Los emprendedores no necesitan incentivos

Durante años, las iniciativas relacionadas con emprendimiento, se han concentrado, desde la perspectiva de los negocios nuevos, en aumentar la velocidad de creación de una empresa, en dar incentivos temporales para acelerar su incubación,  en desarrollar la generación de ideas, la innovación etc. Por otra parte, convencidos de que nuestras micro, pequeñas y medianas empresas tienen recursos y capacidades limitados, nos hemos dedicado a generar programas que intentan fortalecer tales dimensiones. 

No obstante lo mencionado, paralelamente, hemos creado un ecosistema tributario que expropia los márgenes de estos emprendimientos, que depreda los negocios pequeños o los condena al subdesarrollo, pues les quita la posibilidad de generar verdadera riqueza que se convierta en el combustible para crecer, desarrollar los recursos, las capacidades y generar ventaja competitiva. 

Estamos obsesionados con la formalidad, perdiendo de vista que para un emprendedor no es negocio ser formal. La realidad, es que la única manera de generar riqueza en ciertas industrias es manteniéndose escondido de tal ecosistema depredador. 

Pero ahí no para todo, tal expropiación la hemos extendido a las personas naturales quitándoles la posibilidad de generar riqueza que les permita invertir en nuevos emprendimientos. Parece que el único camino posible, es ser empleado e invertir los pocos recursos ahorrados en apartamentos, taxis, tiendas, restaurantes o alguna suerte de negocio incipiente. 

Para una micro, pequeña o mediana empresa, crecer significa evolucionar de manera orgánica, autónoma, sin depender de mecanismos artificiales como incubadoras y respiradores representados en programas de apoyo o alguna otra suerte de artificialidad.

Perdemos de vista que para evolucionar, es necesario tener acceso a tecnologías novedosas que están disponibles en el mercado, a contratar talento humano costoso que traiga nuevas ideas y consultores externos caros que nos ayuden a solucionar problemas estructurales, también implica poder invertir en investigación y desarrollo para encontrar mecanismos que nos permitan separarnos de nuestros competidores. Sin embargo, en aras de asegurar todo lo anterior, la empresa debe generar margen y riqueza suficientes para remunerar correctamente a sus dueños y además, generar excedentes que le permitan adquirir todo lo mencionado. 

Nadie desarrolla un negocio de forma contundente, con márgenes que inicialmente parecen ser gigantescos, pero que luego de descontar los importes que alimentan al ecosistema depredador, terminan siendo famélicos y no alcanzan ni siquiera para ofrecer una vida decorosa a quien emprende. 

Sin duda, en materia de políticas de emprendimiento, no vamos por el camino correcto, buena parte de los recursos se focalizan en generar mecanismos artificiales que contrarresten un monstruo creado por nosotros mismos. El resto, se emplea para fomentar comportamientos que son naturales en el ser humano como el emprendimiento y la innovación, pero que en el marco de un ecosistema tan hostil, se reprimen y languidecen. 

Es necesario generar un cambio de rumbo que modifique el ecosistema, que comprenda que no podemos seguir pretendiendo castigar a las micro, pequeñas y medianas empresas con impuestos mal estudiados y poco técnicos, sin tener consecuencias. Que tales medidas lo que consiguen, en resumidas cuentas, es profundizar la desigualdad: nuestros impuestos, además de ser terriblemente distorsionadores, castigan de forma implacable los capitales pequeños mientras resultan ser inofensivos para los más grandes. 

En definitiva, lo que necesitan los emprendedores, más que estímulos o incentivos, es la generación de un entorno en el que emprender, generar riqueza, crecer y evolucionar, sea un proceso completamente natural. 

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Pandemia por COVID-19: ¿están los mandatarios locales haciendo el trabajo para el que los contratamos?

El artículo 315 de nuestra constitución política asigna a los alcaldes la responsabilidad de “dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo”, por lo tanto, bien valdría la pena indagar un poco más para establecer en qué consisten tales funciones y servicios. Al respecto, la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012 definen, entre otras, dos funciones esenciales que le corresponden al municipio y que por ende son de completo resorte de los alcaldes: i. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, ii. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.

Así las cosas, es claro que los alcaldes tienen la ineludible responsabilidad de cuidar que todo salga bien para nosotros, en dos dimensiones esenciales de nuestra cotidianidad: la salud y el desarrollo económico. 

Dicho lo anterior, vale la pena aclarar que las decisiones que han venido tomando los alcaldes para enfrentar la pandemia, se han concentrado en restringir la libertad de las personas, fundamentalmente,  prohibir el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, en dimensiones como movilidad, actividad socioeconómica etc; todo esto, con el objetivo de reducir la velocidad de contagio del COVID-19. La idea es procurar que la capacidad instalada con la que cuenta el país hoy día, en materia de servicios de salud, sea suficiente para atender la demanda generada por la pandemia. 

Ahora bien, la pregunta que habría que hacerse es si en el marco de tales decisiones los alcaldes están logrando los resultados para los cuales como sociedad los contratamos. Es claro, que las medidas de restricción de la libertad que vienen aplicando con tanta vehemencia destruyen la economía, por lo tanto, por esta vía no se está promoviendo el mejoramiento económico, al contrario, lo que se persigue es el indefectible deterioro económico de todos los hogares y habitantes de nuestros municipios. 

Por otro lado, en ningún caso parecen estar trabajando en mejorar los servicios de salud, por lo que sabemos en la gran mayoría de municipios, se tiene basicamente la misma precariedad de siempre. La pandemia sigue y seguirá avanzando sin importar qué tanto nos encerremos, claramente, el COVID-19 es algo de lo cual no nos podemos esconder, por lo tanto, conforme vaya creciendo el contagio, irá aumentando indefectiblemente la demanda por servicios de salud, haciendo cada vez más evidente su insuficiencia y baja calidad. En consecuencia, no se estará dando solución tampoco a nuestras necesidades insatisfechas en materia de salud, por el contrario, cada vez serán más los hogares y habitantes de los municipios con dificultades para acceder a tales servicios esenciales. 

Todo lo enunciado nos lleva a concluir, que gracias a las decisiones que los alcaldes han venido tomando, cada vez se irán comprometiendo en mayor medida dos derechos fundamentales de las personas: la libertad y la vida. En el marco de una oferta de servicios de salud débil como la actual, necesariamente la mortalidad asociada a la pandemia aumentará conforme el contagio se incremente, pero, además, cuando esto pase, mayores serán los incentivos para encerrar en sus casas a todas las personas. 

La dinámica que se está materializando en el país alrededor del COVID-19 nos recuerda aquel viejo chiste en el que alguien, para solucionar el problema de infidelidad de su cónyuge, tomaba la decisión de vender el sofá en el que los infieles de acostaban, asumiendo que con esta medida la infidelidad desaparecería, sin darse cuenta de que aplazaba la verdadera solución relacionada seguramente con cambiar de pareja.  Lo claro en nuestro caso, es que, de no modificar esta lógica de decisión local, al final de cuentas, las personas en los municipios terminarán pobres, enfermas, muertas y cautivas. 

No obstante, hemos perdido 5 meses valiosos de preparación, aún no es del todo tarde para modificar drásticamente la estrategia que venimos implementando. Los recursos financieros que tenemos son más que suficientes para materializar un resultado distinto al proyectado, que garantice la libertad de las personas, que preserve sus vidas y permita una total reactivación económica asegurando el acceso a servicios de salud de tal calidad, que todos podamos estar protegidos y tranquilos. 

En la actualidad tenemos una ventaja y es que podemos aprender de los errores del pasado. Hoy día sabemos, por ejemplo, que para mejorar los servicios de salud no basta con adelantar procesos contractuales para comprar ventiladores, tenemos conciencia de que lo que en realidad se requiere son unidades de salud adicionales totalmente funcionales, operando correctamente. Además, tenemos claro que la atención durante las etapas previas a la hospitalización es crucial y que debe operar como si fuera proporcionada por la más eficiente y eficaz empresa privada.  Pero más importante aun, sabemos que los alcaldes son personas que contratamos como sociedad para que desarrollen un trabajo muy particular y que tenemos la potestad de exigirles que lo lleven a cabo sin ninguna dilación ni excusa. 

No necesitamos gobernantes que nos digan “quédate en casa”

No necesitamos gobernantes que nos digan “quédate en casa”, necesitamos gobernantes ágiles, eficaces que se encarguen de preparar  todo el entorno productivo, de interacción social y por supuesto, de servicios de salud; para garantizar nuestra libertad y al mismo tiempo mantener controladas las tasas de mortalidad y morbilidad del COVID-19. 

No necesitamos gobernantes que nos digan mediante medidas de “pico y placa” a qué hora y qué día podemos movilizarnos y de qué manera debemos hacerlo, necesitamos gobernantes capaces de construir y poner en operación oportunamente infraestructura de movilidad, así como sistemas de transporte eficientes y de alta calidad, capaces de disponer todo el entorno jurídico y económico para facilitar, además,  el acceso a tecnologías más limpias de transporte que garanticen nuestra salud y bienestar.

No necesitamos gobernantes que nos digan a qué velocidad debemos movernos y que nos persigan mediante policías y cámaras para castigarnos cada vez que desobedezcamos su mandato, necesitamos gobernantes capaces de proporcionarnos infraestructura y entornos de movilidad seguros por los que podamos transportarnos con completa libertad y tranquilidad preservando nuestras vidas y las de los demás.

No necesitamos gobernantes que nos digan qué substancias podemos o no consumir, necesitamos gobernantes que proporcionen las condiciones necesarias para construir un entorno de capital social robusto, que aseguren un consumo responsable e informado. 

No necesitamos gobernantes que nos digan si podemos o no llevar a un acompañante en una motocicleta, queremos gobernantes capaces de identificar y desarticular las estructuras ilegales que utilizan éste tipo de vehículos para hacer sus fechorías. 

No queremos gobernantes que nos digan si podemos o no utilizar una aplicación como Uber que nos facilita la vida, queremos gobernantes que generen todos los incentivos para que nuevas iniciativas de estas características, sean eficazmente involucradas en un proceso de transformación real, al interior de industrias que en la actualidad no funcionan bien. 

A lo largo de nuestra historia, hemos dado forma a instituciones basadas en el autoritarismo, cuyo principal fundamento es controlar el comportamiento de una sociedad ignorante que no tiene plena conciencia de sus actuaciones. Desde los gobernantes Muiscas, pasando por los españoles y criollos, hasta los “doctores” de nuestros días, el papel de los gobernantes ha estado focalizado en decirle a los gobernados lo que deben hacer, abstrayéndose de la verdadera responsabilidad centrada en proporcionar de manera ágil y oportuna todos los bienes, servicios públicos y condiciones, para que la sociedad tenga el bienestar necesario y pueda materializar su felicidad. 

Como se puede apreciar en algunos de los ejemplos que encabezan este escrito, tales instituciones aún se encuentran completamente vigentes y convivimos con ellas no obstante lo negativas, anacrónicas y destructivas que pueden ser. Tal vez convenga ampliar un poco más el argumento con la ayuda de algún ejemplo. 

En la actualidad nos enfrentamos a un problema sin precedentes que los diferentes países han afrontado de formas distintas. La mayoría de ellos, incluido Colombia, no estaban preparados para un desafío de estas magnitudes, por lo tanto, el consenso internacional estableció que lo mejor era tomar una decisión extrema como el aislamiento social, con todos sus costos, a fin de hacer tiempo, poder comprender el fenómeno y prepararse para sobrellevarlo de forma eficaz. 

No obstante, dependiendo de la estructura institucional, en cada caso, de las reglas sociales que se han configurado a lo largo de la historia, algunos países de inmediato iniciaron un proceso muy claro de redistribución de recursos públicos, dirigido a proporcionar muy rápidamente los bienes y servicios necesarios para garantizar el bienestar de las personas. Cómo consecuencia de ello, paulatinamente han ido migrando hacia medidas de distanciamiento voluntario que permitan la reactivación económica y que restablezcan la libertad de las personas. 

En el caso de Colombia, muy rápidamente los gobiernos locales tomaron decisiones tan extremas como el aislamiento obligatorio e incluso toques de queda, medida comprensible dadas las debilidades del país en relación con la provisión de bienes y servicios necesarios para enfrentar efectivamente la pandemia. No obstante, luego de aproximadamente dos meses de sobrellevar tales medidas, muchos gobiernos locales siguen tan poco preparados como al principio,  además de muy cómodos decretando toques de queda, así como drásticas medidas de aislamiento obligatorio. Los costos de la actuación de estos gobernantes autoritarios son insospechados, pero pueden ser medidos en términos de muertes causadas por la pandemia, en la medida en que lo único que han logrado es retrasar la evolución de un fenómeno epidemiológico inevitable, la destrucción de empresas, la reducción de la riqueza de los hogares, el aumento de la pobreza etc. 

Es hora de desmontar estás instituciones que nos han hecho tanto daño a lo largo del tiempo y que en una situación desfavorable como la actual, nos están metiendo paulatinamente en una de las peores crisis económicas y sociales de la historia. Cómo ciudadanos, tenemos la obligación de exigir por todos los medios y de manera implacable, la preservación de nuestra libertad como uno de nuestros derechos más preciados, al tiempo que exigimos un cambio de paradigma público y desmontamos por completo los gobiernos autoritarios para convertirlos en proveedores pertinentes de bienes y servicios públicos.  

Coronavirus Covid-19: si en época de crisis requerimos resultados distintos, nuestros líderes no pueden actuar de la forma acostumbrada

Para la mayoría de personas que vivimos en países tercermundistas, el Estado no es más que un mal necesario, un ente lejano que existe, sabemos que funciona mal y nunca logrará satisfacer nuestras necesidades. Dado el poco interés y desconfianza que sentimos hacia sus capacidades, las decisiones que tomamos con respecto a su conformación, son ligeras, emocionales, estamos dispuestos a “poner el rasguño en el dedo, por delante, del bienestar  de toda la humanidad”. 

Sin embargo, cuando se presentan situaciones críticas como la actual, que nos generan miedo, desasosiego y sobre todo, incertidumbre; la importancia del Estado cobra valor especial. Empezamos a comprender que nuestra libertad y supervivencia dependen en buena medida de las capacidades de nuestros líderes, cuestionamos nuestras pasadas decisiones, poniendo al fin la racionalidad y el bien común por delante de nuestros propios intereses. 

En ninguna ocasión que nuestra generación recuerde, nuestro futuro y el de todos los que queremos, había estado completamente en manos de las personas que elegimos para regir nuestros destinos, jamás en nuestras vidas, los problemas que cotidianamente aparecían en los periódicos cada mañana y que ignorábamos de manera consciente, estuvieron tan cerca de destruir todas nuestras esperanzas. Fraudes en educación, alimentación escolar, atención de enfermedades huérfanas, sobrecostos y sobornos en contratos de infraestructura, corrupción al interior de las EPS e IPS, quiebras de hospitales etc., parecían lejanos y dañinos para alguien más, por lo que pasábamos la página con la certeza de que se trataba de problemas de otros.

Colombia es un país que por décadas ha funcionado mal, su Estado es una organización llena de ineficiencias, corrupción, inexperiencia, ignorancia, intereses ocultos, delincuencia...en general, todo tipo de problemas que históricamente han impedido que los bienes y servicios públicos lleguen de manera eficaz a todos sus ciudadanos. Ahora, si estos resultados han sido tales en situaciones de normalidad, ¿por qué esperaríamos que durante la crisis todo opere de forma diferente?

Ya no es momento para escoger nuevos lideres, sin embargo, podemos exigirles resultados diferentes. Oportunamente, aquellos que nos guían, han tomado la decisión de aislarnos en nuestras casas con el objetivo de intentar reducir los excesos de demanda que el Covid-19 pueda generar en relación con la precaria oferta de servicios de salud, no obstante, cuanto más tiempo estemos encerrados, más profunda será la crisis económica a la que nos enfrentemos. De otro lado, el aislamiento demora la morbilidad y por esta vía la mortalidad, sin embargo, se trata de una medida que retrasa un resultado inminente con el objetivo de prepararnos y ampliar de forma cuidadosa la oferta de servicios de salud, que reducirá la mortalidad en la medida en que preservará las vidas de aquellos que con una detección y atención oportuna, puedan salvarse. 

Ahora, si nuestros líderes no hacen una gerencia magistral, si no implementan mecanismos mucho más eficaces que los acostumbrados para garantizar la ampliación drástica de camas , respiradores, unidades de cuidado intensivo, el desarrollo ampliado y efectivo de pruebas de detección, la provisión impecable de toda clase de insumos médicos, el funcionamiento perfecto de toda la cadena de suministro de alimentos, bienes de primera necesidad y el control impecable del orden público; terminaremos en el peor de los mundos: con un aislamiento eterno cuyas consecuencias económicas serán insospechadas, con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, en el marco de situaciones de escasez, hambre y descontrol social. 

Por lo tanto, por nuestra libertad y supervivencia, vale la pena exigirles resultados diferentes, rigurosidad extrema, abandono completo del populismo y la politiquería habitual, para que se dediquen puntualmente a hacer la labor para la cual los contratamos. Por supuesto, midámoslos con los indicadores correctos y bajo ninguna circunstancia, aceptemos las excusas de siempre: lo que necesitamos como sociedad es una entrega de bienes y servicios absolutamente eficaz y eficiente que garantice menos muertos y caos que en cualquier otro país del mundo, posteriormente requeriremos la reactivación responsable y sería de la economía de manera que recuperemos rápidamente todo el bienestar perdido durante esta época aciaga. 

No perdamos de vista que como nunca antes, nuestro futuro depende de la efectividad gubernamental y que no podemos esperar lograr resultados diferentes, actuando de la misma forma en que siempre lo hemos hecho. 

La purga de los Cátaros por la Iglesia Católica Romana y sus similitudes con el asesinato de líderes sociales en Colombia

La exterminación de los Cátaros en el siglo Xlll se configuró como una de las purgas más conocidas y documentadas de la historia occidental, específicamente sus causas tienen que ver con la preocupación de la iglesia con respecto a las ideas liberales y progresistas planteadas por este grupo religioso. Sus puntos de vista comprometían toda una institucionalidad construida para preservar los intereses de unos pocos, en esencia, en caso de que los planteamientos gnósticos hubiesen proliferado al interior de la doctrina cristiana, La Iglesia Romana hubiese perdido su rol como el vínculo monopolístico entre lo mundano y lo divino. Las consecuencias de una transformación de estas características implicarían la democratización de la religión cristiana con la natural decadencia política de la iglesia como institución.

El asesinato sistemático de los Cátaros tiene relación directa con el surgimiento de La Inquisición, como la institución encargada de erradicar las ideas liberales de la época, más conocidas como ideas heréticas.  Además, está vinculado con el inicio del Oscurantismo, aquella época funesta en la que buena parte del conocimiento de la humanidad fue destruido.

La sociedad colombiana parece tener arraigadas en lo más profundo de su esencia, dinámicas similares, a lo largo de su historia, diferentes grupos con intereses específicos, han configurado instituciones tanto explícitas como tácitas, dedicadas a erradicar durante los siglos XX y XXI la “herejía” política de distintos grupos poblacionales. El asesinato sistemático de Los Liberales en la época denominada “La Violencia”, que tuvo su auge luego del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, la erradicación de miembros declarados de movimientos como la Unión Patriótica, proclamado como el brazo político de las guerrillas marxistas, que tuvieron su origen en movimientos armados liberales y la reciente exterminación gradual de los Líderes Sociales, personas capaces de movilizar a la población de las regiones colombianas en torno a ideas que afectan la estabilidad económica y política de ciertos sectores;  fundamentan por completo dicha hipótesis.

En la actualidad, parece existir todo un arreglo institucional subterráneo, que desempeña de manera eficiente un rol eminentemente inquisitorial, su misión es desaparecer a cualquier persona que tenga ideas que comprometan los intereses de los grupos poderosos que mueven los hilos del poder.

El resultado de un proceso de estas características, no es otro que el oscurantismo político de un país que a lo largo de los años se ha consolidado como  uno de los más desiguales y con mayor índice de asesinatos por cien mil habitantes de toda la humanidad.

Luego de la purga cátara  y varios siglos de oscurantismo, finalmente las ideas liberales se impusieron gracias al surgimiento de la ilustración, la cual trajo consigo el renacimiento de la humanidad, una época maravillosa en la que aparecieron las semillas ideológicas que posteriormente posicionarían los fundamentos democráticos como la base de la mayoría de Estados contemporáneos. Sin duda, estos eventos tienen una relación estrecha con la abolición de La Inquisición como institución en el siglo XIX y la desaparición de su rol en el control violento de la herejía.

Tuvieron que pasar cinco siglos antes de que la humanidad empezara a abrir espacios para la liberalidad, para el conocimiento y la democratización  de ideas. No fué sino hasta ochocientos años más tarde, que la comunidad católica de una macrorregión denominada Occitania donde fueron asesinadas 200 personas quemadas vivas,  iniciara un proceso para pedir perdón por la matanza.

Cuánto demorará la sociedad colombiana en comprender el error histórico que está cometiendo, en qué momento tomará la decisión social de desmontar las instituciones  sobre las cuales se soporta la purga de todos aquellos que profesan ideas políticas diferentes, cuándo pedirá perdón por todos estos asesinatos. Somos varios quienes no perdemos la esperanza de que a Colombia llegue al fin la ilustración política, época en la que renazcamos como Nación y en la que las ideas progresistas que buscan una sociedad más justa y democrática, terminen por imponerse.