PRODUCTIVIDAD PÚBLICA: LA CLAVE PARA UNA VERDADERA PAZ ESTABLE Y DURADERA

Por: Armando Ardila
@ArmandoArdilaD

En estos días todo el país está concentrado en informarse acerca del contenido de los acuerdos de La Habana y decidir si refrendar o no el compromiso establecido entre las FARC y el Gobierno. Se trata sin duda de una decisión importante que requiere de toda nuestra atención y compromiso, sin embargo, no hay que perder de vista que si queremos la materialización de una paz estable y duradera, es necesario rediseñar toda la institucionalidad que durante años ha formado parte de un entorno de conflicto y emprender cuanto antes acciones decididas que garanticen resultados.

 Todo empieza por que nuestro país reconozca las dificultades que tiene el actual diseño institucional para garantizar el bienestar de toda la población colombiana y que asuma su responsabilidad en la implementación de un modelo de estas características generador y perpetuador de los determinantes del conflicto.

 En primera instancia, teniendo en cuenta que la manera en la que el Estado proporciona bienestar, es a través de la oferta de bienes, servicios y la definición de las reglas de juego en el marco de las cuales los privados desarrollan sus actividades y que dicha oferta se materializa a través de entidades públicas; es necesario pensar en una forma diferente de entender la manera en la que se diseñan las organizaciones al interior de lo público. En la actualidad, nuestras entidades se estructuran pensando más en la conveniencia política y jurídica, que en la pertinencia desde la perspectiva de la ingeniería. En línea con lo dicho, vale la pena preguntarnos si estamos creando las estructuras organizacionales apropiadas, entre 2002 y 2010 se modificaron 431 entidades y se suprimieron otras 49. Posteriormente, la reforma administrativa llevada a cabo por el gobierno actual modificó varias de las entidades previamente reestructuradas, incluyendo la separación de ministerios que ya habían sido fusionados.

 En general el enfoque de productividad pública se ha concentrado históricamente en generar esquemas de compensación e incentivos para que el talento humano incremente su producción, perdiendo de vista que la manera en la que está diseñada la organización es tal vez el principal determinante de la productividad individual. La misma persona puede tener resultados notables en una organización diseñada para “facilitar” su trabajo, mientras que reportará logros mediocres en una organización con procesos complejos y mal diseñados que parecen estar construidos para frenar su accionar.

 Desde este punto de vista, es necesario evolucionar hacia un paradigma institucional público que priorice la productividad por sobre todas las cosas, que se concentre en diseñar organizaciones cuyo marco estratégico, diseño de negocio, procesos, cultura, arquitectura tecnológica etc, esté focalizada en entregarle a los ciudadanos una cantidad mayor de bienes y servicios, haciendo uso de menos recursos, en el marco de un estándar de calidad creciente.

 Además, será imprescindible hacer cambios importantes en la estructura sistémica al interior de la cual se insertan estas nuevas y mejor diseñadas organizaciones. El país debe emprender cuanto antes el mejoramiento de institucionalidades transversales a todas sus entidades, como el empleo público y las compras públicas. Hay que reconocer que el actual modelo de gestión de talento humano público tiene serios problemas de diseño, rigideces e innecesarias complejidades, que impiden que las organizaciones puedan potenciar la productividad de sus empleados. En diciembre de 2015 la rama ejecutiva tenía 31.203 cargos pendientes por proveer a través de concursos, no obstante el costo promedio de provision de uno de estos cargos es de 8 millones de pesos, mientras que la duración estimada de todo el proceso es de aproximadamente un año. De otra parte, aunque Colombia Compra Eficiente ha logrado avances sustanciales en la manera en la que se provisionan los insumos al interior de las organizaciones, aún queda un largo camino por recorrer. Un aspecto crucial, para aumentar la tasa de producción de bienes y servicios públicos, así como su impacto, es garantizar una provisión de insumos óptima y oportuna en el marco de altos estándares de calidad. Desafortunadamente, la complejidad de los procesos actuales de compra impiden por completo la implementación de esquemas just in time.

 El mejoramiento en estos dos casos no pasa por hacer ajustes menores de lo que tenemos hoy día, sino que supone una ruptura radical en los modelos. En lo que tiene que ver con el empleo público, es necesario ajustar toda su lógica a las actuales tendencias globales de gestión de talento humano, en este sentido, esquemas flexibles, people analytics, felicidad laboral etc., son aspectos que deben ser involucrados en un modelo mejorado que le garantice a las organizaciones la provisión ágil y sobre todo pertinente de este invaluable recurso. En lo que tiene que ver con las compras públicas, la reducción drástica de los costos de transacción internos y externos para las organizaciones debería ser un aspecto prioritario, así como los ajustes en la anualidad del gasto, que permitan hacer compras ágiles más pertinentes para las necesidades de las organizaciones y por supuesto de los ciudadanos.

 A manera de conclusión, vale la pena reiterar que la paz se construye diseñando organizaciones públicas capaces de llegar a toda nuestra población, con bienes y servicios de alta calidad, desarrollados de manera productiva y que para lograrlo, es necesario que nuestro Estado haga ajustes sistémicos en toda su estructura, aplicando todo el set de herramientas que pueden ofrecernos los más recientes y sofisticados avances en la ingeniería de organizaciones.

Confiar: una oportunidad para el desarrollo colombiano

Por: Armando Ardila Delgado y Valeria Parra Gregory*

Si el domingo los colombianos hubiesen salido a votar para refrendar o no los acuerdos de La Habana, le habrían dicho que SI al proceso de paz. Así lo señala la última medición de Invamer, contratada por Caracol, Blu Radio y El Espectador. No obstante, según la encuesta Gallup de julio pasado, el 64% de las personas desaprueba la gestión del presidente de la República; Colombia está dispuesta a confiar, lo cual representaría uno de los primeros pasos para construir la paz. No solo estamos hablando de materializar lo acordado, sino de generar todas las condiciones necesarias para evitar que hombres y mujeres, jóvenes y niños tengan razones para volver a la guerra. 

Según estudios de diferentes instituciones como la Universidad Católica de Chile y la Asociación Internacional de Ciencia Política, la confianza está relacionada con la gobernabilidad, el desarrollo y la resolución de conflictos.  A mayor confianza entre unos y otros,  mejores resultados en el ámbito económico, político y social. Una condición como ésta haría la diferencia en un país como Colombia, en el que el porcentaje de la población que dice estar dispuesto a confiar en la mayoría de la gente, apenas llega al 5%.

En todo caso, partir de la idea que los demás son buenos cuando las cifras relacionadas con criminalidad y corrupción son altas, no es una tarea sencilla.  Sin embargo, según autores como la premio Nobel de economía Elinor Ostrom, tener expectativas positivas respecto al comportamiento de los demás, reduce el riesgo de transacción y, por tanto, los riesgos de conflicto. Teniendo en cuenta que Colombia es considerado “el país menos pacífico de la región”, una situación similar tendría un impacto social relevante. De hecho, en el escenario actual, atrevernos a confiar sería una de las garantías para construir una paz estable, ya que estaría cimentada en la cooperación y una idea diferente de "el otro". El objetivo, sería dejar a un lado el estereotipo de colombiano “sagaz” que confunde ingenio con la posibilidad de sacar provecho a cualquier costo y, por el contrario, posicionar la actitud de confianza, no como ingenuidad, sino como una oportunidad para obtener mayores beneficios. 

Así mismo, confiar traería resultados positivos en el ámbito político y económico. En el primero, porque favorece la gobernabilidad y la democracia. En los casos en los que los niveles de confianza hacia las instituciones son altos, la toma de decisiones y la implementación de políticas es más efectiva y los niveles de corrupción son menores. Suecia es un buen ejemplo, sus niveles de confianza en las instituciones (48% de las personas confían en la función pública) y confianza social (60% confían en la mayoría de sus conciudadanos), están estrechamente relacionados con resultados positivos en los indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial.  Resultados que contrastan con Colombia, en donde apenas 20% de la población confía en la función pública, y el sólo 5% confía en la mayoría de las personas que le rodean. En este sentido, las relaciones entre confianza y gobernabilidad constituye un círculo virtuoso, en el que mayores niveles de confianza permiten ejecutar más fácilmente políticas, incentivan la cooperación y la participación ciudadana en la toma decisiones, al tiempo que garantizan, entre otras cosas, la obediencia voluntaria de las normas. A su vez, estos resultados contribuyen a la generación de un ambiente propicio para aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los servidores públicos.

Indicadores Mundiales de Gobernabilidad-2014

Fuente: Banco Mundial. 

Finalmente, confiar también contribuiría a impulsar el escenario económico colombiano. Según autores como el politólogo Francis Fukuyama, en el entorno actual no solo priman los seres racionales que mediante acciones egoístas buscan maximizar resultados, por lo que elementos como la cooperación cobran importancia. Al reducirse los costos de transacción, aumentan las posibilidades de creación de nuevas organizaciones y crecimiento de las ya existentes. De hecho, este mismo autor sostiene que existe una fuerte relación entre el nivel de confianza y el Producto Interno Bruto, relación que se evidencia de nuevo en el ejemplo que compara Suecia y Colombia, teniendo en cuenta que el PIB de cada uno es US$579,7 miles de millones y US$378,4 miles de millones, respectivamente.  Stephen Knack y Philip Keefer afirman que la confianza también estimula la innovación que motiva la exploración de nuevos mercados y creación de nuevos productos o servicios. Si percibimos estabilidad y menos riesgos, nos atrevemos más.

Ahora bien, si el conflicto en diferentes escenarios disminuyera, las instituciones y políticas fueran más efectivas y transparentes, al tiempo que se impulsara el crecimiento de la economía, se irían desdibujando las causas estructurales del conflicto que hemos vivido por décadas. Entonces, aprender a confiar en los demás y cambiar de paradigma nos abriría nuevas oportunidades para vivir, por fin, una paz estable y duradera. 

* Secretaria Privada de la Subdirección General del Departamento Administrativo de la Función Pública 

El problema de la industria de los taxis bajo la lupa de La Economía

Publicado en El Diario Portafolio http://www.portafolio.co/opinion/analisis-industria-taxis-colombia-493053

Las protestas de los taxistas en diferentes ciudades colombianas, motivadas por la entrada al mercado de una aplicación de consumo colaborativo como UBER, ponen bajo la lupa de la opinión pública, a uno de los reductos del antiguo modelo de transporte urbano,  conocido por priorizar intereses privados por encima del bienestar de toda una sociedad.

Nos enfrentamos a un interesante caso de destrucción creativa Schumpeteriana, en el marco del cual, si el gobierno lo permite; el modelo arcaico del transporte en taxi actual, desaparecerá para darle espacio a un esquema de competencia abierta focalizado en el bienestar de los usuarios.

Para entender por qué es definitivo para la sociedad colombiana dar un paso de estas características, vale la pena analizar la industria del taxi bogotana como modo de transporte urbano. Años de decisiones de política pública fundamentadas en el lobby de los magnates del sector, han parido un esperpento económico de magnitudes inusitadas que vale la pena desvelar con cuidado.   Se trata de un modelo de producción, que contiene en sí mismo buena parte de las distorsiones, que se podrían analizar al interior de una clase de microeconomía u organización industrial; veamos algunas de ellas:

1. Se trata de una Industria sujeta a racionamiento: curiosamente la oferta de nuevos cupos está racionada, esto quiere decir que no hay forma de que su provisión aumente por efecto de la interacción de las fuerzas del mercado. Hace varios años el gobierno decidió congelar la entrada de nuevos taxis a la ciudad, lo que implica que la industria deba ajustarse a una curva de oferta absolutamente inelástica, que no varía a pesar el creciente aumento de la necesidad de vehículos adicionales. El resultado más obvio de una situación de estas características, es el aumento sostenido del valor de los cupos, hasta el punto de que hoy día su precio puede rondar los 100 millones de pesos y la consecuente generación de barreras de entrada a una industria de carácter competitivo, que redundan en el aumento de poder de mercado de los magnates de los taxis y el consabido deterioro de la calidad del servicio explicada por la restricción de la competencia.

2. El mercado del transporte en taxi está sujeto a control de precios: en situaciones en las cuales se tiene una oferta fija debido al racionamiento y una demanda creciente, la manera en la que el mercado garantiza sus sabios ajustes, es mediante un aumento paulatino de los precios. Para poner freno a este fenómeno, los gobiernos pasados decidieron controlar el valor de la “carrera”, decretando una tarifa máxima y generando como consecuencia una notable escasez en la industria. Esa es precisamente una de las razones por las cuales es tan difícil conseguir un taxi especialmente en horas de alta demanda.

3. La oferta está protegida por múltiples barreras a la entrada: subsecuentes regulaciones, han generado paulatinamente barreras tácitas a la entrada de competidores: seguros, requisitos como la necesidad de afiliarse a una empresa y hasta las especificaciones y el color de los vehículos; han hecho que este sector esté cada vez más resguardado de cualquier clase de competencia y que se convierta en un negocio altamente rentable para algunos grupos con alto poder económico.

4. Industria con poder de lobby y de mercado: la de los taxis, es una industria de altísima incidencia política, capaz de hacer prevalecer sus objetivos financieros por encima del interés social. Desde hace años, los magnates del sector financian campañas, promueven entre los conductores e incluso entre los pasajeros, candidatos de elección popular cuyas agendas están en línea con la defensa de sus propios intereses. Una condición de estas características hace que las leyes sean diseñadas sobre medida, para su propio beneficio y que las instancias de regulación no se atrevan a sancionar actuaciones reprochables, por físico temor a la capacidad de movilización y acción colectiva de los taxistas.

5. Se trata de un mercado informal con problemas de selección adversa: La búsqueda de rentas privadas en un mercado con precios controlados y características como las descritas, conduce inexorablemente la pauperización de la mano de obra.

Por todos es conocido que la mayoría de los taxis funcionan bajo un esquema en el que los dueños se quedan con entre el 40% y el 60% del “producido”, mientras el conductor debe conformarse con el porcentaje restante, el cual debe alcanzarle para mantener a su familia y además cubrir los costos de la  operación del vehículo. Naturalmente un salario de estas características genera en el mercado un fenómeno denominado “selección adversa” gracias al cual, la mano de obra más capacitada es captada por otros sectores mejor remunerados, mientras que la industria de los taxis debe conformarse con los “menos peores” dispuestos a trabajar por el importe que el sector puede pagar.

Todos estos elementos y muchos otros que no vale la pena explicar para no incurrir en tecnicismos, son los responsables de que el servicio que actualmente ofrecen los taxis, ostente una calidad tan cuestionada y que empresas como UBER, ajenas a todas estas dinámicas, con una propuesta innovadora y diferente; sean tan valoradas y respaldadas por los usuarios.

Como moraleja, vale la pena decir que la regulación no siempre es buena, en especial cuando el regulador no defiende la felicidad de los usuarios, sino que se concentra en preservar los intereses económicos de los dueños de la industria. 

¿Por qué las políticas públicas no funcionan en Colombia?

Colombia, como muchos países latinoamericanos, hace ingentes esfuerzos por solucionar sus problemas de bienestar más fundamentales. De acuerdo con datos publicados por el Banco Mundial, el nuestro, es uno de los países más desiguales, en el ranking mundial sigue de cerca a Haití y a Honduras.  De hecho, en línea con el DANE, la incidencia sobre los colombianos de la pobreza monetaria es del 24% y del 40% en las cabeceras municipales  y en los centros poblados respectivamente.

Lo que muestran estas cifras es que la gran mayoría de la población sufre las inclemencias de los ingresos bajos, en efecto de acuerdo con el análisis realizado por la consultora de consumo Raddar en 2015, el 15,9% de la población vive en estrato 1, el 28,9 en estrato 2, el 34,4% en estrato 3, el 11% en estrato 4  y apenas el 9,8% de todos los colombianos vive en estrato 5 y 6. Un resultado como este es de suma importancia si se tiene en cuenta que el estrato es una proxy de acceso a bienes y servicios públicos y que de acuerdo con los resultados del último censo realizado en el país, más del 70% de la población colombiana vive en zonas urbanas, por lo que en general está estratificada.

Los diferentes gobiernos formulan e implementan políticas públicas con el propósito de dar respuesta a todos y cada uno de los problemas asociados a esta realidad socioeconómica, sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que la mayoría de ellas no logra una mejora significativa en la situación de los colombianos menos favorecidos. En este sentido, valdría la pena preguntarse por algunas de las razones que fundamentan esta falta de efectividad en la intervención pública:

1. Los tomadores de decisión no conocen la realidad de los beneficiarios: en primera instancia hay que decir que quienes formulan las políticas públicas y deciden la manera en la que el país atenderá las necesidades de la mayoría de colombianos, provienen de los grupos poblacionales minoritarios, es decir del diminuto 9,8% que vive en los estratos 5 y 6. No obstante el indudable compromiso y capacidad técnica de estas personas, el problema es que la realidad  a la que se han enfrentado desde chicos, es diametralmente diferente a la del resto de la población. Su entorno socio espacial es diferente, la provisión de bienes y servicios públicos a que han tenido acceso durante toda su vida es muy distinta, al punto de que podemos decir que han vivido en una Colombia muy diferente a la de la población para la cual proponen soluciones. La mayoría de ellos aterrizan en cargos públicos de decisión luego de pasar por las mejores universidades del país y del exterior, saltándose una serie de etapas operativas que les permitirían conocer la verdadera magnitud de las problemáticas. Así las cosas, podemos decir que en Colombia hay una marcada falta de sintonía entre quienes hacen las políticas públicas y quienes serán beneficiarios de ellas.

2. Escaso aprendizaje institucional: el premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz y el profesor de la escuela de negocios de la universidad de Columbia Bruce C. Greenwald, se han encargado de explicarnos de una y otra manera la importancia del aprendizaje en la economía y por supuesto, al interior de las organizaciones. En su libro “La creación de una sociedad del aprendizaje”, dimensionan la importancia del Know How en la capacidad de las organizaciones para diferenciarse y lograr avances sustanciales en productividad y efectividad. Si trasladamos esta conclusión al entorno en el que se formulan las políticas públicas, podemos afirmar que el aprendizaje al interior de las entidades no es el necesario para garantizar la pertinencia de las intervenciones. En general, el modelo de elección popular de mandatarios unido al esquema de libre nombramiento y remoción al que se ajustan la mayoría de los cargos que toman decisiones al interior de lo público, hacen que usualmente la formulación de políticas públicas se haga en el marco de niveles demasiado bajos de la curva de aprendizaje, esto debido básicamente a que en promedio cada año y medio, las organizaciones cambian las personas que ocupan los cargos decisorios.

 3. Baja productividad de las organizaciones públicas: la experiencia en evaluación de políticas públicas en distintos países, muestra que su efectividad depende en buena medida del nivel de la productividad de las organizaciones públicas que participan en su implementación. En los casos en los que la ejecución de las intervenciones depende de una institucionalidad burocrática y pesada, la solución de los problemas difícilmente alcanza a los beneficiarios. Por el contrario, cuando se trata de organizaciones ágiles y altamente productivas, los beneficiarios tienen acceso completo a los bienes y servicios públicos que las políticas se comprometen a entregar. Desafortunadamente en Colombia, los niveles de productividad pública son considerablemente bajos, afectando negativamente la efectividad de cualquier intervención.

4. Sistema legal de alta complejidad: si en algo hemos sido exitosos los colombianos, es en diseñar un sistema de leyes con un nivel de sofisticación inusitado, hasta el punto, que dificulta dar solución pertinente y efectiva a los problemas sociales de todos los colombianos. No por nada Colombia es uno de los países con más abogados por cien mil habitantes del mundo, los sistemas de contratación, tributación, solución de controversias etc. están tan llenos de vericuetos, que muchas políticas públicas con objetivos maravillosos terminan dilapidando sus recursos en sortear toda suerte de laberintos legales.

Cuando los elementos descritos se conjugan en el marco de una combinación sombríamente ideal, se presentan casos como el de Rubiela Chivará, una madre tristemente célebre gracias a que nuestras políticas públicas no tuvieron la capacidad de garantizarle la vida y luego de su muerte, no le ofrecieron las condiciones para proporcionarle un trato medianamente digno.  Este caso y muchos otros parecidos, son campanazos de alerta que deben llamar nuestra atención e instigarnos a modificar un sistema que viene cometiendo los mismos errores desde hace décadas. 

El espejismo de “la paz” y el “post conflicto”

La imagen que nos viene a muchos a la cabeza, cuando pensamos en un espejismo, es la del caminante sediento que en un desierto candente, divisa a lo lejos una silueta que parece ser la solución a sus penurias. Con la esperanza de terminar la tortura, se dirige al encuentro de este zenit de felicidad, pero al acercarse, se da cuenta de que lo que parecía ser un oasis, no es más que una construcción de su mente explicada por el insoportable deseo.

Para el gobierno y para diferentes sectores, el establecimiento de un acuerdo con las FARC, se convirtió en su propio espejismo, al punto que se han convencido ellos mismos y a la sociedad colombiana, de que dicho convenio supone “la paz” para el país. Esta condición es tan evidente que han posicionado en varios escenarios el término “post conflicto”, cuyo significado está directamente asociado a lo que sucede después de un escenario de guerra.

Con la firma entre el gobierno y las FARC de un listado de entendimientos en lo relacionado con justicia transicional, se sellan acuerdos muy importantes con respecto a uno de los temas más críticos de la agenda de la Habana. Para muchos, se trata de un signo univoco del cierre a un largo proceso de conversaciones que pondría fin al enfrentamiento de dos partes que llevan matándose más de medio siglo. En resumen, este paso nos deja muy cerca de llegar al punto en el que encontraremos la imagen que vimos a lo lejos y que hemos venido construyendo con el deseo.

Vale la pena empezar a aterrizar nuestra esperanza dimensionando la realidad a la que nos enfrentaremos luego de que finalicen positivamente las conversaciones de La Habana. Lo cierto es que en dicha situación ninguno de los determinantes de la violencia habrá desaparecido: la desigualdad, la pobreza, la inoperancia del aparato público y todos los elementos que conducen a enfrentamientos violentos al interior de nuestra sociedad, seguirán existiendo. Así las cosas, los nuevos modelos de violencia y de apropiación ilegal de rentas, seguirán generando efectos muy similares o incluso peores a los producidos actualmente por grupos como las FARC. En esencia, los reductos de esta organización mutarán en el marco de un entorno diferente pero aún propicio para su existencia y se convertirán en organizaciones ciertamente separadas de motivaciones políticas y más relacionadas con los patrones delictivos que observamos en el crimen organizado estándar.  En este sentido, nos enfrentaremos a un escenario en el que seguramente dejaremos de ver en las noticias las consecuencias de actos como atentados, masacres, tomas a poblaciones y empezaremos a oír de patrones menos mediáticos, pero igual de impactantes como sicariato, asesinatos y extorsiones.

La realidad de este fenómeno es evidente, luego de 23 años de que se firmaran los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos del mundo: de acuerdo con cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en la actualidad se encuentra en el top 10 de los países con mayor tasa de homicidios por cien mil habitantes.

Para que no nos suceda algo similar a lo ocurrido en el caso centroamericano, es preciso disponer todo el aparato estatal para afrontar un entorno violento de similar o mayor magnitud, en el marco de estrategias diferentes pero mucho más efectivas. Uno de los errores en los que como sociedad podemos incurrir, consiste en dirigir volúmenes ingentes de recursos a financiar procesos de desmovilización, descuidando inversiones verdaderamente rentables en los siguientes aspectos:

Mejorar la productividad pública: lo primero que hay que asegurar es que el aparato estatal sea capaz de responder a un reto social como el que se nos avecina. Es necesario convertir a las instituciones públicas colombianas, en organizaciones livianas, altamente  productivas, con estructuras simples y robustas; que aumenten de manera drástica su capacidad para llegar a todas las personas que necesitan de su ayuda.

Modificar el entorno jurídico y político para reducir la desigualdad: la desigualdad crónica en los países, está determinada principalmente por las reglas políticas, económicas y sociales; definidas por sus leyes. Desde esa perspectiva, es necesario en primera instancia, reducir la complejidad de la normatividad colombiana para hacer su interpretación y aplicación más ágil, efectiva e identificar las normas con mayor capacidad para  generar desigualdad, de manera que puedan ser modificadas de inmediato.

Incrementar la inteligencia y la efectividad de las fuerzas militares y de policía: las fuerzas armadas, deben convertirse en organizaciones que reconozcan las mutaciones experimentadas por los nuevos modelos de violencia, de manera que ellas mismas tengan la posibilidad de cambiar para responder a sus nuevas tácticas. En general deben convertirse en organismos más inteligentes y de mayor movilidad, que puedan  pasar de enfrentar a un grupo reducido de organizaciones de gran tamaño, para concentrarse en un sinnúmero de microempresas criminales que surgirán durante la etapa post firma del acuerdo.

Mejorar la efectividad de la justicia: la justicia debe evolucionar e integrarse a la lógica de administración y gerencia modernas, mejorando sus procesos, cambiando sus  imaginarios y prácticas; de manera que pueda responder al gran reto que tiene por delante y con el cual tiene una deuda de varias décadas.

El propósito de todo esto, es que una vez terminemos la larga caminata hacia nuestro espejismo, estemos realmente preparados para enfrentar otros largos años de dificultades y sacrificios, que nos llevarán a mejorar como sociedad y al fin, alcanzar la verdadera PAZ que todos soñamos.

Versión en audio

El proceso de paz y la racionalidad de los guerreristas

Publicado en el diario Portafolio http://www.portafolio.co/opinion/analisis-modelos-violencia-colombia

Luego del ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en  el Cauca, que dejó 11 militares muertos y 17 heridos, el país se ha dividido en dos bandos. El primero, clama a gritos por el rompimiento del proceso de paz; mientras el segundo, llama a la cordura y a mantener un ambiente de negociación que garantice la firma de un acuerdo.

Desde este punto de vista, vale la pena analizar con cabeza fría, varios aspectos relevantes del conflicto, antes de tomar partido por una u otra posición.

Un aspecto a considerar es la posibilidad o no de finalizar el conflicto a través del ejercicio institucional de la fuerza.  De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y con el Banco Mundial, Colombia está en el top 30 de países del mundo, con  mayor gasto militar, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, nuestro país sigue siendo uno de los más violentos del mundo, los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, actualmente nos ubican en el puesto 13 del ranking de países con mayor tasa de homicidios por cien mil habitantes. 

De otra parte, la literatura más reciente sobre las dinámicas de los modelos de violencia, los sitúa en una perspectiva evolutiva, en el marco de la cual, se reproducen en un ambiente propicio para su existencia y cambian de acuerdo con las características del entorno social. En esencia, al igual que cualquier ser vivo, evolucionan por cuenta de mutaciones generadas por los incentivos del ambiente en el cual sobreviven.

De acuerdo con las mediciones para el Índice de Gini publicadas por el Banco Mundial, Colombia es el onceavo país más desigual del mundo. En lo que tiene que ver con brechas en ingresos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos ubica en el puesto 13 entre 151 países. Lo que nos muestran las cifras es que hay un grupo poblacional pequeño que gana bien y vive bien, pero hay un porcentaje muy grande de la población cuyos ingresos ni si quiera alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Ésta problemática es de tal magnitud, que de acuerdo con las cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 42,8% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza, es decir no gana lo suficiente para satisfacer sus necesidades más elementales.

Lo que nos muestran estos indicadores, es que nuestro país ofrece un entorno absolutamente propicio para la proliferación de modelos de violencia, que tienen por objetivo principal, captar rentas a través de narcotráfico, extorsión, contrabando, minería ilegal etc. Así las cosas, podemos destinar el 100% de nuestro presupuesto a la fuerza pública y jamás estos modelos de violencia van a desaparecer hasta tanto no desaparezcamos el entorno propicio que tienen hoy para reproducirse. Por el contrario, cuanto más presupuesto dediquemos a la guerra, menor será la proporción que podremos destinar a generar condiciones que permitan que la mayoría de la población, pueda cubrir sus necesidades insatisfechas; por lo que incluso, estaríamos profundizando los determinantes del conflicto.

Para tener una idea de las dimensiones de este fenómeno, vale la pena revisar el caso del paramilitarismo en Colombia. A partir del 25 de noviembre el 2003, se dio inicio al proceso de desmovilización de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La mayoría de los Colombianos pensaron que este proceso sacaría de combate a uno de los bandos más sangrientos del conflicto; sin embargo, en la actualidad es evidente que estas unidades generadoras de violencia, no desaparecieron sino que simplemente  mutaron ajustándose a los cambios en un entorno todavía propicio para su supervivencia y evolucionaron en un organismo diferente denominado BACRIM o Bandas Criminales.

A pesar de todo lo mencionado, una parte del país considera que la manera para enfrentar una problemática de estas características, es profundizar el accionar de las fuerzas militares y de policía. En el marco de una condición que la economía moderna llama “riesgo moral”, un grupo poblacional fundamentalmente de estratos altos ubicado en las ciudades principales, toma decisiones de política que respaldan esta iniciativa y además exigen resultados. Sin embargo, las consecuencias de sus actos son sufridas por el grupo poblacional más deprimido; de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1988 hasta la fecha, han muerto 2981 civiles en acciones bélicas, desarrolladas fundamentalmente por fuera de las ciudades colombianas.  En efecto, entre 1958 y 2012, el conflicto ha generado la muerte de al menos 220.000 personas localizadas en su mayoría, en poblaciones pequeñas y zonas rurales.  Para que tengan una idea de la magnitud del fenómeno, este número de vidas perdidas se puede equiparar a la desaparición del total de la población de una ciudad como Tunja en Boyacá.

Considerando estos antecedentes, vale la pena preguntarse si de verdad lo que el país requiere es la profundización institucional del conflicto o un proceso sostenido de paz y reconciliación con todos sus protagonistas, que empiece con las FARC y se focalice en erradicar la desigualdad y reparar a todos los grupos poblacionales afectados por más de 50 años de guerra.

Plan de desarrollo, buen gobierno, productividad pública y calidad del gasto.

Hace unos días, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), abrió un espacio en el que los directivos de un conjunto de firmas de consultoría del sector gobierno, tuvimos la oportunidad de transmitir nuestras impresiones, sobre la estructura y contenido del Plan Nacional de Desarrollo que está próximo a aprobarse.

Las características del evento, resultaron muy pertinentes y seguramente provechosas, para la ardua tarea que está adelantando el DNP por esto días. Se trató de un conversatorio con un número reducido de expertos en temas diversos, conocedores del gobierno y las políticas públicas; en el que el director del DNP, Simón Gaviria tuvo la oportunidad de presentar el plan y recibir interesantes impresiones en un valioso tono de franqueza y camaradería técnica.

Con estos antecedentes, considero oportuno precisar algunos elementos de las impresiones personales, amablemente acogidas por el DNP, relacionadas con el componente del Plan denominado “Buen Gobierno”. En particular, se suscriben a incluir en este nuevo derrotero estratégico nacional, un componente transversal que garantice la migración de la perspectiva de la gestión pública, hacia dos conceptos centrales de administración moderna: elevada productividad y alta calidad del gasto público.

El DNP ha manifestado, que por fin Gobierno Nacional va a formalizar al interior del nuevo Plan de Desarrollo, el paso de implementar el modelo de Gestión Presupuestaria por Resultados en Colombia. Decisión muy pertinente si consideramos que países de la región como Chile y Perú, han recorrido dicho camino con resultados notables, mucho antes que nosotros. Con este mecanismo, avanzaremos en poder hacer una asociación mucho más clara entre las metas que nos proponemos como nación y los recursos que invertimos en alcanzarlas.

Esta iniciativa, supone el primer escalón para iniciar un proceso sostenido de mejora en la efectividad pública colombiana, sin embargo, si queremos hacer la tarea completa y pretendemos  garantizar un gobierno efectivo, que responda de la manera esperada a las exigencias sociales del post conflicto; es pertinente que empecemos a medir la capacidad de nuestras instituciones para entregar bienes, servicios públicos y calculemos de forma técnica la eficiencia y la eficacia, con la que están siendo usados los recursos públicos colombianos.

Hace unos años, Chile emprendió un proceso similar al que proponemos y de acuerdo con la más reciente medición del World Economic Forum, hoy día supera a países como Japón y Canadá en el ranking de eficiencia en el gasto público.

La idea en concreto, es que nuestro gobierno empiece a medir el nivel de producción de bienes y servicios de sus instituciones y que se fije metas concretas asociadas a la mejora de los niveles de productividad. De la misma manera, esperamos que logre avanzar del puesto 101 en el ranking mundial mencionado y se acerque al puesto 21 en el que se encuentra actualmente Chile.

El objetivo es que desde la perspectiva del “Buen Gobierno” contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, se formule una estrategia consolidada de gestión del cambio en la administración, por intermedio de la cual, cada gerente público se obsesione con garantizar que su organización produzca más, haciendo uso de los mismos recursos y el Ministerio de Hacienda trabaje en garantizar que nuestro país utilice los dineros públicos, en el marco de estándares de eficiencia y eficacia, superiores a los de cualquier nación vecina.

La consolidación exitosa de una iniciativa como la anotada, traerá consigo aspectos que todos los ciudadanos colombianos añoramos: el dinero de nuestros impuestos se verá representado en obras de infraestructura oportunas, menor desigualdad social, mayor seguridad en las ciudades y en las áreas rurales, mayor cobertura y por supuesto calidad, en educación, salud, servicios públicos etc.

Todo esto, sin la necesidad urgente de concebir reformas tributarias cada año, gracias al hecho de que con los mismos recursos será posible lograr mayores resultados y responder de forma más efectiva a las sentidas necesidades sociales.

Si esta iniciativa se incluye en el plan y el gobierno trabaja de manera activa en garantizar su implementación, van a pasar varios años antes de ver sus resultados, por eso es mejor empezar cuanto antes de manera que “Todos Construyamos un Nuevo País” con instituciones públicas a la altura de sus retos. 

La Primera Línea del Metro y los mitos de su financiamiento

Publicado en el diario Portafolio http://www.portafolio.co/opinion/analisis-primer-linea-del-metro-bogota

Hace unos días, Simón Gaviria director del Departamento Nacional de Planeación, dio a conocer la posición oficial de Gobierno Nacional, con respecto a respaldar el 70 % de los costos de construir la Primera Línea del Metro en la ciudad de Bogotá. Luego de su anuncio, se han manifestado un sinnúmero de voces, todas ellas preocupadas por la ausencia de una propuesta concreta de financiamiento para una obra tan pertinente y esperada. De lo que no cabe duda, es de la necesidad de avanzar con pasos firmes y veloces en la ingeniería financiera de la iniciativa. Actualmente, la Secretaría de Hacienda Distrital viene trabajando en la definición de la estructuración financiera, en este sentido, considero pertinente hacer por este medio, algunas aclaraciones que espero ayuden a  concretar la iniciativa:

Se trata de un diseño costoso: en primera instancia, lo que muestra los estudios socioeconómicos del proyecto, recién finalizados y que en los próximos días serán entregados a la opinión pública; es que se trata de un proyecto de altísima rentabilidad social, cuyos costos se ajustan al estándar internacional de un diseño de estas características.

Es necesario considerar otras alternativas en materia de transporte: vale la pena mencionar, que dadas las dificultades de movilidad de Bogotá, sería irresponsable insistir en la expansión del transporte público a costa de quitarle carriles a otros modos de transporte o vinculando automotores adicionales a unas vías con niveles de servicio sorprendentemente bajos. Lo que no se puede perder de vista en la discusión, es que la construcción de una línea subterránea de carácter “pesado” como la que se está considerando en los diseños actuales, tendrá el mismo efecto en la ciudad de construir una nueva autopista de alta capacidad y altos niveles de servicio. Ningún diseño alterno lograría un efecto tan contundente.

El sistema actual puede soportar la demanda de transporte: el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá en todos sus modos, tiene una capacidad de expansión muy pequeña, concentrada en los buses que no transitan por carriles exclusivos. En el caso de Transmilenio, dadas las condiciones en materia de velocidad y cargas del sistema, existen niveles de sobredemanda y deterioro gradual en la calidad del servicio, alarmantes para cualquier ciudad del mundo con una política de transporte, focalizada en el bienestar de los ciudadanos.

La tarifa del metro tiene que ser igual a la de los otros modos de transporte: la principal ventaja del metro, radica en su capacidad para ofrecer reducidos tiempos de desplazamiento y en la facilidad de carga y descarga de sus pasajeros. Considerando que estás son dos de las debilidades más grandes de los modos de transporte actuales, las personas estarías dispuestas a pagar mucho más por un desplazamiento en metro. Por lo tanto, si trasladamos de los modos alternos al metro, un número importante de personas con mayor poder adquisitivo, podemos elevar también la calidad del servicio en los buses con y sin carril exclusivo. Bajo estas condiciones, resulta perfectamente válido pensar en tarifas en el rango de los $2500 a $3000 pesos ya que supondrían una mejora sustancial de la experiencia del usuario en todos los modos del sistema.  

El proyecto no puede ser financieramente viable: si se logra una sinergia robusta entre la ingeniería financiera del proyecto y la recién finalizada evaluación económica y social; se pueden obtener resultados que aclaren las perspectivas de financiamiento. Mediante  el control de los sobre costos del proyecto, la implementación de una tarifa más alta y el aprovechamiento de todos los ingresos que potencialmente puede recibir una iniciativa como esta durante su operación; si duda se mejorarán de manera drástica los valores actuales de los indicadores financieros del proyecto, haciéndolos pertinentes para la participación privada. Por todos es conocido, que los desarrollos de transporte urbano de estas características, tienen incidencia directa sobre la oferta y la demanda inmobiliaria y comercial. Vale la pena considerar el hecho de que sea el mismo operador del metro quien construya los centros comerciales, los proyectos de vivienda, quien arriende los locales y se lucre con una oferta de publicidad bien estructurada etc.  

El proyecto tiene que financiarse con recursos públicos: la respuesta a este mito es un rotundo no. Si se estructura una ingeniería financiera sólida que le permita al operador capitalizar la totalidad de los ingresos potenciales del sistema y minimizar costos, por supuesto manteniendo altos indicadores en la calidad del servicio; será posible conseguir financiamiento privado. Incluso, reconociendo la evolución de otros metros en el mundo y la productividad pública en materia de transporte, esta sería sin duda la mejor alternativa.

 El proyecto tiene que ser administrado por Tansmilenio o una entidad distrital: Transmilenio como ente gestor, no está en capacidad de operar el metro de Bogotá, de asignársele esta tarea, transferiría al proyecto todas sus ineficiencias reduciendo el potencial en materia de calidad y reinversión. El operador del metro ideal, sería uno que consolide una asociación entre una firma con experiencia en infraestructura, electricidad y tenga musculo financiero para afrontar la construcción del proyecto  (ISA o la Empresa de Energía de Bogotá con algunos de los candidatos), con otra que conozca de transporte y particularmente de metros (una firma internacional pues en Colombia no existe esta capacidad) y una empresa dedicada al  desarrollo inmobiliario y comercial con el músculo suficiente para desarrollar obras de envergadura (alguna de nuestras grandes constructoras). Con la ayuda de un equipo de estas características seguramente tendremos un metro construido en poco tiempo que ofrezca el nivel de calidad de servicio en la operación que todos esperamos.

El operador del metro tiene que convivir con los entes gestores actuales de los demás modos de transporte: para que en Bogotá el transporte público opere en el marco de un verdadero sistema, es necesario que el operador del metro se configure como el único actor en la ciudad responsable de planear y administrar todos los modos de transporte, incluidos los taxis. En Bogotá no existirá un verdadero Sistema de Transporte Integrado a menos que su operación se configure en el marco de un esquema de planificación y administración completamente unificado, en el que se garantice una asignación de cargas con base en niveles de calidad óptimos. Considerando que los taxis aportan en esta estructura de transporte, deberían ser vinculados. 

Menos impuestos y más productividad pública

El 29 de septiembre pasado, Juan Carlos Echeverry, ministro de hacienda predecesor de Mauricio Cárdenas; publicó en el diario El Tiempo una columna titulada “Mitos Sobre Gastos e Impuesto”. En su contenido define 4 creencias que él denomina como “infundadas”, relacionadas con todo lo que las personas tienden a pensar, cuando se hace alusión a temas como gasto del gobierno y reformas tributarias. A pesar de lo interesante de sus conclusiones, desde mi humilde perspectiva, la posición de Echeverry es una representación fehaciente, del imaginario que rige a los gerentes públicos colombianos, en particular a todos aquellos que tienen o han tenido un vínculo directo con el Ministerio de Hacienda: “aumentar la intervención pública significa, necesariamente, recaudar más recursos”.

Vale la pena revisar en detalle la validez teórica de una aproximación como ésta y sugerir un cambio estructural en el paradigma de nuestra gestión pública. No hay que olvidar que desde la perspectiva de la Gerencia Pública Moderna, es posible lograr mejores resultados manteniendo constantes los recursos invertidos en la intervención gubernamental. Este efecto se logra, fundamentalmente mediante el incremento sostenido de la Productividad Pública y el mejoramiento permanente de la Calidad del Gasto Público. Ambas condiciones tienen que ver directamente con el mejoramiento de la efectividad gubernamental.

La productividad está definida como la relación entre la cantidad de bienes y servicios generados por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.

De acuerdo con las cifras reportadas por Banco Mundial, para el periodo comprendido entre el 2009 y el 2013, Colombia se encuentra en los percentiles inferiores en cuanto a productividad nacional. Considerando el hecho de que la productividad pública usualmente se ubica por debajo de la productividad privada y que la productividad nacional considera ambas medidas; se puede inferir que la productividad pública Colombiana con respecto al resto de países del mundo, se ubica en los últimos puestos de la tabla.

De acuerdo con los actuales Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial, Colombia es un país de media tabla en efectividad  pública, esta situación nos pone por debajo de países como Chile en lo que tiene que ver con la capacidad de nuestro gobierno para enfrentar problemas sociales. Un resultado de estas características sugiere también un bajo nivel de productividad pública que incide sobre todas las dimensiones del desempeño económico. De acuerdo con cifras reportadas por el Foro Económico Mundial en 2013, Colombia aparece en el puesto 69 de 144 en el Índice Global de Competitividad. Este resultado se explica en buena medida por el bajo puntaje que obtienen nuestras instituciones, de hecho,  la corrupción y la ineficiente burocracia de gobierno, se cuentan entre los factores más problemáticos para quienes quieren  hacer negocios en nuestro país.  Estos resultados coinciden con los reportados por Transparencia Internacional, que en el 2013 le dio a Colombia un puntaje de media tabla en su Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándolo por debajo de países como Jamaica, Trinidad y Tobago; y equiparándolo con países como Surinam.

Varias experiencias interesantes alrededor del mundo nos han demostrado, que mediante la simplificación de la intervención pública, el rediseño de sus procesos e institucionalidad para reducir sus costos de transacción, tanto los internos como los que se transfieren al ciudadano; es posible entregar más bienes y servicios públicos, sin necesidad de invertir mayores recursos, logrando consecuentes mejoras en calidad, cobertura y reducciones en  los tiempos de entrega.   

En su libro Instruction to Deliver, Michael Barber, pone de presente el éxito alcanzado por gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, al lograr “disparar” todos los indicadores claves, a través de la mejora sostenida de la productividad pública. En una publicación posterior, Deliverology 101: A Field Guide for Educational Leaders; demuestra el potencial del mejoramiento sostenido de la efectividad pública al interior del sistema educativo.

Experiencias como estas han fundamentado la evolución paulatina de países de la región como Chile, que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, logró escalar desde el puesto 49, en apenas 5 años, hasta ubicarse entre los 10 mejores países del mundo  en calidad del gasto público. El secreto, la implementación de mejoras estructurales en la gestión de sus organizaciones, dirigidas a incrementar la productividad pública y la calidad de los bienes y servicios producidos.

En Colombia tenemos un camino largo por recorrer, por ejemplo, ¿cuánto nos ahorraríamos con simplificaciones evidentes en aspectos centrales como la contratación pública?. Durante cada periodo fiscal, las entidades deben adelantar procesos vertiginosos de contratación de bienes y servicios cuya provisión es necesaria para soportar su operación. Estas actividades requieren del compromiso de un aparato jurídico y técnico importante a lo largo de todo el año. En este sentido, ¿por qué deben hacerse contrataciones anuales cuando se sabe que la provisión es requerida durante periodos mayores? ¿Por qué no rediseñamos todo el aparato de contratación para facilitar los contratos plurianuales? 

Bajo estas condiciones el principal “mito sobre gastos e impuestos” está en creer que la única manera en la que se pueden atender a más personas en el marco de estándares de calidad mayores, es recaudando más impuestos. Lo cierto en todo caso, es que lo único que logramos con esos recursos adicionales, si no mejoramos la calidad del gasto, es desperdiciar una cantidad mayor de recursos en ineficiencia y corrupción. 

BOGOTÁ, METRO Y MIOPÍA EN LA POLÍTICA DE TRANSPORTE MASIVO

Publicado en el Diario Portafolio http://www.portafolio.co/economia/transporte-bogota-analisis

La sociedad actual, requiere que las personas se movilicen a diario, en el marco de procesos de transporte vertiginosos, que tienen lugar al comienzo de cada día, con origen en sus viviendas y finalización en sus trabajos;  y que luego, al terminar la jornada, tienen una dinámica inversa que inicia en sus oficinas y culmina en sus hogares. Esta situación hace del transporte, un determinante por excelencia de la felicidad de los habitantes de una ciudad o como lo llaman los economistas, de su “bienestar”. En esencia, si los tiempos que debe destinar una persona, a estos ciclos de movilización diaria son menores, su felicidad se incrementa por cuenta de varios aspectos cotidianos que la mayoría de nosotros conocemos. Podemos dormir media hora más, debido a que madrugamos menos; tenemos la posibilidad de llegar más temprano a nuestras casas y compartir espacios de ocio valiosos con nuestras familias, incluso podemos trabajar más con el objetivo de aumentar nuestros ingresos; en fin…quedamos facultados para hacer todo lo que queramos con el tiempo liberado, el mismo que usualmente debemos invertir en los procesos de desplazamiento diario ineficientes. Además nuestros costos se reducen, en términos generales gastamos menos combustible per cápita y reducimos las condiciones de estrés asociadas a tener que invertir más tiempo del que queremos en esta actividad diaria.

Ahora bien, el tiempo de desplazamiento no es el único elemento importante en el marco de una actividad tan representativa en nuestras vidas. Somos más felices en la medida en que dichos desplazamientos sean más agradables y cómodos, es decir, más amables.

En esencia hay dos formas principales en las que las personas se movilizan, la primera tiene un carácter netamente individual y sus patrones de desplazamiento, dependen fundamentalmente de los medios y rutas que quiera y pueda proporcionarse por sus propios medios cada individuo. La segunda, tiene un carácter colectivo y sus esquemas de funcionamiento, dependen de una oferta disponible proporcionada por un tercero a varios individuos que tienen patrones de movilización similares. En Colombia, la mayoría de las personas se transportan bien sea en carro, moto, taxi etc. (primera alternativa) o en bus tradicional, Transmilenio, buses azules etc. (segunda alternativa).

Desde hace años, los gobiernos de diferentes ciudades han propuesto el desarrollo de estímulos, que persiguen la migración gradual de los usuarios del transporte individual al transporte colectivo. En general, se han concentrado en elevar el costo generalizado de movilizarse de manera individual. En este sentido, han venido elevando los costos asociados a tener y operar un vehículo privado, elevando los costos de los combustibles, los costos de parqueo, implementando cobros por congestión, restringiendo su utilización con mecanismos como el pico y placa etc. La razón de hacer todo esto, es que desde la perspectiva de un usuario promedio, es mucho más cómodo viajar en transporte individual que en transporte colectivo. Es decir es mucho menos costoso utilizar un medio de transporte como un automóvil o una motocicleta, que cualquiera de los buses con los que hoy día contamos en ciudades como Bogotá. En términos generales somos más felices movilizándonos por nuestros propios medios, porque aunque nos demoramos más, no nos sometemos a elementos que la economía clásica denomina costos de transacción; es decir, todos estos aspectos que nos hacen pensar dos veces antes de decidir dejar nuestro vehículo en la casa y transportarnos en los sistemas colectivos actuales: grandes caminatas para tomar el bus, incomodidades y agresiones generadas por la interacción de un gran número de pasajeros que compiten por un recurso común escaso, tiempos de espera largos, inseguridad etc.

Ahora, si nos hace menos felices movilizarnos en transporte colectivo, debido a todos los costos de transacción asociados; lo lógico, sería reducir de manera drástica todos los elementos traumáticos asociados a esta experiencia.  Con esto, mejoraríamos la felicidad de los que obligatoriamente deben usar este medio e incentivaríamos la migración por parte de los que hoy día se movilizan en transporte individual y ven el transporte público como una alternativa non grata.

A pesar de lo obvia que pueda parecer una afirmación de estas características, lo cierto es que la política de transporte en ciudades como Bogotá, parece pretender hacer menos felices a los bogotanos. Cada vez es más difícil y traumático movilizarse en transporte colectivo, debido a que se trata de un mercado con excesos claros de demanda, generados por un sistema sub dimensionado y un alto grado de precariedad en infraestructura disponible. En términos generales día a día es más costoso trasladarse en transporte colectivo y más atractivo utilizar el transporte privado como primera opción, a pesar de lo caro que pueda resultar.

Para contrarrestar este fenómeno, el gobierno continúa elevando el costo del transporte privado, lo que en ultimas, en una realidad como esta; termina echando por la borda la felicidad de todos los bogotanos. De continuar por este camino,  vamos a terminar en un escenario en el que los costos generalizados  de movilizarse, van a ser demasiado altos sea cual sea el mecanismo que escojamos para transportarnos.

Algunos creemos firmemente en la necesidad de inducir un cambio real en el paradigma de las políticas públicas. Sociedades complejas como las actuales, requieren de gobiernos obsesionados con mejorar la felicidad de sus ciudadanos, comprometidos con reducir al máximo los costos de transacción asociados a cualquier actividad cotidiana. Desde esta perspectiva, ciudades como Bogotá deberían contar en la actualidad con varias líneas de metro, de cable, de buses troncales, alimentadores, complementarios, taxis, ciclo rutas…en fin, todo lo necesario para garantizar que las personas decidan migrar al transporte colectivo, no porque el privado terminó siendo demasiado costoso, sino porque gracias a este desarrollo, la experiencia en el transporte colectivo es maravillosa.

A pesar de todo lo expuesto, todavía algunos se siguen preguntando si vale la pena construir un metro en la ciudad, cuando deberíamos estar planeando el número de líneas que precisamos construir para convertir a los bogotanos en ciudadanos menos infelices.