viernes, 28 de junio de 2013

A PROPÓSITO DE LAS CRISIS MINISTERIALES Y SUS TERRIBLES CONSECUENCIAS





En el marco de esta corta columna, no pretendo establecer un tratado sobre los innumerables problemas de la gestión pública moderna, únicamente espero motivar en los lectores cierto grado de reflexión, con respecto a uno de los cánceres ocultos de mayor incidencia sobre la efectividad de la intervención pública, sobre el que Colombia no posee derechos de exclusividad: se trata de un mal endémico que afecta a varios países de la región.

La “desorientación estratégica” de las instituciones públicas, es un problema de una gravedad inusitada, que lleva a que la intervención pública opere de manera errática desperdiciando recursos escasos, mientras el bienestar de sus beneficiarios de deteriora en términos reales de manera paulatina, en el marco de un proceso anacrónico que reduce la disponibilidad per cápita de bienes y servicios públicos, mientras presiona al alza el recaudo de recursos. 

De acuerdo con el Informe Comparativo Internacional del Departamento Nacional de Planeación - DNP -, Colombia se encuentra entre los países peor calificados en eficacia pública, mientras  el recaudo impositivo per cápita, se ubica justo en el promedio del grupo de países con características similares con los cuales se hizo la comparación. Este particular no es más de una expresión cuantitativa de lo que percibimos todos los ciudadanos en nuestro entorno cotidiano: mayores impuestos y menor provisión de bienes y servicios públicos oportunos y de calidad.

¿Pero qué explica esta condición? ¿Qué hace que salgamos a la calle y nos encontremos en el orden del día con embotellamientos, calles destrozadas, corrupción, inseguridad y filas en las afueras de los hospitales?
 
La eficacia en la orientación estratégica de cualquier organización, depende de dos condiciones  fundamentales de los equipos directivos: i. experticia gerencial y habilidad técnica para definir la orientación estratégica correcta ii. Estabilidad para garantizar procesos de implementación sostenidos y efectivos. 

Evaluemos esta perspectiva a la luz de experiencias asociadas a nuestro sector público:

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P - ISA - es una empresa de carácter mixto considerada por todos como un ejemplo de desarrollo empresarial sostenido, el éxito de su operación está fundamentado por equipos directivos expertos en gerencia de organizaciones complejas, que han hecho carrera en el sector antes de llegar a dirigir: durante casi medio siglo de operación esta institución ha tenido solamente seis gerentes.

En el otro extremo del espectro se encuentra el Ministerio de Salud y la Protección Social - MSPS -,  una organización que ha experimentado una fusión y una escisión en un periodo no superior a  diez años, responsable de un sector en crisis, caracterizado por su incapacidad para garantizar la entrega a la sociedad de bienes y servicios públicos prioritarios. Entre el 2010 y el 2013 esta organización ha tenido tres equipos directivos diferentes, responsables de direccionamientos estratégicos diversos; los ministros han tenido perfil de investigadores y  han hecho carrera en la academia, con tránsitos fugaces por la dirección de organizaciones públicas complejas de sectores dispares antes de llegar al ministerio.

Los estudios realizados por el Massachusetts Institute of Technology - MIT - concluyen que el tiempo estimado para alcanzar el máximo rendimiento, en el desempeño de cargos ejecutivos al interior de organizaciones complejas como las anotadas, es superior a 26 semanas. Este horizonte es factible, en  casos en los que los directivos provienen del mismo sector al que son vinculados y han surtido un proceso de formación gradual, mediado por el desarrollo de altos estudios en gerencia y la acreditación de experiencia que los capacita para dirigir empresas. En el caso de ISA es claro que la organización ha logrado capitalizar la curva de aprendizaje de sus directivos, sin embargo, considerando las características de los perfiles de los ministros y los resultados del sector, en el caso del MSPS es técnicamente imposible que estos directivos hayan alcanzado el tope de su curva de aprendizaje, en el marco de tiempos de rotación tan cortos. De hecho, es posible que los horizontes de la curva de aprendizaje en este caso, se quintupliquen debido a las limitaciones en materia gerencial de los perfiles mencionados.

Dinámicas como la observada en el MSPS pueden encontrarse en casi cualquier organización del sector público, en la actualidad el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano, cuya misión es “desarrollar proyectos sostenibles para mejorar las condiciones de movilidad en términos de equidad, integración, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito Capital, mediante la construcción y conservación de obras de infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público”, es dirigido por una Comunicadora Social y Periodista, Especialista en Opinión Pública y Marketing Político, Máster en Análisis de Problemas Económicos, Políticos e Internacionales Contemporáneos; por otro lado, todos tenemos noticia de la alta rotación de cuerpos directivos, que ha tenido esta organización durante los últimos años.  

La solución para una problemática como la descrita, es reformar completamente el proceso de vinculación de altos servidores públicos, de manera que se garantice la estabilidad y su idoneidad gerencial. La descripción de esta reforma, será la base para una columna de próxima publicación. 

Government Analytics: el siguiente paso hacia una administración pública efectiva.

Fuente: Grupo Productiva Consultoría 


El Gobierno invierte una parte muy importante de sus recursos en la recopilación de cifras. Si estas cantidades masivas de datos empiezan a ser usadas por nuestros funcionarios de manera sistemática, intensiva, descriptiva, predictiva y prescriptiva; podríamos lograr la consolidación de un estado inteligente que logre solucionar de manera efectiva las necesidades de la población más necesitada.

Nuestro país es prolífico en la creación e institucionalización de sistemas de información para todos los temas imaginables. Los siguientes son apenas algunos ejemplos pero la lista es interminable: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI), Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Pública (SUIFP), Registro Único de Proveedores (RUP), Sitema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG), Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF),   Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programa Sociales (SISBEN), Sistema de Información del Sector Educativo (SISE) etc…etc. 

De acuerdo con un estudio reciente de IBM Institute for Business Value[1], los funcionarios públicos alrededor del mundo dedican la mitad de su tiempo diario al proceso de recopilar información y menos de un tercio a analizarla en profundidad con el fin de generar insumos para la toma efectiva de decisiones.
La percepción de nuestros servidores públicos con respecto a esta generación masiva de datos está alineada de las conclusiones del estudio de IBM: la mayoría de su trabajo se resume en solicitar información, estructurar bases y enviarlas para que alguien en la cadena jerárquica desarrolle una secuencia de actividades similar a la de ellos. La pregunta lógica en este caso es si una dedicación agregada tan masiva de recursos, soportaría un Analisis Beneficio Costo (ABC), es decir si el costo de alimentar todos estos sistemas es compensado por los beneficios generados por su utilización durante el proceso de toma de decisiones públicas. Cuando se examinan algunas cifras empieza a dudarse de la posibilidad de que esta evaluación arroje resultados positivos. De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia el monto de las pretensiones económicas contra el estado en los últimos cuatro años ha oscilado entre  63.4 y 129.9 billones de pesos, la Fiscalía General de la Nación estima que las pérdidas en el Distrito Capital por cuenta del carrusel de la contratación podrían llegar a los dos billones de pesos y de acuerdo con las directivas de la misma institución, el monto del desfalco a la DIAN supera el billón de pesos. Lo complejo en todos estos casos es que el Gobierno cuenta con información que le permitiría prevenir este tipo de problemas si la utilizara de la manera apropiada.

Los principios de Government Analytics justamente buscan convertir al Gobierno como un todo en una organización inteligente que tome decisiones basadas en el análisis pormenorizado de la información, de manera que evite cometer errores similares a los mencionados en el párrafo anterior, que lo conduzcan a reducir la efectividad de sus intervenciones.

 Government Analytics no es otra cosa que la aplicación de técnicas analíticas (econometría, estadística, optimización etc), durante el proceso de resolución de los asuntos de Estado. Provee un marco para la toma de decisiones que ayuda a los Gobiernos a resolver dificultades complejas, mejorar su desempeño y anticiparse a la ocurrencia de los problemas administrando y balanceando de manera apropiada los riesgos que le son propios.

En la actualidad Colombia posee más datos de los que necesita, pero aun no los utiliza de la manera apropiada. Existe  un indicador denominado Índice de Visión Analítica (AVI), que mide la capacidad de las organizaciones públicas para utilizar la analítica de forma extendida y sistemática, y de promoverla como una habilidad o aptitud empresarial. Al analizar con cabeza fría la situación del sector público colombiano se puede decir que las Instituciones del Gobierno se circunscriben apenas a revisar periódicamente los datos históricos para establecer si su desempeño fue positivo o negativo. Sin embargo muy pocas o ninguna, utilizan los datos de manera sistemática para alimentar modelos que les permitan prevenir posibilidades de fraude, identificar riesgos de contratación, definir la localización más efectiva de la fuerza pública etc. En las condiciones actuales nuestro sector público puede ubicarse a lo sumo en el segundo nivel de cinco posibles dentro del escalafón del indicador, es decir está muy lejos de ser considerado inteligente a la luz de este modelo.



[1] Messatfa, H; Reyes, L; Schroeck, M. (2010). El poder de la analítica en el sector público: cómo conseguir la competencia analítica para acelerar los resultados. IBM Institute for Business Value.

miércoles, 26 de junio de 2013

¿Por qué falla el aparato público?


Fuente: Pauta


Alguna vez se ha preguntado acerca de las razones por las cuales i. la malla vial de las principales ciudades del país nunca está en condiciones óptimas, ii. trámites sencillos ante organismos públicos que deberían demorar horas se tardan meses, iii. los más vulnerables de la sociedad deben hacer fila en la madrugada para recibir atención en un hospital público, iv. diariamente nos vemos avocados al maltrato, la inseguridad y el hacinamiento del transporte público…en fin… ¿alguna vez ha indagado acerca de las razones por las cuales el aparato público parece tan poco interesado en el bienestar y  satisfacción de sus clientes, los ciudadanos?

Llevo varios años de mi vida como consultor y académico haciéndome esa pregunta y soñando con que alguna vez los servicios que recibo del aparato público estén tan ajustados a mis intereses y expectativas, como los que me ofrecen compañías con objetivos menos altruistas como mi proveedor de teléfonos inteligentes y cierta cadena de hoteles que visito con alguna frecuencia.

Un elemento altamente perjudicial para la efectividad pública es la exagerada rotación de los cuerpos directivos de todas las organizaciones gubernamentales, las famosas crisis ministeriales y las absurdas renuncias protocolarias son en parte culpables de este fenómeno que se profundiza por la poco atractiva escala salarial de las mal remuneradas plazas de libre nombramiento y remoción. Para ponerles un ejemplo concreto, recientemente, en mi trabajo como consultor al interior de un ministerio me vi obligado a interactuar con 3 directores del área misional y 3 secretarias generales en un lapso de apenas 8 meses. El sentido común nos dice que si hasta en el más modesto de los restaurantes, cambiar de administración cada 3 meses da al traste con la calidad del servicio, en una organización de más de mil funcionarios, las consecuencias pueden ser dramáticas.

Esta condición que a primera vista parece inofensiva tiene resultados funestos en todas las dimensiones corporativas, impide el desarrollo de proyectos de largo aliento en la medida en que los cambios directivos suponen, en todos los casos, cambios de direccionamiento estratégico. Por otro lado, trae consigo la desaparición del Know-How institucional de alto nivel, pues cuando sale de una entidad un director general, un ministro o un alcalde, se va con él todo el equipo familiarizado con el negocio, habilitado para tomar decisiones.

A esto hay que sumarle el hecho de que a estos cargos rara vez llegan personas suficientemente capacitadas para gerenciar organizaciones complejas, en esencia, parece que haber sido narrador deportivo, concejal, congresista, líder sindical o sacerdote, genera las capacidades en materia de planeamiento, toma de decisiones, liderazgo de equipos de alto desempeño; necesarias para dirigir con éxito organizaciones complejas como un distrito o un ministerio. Además, erróneamente tendemos a considerar que el hecho de tener estudios de doctorado en el exterior en ciencias como la economía o el derecho, es una garantía suficiente para asegurar el buen desempeño gerencial. Con conocimiento de causa les puedo decir que en ninguno de los pensum de estos programas de formación aparecen elementos dirigidos a generar capacidades en cualquiera de las dimensiones que definen el perfil de un buen gerente, por el contrario, lo que fundamentan en muchas ocasiones es la especialidad en contravía de la integralidad y el trabajo individual en detrimento de la interacción colectiva.

Como si la inestabilidad organizacional y la escasa capacidad directiva no fueran factores lo suficientemente críticos como para dar al traste con la facultad del gobierno para atender de manera decorosa a sus ciudadanos, existe otra condición que dificulta toda su operación. Las personas que trabajan al interior del gobierno tienden a pensar que el negocio de lo público es altamente complejo y que esta condición es inmodificable. Mi percepción luego de definir procesos al interior de un buen número de organizaciones públicas, es que el negocio de todas ellas es tan elemental que a la luz de la teoría de las organizaciones francamente da risa. En general todas ellas tienen una posición dominante en el mercado al punto de actuar como monopolio, no compiten por precio, por calidad, o en general por cualquier atributo, esta condición hace que no estén demasiado obligados a segmentar su mercado o entender las necesidades de sus clientes. Su promesa de valor es ofrecer al cliente lo que la organización puede y quiere ofrecer, carecen de juntas directivas exigentes y competidores que las obliguen a generar dinámicas sostenidas de innovación, la mayoría de ellas dominan el entorno jurídico…en fin…desde esta perspectiva ¿por qué habríamos de considerar su negocio complejo? Lo claro en cualquier caso, es que un conjunto de decisiones tomadas por gerentes inexpertos, recién llegados, con escaso conocimiento del negocio, poca información y limitada capacidad gerencial, pueden entorpecer la ejecución del más elemental de los procedimientos.

¿Pero cuál puede ser el camino para enfrentar un panorama tan sombrío? En la medida en que al interior de las organizaciones públicas empecemos a garantizar equipos estables, calificados, con habilidades gerenciales, enfocados en hacernos a los contribuyentes la vida más fácil, trabajando en mejoramiento de procesos y la fundamentación de buenas prácticas corporativas, convencidos en hacernos cada vez más felices utilizando menos recursos,  empeñados en aumentar la efectividad de su actuación al tiempo que reducen el recaudo de impuestos. En esa medida, personas como usted o como yo, podremos sentir que el gobierno nos atiende como nos merecemos.

Venderle servicios al estado puede ser más difícil de lo que parece.

Fuente: Contrate con el Estado



En los últimos meses he tenido la oportunidad de diversificar mi portafolio docente, dictando cátedra en diferentes universidades, acerca de los procedimientos para contratar con el Estado. Luego de pararme en el estrado varias veces, de presentarme a convocatorias públicas como consultor y de evaluar en perspectiva los resultados; es evidente que la contratación pública es absurdamente compleja, hasta el punto que un conjunto de personas con varios diplomas encima, tienen estudiarla durante horas para lograr una comprensión meridiana de sus pormenores.
Para entender la magnitud del asunto, analizaremos un ejemplo concreto:

Cierta entidad quiere mejorar la manera en que funciona actualmente el proceso de atención humanitaria dirigido a la población en situación de desplazamiento y decide contratar una organización que realice el diagnostico y proponga un plan de mejora, mediante una modalidad denominada “concurso de méritos, lista corta”[1].

Antes de narrar el tortuoso proceso, es necesario advertir que para ofrecerle servicios al estado como persona jurídica, debemos  estar inscritos en el Registro Único Tributario (RUT) y en el Registro Único de Proponentes (RUP). Surtidos estos trámites, lo primero que debemos hacer para poder poner nuestra experticia a las órdenes del convocante, es buscar en la página www.contratos.gov.co la información relacionada con la convocatoria. Luego de navegar por horas en una aplicación pesada y con múltiples problemas de funcionamiento, encontramos el proceso cuyo objeto es “Contratar la realización de una evaluación de operaciones del proceso de atención humanitaria dirigido a la población en situación de desplazamiento…etc. etc.”. Entre los vínculos ubicamos el “Documento de estudios previos”, un texto de setenta y tantas páginas, cuyo contenido está dedicado a explicarnos todos los requisitos que debemos cumplir y en el que se nos presentan de todas las formas posibles, las razones por las cuales nuestra organización podría no ser la indicada para adelantar el proceso.

Si después de leer este interminable compendio de requerimientos, todavía mantenemos la firme convicción de contratar con el Estado,   lo siguiente que debemos hacer es enviar al convocante una comunicación física de alrededor de 281 folios en la que lo único que estamos manifestando es que tenemos la capacidad técnica, jurídica y financiera para adelantar el proceso.  

Surtido el trámite, notarán que las características de la información solicitada hacen la construcción de la manifestación  innecesariamente compleja; por ejemplo, cada convocatoria requiere equipo diferentes, de manera que una empresa que ha adelantado procesos similares en los sectores defensa y  TIC, no podría acreditar dicha experiencia para el caso de atención humanitaria ni podría recurrir al mismo equipo, pues los estudios previos exigen que los trabajos anteriores hayan estado focalizados sobre población vulnerable. Es decir, la empresa y su staff pueden haber desarrollado 30 evaluaciones similares, pero el hecho de que no hayan trabajado directamente con los beneficiarios de esta nueva intervención los inhabilita para aplicar a esta convocatoria. Esta curiosa condición supone que para cada proceso sea necesario vincular a  personas diferentes, así las cosas, la consecución del equipo y la preparación de los 18 documentos solicitados, pueden tomarse dos semanas de arduo trabajo con un costo aproximado de 2 millones de pesos. Además, es necesario gastar al menos 200 mil pesos en la expedición de certificados originales, recursos de impresión y mensajería para al fin, radicar su manifestación.

Luego de esto, no queda más que rezar porque hayamos entendido el documento de estudios previos, pues la entidad no responde llamadas telefónicas relacionadas con dudas sobre el proceso pues esto va en contra de la transparencia procesal. Orar porque no haya faltado una tarjeta profesional o que un soporte no haya quedado borroso,  pues todos estos elementos son causales de rechazo.

Por otro lado, a pesar de que se han invertido recursos importantes en el proceso, en el mejor de los casos, el resultado de esta etapa llevará a su empresa a conformar la lista de elegibles que podrán presentar una propuesta técnica en la que se le exige diseñar y planear todo el proyecto. La elaboración rigurosa de un documento de estas características puede tardarse otras dos semanas y puede costar entre 5 y 10 millones de pesos.

Todo este proceso concluirá con la adjudicación de un contrato cuyo monto no excede los 600 millones de pesos y dejará ganancias inferiores al 10%. Si no resulta elegido, habrá perdido un monto importante de recursos y estará reflexionando sobre los siguientes puntos:

·       ¿Si en el marco del proceso resultó favorecida la firma que se había ganado la primera fase de la evaluación y si los términos eran tan específicos que cualquier firma competidora, resultaría perdedora, para qué hicieron convocatoria pública?

·   ¿Para qué exigen los mismos documentos en cada proceso? ¿No bastaría con revisar los archivos de procesos anteriores?

·         ¿En una época eminentemente digital, por qué exigen que todos los documentos vayan en original? ¿Qué pasa con la famosa directiva presidencial de cero papel? 

  ¿Bajo qué condiciones una tarjeta profesional garantiza la idoneidad técnica de un profesional con dos maestrías o un doctorado? 

   ¿Por qué una experiencia no es válida si la certificación no enuncia exactamente las mismas palabras exigidas en los estudios previos, si el sentido común dice que se trata del mismo tema?



[1] El proceso puede ser consultado en el vínculo: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-10-152030 

La Evaluación Económica y Social: una herramienta poderosa a la hora de determinar la viabilidad de las intervenciones públicas y privadas.

Fuente: Mundoprimaria


Publicado en 
http://www.portafolio.co/opinion/la-evaluacion-economica-y-social-un-proyecto

Cada semestre tengo la oportunidad de interactuar con un grupo diferente de estudiantes inscritos en el programa de postgrado sobre Evaluación y Desarrollo de Proyectos de la Universidad del Rosario. En general me siento complacido por conocer estos grupos de personas maravillosas, inquietas por aprender habilidades que potencian las capacidades que ha adquirido durante años de experiencia relacionada y específica en sus trabajos. Sin embargo, para ser honesto, la percepción inicial que tengo de ellos no es la más positiva. En general no parecen sentirse muy satisfechos por estar en mi asignatura, en parte porque desconocen por completo la naturaleza del tema que discutiremos durante nuestra fugaz relación y en parte porque llegan a mi clase obligados por los prerrequisitos de su pensum. Adicionalmente entre la comunidad académica parece haberse extendido el mito de que quien escribe es un profesor digamos…incomodo por su carácter exigente e inflexible.  Lo interesante de este vínculo que parece comprometido al principio, es que a medida que de desarrolla se fortalece hasta el punto que termina siendo apreciado. Aquellos estudiantes que en la primera clase expresaban un nivel importante de desconfianza hacia nuestra materia, terminan queriéndola profundamente  y convirtiéndola en una prioridad dentro de los procesos de evaluación que adelantan para diferentes instituciones y empresas…Con respecto a la percepción que tienen del profesor…bueno… ¡prefiero no hacer conjeturas!.

Este patrón de conducta se repite indefectiblemente semestre a semestre como un síntoma de lo desconocida y poco utilizada en el desarrollo cotidiano, que es una herramienta con amplias potencialidades como la Evaluación Económica y Social de las Intervenciones Públicas y Privadas (EE&S).

Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la escaza popularidad de la EE&S?. En la actualidad, durante el proceso de evaluar ex ante los proyectos públicos y privados confiamos de manera ciega en la evaluación financiera debido a que los percibimos como estructuras aisladas del marco social. En general se piensa que lo relevante a la hora de definir si un proyecto es viable o no es la inversión requerida, el flujo de caja y en general todos los indicadores que determinaban tasas de recuperación, equilibrios etc. Sin embargo los últimos avances en la teoría de proyectos determinan que la cadena de valor de las intervenciones públicas y privadas no finaliza en la entrega sus bienes y servicios[1], establecen que toda intervención tiene un impacto social. En esencia cualquier proyecto tiene incidencia directa o indirecta sobre el bienestar de la población a través de la variación en el consumo de bienes y servicios privados o meritorios. Estos cambios en el bienestar social no son capturados por la evaluación financiera, por lo que algunos afirman que esta herramienta prioriza el interés del inversor por sobre el interés social. Por otro lado hay muchos beneficios y costos de las intervenciones que no pueden ser capturadas debido a que se desconoce como cuantificarlos. Por ejemplo un sistema de transporte masivo puede generar beneficios relacionados con el mejoramiento de la productividad de una ciudad, aumento en el precio del suelo de los predios aledaños o mejoras en la calidad del aire[2]. La EE&S define protocolos que permiten cuantificar estas variables e incluirlas en los flujos de evaluación de los proyectos[3]. En este sentido intervenciones que serían viables desde el punto de vista financiero podrían no serlo desde el punto de vista económico y social y  proyectos que no resultarían viables desde el punto de vista financiero podrían serlo desde una perspectiva económica y social. Esta condición convierte a la evaluación financiera y la EE&S en dos herramientas perfectamente complementarias que deberían ser consideradas en cualquier ejercicio serio de viabilizarían de intervenciones tanto públicas como privadas.

En la actualidad se están haciendo esfuerzos serios en América Latina por garantizar la utilización extensiva de la EE&S en el sector público. Países como Colombia y Costa Rica[4] trabajan en el cálculo de razones precios cuenta[5]. En ambos casos la inversión pública es administrada a través del mecanismo de banco de proyectos y se desea convertir la EE&S en una herramienta estándar dentro del proceso de evaluación ex ante. Si estas iniciativas prosperan seguramente tendremos mejoras sustanciales en los procesos de focalización de las inversiones públicas…y quién sabe…a lo mejor en el largo plazo ¡mejoren mis relaciones con los nuevos estudiantes!




[1] Para conocer una presentación extensiva sobre la teoría del cambio de las intervenciones públicas remítase a Morra, L; Rist, R. (2009). The road to results: Designing and Conducting Effective development Evaluations. USA, Washington: World Bank
[2] Para conocer un caso aplicado de evaluación económica y social remítase a Echeverry, J.C., Ibáñez, A.M. Moya (2005) “The Economics of TransMilenio, A Mass Transport System for Bogotá.” Economía, Spring 2005. Washington, DC, The Brookings Institution.
[3] Para consultar información adicional sobre la EE&S remítase a Castro, R; Mokate, Karen (2003). Evaluación económica y social de proyectos de inversión. Bogotá: Alfaomega, editores.
[4] En el caso de Colombia, de acuerdo con datos suministrados por el Departamento Nacional de Planeación, el cálculo se suscribe a una actualización de las tablas de razones precios cuenta vigentes. En el caso de Costa Rica, según MIDEPLAN, se trata del primer ejercicio de estimación de las razones precio cuenta.
[5] Para conocer un poco más acerca de las metodologías de EE&S remítase a Fontaine, R Ernesto. Evaluación social de proyectos. 12ª edición, Alfaomega 2002.

Delivery System: una estrategia novedosa para mejorar los resultados gubernamentales

Fuente: Sustantperú



Hace unos días, en el marco de un evento realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se desarrolló una interesante discusión acerca de los mecanismos que pueden implementarse en países como Colombia para mejorar la efectividad de las intervenciones públicas. En la mesa me acompañaban como ponentes: Ray Shostak y Wayne Summers (asesores del primer ministro David Cameron en UK), Maria Lorena Gutierrez (alta consejera presidencial para el buen gobierno y la eficiencia administrativa) y Diego Dorado (Director de Evaluación de Políticas Públicas del DNP). Las conclusiones a la que nos aproximamos con este calificado grupo de personas interesadas en mejorar la capacidad de nuestro gobierno para dar solución a los problemas  sociales, convergieron hacia  la necesidad de implementar en nuestro país un modelo de mejoramiento continuo de las intervenciones públicas denominado Delivery System (DS).

Se trata de una aproximación pragmática a lo que Nick Macpherson, un funcionario del gobierno inglés, denominó “Deliverology”[1] acuñando el nombre de una especie de ciencia de la entrega de bienes y servicios públicos.
Al respecto puedo decirles varias cosas, entre ellas que quedé gratamente sorprendido  luego de aproximarme a la minucia metodológica del DS. En sus vericuetos encontré una serie de elementos absolutamente interesantes, todos asociados a herramientas cotidianamente utilizadas por la Ingeniería Industrial en el mejoramiento de las operaciones privadas. Esta simple condición, que puede parecer sutil a los ojos de un observador desprevenido, supone una serie de cambios radicales en los paradigmas de administración de lo público que celebro con todo entusiasmo.  El primero de ellos tiene que ver con entender que la operación pública es una actividad que busca satisfacer necesidades de clientes a los que denominamos ciudadanos. El segundo y no menos importante, tiene su fundamento en comprender que el gobierno persigue la satisfacción de sus ciudadanos y el logro de mejoras sustanciales en su bienestar. El tercero y más representativo tiene que ver con asumir que el aparato gubernamental puede mejorarse a través de métodos y herramientas que el sector privado ha explotado con reconocido éxito, durante años, para objetivos menos altruistas.

La idea general del DS es seductora en la medida de su simplicidad metodológica: en primer lugar busca entender el mapa relacional que define el proceso de entrega de los bienes y servicios públicos en sectores considerados prioritarios, para posteriormente identificar todas las relaciones consideradas críticas y proceder a la identificación de las barreras que impiden su desarrollo fluido.  Luego de este diagnóstico, continúa con la definición de planes de acción dirigidos a destruir los obstáculos y garantizar el cabal funcionamiento de la cadena de entrega. El proceso de implementación de las mejoras es liderado por una oficina denominada Delivery Unit (DU) cuyo interés principal está en ayudar a que todos los actores del proceso de entrega puedan desarrollar su papel de manera más efectiva.

Mi opinión es que este modelo, en términos de estructura y metodología se parece mucho al utilizado por las oficinas de gestión de mejora que encontramos en las grandes organizaciones privadas. El desarrollo de su negocio las obliga a hacer entregas complejas a poblaciones millones de veces más grandes que las de algunos de nuestros países, con las dificultades asociadas a enfrentarse a escenarios tanto o más enmarañados que los del sector público, con múltiples regímenes jurídicos, costumbres, mercados etc.

Durante años nos hemos concentrado en destinar más y más recursos a diferentes frentes pero en pocas ocasiones nos hemos preguntado acerca de mecanismos que nos permitan utilizarlos de manera más eficiente. En hora buena Colombia decidió implementar este modelo, esperemos que goce de la continuidad necesaria para alcanzar su verdadero potencial. Ojalá DNP y presidencia sigan pensando en implementar herramientas que le permitan al gobierno solucionar los problemas de un mayor número de personas, haciendo un mejor uso de los recursos con los que hoy día contamos.




[1] Barber, M. (2008). Instruction to Deliver. London: Methuen Publishing Ltd. 

Perspectivas marítimas de Colombia: ¿estamos preparados para afrontar en influjo de carga asociado a los tratados de libre comercio?

¿Serán los virus capitalistas?


Fuente: BBC

El patrón de comportamiento propio de nuestra especie, puede resumirse en una declaración más o menos severa: poblamos, consumimos, destrozamos el medio que habitamos y nos reproducimos.

Un momento…¡Los virus se comportan de la misma manera¡ ¿Serán los virus capitalistas? ¿Será la raza humana alguna especie de virus?

Todos los días aumenta de forma exponencial el número de personas que cohabitan en nuestro superpoblado planeta. El objetivo de cada individuo de la especie, de los gobiernos que nos rigen y de las organizaciones que nos satisfacen, parece ser incrementar en la mayor medida posible nuestra capacidad de consumo. Esta dinámica irracional está explicada en las bases del actual modelo económico. Los principios capitalistas se fundamentan en el crecimiento, que a su vez se soporta en el aumento de la producción y el consumo, este patrón de comportamiento presiona incesantemente a una tierra agotada para que entregue una porción cada vez mayor de sus recursos escasos.

Ya no se trata de una advertencia lejana y algo impertinente que recordamos cada vez que a un grupo de “locos con mochilas” les da por salir a protestar en algún lugar del mundo. Estamos hablando de una inquietud cada vez más cercana, que aparece todos los días cuando vemos en periódicos los informes acerca de la huella humana sobre el planeta que hacen organizaciones como Global Footprint Network (GFN), las declaraciones de líderes de los multilaterales que promueven modelos de desarrollo sostenibles y las decisiones de grandes conglomerados que redefinen su enfoque para concentrarse en el manejo de recursos altamente demandados.

En los actuales discursos de los líderes de todo el mundo es posible detectar un cambio de tendencia. Algunos de ellos sostienen posiciones tan controversiales como la de  Tarja Halonen, Presidente de Finlandia, quien defiende abiertamente la necesidad de “poner en práctica el desarrollo sostenible ahora y no a pesar de la crisis económica, sino precisamente debido a ella”. Si esta fuera la declaración del mandatario de un país como Bangladesh o Timor oriental, no nos conmovería debido a que se trata de dos países cuya actividad económica general tiene un mínimo impacto sobre el planeta. Por el contrario se trata de la posición de la regente de uno de los 11 países más demandantes de recursos en el mundo. Lo más interesante de todo es que no estamos hablando de posiciones aisladas de mandatarios progresistas. A comienzos de este mes Angel Gurría, Secretario General de la OECD, publicó en el Europe’s World, un extenso artículo en el que clama por la inmediata implementación en el mundo de estrategias de crecimiento verde. De acuerdo con sus pronósticos, para el 2050 la demanda global por agua se incrementará en un 55% y la biodiversidad de todo el planeta se reducirá en más del 10%. Estos forman parte de una serie de argumentos con los que justifica la propuesta de un cambio de perspectiva en el modelo de desarrollo.

 Incluso estandartes de la ortodoxia económica como Kenneth Rogoff, actual Profesor de Harvard University y antiguo Economista Jefe del Fondo Monetario Internacional;  han empezado a promover abiertamente la necesidad de repensar el crecimiento económico como una opción defendible y razonable de desarrollo perpetuo.  En días recientes, publicó una serie de artículos en los que propone el reemplazo del paradigma del crecimiento con la implementación de modelos sostenibles que defiendan la durabilidad de los recursos.

Todos estos son claros indicios de que el panorama económico global se está renovando. No estamos hablando de “locos con mochilas” gritando en una esquina, sino de agentes representativos con suficiente incidencia en la comunidad internacional como para generar verdaderos movimientos de cambio. Habría que cuestionarse con respecto al tiempo que demorará esta transición: ¿un año?, ¿tal vez cinco?, ¿quizás diez?, ¿medio siglo?. Cualquier respuesta al respecto rayaría en la especulación, lo único cierto en este caso, es que cuanto más nos demoremos, más cerca estaremos de nuestro colapso como especie.

¿Serán los virus capitalistas? ¿Será la raza humana alguna especie de virus?, la solución de estas cuestiones se la transfiero a los lectores con la aclaración cuidadosa de que cualquiera sea la respuesta, debe matizarse con las cifras producidas por GFN: la humanidad está sirviéndose de la naturaleza 50% más rápido de lo que se toma ella para renovarse y la situación es tan dramática que en el 2030 la humanidad necesitará alrededor de dos planetas para satisfacer algunas de sus necesidades más elementales.