Coronavirus Covid-19: si en época de crisis requerimos resultados distintos, nuestros líderes no pueden actuar de la forma acostumbrada

Para la mayoría de personas que vivimos en países tercermundistas, el Estado no es más que un mal necesario, un ente lejano que existe, sabemos que funciona mal y nunca logrará satisfacer nuestras necesidades. Dado el poco interés y desconfianza que sentimos hacia sus capacidades, las decisiones que tomamos con respecto a su conformación, son ligeras, emocionales, estamos dispuestos a “poner el rasguño en el dedo, por delante, del bienestar  de toda la humanidad”. 

Sin embargo, cuando se presentan situaciones críticas como la actual, que nos generan miedo, desasosiego y sobre todo, incertidumbre; la importancia del Estado cobra valor especial. Empezamos a comprender que nuestra libertad y supervivencia dependen en buena medida de las capacidades de nuestros líderes, cuestionamos nuestras pasadas decisiones, poniendo al fin la racionalidad y el bien común por delante de nuestros propios intereses. 

En ninguna ocasión que nuestra generación recuerde, nuestro futuro y el de todos los que queremos, había estado completamente en manos de las personas que elegimos para regir nuestros destinos, jamás en nuestras vidas, los problemas que cotidianamente aparecían en los periódicos cada mañana y que ignorábamos de manera consciente, estuvieron tan cerca de destruir todas nuestras esperanzas. Fraudes en educación, alimentación escolar, atención de enfermedades huérfanas, sobrecostos y sobornos en contratos de infraestructura, corrupción al interior de las EPS e IPS, quiebras de hospitales etc., parecían lejanos y dañinos para alguien más, por lo que pasábamos la página con la certeza de que se trataba de problemas de otros.

Colombia es un país que por décadas ha funcionado mal, su Estado es una organización llena de ineficiencias, corrupción, inexperiencia, ignorancia, intereses ocultos, delincuencia...en general, todo tipo de problemas que históricamente han impedido que los bienes y servicios públicos lleguen de manera eficaz a todos sus ciudadanos. Ahora, si estos resultados han sido tales en situaciones de normalidad, ¿por qué esperaríamos que durante la crisis todo opere de forma diferente?

Ya no es momento para escoger nuevos lideres, sin embargo, podemos exigirles resultados diferentes. Oportunamente, aquellos que nos guían, han tomado la decisión de aislarnos en nuestras casas con el objetivo de intentar reducir los excesos de demanda que el Covid-19 pueda generar en relación con la precaria oferta de servicios de salud, no obstante, cuanto más tiempo estemos encerrados, más profunda será la crisis económica a la que nos enfrentemos. De otro lado, el aislamiento demora la morbilidad y por esta vía la mortalidad, sin embargo, se trata de una medida que retrasa un resultado inminente con el objetivo de prepararnos y ampliar de forma cuidadosa la oferta de servicios de salud, que reducirá la mortalidad en la medida en que preservará las vidas de aquellos que con una detección y atención oportuna, puedan salvarse. 

Ahora, si nuestros líderes no hacen una gerencia magistral, si no implementan mecanismos mucho más eficaces que los acostumbrados para garantizar la ampliación drástica de camas , respiradores, unidades de cuidado intensivo, el desarrollo ampliado y efectivo de pruebas de detección, la provisión impecable de toda clase de insumos médicos, el funcionamiento perfecto de toda la cadena de suministro de alimentos, bienes de primera necesidad y el control impecable del orden público; terminaremos en el peor de los mundos: con un aislamiento eterno cuyas consecuencias económicas serán insospechadas, con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, en el marco de situaciones de escasez, hambre y descontrol social. 

Por lo tanto, por nuestra libertad y supervivencia, vale la pena exigirles resultados diferentes, rigurosidad extrema, abandono completo del populismo y la politiquería habitual, para que se dediquen puntualmente a hacer la labor para la cual los contratamos. Por supuesto, midámoslos con los indicadores correctos y bajo ninguna circunstancia, aceptemos las excusas de siempre: lo que necesitamos como sociedad es una entrega de bienes y servicios absolutamente eficaz y eficiente que garantice menos muertos y caos que en cualquier otro país del mundo, posteriormente requeriremos la reactivación responsable y sería de la economía de manera que recuperemos rápidamente todo el bienestar perdido durante esta época aciaga. 

No perdamos de vista que como nunca antes, nuestro futuro depende de la efectividad gubernamental y que no podemos esperar lograr resultados diferentes, actuando de la misma forma en que siempre lo hemos hecho. 

La purga de los Cátaros por la Iglesia Católica Romana y sus similitudes con el asesinato de líderes sociales en Colombia

La exterminación de los Cátaros en el siglo Xlll se configuró como una de las purgas más conocidas y documentadas de la historia occidental, específicamente sus causas tienen que ver con la preocupación de la iglesia con respecto a las ideas liberales y progresistas planteadas por este grupo religioso. Sus puntos de vista comprometían toda una institucionalidad construida para preservar los intereses de unos pocos, en esencia, en caso de que los planteamientos gnósticos hubiesen proliferado al interior de la doctrina cristiana, La Iglesia Romana hubiese perdido su rol como el vínculo monopolístico entre lo mundano y lo divino. Las consecuencias de una transformación de estas características implicarían la democratización de la religión cristiana con la natural decadencia política de la iglesia como institución.

El asesinato sistemático de los Cátaros tiene relación directa con el surgimiento de La Inquisición, como la institución encargada de erradicar las ideas liberales de la época, más conocidas como ideas heréticas.  Además, está vinculado con el inicio del Oscurantismo, aquella época funesta en la que buena parte del conocimiento de la humanidad fue destruido.

La sociedad colombiana parece tener arraigadas en lo más profundo de su esencia, dinámicas similares, a lo largo de su historia, diferentes grupos con intereses específicos, han configurado instituciones tanto explícitas como tácitas, dedicadas a erradicar durante los siglos XX y XXI la “herejía” política de distintos grupos poblacionales. El asesinato sistemático de Los Liberales en la época denominada “La Violencia”, que tuvo su auge luego del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, la erradicación de miembros declarados de movimientos como la Unión Patriótica, proclamado como el brazo político de las guerrillas marxistas, que tuvieron su origen en movimientos armados liberales y la reciente exterminación gradual de los Líderes Sociales, personas capaces de movilizar a la población de las regiones colombianas en torno a ideas que afectan la estabilidad económica y política de ciertos sectores;  fundamentan por completo dicha hipótesis.

En la actualidad, parece existir todo un arreglo institucional subterráneo, que desempeña de manera eficiente un rol eminentemente inquisitorial, su misión es desaparecer a cualquier persona que tenga ideas que comprometan los intereses de los grupos poderosos que mueven los hilos del poder.

El resultado de un proceso de estas características, no es otro que el oscurantismo político de un país que a lo largo de los años se ha consolidado como  uno de los más desiguales y con mayor índice de asesinatos por cien mil habitantes de toda la humanidad.

Luego de la purga cátara  y varios siglos de oscurantismo, finalmente las ideas liberales se impusieron gracias al surgimiento de la ilustración, la cual trajo consigo el renacimiento de la humanidad, una época maravillosa en la que aparecieron las semillas ideológicas que posteriormente posicionarían los fundamentos democráticos como la base de la mayoría de Estados contemporáneos. Sin duda, estos eventos tienen una relación estrecha con la abolición de La Inquisición como institución en el siglo XIX y la desaparición de su rol en el control violento de la herejía.

Tuvieron que pasar cinco siglos antes de que la humanidad empezara a abrir espacios para la liberalidad, para el conocimiento y la democratización  de ideas. No fué sino hasta ochocientos años más tarde, que la comunidad católica de una macrorregión denominada Occitania donde fueron asesinadas 200 personas quemadas vivas,  iniciara un proceso para pedir perdón por la matanza.

Cuánto demorará la sociedad colombiana en comprender el error histórico que está cometiendo, en qué momento tomará la decisión social de desmontar las instituciones  sobre las cuales se soporta la purga de todos aquellos que profesan ideas políticas diferentes, cuándo pedirá perdón por todos estos asesinatos. Somos varios quienes no perdemos la esperanza de que a Colombia llegue al fin la ilustración política, época en la que renazcamos como Nación y en la que las ideas progresistas que buscan una sociedad más justa y democrática, terminen por imponerse.

Sobre la peste negra y sus enseñanzas en materia de decisiones públicas: recomendaciones de expertos que conducen a la sociedad a "morderse la cola"

La peste negra es considerada la pandemia más importante de la historia, se estima que entre el 30 y el 60 por ciento de la población mundial murió a causa de esta enfermedad. En la actualidad se argumenta que era transmitida por pulgas transportadas por roedores, también se cree que la transmisión entre personas se produjo por ectoparásitos humanos, como la pulga común o piojos del cuerpo, sin embargo, han venido surgiendo cuestionamientos científicos en relación con este planteamiento. 

No obstante lo dicho, los médicos más adelantados y eruditos de la época, atribuían el mal a los “miasmas”, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel; incluso hubo algunos que asociaron la enfermedad con fenómenos astrológicos.

Los dramáticos efectos de la enfermedad sobre la población mundial pueden explicarse principalmente por el error de diagnóstico de los equipos científicos, su interpretación del fenómeno llevó a los políticos y a toda la sociedad, a enfrentar un “falso determinante”, a declarar un “falso problema” el enemigo público de toda la humanidad.

Esta situación condujo inexorablemente a la sociedad, a la implementación de medidas costosas focalizadas en evitar a toda costa los “miasmas” y toda suerte de contacto humano, distrayendo recursos valiosos que podrían haberse invertido en el control de “roedores e insectos parásitos”.

A pesar de que han pasado varios siglos desde cuándo históricamente se registró este insuceso, los errores de diagnósticos inducidos por equipos científicos que fungen como asesores públicos, siguen estando presentes. La declaración de “falsos problemas” como enemigos públicos está vigente en la mayoría de sociedades actuales y goza de mayor incidencia en países con niveles medios o bajos de desarrollo. 

En el caso de  Colombia, por ejemplo, es posible identificar múltiples fenómenos que se ajustan a la lógica mencionada, las decisiones de los políticos y de la sociedad, están determinadas por análisis de grupos de expertos de indudable eficacia a la hora de postular “falsos enemigos públicos”, los cuales amenazan si tregua las dimensiones más relevantes de la realidad cotidiana. 

El narcotráfico es sin duda el “miasma” más representativo de nuestra realidad, a diario invertimos incontables recursos humanos, financieros y técnicos en intentar acabar con este flagelo, sin comprender que los “roedores e insectos parásitos” actuales, están representados en la enfermiza desigualdad que se ha venido consolidando en el país a lo largo de los años y conduce a los grupos menos favorecidos a intentar apropiarse de rentas de cualquier índole, utilizando mecanismos como el tráfico de drogas, disponibles en un momento determinado de la historia. 

Peor aún, este “falso determinante” nos lleva a sacar conclusiones basadas en evidencia también errónea, que nos conducen a decisiones que parecen tener fundamento en cifras, pero que en realidad están nubladas por nuestros fuertes prejuicios con relación a la existencia de un “enemigo público” incuestionable, de esta manera, cada vez que se genera un asesinato en nuestro país, de inmediato lo atribuimos al “falso problema” del narcotráfico, descartando de tajo cualquier análisis en relación con sus verdaderas causas.

El exceso de velocidad es también un “falso determinante” que en los últimos años ha tomado fuerza en lo que tiene que ver con la problemática de accidentalidad vial. El país viene invirtiendo ingentes recursos en reducir la velocidad de desplazamiento en todas las vías terrestres, en la actualidad buena parte de los esfuerzos de los políticos y la sociedad se enfocan en atacar este “enemigo público”. Es interesante ver el papel que las cifras han venido jugando en fundamentar y consolidar la capacidad de amenaza de este “falso problema”, las medidas que se han venido tomando están focalizadas en reducir los límites de velocidad hasta niveles considerablemente bajos, a tal punto, que en los diagnósticos actuales, la causa omnipresente de la casi totalidad de accidentes, es justamente exceder los mencionados limites. Esta condición supone un inconveniente de amplias magnitudes en la medida en que tales prejuicios menoscaban la posibilidad de hacer análisis serios para identificar los determinantes reales de cada accidente.

Por supuesto, desde un punto de vista contrafactual, es trivial demostrar que desplazarse a  velocidades superiores a los bajísimos límites actuales impuestos en nuestro país, no es el verdadero determinante de los accidentes viales, si este planteamiento fuera cierto la mortalidad y morbilidad en las autopistas europeas de alta velocidad serían inconcebibles y cada país con límites de velocidad superiores a los nuestros, ostentaría índices de accidentalidad más altos. 

En este caso el verdadero determinante es sin duda, la manera en la que se diseñó el sistema vial y la forma en la que se configura debido a un proceso evolutivo basado en micro decisiones que en esencia estructura vías terrestres que conducen a la generación de accidentes. Desde aspectos como la potestad de un alcalde para definir el uso del suelo en sectores cercanos a autopistas, hasta que contratistas públicos puedan decidir sobre cerramientos y señalizaciones que no cumplen con estándares mínimos de seguridad, pasando porque un gobierno local permita que las vías se deterioren; son en conjunto causantes de la tormenta perfecta para generar un número de accidentes considerable. 

Los anteriores son apenas dos ejemplos tomados de un amplio repertorio, por lo  tanto, vale la pena pensar las cosas con calma y revisar dos veces antes de implementar medidas que terminan restringiendo libertades con el propósito contradictorio de  controlar “miasmas”.  La idea en términos de decisiones políticas y sociales es afrontar la solución de problemas reales, dejando de lado los sofismas que lo único que hacen es distraernos. 

La paradoja del Estado generador de pobreza

Cuando en nuestra cotidianidad hablamos de pobreza, generalmente hacemos énfasis en la generación de ingresos, no obstante, tendemos a descuidar todo aquello que tiene relación con los egresos. Esta misma desviación tan natural en grupos desprevenidos de tertuliantes, parece estar arraigada en los equipos técnicos que analizan la problemática al interior de los gobiernos.   Tal situación lleva a subestimar las implicaciones en materia de generación de pobreza y reducción del bienestar social que pueden desencadenar ciertas políticas públicas, en esencia, si mantenemos el ingreso de los hogares constante pero paulatinamente hacemos crecer sus egresos, indudablemente los estamos empobreciendo, el resultado es similar si el ingreso crece pero lo hace a una velocidad menor a la que lo hacen los egresos. De la misma manera, cuando los egresos periódicos de un hogar son lo suficientemente altos y el hogar intempestivamente se queda sin ingresos, la situación en materia de reducción de bienestar es francamente precaria y lo será mucho más en la medida en que estos egresos altos estén directamente relacionados con la compra de bienes y servicios dirigidos a satisfacer sus necesidades más esenciales.

En los últimos años, al interior de nuestros gobiernos, se ha vuelto popular y conveniente asociar costos importantes a la casi totalidad de las transacciones cotidianas de los hogares, aspectos tan esenciales como consumir agua, gas y energía, transportarse, alimentarse, procurarse una vivienda, divertirse etc., han venido siendo cargados directa o indirectamente con pequeños importes que en suma han incrementado de forma importante el ingreso necesario para que un hogar sobreviva.

Para ilustrar el argumento podemos analizar el caso de los alimentos que cotidianamente consume un hogar promedio, en los últimos años algunos de ellos han sido gravados directa o indirectamente mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto al Consumo o alguna clase de sobretasa, bien sea al alimento en cuestión o a algún insumo involucrado en su cadena productiva.

Algo similar sucede con el transporte, bien sea que se valga de vehículo propio o de algún modo de carácter público, en el primer caso por ejemplo, en los últimos años se ha incrementado el costo de propiedad de los vehículos de forma notable, se han gravado su compra, su tenencia, la mayoría de bienes y servicios asociados a su operación y mantenimiento, adicionalmente se han venido implementando seguros, cobros por contaminación etc., en el segundo caso los costos se han incrementado indirectamente por cuenta de estos mismos conceptos y otros tantos que sería redundante mencionar.

La conclusión de todo esto es muy interesante en la medida en que pone de presente un hecho contradictorio, el Estado, un actor por definición llamado a reducir la pobreza real, puede estarla multiplicando o por lo menos, puede estar demorando de forma importante el mejoramiento en el ingreso disponible de los hogares. Lo más curioso del caso, es que puede no ser consciente de este fenómeno, es decir, puede estar actuando en el marco de una situación evidente de “riesgo moral”.

Para comprender la verdadera incidencia de un comportamiento de estas características, analicemos el caso de un hogar de clase media que compró una casa a crédito hace treinta años, se trata de una pareja de jubilados que han visto crecer paulatinamente el costo del impuesto predial de la casa antigua en la que viven, no ha pasado lo mismo con su pensión, cuyo monto se ha incrementado apenas para “mantener” el poder adquisitivo frente a una canasta básica. No obstante lo mencionado, el Estado toma la decisión de cobrar intempestivamente un impuesto de valorización que eleva de forma dramática el costo de la vivienda, una decisión de estas características hace que estas personas deban dejar de comer o deban vender su casa para solventar el pago del impuesto, generando una situación de pobreza evidente que no aparecerá en los indicadores ni en las cifras de los sistemas de seguimiento públicos.

Los alcances de dinámicas como las mencionadas pueden llegar a ser insospechados, incluso pueden afectar negativamente aspectos tan determinantes para salir de la pobreza como la creación de capital humano. En efecto, en los últimos años, el Estado ha tomado múltiples decisiones relacionadas con la implementación de frecuentes reformas tributarias, ha venido aumentando indiscriminadamente el precio de los combustibles y cargado uno que otro pequeño importe a los egresos de los hogares colombianos, como resultado de esto, el ingreso disponible para educación se ha venido reduciendo, en consecuencia la matrícula en universidades de clase media, en jornada diurna es cada vez menor, mientras el porcentaje de personas que deciden elegir un programa de educación nocturno, que les permite estudiar mientras trabajan, se ha elevado significativamente.

Lo cierto de todo esto, es que es necesario replantear el papel del Estado y reconfigurar la forma en la que ataca la pobreza, podría empezar bajando los costos de los hogares reduciendo de forma pronunciada la incidencia sobre ellos mediante el incremento paulatino de la calidad del gasto y la productividad pública, además podría focalizar su política tributaria sobre los ingresos y no sobre los egresos.

En síntesis, el Estado debe empezar a pensárselo muy bien, cada vez que quiera afectar los egresos de los hogares, es necesario que evalúe seriamente las verdaderas implicaciones de sus actos y deje de actuar de la forma ligera en que lo viene haciendo, en lo que al bienestar de la sociedad se refiere.

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Las externalidades de la corrupción pública

Mucho se ha oído hablar de la corrupción pública pero poco se dice de los costos no evidentes de este fenómeno sobre la sociedad, por lo tanto vale la pena dedicar unos minutos a analizar sus implicaciones.

En economía se habla de externalidades, en referencia comúnmente a los efectos no compensados de una actividad de carácter privado sobre el resto de la sociedad. En caso de que la incidencia sea negativa, hablamos de costos o reducciones de bienestar y si la incidencia es positiva, hablamos de beneficios o mejoras de bienestar. En la primera situación, se afirma que quien desarrolla una actividad privada con el objetivo de mejorar su propio bienestar, le está transfiriendo costos o está mermando la felicidad de otras personas que tienen poco o nada que ver en el asunto, mientras en la segunda, le está externalizando beneficios o está mejorando la felicidad de otras personas ajenas al proyecto particular de este individuo.

El problema de las externalidades en economía es bien conocido, en general antes de emprender cualquier actividad que busca beneficios privados, los individuos, consciente o inconscientemente, desarrollan un análisis beneficio-costo dirigido a identificar los costos potenciales en que incurrirán y los beneficios que recibirán en contraprestación. Si la resta es positiva, lo más seguro es que decidan adelantar la actividad, si es negativa la evitarán. Así las cosas, cuando los costos de una actividad son asumidos por alguien más, son externalizados o sacados de la ecuación, es más probable que las personas decidan emprender una actividad que reduce de forma importante el bienestar del resto. Tal vez convenga describir un ejemplo para aclarar un poco más el concepto:

Cuando un vecino ruidoso, en un edificio de apartamentos, pretende adelantar una fiesta, durante el proceso de análisis beneficio-costo, considerará los costos del licor y los pasabocas que posiblemente se consumirán, el costo por hora de la música en vivo que animará la fiesta y potencialmente, la reposición de uno que otro implemento casero que sea destruido cuando sus comensales empiecen a elevar los niveles de alcohol en la sangre, no obstante, durante el proceso de tomar la decisión, no tendrá en cuenta los costos que le transferirá a sus vecinos, quienes con seguridad, estarán inmersos en otras actividades, la mayoría  de las cuales, se verán interrumpidas por la apoteósica fiesta que está a punto de adelantarse. No cabe duda que en el marco de un evento de estas características, quien organiza la fiesta y sus invitados experimentarán una mejora de bienestar sustancial, la cual compararán con los costos de la preparación y que dicha resta arrojará un resultado positivo, por lo que el proyecto de fiesta seguirá su rumbo sin mayores contratiempos. Otra sería la decisión si el vecino ruidoso considerara en su evaluación los costos que transfiere a los demás y que decidiera compensarlos de alguna manera por las incomodidades o que una administración responsable e interesada por el bienestar general de todos los residentes, optara por sancionarlo con una multa suficientemente alta como para compensar el malestar que está a punto de causar, en ese caso posiblemente el beneficio recibido por su escandalosa actividad no será suficiente para compensar tales costos aumentados.

En el caso de una actividad como la corrupción el análisis beneficio-costo privado es relativamente simple: modificando irregularmente, directa o indirectamente, un conjunto de decisiones, el corrupto recibirá montos de recursos públicos que utilizará para mejorar su propio bienestar y el de sus allegados, los costos evidentes en los que incurrirá tendrán que ver con la sumatoria de los montos que debe pagar para salirse con la suya, con el cuestionamiento de su integridad, las sanciones sociales, morales, legales y de toda índole, que deberá asumir por cuenta de tales decisiones. No obstante, ¿qué pasa con los costos no evidentes? ¿Qué pasa con los costos que el corrupto transfiere a los demás, no incluye en su análisis beneficio-costo y por los cuales no nos está compensando al resto de la sociedad? Hagamos un breve análisis de algunos de ellos utilizando en primera instancia un ejemplo, con la esperanza de que el lector extienda sus fundamentos a los demás escenarios públicos, teniendo en cuenta que las dinámicas en infraestructura, son similares a las de salud, educación, etc:

1.       Costos asociados a fallas en la provisión de bienes y servicios públicos: vamos a suponer que un corrupto incide en las decisiones, en lo que tiene que ver con la selección de un proponente que construirá una nueva vía, importante para la competitividad de un país entero. En este caso, son varias las formas en que transfiere costos a la sociedad que no son necesariamente evidentes. En primer instancia, El Estado que debe seleccionarlo diseña todo un show procesal dirigido a hacer más transparentes los mecanismos de selección y de dientes para afuera, intentar frenar la corrupción; esta condición hace que procesos que deberían tardar unos cuantos días terminen durando meses y que el disfrute de la vía con las respectivas implicaciones en materia de mejora en productividad, reducción de tiempos de viaje, reducción de contaminación del aire etc.,  se retrase innecesariamente.  De otro lado, considerando que el corrupto muy probablemente no va a ser el oferente más idóneo técnicamente o de lo contrario no necesitaría utilizar la corrupción como mecanismo para resultar favorecido, la sociedad va a recibir una vía de mala calidad que no va a satisfacer sus necesidades y que seguramente tendrá que reemplazar antes de lo esperado.  Así las cosas, el recibo de los anhelados bienes y servicios públicos por parte de la sociedad, puede tardarse 2 o 3 años más de lo que debería y considerando los costos del reemplazo, pueden costar el doble o el triple de lo que costarían unos de calidad razonable.

2.       Costos asociados a la complejidad y consecuente ineficiencia administrativa: de otro lado, para intentar lidiar con la mala calidad sistemática de los productos públicos entregados y el comportamiento deshonesto de sus servidores, la organización pública que contrata las vías, debe tener en su interior ejércitos de personas encargadas de adelantar cada uno de los dispendiosos pasos necesarios, para llevar a cabo la selección de los oferentes. En sus huestes contará con infinidad de abogados que se dediquen a elaborar términos de referencia y contratos  excesivamente complejos, multitud de contratistas que adelanten los procesos de supervisión e interventoría, hasta el punto de que su tamaño puede terminar siendo 4 veces más grande del que tendría en caso de que la corrupción no existiera. Además, considerando que a pesar del tamaño de estos ejércitos el control no será efectivo, se requerirán sendas instancias externas a la entidad, de magnitudes también especialmente grandes como contralorías, procuradurías, veedurías y otras tantas, que intentarán, de dientes para afuera, reducir la corrupción, también infructuosamente.

3.       Costos asociados al pago de impuestos innecesariamente altos: no es tarea fácil financiar los recursos que desaparecen por cuenta de la corrupción, los sobrecostos de la baja pertinencia y calidad de los productos y de un aparato público innecesariamente grande. Lograrlo requerirá un flujo de ingresos fiscales suficiente, para mantener un ecosistema criminal de estas características. En contraste, en países sin corrupción, con la mitad de los recursos se podría entregar el doble o el triple de bienes y servicios públicos. Así las cosas, las implicaciones para la sociedad de tener altos niveles de corrupción, están relacionados con tener que pagar una tasa impositiva que puede ser el doble o el triple de la que pagaría si no existiera este flagelo. En este sentido, si pensamos en que los impuestos son una forma de apropiarse de parte del ingreso de las personas, que lo que gana cada uno procede de horas de trabajo cuya remuneración es usada para comprar bienes y servicios que proporcionan bienestar; la corrupción se apropia de horas de trabajo de las personas y reduce su capacidad para adquirir bienes y servicios que con seguridad mejorarían su felicidad. Eso sin mencionar que eleva los precios de los productos que dicha sociedad produce, haciéndolos menos competitivos en el panorama internacional y por lo tanto, más difíciles de vender en mercados globales, reduciendo en conjunto el ingreso total de la economía y por lo tanto su capacidad agregada para proporcionarse bienestar.

4.       Costos asociados a la conformación de delincuencia organizada pública: con el ánimo de intentar controlar entornos tan complejos como los mencionados y de garantizar en el tiempo la sostenibilidad del lucrativo negocio, los corruptos intentarán ubicar en posiciones claves a sus fichas, por lo tanto, incidirán en procesos de elección popular y nominación pública, para garantizar en el legislativo,  actores capaces de definir normas que de dientes para afuera, satisfagan a la opinión pública, pero de dientes para adentro, faciliten su accionar; en el ejecutivo actores que tomen las decisiones más convenientes para sus propios intereses, aun en contravía del bienestar de la sociedad y en la rama judicial peones que tengan la potestad de incidir durante los procesos sancionatorios, de manera que los costos dentro de su ecuación personal, resulten ser lo suficientemente pequeños como para garantizar un análisis beneficio-costo positivo.  En este caso, el resultado para la sociedad no es otro, que contar con un conjunto de normas y decisiones que la perjudican en vez de beneficiarla y un esquema de justicia completamente desigual, que trata a las personas de forma totalmente inequitativa asignándoles diferente peso en la balanza.  

5.       Costos asociados a desigualdad social y violencia: una de las formas más claras y expeditas para reducir la desigualdad, es entregando bienes y servicios públicos de alta calidad a las clases menos favorecidas, que les permitan equipararse con las que están en mejor condición, sin duda, en primer lugar, es necesaria la reducción de la iniquidad en materia de justicia. Bajo las condiciones mencionadas en los anteriores numerales, en un entorno corrupto no es posible por definición materializar ni lo uno ni lo otro, así las cosas, la corrupción extiende indefinidamente la existencia de sociedades desiguales e injustas, con evidentes conflictos de intereses entre El Estado y los ciudadanos. Mientras el primero concentra su actuación en decisiones que benefician a los pequeños grupos dominantes, los segundos incrementan su nivel de frustración en un entorno en el que no gobierna la ley, con el consecuente surgimiento de multitud de fenómenos de violencia.  Por lo tanto, las consecuencias para la sociedad no son otras que polarización y muerte. Finalmente, para intentar controlar estos fenómenos, será necesario hacer gastos mucho más altos de seguridad y defensa que los que harían Estados en los que no existe la corrupción, con el consabido aumento en los impuestos que conducen a una apropiación aún mayor por parte del Estado, del bienestar de la sociedad y la desviación de recursos de sectores de alta rentabilidad social como educación y salud, a sectores que en principio no deberían existir como los mencionados.

A manera de cierre, vale la pena mencionar, que la sanción por corrupción debería en primera instancia, reconocer una compensación consecuente a la sociedad, por todos los costos que el corrupto le externaliza y que en segunda instancia, si la sanción es lo suficientemente efectiva para que el corrupto deba involucrarla en su  análisis beneficio-costo, seguramente tendríamos mucha menos corrupción pública en nuestras sociedades que la que hoy día tenemos. 

Disponible en audio: https://anchor.fm/armando-ardila/episodes/Las-externalidades-de-la-corrupcin-pblica-e1l4mfo/Las-externalidades-de-la-corrupcin-pblica-a888913

¿Queremos un Estado controlador o facilitador? ¿Alguien tiene la respuesta?

Todas las personas independientemente de la nacionalidad, tenemos similares ambiciones y capacidades, la diferencia entre nosotros radica fundamentalmente en las condiciones que nos proporciona el entorno para materializar todo nuestro potencial y lograr lo que nos proponemos.

De otra parte, las características del entorno dependen en buena medida de los estímulos que una organización denominada Estado define con cada una de sus decisiones.

Por lo tanto, la posibilidad de que las personas de uno otro contexto nacional, materialicen sus objetivos individuales depende en buena medida de la cultura del Estado que rige su existencia.

Estados con una cultura basada en el control de sus ciudadanos, en decidir qué pueden y qué no pueden hacer, para los cuales el pueblo está al servicio de la burocracia; son Estados en los que por definición se dificultará materializar cualquier clase de meta individual. Por el contrario Estados cuya cultura se abstiene por completo de restringir los objetivos de sus ciudadanos, pone la felicidad colectiva por encima de todo, para los cuales la burocracia está al servicio del pueblo; serán Estados en los que resultará increíblemente fácil lograr propósitos propios.

Ahora bien, los Estados del primer tipo, los controladores, son por definición ineficientes en términos de su capacidad para proveer bienes y servicios, en general deben invertir buena parte de su tiempo y recursos en supervisar y controlar a sus ciudadanos. Los del segundo tipo, los facilitadores, son altamente productivos pues todos sus recursos están focalizados en producir bienes y servicios oportunos y de alta calidad.

En consecuencia, los Estados controladores demandan una parte importante del total de la producción privada, la cual expropian a través de onerosos impuestos mediante los cuales financian su existencia. No obstante, dada su marcada ineficiencia, dichos gravámenes resultan siendo un costo para los ciudadanos que en la práctica no supone ningún beneficio. En contraste, los Estados facilitadores cobran impuestos bajos que regresan a los ciudadanos en la forma de bienes y servicios altamente valiosos que facilitan notablemente sus actividades cotidianas.

Ahora, dado este contexto, vale la pena preguntarse qué tipo de Estado tenemos en Colombia, para evaluar de manera sencilla sus características podemos remitirnos a analizar algunas de sus decisiones, en dos aspectos cruciales para la cotidianidad de cualquier ciudadano como el transporte y la justicia.

Si pensamos detalladamente en un bien o servicio público de alta relevancia para el logro de los objetivos de cada ciudadano como las vías por ejemplo, podremos lograr algún grado de validación para los conceptos recién expuestos.

Nuestro país ocupa los últimos lugares en calidad vial, una situación como ésta sería afrontada por un Estado facilitador focalizando todos sus esfuerzos y productividad en construir nuevas vías de altísima calidad. Sin embargo, buena parte de las medidas para solucionar dicha problemática se han focalizado en controlar el comportamiento de los ciudadanos, por ejemplo, reducen drásticamente la velocidad de movilización con la esperanza de evitar que las personas terminen muertas gracias a que las actuales características viales son causantes directas de accidentes.

En las áreas urbanas las restricciones han llegado al punto de racionar el uso de las vías a través de la implementación de mecanismos de carácter permanente como el “pico y placa”, que le otorgan la posibilidad de movilizarse a algunos vehículos determinados días de la semana mientras que otros deben permanecer parqueados. En contraste un Estado facilitador dirigiría todas sus baterías a ofrecerle a sus ciudadanos todos los modos de transporte existentes de forma que quien quiera transportarse lo pueda hacer como y cuando quiera.

Además, Colombia es un país con serios y claros problemas para garantizar “el gobierno de la ley”, no obstante, para mitigar este fenómeno su Estado focaliza sus medidas en controlar excesivamente todas las actuaciones de sus afiliados, aspectos como el uso de armas, el registro de la propiedad, las reglas contractuales etc., son excesivamente regulados en un esfuerzo infructuoso por evitar irregularidades, cuando lo lógico sería concentrarse en garantizar una provisión de justicia rápida y altamente efectiva que garantice el respeto universal por parte del pueblo, de un conjunto de reglas simples y elementales.

En el marco de estos antecedentes, ires y venires de gobiernos de una y otra ideología, los cuales logran poco o nada en términos de mejorar nuestra felicidad; vale la pena preguntarnos qué Estado queremos: uno controlador e ineficiente que nos dificulte la vida o uno facilitador y eficiente que nos ayude a materializar todas nuestras metas individuales. Sin embargo, antes de encontrar la respuesta, no perdamos de vista que cualquier asomo de cambio depende de las acciones futuras que cada uno de nosotros emprenda.

La moral colombiana: entre los “usted no sabe quién soy yo” y los “abeja”

Hace unos días, en el marco de alguna de las interesantes conversaciones cotidianas que la mayoría de nosotros sostenemos a diario, con personas que no conocemos del todo pero que tienen mucho que decir, con respecto a lo que sienten viviendo en un país como el nuestro, un taxista me preguntó en medio de su frustración por el escalamiento de la violencia en las regiones colombianas y los descarados casos de corrupción rampante, de carácter tanto público como privado, “¿cuál puede ser el problema de Colombia para que estemos tan jodidos?”.  

El objetivo de este blog es responder esa misma pregunta que a varios, incluyéndome, nos ha dado tantas vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Lo primero que hay que precisar es que la precaria situación de la sociedad colombiana está explicada por las características de la moral en el marco de la cual se materializan todas sus interacciones sociales.

Al respecto, lo que se puede decir es que cada sociedad define un conjunto de reglas que persiguen en última instancia, la posibilidad de vivir en armonía al interior de un modelo social, que garantice la felicidad de todos sus individuos en el marco de principios fundamentales como la libertad, la equidad, el bienestar etc. Dichas reglas, que le dan forma a la concepción de justicia sobre la cual la sociedad toma decisiones que afectan a cada uno de sus miembros, se definen y fundamentan mediante procesos de prueba y error que les muestran a los individuos lo que más les conviene a el largo plazo, en términos de lograr materializar sus expectativas o su felicidad. Ese conjunto de reglas es lo que llamamos “moral” y su estudio lo conocemos como “Ética”.

La sociedad colombiana desarrolla actualmente sus actividades cotidianas, en el marco de un grupo particular de reglas, a las que llegamos gracias al doloroso proceso histórico que hemos vivido durante décadas. Específicamente las condiciones de marcada desigualdad en las que ha existido el país desde siempre, terminaron por definir reglas sociales que sistemáticamente han buscado perpetuar dicha desigualdad e incluso profundizarla paulatinamente.

En esencia vivimos en una sociedad con una moral compleja, en la que la virtud individual y el ejercicio de la justicia, claramente no están en primer lugar del orden del día. Estas reglas son tan injustas que priorizan de facto las necesidades del grupo poblacional más rico, pues le proporcionan mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud etc.  El estrato social, por ejemplo, es un discriminador evidente, pues es claro que las dotaciones con las que cuenta los barrios de estratos cinco y seis son mucho mejores que las propias de estratos uno y dos, de otra parte, las reglas que conducen a tener un sistema de salud ineficiente y corrupto, le ofrecen a los pobres un estándar de calidad completamente distinto al que pueden acceder las personas que tienen la posibilidad de pagar un buen plan de medicina prepagada, incluso, la calidad de la educación en los colegios públicos en los que estudian los pobres, en promedio, es claramente  inferior a la que ofrecen las instituciones privadas más costosas.

 La moral asociada a todas estas dinámicas queda muy bien representada en la cultura del ciudadano “usted no sabe quién soy yo”, todo un planteamiento social que legitima el hecho de concebir personas más importantes que otras, con derecho a gozar de privilegios a los que los demás no pueden acceder y suficiente poder para imponer reglas que perpetúen la posibilidad de continuar recibiendo tales beneficios.

De otra parte, el grupo poblacional mayoritario más pobre, consciente de las diferencias y de las serias dificultades que interpone la sociedad para reducirlas, termina legitimando una serie de reglas basadas en desconfianza, aprovechamiento, revanchismo, lucha por los recursos escasos y justicia por la propia mano.  La moral resultante de esta lógica está muy bien representada en la cultura del ciudadano “abeja”, aquel individuo que se aprovecha de la “ingenuidad” de los demás, dispuesto a pasarse por la faja las necesidades del resto de la sociedad con tal de mejorar su propio bienestar.

Todos estos aspectos y otros innumerables más, rompen lo que John Rawls llamó “el velo de la ignorancia”, esa condición de libertad e igualdad verdaderas, por medio de la cual, en una sociedad justa, cada uno de sus individuos tendría las mismas posibilidades de materializar sus expectativas y conseguir la felicidad.  En últimas nuestra moral nos conduce a la existencia de la injusticia como una condición socialmente aceptada y defendida por todos los miembros de la sociedad, ricos y pobres. Luego de una conclusión como ésta, valdría la pena preguntarse ¿bajo qué circunstancia, una sociedad cuyas reglas hacen honor a la injusticia no debería estar indefectiblemente jodida?

¡Si yo fuera presidente!

Estas épocas electorales, resultan muy interesantes para personas de mi talante, genuinamente preocupadas por el devenir político colombiano. Las reuniones de amigos, el entorno laboral y académico se convierten en espacios  de apasionantes discusiones. Café va, café viene, desayuno un día, almuerzo el otro; encuentros que se transforman en interesantes y enriquecedores debates con personas que conocen lo público usualmente desde una perspectiva directiva, pero fundamentalmente técnica.

En alguna de estas acaloradas discusiones, uno de mis inteligentes amigos, cuyo nombre prefiero no enunciar para evitarle problemas, de quien solamente diré que forma parte de este gobierno… me preguntó: “¡bueno! Y si usted fuera presidente entonces ¿qué es lo que haría?”.

Ante semejante pregunta, mi primera reacción fue mirarlo fijamente, intentando no delatar con los ojos, la emoción asociada a poder responder un cuestionamiento de ese calibre.  Después de una larga pausa me desaté en prosa, en el marco de un relato sobre el cual solamente compartiré una que otra idea, con el ánimo humilde de que alguna de las campañas en las que he colaborado intelectualmente o en su defecto cualquiera de los candidatos actuales, bien sea de derecha o de izquierda; tome como suyos estos planteamientos y tenga a bien ayudarle en su materialización a un consultor, profesor inquieto, que no tiene filiación política u orientación ideológica alguna, distinta a la propia de sacar del embrollo en el que se encuentra, a esta apesadumbrada sociedad colombiana.

Reduciría a cero los montos de financiamiento de las campañas políticas.

Un principio fundamental de la democracia es que el voto de cada ciudadano: rico, pobre, empresario, empleado, hombre, mujer  etc., vale exactamente lo mismo y que ninguno de ellos representa un poder de elección superior al de los demás.

Lo cierto, es que nada atenta de manera más directa contra este pilar fundamental, que el increíble despliegue de marketing político y el proceso de “engrase” de las maquinarias electorales, en que se gastan los cuantiosos recursos que financian las campañas electorales. En últimas, quien gana en la contienda electoral actual, no es aquel que tiene un mejor programa o ha mostrado mejores resultados durante su trayectoria; quien sale airoso es el que tiene recursos para pagar más carteles, más lechonas, más publicidad en medios, más buses etc.

No perdamos de vista que usualmente, quienes aportan los dineros que financian las campañas, son grupos de interés dispuestos a invertir cuantiosos recursos en promover un candidato que defiende sus intereses, los cuales usualmente, van en contravía del interés general.

Como presidente propondría una reforma electoral profunda, que empiece por prohibir rotundamente la entrada de cualquier monto de recursos a las campañas políticas, restrinja por completo la mercantilización del proceso de elección y garantice la transformación rotunda del escenario político, de manera que a través de los partidos se diera un proceso de depuración de candidatos que condujera a un número razonable de entre cinco y diez opciones. Estos prospectos tendrían abiertos todos los espacios regionales, nacionales etc., para exponer sus ideas únicamente en debates públicos con presencia de cada uno de ellos, que les permitieran a los ciudadanos hacer comparaciones y tomar decisiones informadas.

Sentaría los pilares para reducir la desigualdad a través de dos mecanismos principales: i. Libre y completo acceso a educación superior completamente gratuita en universidades de alta calidad, ii. libre y completo acceso a un sistema de justicia efectivo y veloz.

Pocas cosas aceleran tanto la desigualdad en materia de ingresos como graduarse o no de una universidad, tener estudios de posgrado y terminar estudios en una universidad bien situada en los rankings de calidad académica. Lo que muestran las cifras es que en el primer caso, las personas solo pueden acceder a un conjunto de posibilidades de trabajo de poca agregación de valor y por lo tanto escaza remuneración, mientras en el segundo, la demanda laboral con el tiempo aprende que las capacidades de las personas que salen de mejores universidades son mayores, en este sentido, concentran sus requerimientos en graduados de este tipo de organizaciones, aumentando gradualmente su disponibilidad a pagar por ellos.

Desde este punto de vista, como presidente, propondría varias reformas a nuestro sistema educativo. La primera de ellas estaría focalizada en ampliar drásticamente los cupos educativos en las universidades públicas, el segundo estaría focalizado en incrementar de manera drástica la productividad de dichas organizaciones públicas, así como la calidad de los servicios educativos y no educativos que ofrecen. En esencia, trabajaría con las facultades de ingeniería industrial, administración, ingeniería de sistemas y derecho de cada una de ellas, para  rediseñar los procesos internos en aras de mejorar drásticamente su agilidad y eficacia. Además, promovería la creación de una superintendencia de educación, completamente independiente, con una estructura similar a la del Banco de la República, encargada de definir, inspeccionar, vigilar y controlar los estándares educativos, a la que le daría bastantes dientes para sancionar de manera efectiva en todos los casos en los que se presenten incumplimientos por parte de los establecimientos educativos.  

De otra parte, no olvidemos que en sociedades desiguales en ingresos y riqueza, los sistemas de justicia complejos y pesados, además de fomentar la impunidad, producen resultados diferenciados premiando en las decisiones a los percentiles de ingresos altos y castigando a los grupos menos favorecidos. Esta condición profundiza la desigualdad e incluso la acelera, pues facilita patrones de abuso y despojo de parte de los grupos favorecidos hacia los más vulnerables. Desde este punto de vista, como presidente, concentraría buena parte de mis esfuerzos en hacer pasar a fuerza, una reforma a la justicia diferente a las que hasta la fecha han sido sometidas a discusión.  En este caso, el énfasis estaría puesto fundamentalmente en acelerar la velocidad de toda la cadena de valor de la justicia, en particular le pediría a abogados, jueces, fiscales, policías, ciudadanos, empresarios etc., que me ayuden a identificar los aspectos más engorrosos de los diferentes procesos que se surten al interior del sistema de justicia, para luego hacer una mejora seria de cada uno de ellos, que incremente de forma drástica su velocidad y eficacia. Dicho cambio, estaría sustentado en suprimir actividades que no agregan valor y modificar prácticas arcaicas que en plena era digital, todavía gobiernan las actuaciones jurídicas.

Reeducaría a todos los abogados del país e introduciría cambios de enfoque en las facultades de derecho para diseñar instituciones focalizadas en “facilitarle la vida a las personas”.

La nuestra, es una sociedad que parece estar sitiada por talanqueras que restringen casi todas las dimensiones de la actividad humana, aspectos como la forma en la que concebimos los contratos entre privados, la interacción de El Estado con los ciudadanos, el papel del gobierno en nuestra actividad cotidiana; parecen estar mediados por una marcada obsesión por dificultar y prohibir, antes que incentivar y facilitar. Al respecto, vale la pena anotar que paulatinamente la ciencia económica ha ido desvelando las razones por las cuales algunas sociedades logran resultados mejores que otras en materia de bienestar y desigualdad. En la actualidad, parece existir un consenso con respecto a que las características de las reglas en el marco de las cuales las sociedades desarrollan toda su actividad, definen la naturaleza de su resultado. Desde este punto de vista, los malos indicadores de Colombia en materia de desarrollo y desigualdad están seriamente predestinados por un conjunto de reglas perversas. Al respecto, vale la pena anotar que los abogados intervienen desde diferentes perspectivas tanto en el establecimiento de las reglas mencionadas, como en su formalización a través de leyes. En últimas, la doctrina jurídica colombiana, es la que nos ha conducido a tener reglas de estas características, por lo tanto,  siendo presidente trabajaría desde las facultades de derecho, en lograr un cambio estructural de los imaginarios de los abogados, que conduzca  a definir reglas de interacción social que lleven a los individuos, las familias, las empresas, el gobierno y El Estado a  construir las condiciones para garantizar la igualdad en materia de ingresos, riqueza y al mejoramiento paulatino del bienestar de la sociedad colombiana.

Implementar una consejería de ingeniería pública que se dedique a mejorar la operación de todas las entidades, cambiando su tecnología y agilizando la manera en la que hacen las cosas.

Las organizaciones públicas son el mecanismo principal por el cual El Estado materializa su accionar sobre la sociedad. Aquellas no son más que un conjunto de personas que se interrelacionan entre sí con el propósito de materializar objetivos comunes, dicha interacción está mediada por la tecnología,  los recursos físicos  y un conjunto de reglas particulares denominadas cultura, jerarquía etc. Sin duda,  la manera en la que estas personas definen tal organización puede conducir a que los objetivos mencionados se logren más o menos rápido, con mayor o menor eficacia. En esencia, si lo pensamos desde un punto de vista práctico, las entidades públicas no son más que organizaciones concebidas para producir bienes y servicios públicos hechos para incrementar el bienestar de los ciudadanos.  Desde este punto de vista, si yo fuera presidente, trabajaría decididamente en mejorar la forma en la que se organizan dichas entidades. Uno de mis objetivos más importantes sería lograr que todas funcionaran como la más ágil y productiva empresa pública, dedicada por entero a la producción veloz, eficaz de bienes y servicios públicos con una alta calidad, centrada en incrementar de manera muy importante y cuantiosa su rentabilidad social. Para lograrlo, en primera instancia escogería un staff de directivos, con una probada capacidad gerencial, que sean capaces de acompañarme durante todo el gobierno e implementar verdaderos procesos de mejora al interior de sus organizaciones. Seleccionaría personas que sean capaces de conservar un bajo perfil, que estén interesadas en hacerse notar por los buenos resultados de sus organizaciones y no por dar discursos, participar en eventos, salir en medios o hacer inauguraciones. Básicamente, configuraría un cuerpo directivo que volcaría todos sus esfuerzos hacia el interior de las organizaciones.

De otra parte, crearía una alta consejería de ingeniería pública, que haciendo equipo con los directivos, se dedique a mejorar una por una dichas entidades, en el marco de un principio fundamental: queda abiertamente prohibido crear, suprimir o reestructurar entidades, simplemente, vamos a trabajar con la estructura de El Estado actual, pero vamos a lograr que todas y cada una de las organizaciones públicas del ejecutivo, funcionen mejor que nunca.

¿Será mucho pedir, un Estado eficiente que “funcione como un relojito”?

Recorrer el país es un ejercicio hermoso que nos recuerda a los colombianos el privilegio que tenemos al poder gozar de paisajes increíbles e interactuar con personas maravillosas, no obstante, también es un duro recordatorio de los problemas asociados a la capacidad del Estado para proporcionarnos bienes y servicios públicos de alta calidad. En el entretanto de un largo proceso andariego que me ha permitido conocer realidades maravillosas,  me he enfrentado a carreteras regionales repletas de huecos, que conducen a poblaciones con infraestructuras ajenas a cualquier tipo de mantenimiento, he tenido la posibilidad de transitar por regiones en las que priman patrones negativos como la destrucción ambiental y la violencia soterrada.

No obstante, a pesar de que existen tan evidentes y sentidas necesidades, en todos estos lugares me he topado con ciclo rutas que emulan a las de la capital, notablemente costosas, por las que no circula ni una sola alma; con señalizaciones innecesarias, en carreteras por las que pasa un vehículo de vez en cuando; con tramos pavimentados increíblemente cortos, sobre carreteras veredales, cuyo diseño técnico no parece tener explicación alguna; con decoraciones navideñas que ostentan  motivos extraños, cuyo costo supone un ojo de la cara de los humildes contribuyentes…en fin, con diferentes representaciones de gastos que nadie necesita, pero que seguramente les permiten a los mandatarios locales sacar tajadas jugosas para su propio provecho.  Tan generalizado es el fenómeno, que no se puede decir que exista un solo municipio colombiano  mantenido como “una tacita de té”.

Si ésta es la situación que reina en lo relacionado con bienes públicos tangibles, ¿qué pasará con aquellos difíciles de advertir a simple vista? Los que conocemos los territorios sabemos lo irrisorio que resulta pensar en que los culpables de un robo sean capturados y condenados gracias a las gestiones de la autoridad en una pequeña población colombiana, tenemos claro que si necesitamos buena atención en salud, debemos desplazarnos a las ciudades y sabemos a ciencia cierta, que lo mejor para vivir una vida tranquila es “comer callado y no meterse con nadie” pues literalmente en los pequeños municipios colombianos “no hay quien nos proteja”.

Lo que parece extraño de todo esto, no es la existencia de estos inconvenientes, se trata sin duda de una condición endémica inherente a las sociedades de países como el nuestro. Lo curioso del caso, es que la gente piense que como estamos, estamos bien, que la estructura del Estado y de los mecanismos de gobernanza en los territorios, son pertinentes y que a pesar de todos estos inconvenientes, no hay manera de hacer que nuestra realidad sea diferente.  

Mi sentir, es que toda esta confusión se ha generado fundamentalmente porque creemos que vivimos en un país pobre que no tiene recursos para solucionar todos estos problemas. Sin embargo, quienes conocemos el aparato estatal, sabemos perfectamente que esta afirmación es completamente falsa, en realidad, el erario con que cuenta El Estado es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades en materia de bienes y servicios.

El problema de fondo, es que esta gran masa de dinero entra a un aparataje desordenado y complejo, que la consume desesperadamente en el marco de vericuetos organizacionales arcaicos, de los cuales parecemos sentirnos muy orgullosos.  A veces damos la impresión de que estamos dispuestos a convivir con este karma, siempre y cuando logremos aislarlo de nuestra actividad privada. Lo curioso de todo esto, es que cuando la provisión de bienes y servicios públicos no es eficaz, se necesitan más impuestos para mantener el aparato estatal y además se precarizan las bases más fundamentales para una sólida actividad privada.

El resultado, es que comparativamente con otros países, podemos tener las mismas capacidades, el mismo conocimiento e incluso, la misma tecnología; sin embargo, la precariedad del entorno nos hace menos productivos, mientras la necesidad de que transfiramos más y más impuestos al aparato público, nos deja con menos recursos para invertir en nuevas máquinas, capacitación para nuestros empleados, mejores salarios, investigación y desarrollo para innovar en la industria  etc.

Si queremos incursionar en la ardua senda de solucionar este embrollo en el que estamos metidos, lo primero que debemos hacer es cambiar drásticamente nuestra manera de entender lo público. Cada uno de nosotros tiene que quitarse de encima preceptos que nos conducen a frases como “lo público es diferente” , “hay que entender la lógica de lo público”, “es necesario ser flexible en lo público”; todas ellas no son más que la manifestación de anuencia hacia las prácticas que tienen hundidas en el caos a nuestras organizaciones públicas. Lo segundo es empezar a exigirle a lo público un funcionamiento perfecto en todo el sentido de la palabra, ser implacables en demandar celeridad, productividad, pertinencia, buen servicio y en general todos los atributos asociados a bienes y servicios de altísima calidad etc.  Lo tercero es exigir una separación drástica e irreconciliable entre la gerencia pública y el clientelismo disfrazado, los gerentes de las organizaciones públicas deben llegar a dirigirlas por mérito, después de haber surtido procesos de aprendizaje necesarios al interior de ellas, además deben liderarlas durante largos periodos de tiempo gracias a que su proceso de selección, ha sido lo suficientemente cuidadoso como para constituirse en garantía de buenos resultados. No tiene sentido seguir con la dinámica de poner nuestras entidades en manos de alfiles inexpertos que se quitan y ponen cada vez que es necesario concretar un resultado político. Lo cuarto es garantizar una operación de las organizaciones públicas totalmente estandarizada y sistematizada, que reduzca a su mínima expresión la discrecionalidad actual, que exacerba el velo oscuro sobre el cual yace la corrupción. Lo quinto es concebir organizaciones públicas basadas en la agilidad y la transparencia, con procesos fundamentados en la tecnología, la simplicidad, la velocidad y la satisfacción completa de los ciudadanos.

Toda esta ruptura irreconciliable de paradigma, puede resumirse, en cambiar drásticamente la percepción de que lo público, por su condición, debe funcionar mal; en desvincular el diseño del Estado de la jurisprudencia, cuyos desaciertos bien representados en la complejidad y la inoperancia de La Justicia,  ha logrado extender a las demás ramas del poder público; y en darle la potestad del diseño de lo público a una nueva área del conocimiento denominada “Ingeniería Pública”, cuya obsesión será garantizar que las organizaciones públicas funcionen mejor que cualquiera de las empresas privadas que en la actualidad admiramos

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Para mis "sufridos" estudiantes

Fuente: theodysseyonline.com

Seguro todos los días se preguntan las razones por las cuales pretendo imponer reglas inflexibles en mis clases y las circunstancias que me llevan a ser exigente, buscando que se esfuercen para obtener una buena nota. En los siguientes apartes espero explicar algunas de las más importantes, las demás estoy dispuesto a discutirlas siempre que tengan la voluntad de invitarme un café o algo parecido.

Empecemos por la hora de inicio de la clase, durante no menos de 14 años de ejercicio profesoral he empezado y terminado siempre las clases a la hora en punto. En este caso busco honrar el compromiso establecido con la universidad y con ustedes, pretendo decirles que la seriedad con que veamos el acuerdo de iniciar una clase, será la misma con la que enfrentaremos un negocio, un acuerdo familiar, social etc. Iniciar a la hora establecida Implica la manifestación del respeto por las reglas y sobre todo la firme intención de honrar un compromiso con ustedes, con la universidad y la sociedad. Para que entiendan la importancia de un pequeño acto como este quiero que se imaginen un sitio en el que los médicos, los policías, los abogados, los políticos y en general, todas las personas que desarrollan algún rol en la sociedad, de verdad honraran sus compromisos: ¿no creen que sería una maravilla?.

Ahora hablemos de la voluntad de no variar nunca las reglas que se establecen en la primera clase, cada una de ellas es producto de un proceso sostenido de maduración basada en experiencias pasadas, retroalimentaciones de estudiantes que tomaron mis cursos, comentarios de profesores que conocen lo que se imparte en mis materias etc., por lo tanto se trata de reglas justas que se han venido madurando con el tiempo con el propósito de garantizar los mejores resultados pedagógicos posibles. Lo interesante en este caso es que el no variarlas con base en perspectivas individuales, les garantiza a todos y cada uno de ustedes un trato justo y sobre todo igualitario, que les permite tener la confianza de que al interior de la clase todos serán medidos con el mismo racero sin importar su género, nivel socio económico, credo o en general cualquier aspecto que los haga diversos. Lo que quiero expresarles con esta pequeña intransigencia, es la importancia de garantizar una sociedad igualitaria en la que todos seamos tratados de igual manera gracias al imperio de una ley que nadie tiene la potestad de cambiar con el propósito de favorecer sus propios intereses.

Sigamos con la manera estricta de evaluarlos, confieso que al interior de mis cursos no es trivial aprobar y puede ser difícil sacar la máxima nota. Mi responsabilidad con la sociedad es asegurar que quienes aprueban el curso con la mínima nota posible, tienen las capacidades necesarias para aplicar con éxito un conjunto de herramientas con base en las cuales las organizaciones y la sociedad tomarán decisiones importantes. Así las cosas es mi deber garantizar que no aprueben aquellos que por cualquier circunstancia relacionada con una buena conversación a través de WhatsApp, una buena serie en Netflix, desinterés por la materia, los efectos de la rumba, débiles prerrequisitos procedentes de materias anteriores etc.; no lograron la habilidad necesaria para garantizarle a la sociedad un resultado confiable y útil. Antes de juzgar este inflexible punto de vista, piensen en que detrás de una enfermedad mal tratada, de un edificio mal construido, de una organización que se quiebra, de un proyecto innecesario o mal ejecutado etc; hay decisiones de personas como ustedes a las que se les transmitieron al interior de buenas universidades, las herramientas necesarias para enfrentar con éxito toda suerte de problemas, sin embargo todos ellos tomaron la decisión de no estudiar, entender y apropiar aquellos conceptos. Nuestro abollado país necesita buenos médicos, excelentes abogados, maravillosos ingenieros etc; con toda la técnica necesaria en sus cabezas para salvar vidas, lograr un país justo, construir infraestructura durable y en general avanzar hacia una sociedad en la que todo funcione bien.

Para terminar, hablemos de mi desmedida intolerancia hacia la copia y el fraude, quienes me conocen saben que soy capaz de llevar  estos casos hasta las últimas consecuencias. Este tipo de actuaciones, se fundamentan en un irrespeto desmedido por las reglas, suponen salirse con la suya gracias al engaño, alguien que copia o hace fraude seguramente será también deshonesto en una relación contractual y estará dispuesto a sobornar para salirse con la suya, ¿no sería maravillosa una sociedad en la que cada uno logre sus objetivos a costa de la disciplina y el  empeño?.

Después de este pequeño y velado sermón, tengan en cuenta que todo lo que pasa en mis cursos tiene un mensaje que en general está dirigido a conformar un equipo de buenas personas, de férreos principios, con las cuales, estoy seguro, seremos capaces de transformar nuestro bello, pero desorientado país.

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