzo fiscal real y aliviar la presión sobre los ciudadanos y las empresas para permitirles crecer. Todo ello debe estar acompañado de estabilidad económica y de contexto, y de una mayor calidad en el gasto, porque nadie paga con agrado sus impuestos cuando percibe que los recursos se desaprovechan o destruyen la riqueza del país.

Ninguna nación alcanza el desarrollo con una economía informal masiva y un Estado que consume una porción desproporcionada de la riqueza nacional sin devolver bienestar a quienes lo financian. Colombia tiene la oportunidad de superar este rumbo, pero requiere abandonar las recetas de siempre para adoptar mayor rigor técnico, visión de largo plazo y menor improvisación.

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