Presidentes Novatos

 

Fuente de la imagen: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49377596

El Estado moderno es una organización, no es más que eso, una organización conformada para dar solución a problemas que de manera individual no podemos afrontar. Dentro de ella, El Ejecutivo, tiene la responsabilidad de “ejecutar” todos los mecanismos necesarios para que una parte importante de dichos problemas sea encarada de forma contundente. 

 

Cada tanto, en los diferentes países democráticos del mundo, escogemos al presidente, al gerente general de esta instancia ejecutora, seleccionamos una figura de evidente importancia, que en entornos distintos al público llamaríamos Chief Executive Officer o CEO. La relevancia de esta elección es indudable, pues su capacidad de liderazgo determinará los resultados de innumerables organizaciones subsidiarias con millones de empleados públicos trabajando en su interior: ministerios, secretarías, departamentos, unidades, agencias, empresas estatales etc. Además, afectará en buena medida el desempeño de otras partes del ecosistema organizacional estatal, como las ramas ejecutiva y judicial. 

 

Una decisión similar se toma de cuando en cuando en organizaciones privadas de tamaño importante, al analizar los elementos determinantes de dicha elección en las empresas más valiosas del mundo, resulta evidente la búsqueda de resultados determinados por una indudable madurez gerencial, usualmente, los candidatos son personas que a lo largo de su vida han dirigido equipos de diferentes tamaños, cada vez mayores y han tenido la posibilidad de aprender la manera de llevarlos a lograr buenos resultados. Además, en el marco de un proceso cada vez más complejo de toma de decisiones, han comprendido qué medidas generan buenos réditos y cuáles no. Eso sin mencionar que, han tenido la posibilidad de entender muy bien las dinámicas de los negocios por los que han pasado y la manera en que dichos aspectos pueden afectar el desempeño de las organizaciones que dirigen. Finalmente han apropiado claramente las particularidades de las funciones organizacionales, sus pormenores técnicos y la forma en que deben configurarse para lograr resultados notables.

 

A pesar de que la elección del presidente de un país puede determinar, sin lugar a duda, el desempeño del Estado y su capacidad para solucionar eficazmente los problemas más determinantes de nuestras vidas y las de las personas que amamos; somos mucho menos exigentes que las juntas directivas de las organizaciones privadas de gran tamaño mencionadas, al escoger el candidato que regirá nuestros destinos. En general, nuestra decisión está centrada en las características de su discurso, en lo que promete y en otra serie de aspectos irrelevantes a la hora de materializar una gerencia efectiva como su apariencia, sus creencias religiosas, si tiene hijos o no, si es hombre o mujer etc. 

 

El resultado de diferencias drásticas como las anotadas es evidente, mientras las grandes y complejas organizaciones privadas, gracias a la elección concienzuda de un gerente maduro, logran materializar sus resultados y evolucionar de forma contundente, los estados modernos al interior de los cuales se toman decisiones ligeras e irresponsables como las anotadas, alcanzan resultados mediocres y se sumergen en un preocupante retroceso.

 

La sociedad chilena recientemente eligió un presidente de 36 años cuya experiencia estuvo centrada en ser líder estudiantil y posteriormente diputado. Perú hace poco escogió a un mandatario en cuya trayectoria se cuenta ser profesor de primaria y representante sindical, esta decisión se suma a otras similares que ha tomado este país en los últimos tiempos y han supuesto que, en los últimos 5 años, 6 presidentes hayan renunciado o hayan sido destituidos. Ucrania eligió un presidente de 41 años que toda su vida había sido humorista y en la actualidad, se encuentra sumida en una guerra de magnitudes inesperadas, con su vecino Rusia. El pueblo venezolano hace ya varios años eligió a un mandatario con únicamente estudios de bachillerato, que había sido conductor de bus, guardaespaldas y que, aunque fue diputado, ministro y posteriormente vicepresidente; dados los indicadores del país, no tiene la posibilidad de mostrar ningún tipo de resultado positivo asociado a su gestión en dichos cargos. 

 

Colombia por su parte, está a punto de tomar la importante decisión de elegir su presidente, punteando en las encuestas se encuentran un candidato que fue toda su vida congresista y posteriormente fue alcalde de Bogotá y un aspirante cuya experiencia está centrada en haber sido concejal y alcalde de Medellín. Vale la pena anotar que el actual presidente del país llegó a esta alta dignidad, luego de haber trabajado con multilaterales y haber sido senador de la república. 

 

Lo que nos muestra este balance, es que estamos siendo notablemente irresponsables con nuestras decisiones y que antes de elegir a aquel que afrontará la gerencia de la organización que más impacto tiene sobre nuestra realidad, bien vale la pena ser mucho más exigentes y selectos reclamando que tenga una experiencia amplia y directamente relacionada con la gerencia de organizaciones públicas complejas, que nos asegure una madurez gerencial indudable y sobre todo, exigiendo que el aspirante sea capaz de mostrar resultados contundentes cuando estuvo al frente de cada una de las instancias que tuvo la oportunidad de dirigir. 

 

En resumen y por el bien de nuestras familias, vale la pena exigirle a nuestros políticos y a nuestras instituciones, una mejora sustancial en el nivel de los aspirantes a presidente, de forma que nuestros países dejen se ser dirigidos por presidentes novatos.

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Los alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, con su mediocridad, están llevando las regiones al desfiladero.

Parece que nadie se atreve, pero en mi caso, tengo el suficiente carácter para decirlo sin tapujos: los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados están destruyendo los municipios de este país y nosotros mismos estamos ayudándoles a lograrlo. Basta con recorrerlos para darse cuenta el nivel de descuido y ruina en el que se encuentran muchos de ellos: cascos urbanos espantosamente mal planeados y mantenidos, veredas abandonadas a su suerte, salud, educación apenas aceptables y orden público casi siempre comprometido. La explicación no es otra que, o son terriblemente incompetentes o se niegan terminantemente a hacer el trabajo para el cual los contratamos. 

Lo preocupante del caso es que nosotros mismos estamos ayudándoles a materializar tal destrucción, aceptando sus disculpas recurrentes y mentirosas relacionadas con complejidades que no existen, presupuestos suficientes que para ellos siempre serán escasos, desconocimiento de lo público convenientemente utilizado para materializar sus propios intereses etc., bajando preocupantemente nuestras expectativas sobre su gestión, aceptando y excusando su falta descarada de resultados y su total incapacidad para solucionar eficazmente los problemas de las personas que los eligieron. 

Pero esta situación no puede continuar, de lo contrario nuestro país terminará en ruinas desde el punto de vista social y ambiental, antes de que nos demos cuenta y posiblemente ya no podamos hacer nada para corregirlo. 

Tenemos que empezar a ser despiadados con ellos, exigiéndoles perfección en sus actuaciones y dejándoles claro, que quien no pueda desempeñarse de la forma esperada, no debe siquiera postularse para tal dignidad. Es necesario que acabemos con esa permisividad que está carcomiendo el bienestar propio y de nuestros seres queridos: hacen el trabajo para el cual los contratamos o los obligamos a hacerlo. 

Mandemos al diablo las mentiras que justifican su incompetencia, comprendamos de una buena vez que tienen todo para hacer una gestión al menos aceptable y si no lo logran, debe ser porque atienden sus propios intereses o  sencillamente no son competentes para desempeñarse en el cargo que ostentan. 

Recordemos que cada ciudadano por humilde que sea, es el jefe natural de estos empleados de lo público, por lo tanto, a la menor evidencia de una mediocre gestión, pongamos el grito en el cielo, teniendo el cuidado de desoír la totalidad de las disculpas que aquellos puedan inventarse, ya que son irrelevantes para nuestros intereses. 

Exijámosle además a instancias como el Departamento Nacional de Planeación, La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, que dejen de tratar a estos dignatarios territoriales como al “hijo bobo” del que no se espera nunca nada. Lo que necesitamos es que estas tres organizaciones públicas, empiecen a ser contundentes, verificando su gestión, pasando de los indicadores mentirosos e irreales a la verdad pura y dura, de suerte que si existe la más mínima evidencia de que no están siendo diligentes, aprovechen sus competencias para ser implacables con ellos. 

Finalmente, abandonemos todos estos programas de orden nacional y de cooperación internacional, que buscan remplazar el trabajo que estás instancias locales se rehúsan a hacer, dejemos claro que el que no sea capaz de lograr resultados, no debe meterse a gestionar lo público. Abramos al fin los ojos y dejemos atrás está odiosa tradición de mentiras y contemplaciones que tiene nuestras regiones en el atraso y nos hunde en el desespero cada día más. 

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Ideas en 5 minutos para terminar definitivamente con las protestas sociales

 

El tema de conversación por estos días no es otro que las masivas protestas en nuestras ciudades, poblados, calles, carreteras, zonas rurales, al interior del país y en el extranjero. Cada persona, participante o no de las movilizaciones tiene su propio punto de vista al respecto, el cual expresa abiertamente en cada conversación cotidiana y en cada publicación en sus redes sociales. Sin intentar ahondar en el despropósito de establecer si un argumento resulta más válido que otro, quisiera respetuosa y cordialmente proponer a mis inquietos lectores, algunas reflexiones que pueden ayudarnos a salir del embrollo en el que estamos metidos:

 

Lo primero que debemos hacer, con profunda humildad, es reconocer que como país no lo estamos haciendo del todo bien. Buscando no meternos en temas técnicos e intentando acudir a la pedagogía, en relación con la calidad de vida, lo que se puede decir, es que al interior de país tenemos un conjunto minúsculo de personas que gozan de mucho bienestar, un número bastante pequeño que vive más o menos bien y un número muy grande que lo está pasando bastante mal. Si lo vemos por el lado de los Key Performance Indicators (KPI) más fundamentales para medir el éxito de cualquier sociedad, es evidente que tenemos problemas: aproximadamente 4 de cada 10 colombianos son pobres, somos el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales de toda la humanidad, además estamos en el top 20 de países con más asesinatos por cien mil habitantes, esto último, sin considerar un importante nivel de subregistro con el que la mayoría de los expertos parecen estar de acuerdo.

 

Lo segundo, es analizar el papel del Estado al interior de un país, a pesar de que a lo largo de la historia se han generado múltiples propuestas al respecto, en la actualidad parece existir consenso en relación con que los Estados son organizaciones conformadas por los ciudadanos para los ciudadanos, cuyo principal objetivo es garantizar el bienestar de todos y cada uno de ellos. Por supuesto, si revisamos el diagnóstico que acabamos de hacer, en el caso de Colombia, rápidamente nos daremos cuenta de que este objetivo supremo no está siendo alcanzado. Así las cosas, podemos concluir que las tres ramas del poder público están siendo notablemente ineficaces en relación con la función principal para la cual decidimos crearlas. 

 

A pesar de lo evidente de la situación, en vez de comprometernos conjuntamente a solucionarla, a lo largo de los años nos hemos metido en una discusión ideológica basada en prejuicios, percepciones y trivialidades conceptuales sin ningún asidero técnico, que al final de cuentas termina en dos conclusiones principales: 1. Las clases más favorecidas opinan que los exitosos lo son porque trabajan y se esfuerzan más que los demás, consideran que los que exigen cualquier reivindicación son unos recostados socialistas. 2. Mientras las clases menos favorecidas creen que no podrán salir adelante sin una revolución en la que los ricos tienen la obligación de renunciar a parte de lo que han construido a lo largo del tiempo.  Semejante dicotomía, con tal precariedad argumentativa, ha dado forma al Estado y a todas las reglas sociales, sumiendo al país en el nivel de subdesarrollo actual, el cual, podría haberse superado hace décadas. 

 

Cualquiera que tenga alguna noción de gerencia, sabe que ninguna organización es capaz de moverse eficazmente en algún sentido si sus partes se dirigen hacia lugares opuestos, precisamente en esto radica el profundo problema de la dicotomía mencionada: bajo su influencia, direccionar estratégicamente un país es básicamente imposible. Así las cosas, si queremos avanzar, lo primero que debemos hacer como sociedad, es unirnos para afrontar el diagnóstico referido en apartes anteriores, dejando a un lado nuestros sesgos ideológicos. Esto último supone dar un vuelco a la idea del Estado y sociedad actuales y por supuesto a las políticas públicas resultantes. En este sentido, debemos concientizarnos de la torpeza de pretender lograr resultados diferentes con las recetas que nosotros mismos y otros países antes que el nuestro, han aplicado durante años sin lograr los cambios esperados en relación con la mejora del bienestar general. 

 

Tales políticas deberían abandonar la idea de quitarles a unos para darles a otros y concentrarse en modificar las reglas de juego que hacen que para los menos favorecidos sea más difícil generar ingresos y riqueza en relación con los más afortunados. Lo que podemos hacer en conjunto, garantizando el beneficio para todos, es construir un país de oportunidades en el que sin importar nuestros orígenes podamos llegar tan lejos como lo deseemos.  Si nos enfocamos sinceramente en esto, toda nuestra realidad empezaría a cambiar y dejaríamos de generar incentivos para que una parte de la sociedad crea que debe atacar, mientras la otra considera que debe defenderse. 

 

Ahora, como se trata de generar ideas diferentes que logren resultados distintos, lo que podemos hacer sin quitarles a unos para darles a otros, es atrevernos a recomponer todo el gasto público, concentrándolo en ampliar drásticamente, en primera instancia, la cobertura educativa y el mejoramiento de todos los servicios entregados por el Estado a las clases menos favorecidas rurales y urbanas. Esto significa redirigir sin ruborizarnos, rubros gigantescos de poca efectividad por años intocables como Defensa. En todo caso, nada logramos con tal redistribución, si no aprovechamos hasta el último centavo disponible, no olvidemos que el ejecutivo es quien tiene el rol de proponer la asignación de estos recursos, por lo tanto, puede avanzar de forma frontal en la implementación del presupuesto por resultados, modificando las reglas de programación presupuestal, para que solamente se le den recursos a quien demuestre una alta efectividad en el gasto. Ninguna de estas medidas requiere reformas tributarias estructurales y en el largo plazo, pueden asegurar una rentabilidad social mucho más grande, que la generada por mecanismos más tradicionales como las transferencias a las clases menos favorecidas condicionadas y no condicionadas, que simplemente intentan paliar su pobreza sin verdaderamente sacarlas de ella. 

 

Hay muchas otras ideas similares, rápidas y relativamente fáciles de implementar que no conducen a roces entre clases, elevan la calidad del gasto y pueden mejorar drásticamente las posibilidades de los menos favorecidos para generar ingresos sin afectar al resto, siempre y cuando renunciemos a nuestros prejuicios y nos unamos, pero no espero aburrirlos con ellas, quienes siguen de cerca el blog saben que su talante es de publicaciones cortas que presenten ideas contundentes más que recetas detalladas. 

En todo caso, lo que no podemos perder de vista como una verdad de a puño, es que para salir de este embrollo en el que estamos metidos, será necesario definir una agenda política que solucione los problemas reales de las personas, unifique al país y deje de focalizarse en los intereses de quienes integran la Ramas del Poder Público y sus allegados, de lo contrario, las protestas seguirán avanzando cada vez con mayor fuerza y contundencia, hacia un futuro incierto del que nadie saldrá bien librado. 

 

 

 

Update urgente para el paradigma del management al interior del Estado

La alegoría de la caverna de Platón es maravillosa pues expresa con precisión la manera en que generamos conocimiento paradigmático y desconfiamos de los nuevos puntos de vista, de acuerdo con el autor, un conjunto de personas cautivas en una caverna veían el mundo a la luz, únicamente, de las sombras proyectadas por las hogueras que iluminaban el oscuro lugar. Su realidad no era otra que la representada en las figuras delineadas sobre las paredes de la caverna por el fuego, nada conocieron durante su vida diferente de tales imágenes. 

Para hacer la historia corta, en algún momento, uno de estos individuos se libera, conoce el mundo exterior y emocionado, llega a describírselo a sus compañeros, sin embargo, todos ellos lo creen loco pues lo que cuenta no coincide para nada con el mundo de sombras que ellos han conocido durante toda su existencia. 

Esta misma lógica puede trasladarse casi a cualquier escenario de la vida, sin embargo, uno especialmente interesante, es la operación del Estado. 

Muchos probablemente no lo saben, pero buena parte de los fundamentos que definen el funcionamiento de lo público, están recogidos en los paradigmas propuestos por algo denominado la Función Pública. La arquitectura de la organización estatal se configura, en general, de acuerdo con las sombras de la caverna en la que los miembros de dicha institución han vivido durante años. 

Lo cierto, es que tales paradigmas han permanecido estáticos durante décadas en Colombia y varios países del mundo, aunque para ser justos, en unos más que en otros. No obstante, el exterior ha evolucionado a velocidades inimaginables, las diferencias son tales, que dentro de la caverna pública aún se consideran  realidades que fueron revaluadas hace 10 o 15 años en entornos más avanzados. 

No hay duda, de que muchos han salido de la caverna en varias ocasiones y han vuelto con las buenas nuevas de lo que han visto en las más reputadas escuelas de negocios e ingeniería del mundo. No obstante, para algunos, es difícil reconocer esta realidad debido, sencillamente, a que no están familiarizados con ella, mientras que para otros, ignorar toda esta evolución es la decisión más inteligente, pues amenaza su poder basado en la interpretación efectiva de las sombras que desde siempre se han proyectado al interior de la caverna. Incluso, unos cuantos, profesan que entre la realidad del exterior y la del interior no hay diferencia, sin embargo, se trata de un esfuerzo por generar sofismas de luz dentro de la oscura realidad reinante.

Lo cierto es que, mientras en la caverna pública alumbra el fuego de las organizaciones jerarquizadas tradicionales con diseños jurídicos complejos, por fuera la realidad habla de organizaciones planas, estructuras en red, ecosistemas organizacionales inteligentes y ágiles. Mientras las sombras tradicionales se sustentan en división del trabajo, teorías del liderazgo y la gerencia populares en los años 70, el exterior se mueve hacia equipos autogestionados multidisciplinarios. Mientras, en las paredes del entorno oscuro se habla de planeación, control y documentación de procesos, en las afueras iluminadas se promueve la estrategia como mecanismo para enfrentar entornos volátiles, analítica prescriptiva y desarrollo de operaciones o devops. 

Nada de esto sería un problema si la caverna en la que hoy vive la Función Pública pudiera separarse efectivamente de nuestra realidad, sin embargo, vale la pena recordar que el Estado permea positiva o negativamente, las fibras más internas de cualquier entorno al que pertenezcamos.

Desde este punto de vista, es fundamental sacar a la Función Publica de la caverna en la que actualmente está metida, es prioritario, mostrarle la luz a todos sus integrantes hoy cautivos, teniendo claro, que sí algún área del conocimiento ha tenido un desarrollo sobresaliente, es sin duda, la relacionada con la manera en la que los humanos nos organizamos con el fin de lograr resultados notables. 

Los emprendedores no necesitan incentivos

Durante años, las iniciativas relacionadas con emprendimiento, se han concentrado, desde la perspectiva de los negocios nuevos, en aumentar la velocidad de creación de una empresa, en dar incentivos temporales para acelerar su incubación,  en desarrollar la generación de ideas, la innovación etc. Por otra parte, convencidos de que nuestras micro, pequeñas y medianas empresas tienen recursos y capacidades limitados, nos hemos dedicado a generar programas que intentan fortalecer tales dimensiones. 

No obstante lo mencionado, paralelamente, hemos creado un ecosistema tributario que expropia los márgenes de estos emprendimientos, que depreda los negocios pequeños o los condena al subdesarrollo, pues les quita la posibilidad de generar verdadera riqueza que se convierta en el combustible para crecer, desarrollar los recursos, las capacidades y generar ventaja competitiva. 

Estamos obsesionados con la formalidad, perdiendo de vista que para un emprendedor no es negocio ser formal. La realidad, es que la única manera de generar riqueza en ciertas industrias es manteniéndose escondido de tal ecosistema depredador. 

Pero ahí no para todo, tal expropiación la hemos extendido a las personas naturales quitándoles la posibilidad de generar riqueza que les permita invertir en nuevos emprendimientos. Parece que el único camino posible, es ser empleado e invertir los pocos recursos ahorrados en apartamentos, taxis, tiendas, restaurantes o alguna suerte de negocio incipiente. 

Para una micro, pequeña o mediana empresa, crecer significa evolucionar de manera orgánica, autónoma, sin depender de mecanismos artificiales como incubadoras y respiradores representados en programas de apoyo o alguna otra suerte de artificialidad.

Perdemos de vista que para evolucionar, es necesario tener acceso a tecnologías novedosas que están disponibles en el mercado, a contratar talento humano costoso que traiga nuevas ideas y consultores externos caros que nos ayuden a solucionar problemas estructurales, también implica poder invertir en investigación y desarrollo para encontrar mecanismos que nos permitan separarnos de nuestros competidores. Sin embargo, en aras de asegurar todo lo anterior, la empresa debe generar margen y riqueza suficientes para remunerar correctamente a sus dueños y además, generar excedentes que le permitan adquirir todo lo mencionado. 

Nadie desarrolla un negocio de forma contundente, con márgenes que inicialmente parecen ser gigantescos, pero que luego de descontar los importes que alimentan al ecosistema depredador, terminan siendo famélicos y no alcanzan ni siquiera para ofrecer una vida decorosa a quien emprende. 

Sin duda, en materia de políticas de emprendimiento, no vamos por el camino correcto, buena parte de los recursos se focalizan en generar mecanismos artificiales que contrarresten un monstruo creado por nosotros mismos. El resto, se emplea para fomentar comportamientos que son naturales en el ser humano como el emprendimiento y la innovación, pero que en el marco de un ecosistema tan hostil, se reprimen y languidecen. 

Es necesario generar un cambio de rumbo que modifique el ecosistema, que comprenda que no podemos seguir pretendiendo castigar a las micro, pequeñas y medianas empresas con impuestos mal estudiados y poco técnicos, sin tener consecuencias. Que tales medidas lo que consiguen, en resumidas cuentas, es profundizar la desigualdad: nuestros impuestos, además de ser terriblemente distorsionadores, castigan de forma implacable los capitales pequeños mientras resultan ser inofensivos para los más grandes. 

En definitiva, lo que necesitan los emprendedores, más que estímulos o incentivos, es la generación de un entorno en el que emprender, generar riqueza, crecer y evolucionar, sea un proceso completamente natural. 

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Pandemia por COVID-19: ¿están los mandatarios locales haciendo el trabajo para el que los contratamos?

El artículo 315 de nuestra constitución política asigna a los alcaldes la responsabilidad de “dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo”, por lo tanto, bien valdría la pena indagar un poco más para establecer en qué consisten tales funciones y servicios. Al respecto, la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012 definen, entre otras, dos funciones esenciales que le corresponden al municipio y que por ende son de completo resorte de los alcaldes: i. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, ii. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.

Así las cosas, es claro que los alcaldes tienen la ineludible responsabilidad de cuidar que todo salga bien para nosotros, en dos dimensiones esenciales de nuestra cotidianidad: la salud y el desarrollo económico. 

Dicho lo anterior, vale la pena aclarar que las decisiones que han venido tomando los alcaldes para enfrentar la pandemia, se han concentrado en restringir la libertad de las personas, fundamentalmente,  prohibir el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, en dimensiones como movilidad, actividad socioeconómica etc; todo esto, con el objetivo de reducir la velocidad de contagio del COVID-19. La idea es procurar que la capacidad instalada con la que cuenta el país hoy día, en materia de servicios de salud, sea suficiente para atender la demanda generada por la pandemia. 

Ahora bien, la pregunta que habría que hacerse es si en el marco de tales decisiones los alcaldes están logrando los resultados para los cuales como sociedad los contratamos. Es claro, que las medidas de restricción de la libertad que vienen aplicando con tanta vehemencia destruyen la economía, por lo tanto, por esta vía no se está promoviendo el mejoramiento económico, al contrario, lo que se persigue es el indefectible deterioro económico de todos los hogares y habitantes de nuestros municipios. 

Por otro lado, en ningún caso parecen estar trabajando en mejorar los servicios de salud, por lo que sabemos en la gran mayoría de municipios, se tiene basicamente la misma precariedad de siempre. La pandemia sigue y seguirá avanzando sin importar qué tanto nos encerremos, claramente, el COVID-19 es algo de lo cual no nos podemos esconder, por lo tanto, conforme vaya creciendo el contagio, irá aumentando indefectiblemente la demanda por servicios de salud, haciendo cada vez más evidente su insuficiencia y baja calidad. En consecuencia, no se estará dando solución tampoco a nuestras necesidades insatisfechas en materia de salud, por el contrario, cada vez serán más los hogares y habitantes de los municipios con dificultades para acceder a tales servicios esenciales. 

Todo lo enunciado nos lleva a concluir, que gracias a las decisiones que los alcaldes han venido tomando, cada vez se irán comprometiendo en mayor medida dos derechos fundamentales de las personas: la libertad y la vida. En el marco de una oferta de servicios de salud débil como la actual, necesariamente la mortalidad asociada a la pandemia aumentará conforme el contagio se incremente, pero, además, cuando esto pase, mayores serán los incentivos para encerrar en sus casas a todas las personas. 

La dinámica que se está materializando en el país alrededor del COVID-19 nos recuerda aquel viejo chiste en el que alguien, para solucionar el problema de infidelidad de su cónyuge, tomaba la decisión de vender el sofá en el que los infieles de acostaban, asumiendo que con esta medida la infidelidad desaparecería, sin darse cuenta de que aplazaba la verdadera solución relacionada seguramente con cambiar de pareja.  Lo claro en nuestro caso, es que, de no modificar esta lógica de decisión local, al final de cuentas, las personas en los municipios terminarán pobres, enfermas, muertas y cautivas. 

No obstante, hemos perdido 5 meses valiosos de preparación, aún no es del todo tarde para modificar drásticamente la estrategia que venimos implementando. Los recursos financieros que tenemos son más que suficientes para materializar un resultado distinto al proyectado, que garantice la libertad de las personas, que preserve sus vidas y permita una total reactivación económica asegurando el acceso a servicios de salud de tal calidad, que todos podamos estar protegidos y tranquilos. 

En la actualidad tenemos una ventaja y es que podemos aprender de los errores del pasado. Hoy día sabemos, por ejemplo, que para mejorar los servicios de salud no basta con adelantar procesos contractuales para comprar ventiladores, tenemos conciencia de que lo que en realidad se requiere son unidades de salud adicionales totalmente funcionales, operando correctamente. Además, tenemos claro que la atención durante las etapas previas a la hospitalización es crucial y que debe operar como si fuera proporcionada por la más eficiente y eficaz empresa privada.  Pero más importante aun, sabemos que los alcaldes son personas que contratamos como sociedad para que desarrollen un trabajo muy particular y que tenemos la potestad de exigirles que lo lleven a cabo sin ninguna dilación ni excusa. 

No necesitamos gobernantes que nos digan “quédate en casa”

No necesitamos gobernantes que nos digan “quédate en casa”, necesitamos gobernantes ágiles, eficaces que se encarguen de preparar  todo el entorno productivo, de interacción social y por supuesto, de servicios de salud; para garantizar nuestra libertad y al mismo tiempo mantener controladas las tasas de mortalidad y morbilidad del COVID-19. 

No necesitamos gobernantes que nos digan mediante medidas de “pico y placa” a qué hora y qué día podemos movilizarnos y de qué manera debemos hacerlo, necesitamos gobernantes capaces de construir y poner en operación oportunamente infraestructura de movilidad, así como sistemas de transporte eficientes y de alta calidad, capaces de disponer todo el entorno jurídico y económico para facilitar, además,  el acceso a tecnologías más limpias de transporte que garanticen nuestra salud y bienestar.

No necesitamos gobernantes que nos digan a qué velocidad debemos movernos y que nos persigan mediante policías y cámaras para castigarnos cada vez que desobedezcamos su mandato, necesitamos gobernantes capaces de proporcionarnos infraestructura y entornos de movilidad seguros por los que podamos transportarnos con completa libertad y tranquilidad preservando nuestras vidas y las de los demás.

No necesitamos gobernantes que nos digan qué substancias podemos o no consumir, necesitamos gobernantes que proporcionen las condiciones necesarias para construir un entorno de capital social robusto, que aseguren un consumo responsable e informado. 

No necesitamos gobernantes que nos digan si podemos o no llevar a un acompañante en una motocicleta, queremos gobernantes capaces de identificar y desarticular las estructuras ilegales que utilizan éste tipo de vehículos para hacer sus fechorías. 

No queremos gobernantes que nos digan si podemos o no utilizar una aplicación como Uber que nos facilita la vida, queremos gobernantes que generen todos los incentivos para que nuevas iniciativas de estas características, sean eficazmente involucradas en un proceso de transformación real, al interior de industrias que en la actualidad no funcionan bien. 

A lo largo de nuestra historia, hemos dado forma a instituciones basadas en el autoritarismo, cuyo principal fundamento es controlar el comportamiento de una sociedad ignorante que no tiene plena conciencia de sus actuaciones. Desde los gobernantes Muiscas, pasando por los españoles y criollos, hasta los “doctores” de nuestros días, el papel de los gobernantes ha estado focalizado en decirle a los gobernados lo que deben hacer, abstrayéndose de la verdadera responsabilidad centrada en proporcionar de manera ágil y oportuna todos los bienes, servicios públicos y condiciones, para que la sociedad tenga el bienestar necesario y pueda materializar su felicidad. 

Como se puede apreciar en algunos de los ejemplos que encabezan este escrito, tales instituciones aún se encuentran completamente vigentes y convivimos con ellas no obstante lo negativas, anacrónicas y destructivas que pueden ser. Tal vez convenga ampliar un poco más el argumento con la ayuda de algún ejemplo. 

En la actualidad nos enfrentamos a un problema sin precedentes que los diferentes países han afrontado de formas distintas. La mayoría de ellos, incluido Colombia, no estaban preparados para un desafío de estas magnitudes, por lo tanto, el consenso internacional estableció que lo mejor era tomar una decisión extrema como el aislamiento social, con todos sus costos, a fin de hacer tiempo, poder comprender el fenómeno y prepararse para sobrellevarlo de forma eficaz. 

No obstante, dependiendo de la estructura institucional, en cada caso, de las reglas sociales que se han configurado a lo largo de la historia, algunos países de inmediato iniciaron un proceso muy claro de redistribución de recursos públicos, dirigido a proporcionar muy rápidamente los bienes y servicios necesarios para garantizar el bienestar de las personas. Cómo consecuencia de ello, paulatinamente han ido migrando hacia medidas de distanciamiento voluntario que permitan la reactivación económica y que restablezcan la libertad de las personas. 

En el caso de Colombia, muy rápidamente los gobiernos locales tomaron decisiones tan extremas como el aislamiento obligatorio e incluso toques de queda, medida comprensible dadas las debilidades del país en relación con la provisión de bienes y servicios necesarios para enfrentar efectivamente la pandemia. No obstante, luego de aproximadamente dos meses de sobrellevar tales medidas, muchos gobiernos locales siguen tan poco preparados como al principio,  además de muy cómodos decretando toques de queda, así como drásticas medidas de aislamiento obligatorio. Los costos de la actuación de estos gobernantes autoritarios son insospechados, pero pueden ser medidos en términos de muertes causadas por la pandemia, en la medida en que lo único que han logrado es retrasar la evolución de un fenómeno epidemiológico inevitable, la destrucción de empresas, la reducción de la riqueza de los hogares, el aumento de la pobreza etc. 

Es hora de desmontar estás instituciones que nos han hecho tanto daño a lo largo del tiempo y que en una situación desfavorable como la actual, nos están metiendo paulatinamente en una de las peores crisis económicas y sociales de la historia. Cómo ciudadanos, tenemos la obligación de exigir por todos los medios y de manera implacable, la preservación de nuestra libertad como uno de nuestros derechos más preciados, al tiempo que exigimos un cambio de paradigma público y desmontamos por completo los gobiernos autoritarios para convertirlos en proveedores pertinentes de bienes y servicios públicos.  

Coronavirus Covid-19: si en época de crisis requerimos resultados distintos, nuestros líderes no pueden actuar de la forma acostumbrada

Para la mayoría de personas que vivimos en países tercermundistas, el Estado no es más que un mal necesario, un ente lejano que existe, sabemos que funciona mal y nunca logrará satisfacer nuestras necesidades. Dado el poco interés y desconfianza que sentimos hacia sus capacidades, las decisiones que tomamos con respecto a su conformación, son ligeras, emocionales, estamos dispuestos a “poner el rasguño en el dedo, por delante, del bienestar  de toda la humanidad”. 

Sin embargo, cuando se presentan situaciones críticas como la actual, que nos generan miedo, desasosiego y sobre todo, incertidumbre; la importancia del Estado cobra valor especial. Empezamos a comprender que nuestra libertad y supervivencia dependen en buena medida de las capacidades de nuestros líderes, cuestionamos nuestras pasadas decisiones, poniendo al fin la racionalidad y el bien común por delante de nuestros propios intereses. 

En ninguna ocasión que nuestra generación recuerde, nuestro futuro y el de todos los que queremos, había estado completamente en manos de las personas que elegimos para regir nuestros destinos, jamás en nuestras vidas, los problemas que cotidianamente aparecían en los periódicos cada mañana y que ignorábamos de manera consciente, estuvieron tan cerca de destruir todas nuestras esperanzas. Fraudes en educación, alimentación escolar, atención de enfermedades huérfanas, sobrecostos y sobornos en contratos de infraestructura, corrupción al interior de las EPS e IPS, quiebras de hospitales etc., parecían lejanos y dañinos para alguien más, por lo que pasábamos la página con la certeza de que se trataba de problemas de otros.

Colombia es un país que por décadas ha funcionado mal, su Estado es una organización llena de ineficiencias, corrupción, inexperiencia, ignorancia, intereses ocultos, delincuencia...en general, todo tipo de problemas que históricamente han impedido que los bienes y servicios públicos lleguen de manera eficaz a todos sus ciudadanos. Ahora, si estos resultados han sido tales en situaciones de normalidad, ¿por qué esperaríamos que durante la crisis todo opere de forma diferente?

Ya no es momento para escoger nuevos lideres, sin embargo, podemos exigirles resultados diferentes. Oportunamente, aquellos que nos guían, han tomado la decisión de aislarnos en nuestras casas con el objetivo de intentar reducir los excesos de demanda que el Covid-19 pueda generar en relación con la precaria oferta de servicios de salud, no obstante, cuanto más tiempo estemos encerrados, más profunda será la crisis económica a la que nos enfrentemos. De otro lado, el aislamiento demora la morbilidad y por esta vía la mortalidad, sin embargo, se trata de una medida que retrasa un resultado inminente con el objetivo de prepararnos y ampliar de forma cuidadosa la oferta de servicios de salud, que reducirá la mortalidad en la medida en que preservará las vidas de aquellos que con una detección y atención oportuna, puedan salvarse. 

Ahora, si nuestros líderes no hacen una gerencia magistral, si no implementan mecanismos mucho más eficaces que los acostumbrados para garantizar la ampliación drástica de camas , respiradores, unidades de cuidado intensivo, el desarrollo ampliado y efectivo de pruebas de detección, la provisión impecable de toda clase de insumos médicos, el funcionamiento perfecto de toda la cadena de suministro de alimentos, bienes de primera necesidad y el control impecable del orden público; terminaremos en el peor de los mundos: con un aislamiento eterno cuyas consecuencias económicas serán insospechadas, con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, en el marco de situaciones de escasez, hambre y descontrol social. 

Por lo tanto, por nuestra libertad y supervivencia, vale la pena exigirles resultados diferentes, rigurosidad extrema, abandono completo del populismo y la politiquería habitual, para que se dediquen puntualmente a hacer la labor para la cual los contratamos. Por supuesto, midámoslos con los indicadores correctos y bajo ninguna circunstancia, aceptemos las excusas de siempre: lo que necesitamos como sociedad es una entrega de bienes y servicios absolutamente eficaz y eficiente que garantice menos muertos y caos que en cualquier otro país del mundo, posteriormente requeriremos la reactivación responsable y sería de la economía de manera que recuperemos rápidamente todo el bienestar perdido durante esta época aciaga. 

No perdamos de vista que como nunca antes, nuestro futuro depende de la efectividad gubernamental y que no podemos esperar lograr resultados diferentes, actuando de la misma forma en que siempre lo hemos hecho. 

La purga de los Cátaros por la Iglesia Católica Romana y sus similitudes con el asesinato de líderes sociales en Colombia

La exterminación de los Cátaros en el siglo Xlll se configuró como una de las purgas más conocidas y documentadas de la historia occidental, específicamente sus causas tienen que ver con la preocupación de la iglesia con respecto a las ideas liberales y progresistas planteadas por este grupo religioso. Sus puntos de vista comprometían toda una institucionalidad construida para preservar los intereses de unos pocos, en esencia, en caso de que los planteamientos gnósticos hubiesen proliferado al interior de la doctrina cristiana, La Iglesia Romana hubiese perdido su rol como el vínculo monopolístico entre lo mundano y lo divino. Las consecuencias de una transformación de estas características implicarían la democratización de la religión cristiana con la natural decadencia política de la iglesia como institución.

El asesinato sistemático de los Cátaros tiene relación directa con el surgimiento de La Inquisición, como la institución encargada de erradicar las ideas liberales de la época, más conocidas como ideas heréticas.  Además, está vinculado con el inicio del Oscurantismo, aquella época funesta en la que buena parte del conocimiento de la humanidad fue destruido.

La sociedad colombiana parece tener arraigadas en lo más profundo de su esencia, dinámicas similares, a lo largo de su historia, diferentes grupos con intereses específicos, han configurado instituciones tanto explícitas como tácitas, dedicadas a erradicar durante los siglos XX y XXI la “herejía” política de distintos grupos poblacionales. El asesinato sistemático de Los Liberales en la época denominada “La Violencia”, que tuvo su auge luego del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, la erradicación de miembros declarados de movimientos como la Unión Patriótica, proclamado como el brazo político de las guerrillas marxistas, que tuvieron su origen en movimientos armados liberales y la reciente exterminación gradual de los Líderes Sociales, personas capaces de movilizar a la población de las regiones colombianas en torno a ideas que afectan la estabilidad económica y política de ciertos sectores;  fundamentan por completo dicha hipótesis.

En la actualidad, parece existir todo un arreglo institucional subterráneo, que desempeña de manera eficiente un rol eminentemente inquisitorial, su misión es desaparecer a cualquier persona que tenga ideas que comprometan los intereses de los grupos poderosos que mueven los hilos del poder.

El resultado de un proceso de estas características, no es otro que el oscurantismo político de un país que a lo largo de los años se ha consolidado como  uno de los más desiguales y con mayor índice de asesinatos por cien mil habitantes de toda la humanidad.

Luego de la purga cátara  y varios siglos de oscurantismo, finalmente las ideas liberales se impusieron gracias al surgimiento de la ilustración, la cual trajo consigo el renacimiento de la humanidad, una época maravillosa en la que aparecieron las semillas ideológicas que posteriormente posicionarían los fundamentos democráticos como la base de la mayoría de Estados contemporáneos. Sin duda, estos eventos tienen una relación estrecha con la abolición de La Inquisición como institución en el siglo XIX y la desaparición de su rol en el control violento de la herejía.

Tuvieron que pasar cinco siglos antes de que la humanidad empezara a abrir espacios para la liberalidad, para el conocimiento y la democratización  de ideas. No fué sino hasta ochocientos años más tarde, que la comunidad católica de una macrorregión denominada Occitania donde fueron asesinadas 200 personas quemadas vivas,  iniciara un proceso para pedir perdón por la matanza.

Cuánto demorará la sociedad colombiana en comprender el error histórico que está cometiendo, en qué momento tomará la decisión social de desmontar las instituciones  sobre las cuales se soporta la purga de todos aquellos que profesan ideas políticas diferentes, cuándo pedirá perdón por todos estos asesinatos. Somos varios quienes no perdemos la esperanza de que a Colombia llegue al fin la ilustración política, época en la que renazcamos como Nación y en la que las ideas progresistas que buscan una sociedad más justa y democrática, terminen por imponerse.

Sobre la peste negra y sus enseñanzas en materia de decisiones públicas: recomendaciones de expertos que conducen a la sociedad a "morderse la cola"

La peste negra es considerada la pandemia más importante de la historia, se estima que entre el 30 y el 60 por ciento de la población mundial murió a causa de esta enfermedad. En la actualidad se argumenta que era transmitida por pulgas transportadas por roedores, también se cree que la transmisión entre personas se produjo por ectoparásitos humanos, como la pulga común o piojos del cuerpo, sin embargo, han venido surgiendo cuestionamientos científicos en relación con este planteamiento. 

No obstante lo dicho, los médicos más adelantados y eruditos de la época, atribuían el mal a los “miasmas”, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel; incluso hubo algunos que asociaron la enfermedad con fenómenos astrológicos.

Los dramáticos efectos de la enfermedad sobre la población mundial pueden explicarse principalmente por el error de diagnóstico de los equipos científicos, su interpretación del fenómeno llevó a los políticos y a toda la sociedad, a enfrentar un “falso determinante”, a declarar un “falso problema” el enemigo público de toda la humanidad.

Esta situación condujo inexorablemente a la sociedad, a la implementación de medidas costosas focalizadas en evitar a toda costa los “miasmas” y toda suerte de contacto humano, distrayendo recursos valiosos que podrían haberse invertido en el control de “roedores e insectos parásitos”.

A pesar de que han pasado varios siglos desde cuándo históricamente se registró este insuceso, los errores de diagnósticos inducidos por equipos científicos que fungen como asesores públicos, siguen estando presentes. La declaración de “falsos problemas” como enemigos públicos está vigente en la mayoría de sociedades actuales y goza de mayor incidencia en países con niveles medios o bajos de desarrollo. 

En el caso de  Colombia, por ejemplo, es posible identificar múltiples fenómenos que se ajustan a la lógica mencionada, las decisiones de los políticos y de la sociedad, están determinadas por análisis de grupos de expertos de indudable eficacia a la hora de postular “falsos enemigos públicos”, los cuales amenazan si tregua las dimensiones más relevantes de la realidad cotidiana. 

El narcotráfico es sin duda el “miasma” más representativo de nuestra realidad, a diario invertimos incontables recursos humanos, financieros y técnicos en intentar acabar con este flagelo, sin comprender que los “roedores e insectos parásitos” actuales, están representados en la enfermiza desigualdad que se ha venido consolidando en el país a lo largo de los años y conduce a los grupos menos favorecidos a intentar apropiarse de rentas de cualquier índole, utilizando mecanismos como el tráfico de drogas, disponibles en un momento determinado de la historia. 

Peor aún, este “falso determinante” nos lleva a sacar conclusiones basadas en evidencia también errónea, que nos conducen a decisiones que parecen tener fundamento en cifras, pero que en realidad están nubladas por nuestros fuertes prejuicios con relación a la existencia de un “enemigo público” incuestionable, de esta manera, cada vez que se genera un asesinato en nuestro país, de inmediato lo atribuimos al “falso problema” del narcotráfico, descartando de tajo cualquier análisis en relación con sus verdaderas causas.

El exceso de velocidad es también un “falso determinante” que en los últimos años ha tomado fuerza en lo que tiene que ver con la problemática de accidentalidad vial. El país viene invirtiendo ingentes recursos en reducir la velocidad de desplazamiento en todas las vías terrestres, en la actualidad buena parte de los esfuerzos de los políticos y la sociedad se enfocan en atacar este “enemigo público”. Es interesante ver el papel que las cifras han venido jugando en fundamentar y consolidar la capacidad de amenaza de este “falso problema”, las medidas que se han venido tomando están focalizadas en reducir los límites de velocidad hasta niveles considerablemente bajos, a tal punto, que en los diagnósticos actuales, la causa omnipresente de la casi totalidad de accidentes, es justamente exceder los mencionados limites. Esta condición supone un inconveniente de amplias magnitudes en la medida en que tales prejuicios menoscaban la posibilidad de hacer análisis serios para identificar los determinantes reales de cada accidente.

Por supuesto, desde un punto de vista contrafactual, es trivial demostrar que desplazarse a  velocidades superiores a los bajísimos límites actuales impuestos en nuestro país, no es el verdadero determinante de los accidentes viales, si este planteamiento fuera cierto la mortalidad y morbilidad en las autopistas europeas de alta velocidad serían inconcebibles y cada país con límites de velocidad superiores a los nuestros, ostentaría índices de accidentalidad más altos. 

En este caso el verdadero determinante es sin duda, la manera en la que se diseñó el sistema vial y la forma en la que se configura debido a un proceso evolutivo basado en micro decisiones que en esencia estructura vías terrestres que conducen a la generación de accidentes. Desde aspectos como la potestad de un alcalde para definir el uso del suelo en sectores cercanos a autopistas, hasta que contratistas públicos puedan decidir sobre cerramientos y señalizaciones que no cumplen con estándares mínimos de seguridad, pasando porque un gobierno local permita que las vías se deterioren; son en conjunto causantes de la tormenta perfecta para generar un número de accidentes considerable. 

Los anteriores son apenas dos ejemplos tomados de un amplio repertorio, por lo  tanto, vale la pena pensar las cosas con calma y revisar dos veces antes de implementar medidas que terminan restringiendo libertades con el propósito contradictorio de  controlar “miasmas”.  La idea en términos de decisiones políticas y sociales es afrontar la solución de problemas reales, dejando de lado los sofismas que lo único que hacen es distraernos. 

La paradoja del Estado generador de pobreza

Cuando en nuestra cotidianidad hablamos de pobreza, generalmente hacemos énfasis en la generación de ingresos, no obstante, tendemos a descuidar todo aquello que tiene relación con los egresos. Esta misma desviación tan natural en grupos desprevenidos de tertuliantes, parece estar arraigada en los equipos técnicos que analizan la problemática al interior de los gobiernos.   Tal situación lleva a subestimar las implicaciones en materia de generación de pobreza y reducción del bienestar social que pueden desencadenar ciertas políticas públicas, en esencia, si mantenemos el ingreso de los hogares constante pero paulatinamente hacemos crecer sus egresos, indudablemente los estamos empobreciendo, el resultado es similar si el ingreso crece pero lo hace a una velocidad menor a la que lo hacen los egresos. De la misma manera, cuando los egresos periódicos de un hogar son lo suficientemente altos y el hogar intempestivamente se queda sin ingresos, la situación en materia de reducción de bienestar es francamente precaria y lo será mucho más en la medida en que estos egresos altos estén directamente relacionados con la compra de bienes y servicios dirigidos a satisfacer sus necesidades más esenciales.

En los últimos años, al interior de nuestros gobiernos, se ha vuelto popular y conveniente asociar costos importantes a la casi totalidad de las transacciones cotidianas de los hogares, aspectos tan esenciales como consumir agua, gas y energía, transportarse, alimentarse, procurarse una vivienda, divertirse etc., han venido siendo cargados directa o indirectamente con pequeños importes que en suma han incrementado de forma importante el ingreso necesario para que un hogar sobreviva.

Para ilustrar el argumento podemos analizar el caso de los alimentos que cotidianamente consume un hogar promedio, en los últimos años algunos de ellos han sido gravados directa o indirectamente mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto al Consumo o alguna clase de sobretasa, bien sea al alimento en cuestión o a algún insumo involucrado en su cadena productiva.

Algo similar sucede con el transporte, bien sea que se valga de vehículo propio o de algún modo de carácter público, en el primer caso por ejemplo, en los últimos años se ha incrementado el costo de propiedad de los vehículos de forma notable, se han gravado su compra, su tenencia, la mayoría de bienes y servicios asociados a su operación y mantenimiento, adicionalmente se han venido implementando seguros, cobros por contaminación etc., en el segundo caso los costos se han incrementado indirectamente por cuenta de estos mismos conceptos y otros tantos que sería redundante mencionar.

La conclusión de todo esto es muy interesante en la medida en que pone de presente un hecho contradictorio, el Estado, un actor por definición llamado a reducir la pobreza real, puede estarla multiplicando o por lo menos, puede estar demorando de forma importante el mejoramiento en el ingreso disponible de los hogares. Lo más curioso del caso, es que puede no ser consciente de este fenómeno, es decir, puede estar actuando en el marco de una situación evidente de “riesgo moral”.

Para comprender la verdadera incidencia de un comportamiento de estas características, analicemos el caso de un hogar de clase media que compró una casa a crédito hace treinta años, se trata de una pareja de jubilados que han visto crecer paulatinamente el costo del impuesto predial de la casa antigua en la que viven, no ha pasado lo mismo con su pensión, cuyo monto se ha incrementado apenas para “mantener” el poder adquisitivo frente a una canasta básica. No obstante lo mencionado, el Estado toma la decisión de cobrar intempestivamente un impuesto de valorización que eleva de forma dramática el costo de la vivienda, una decisión de estas características hace que estas personas deban dejar de comer o deban vender su casa para solventar el pago del impuesto, generando una situación de pobreza evidente que no aparecerá en los indicadores ni en las cifras de los sistemas de seguimiento públicos.

Los alcances de dinámicas como las mencionadas pueden llegar a ser insospechados, incluso pueden afectar negativamente aspectos tan determinantes para salir de la pobreza como la creación de capital humano. En efecto, en los últimos años, el Estado ha tomado múltiples decisiones relacionadas con la implementación de frecuentes reformas tributarias, ha venido aumentando indiscriminadamente el precio de los combustibles y cargado uno que otro pequeño importe a los egresos de los hogares colombianos, como resultado de esto, el ingreso disponible para educación se ha venido reduciendo, en consecuencia la matrícula en universidades de clase media, en jornada diurna es cada vez menor, mientras el porcentaje de personas que deciden elegir un programa de educación nocturno, que les permite estudiar mientras trabajan, se ha elevado significativamente.

Lo cierto de todo esto, es que es necesario replantear el papel del Estado y reconfigurar la forma en la que ataca la pobreza, podría empezar bajando los costos de los hogares reduciendo de forma pronunciada la incidencia sobre ellos mediante el incremento paulatino de la calidad del gasto y la productividad pública, además podría focalizar su política tributaria sobre los ingresos y no sobre los egresos.

En síntesis, el Estado debe empezar a pensárselo muy bien, cada vez que quiera afectar los egresos de los hogares, es necesario que evalúe seriamente las verdaderas implicaciones de sus actos y deje de actuar de la forma ligera en que lo viene haciendo, en lo que al bienestar de la sociedad se refiere.

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Las externalidades de la corrupción pública

Mucho se ha oído hablar de la corrupción pública pero poco se dice de los costos no evidentes de este fenómeno sobre la sociedad, por lo tanto vale la pena dedicar unos minutos a analizar sus implicaciones.

En economía se habla de externalidades, en referencia comúnmente a los efectos no compensados de una actividad de carácter privado sobre el resto de la sociedad. En caso de que la incidencia sea negativa, hablamos de costos o reducciones de bienestar y si la incidencia es positiva, hablamos de beneficios o mejoras de bienestar. En la primera situación, se afirma que quien desarrolla una actividad privada con el objetivo de mejorar su propio bienestar, le está transfiriendo costos o está mermando la felicidad de otras personas que tienen poco o nada que ver en el asunto, mientras en la segunda, le está externalizando beneficios o está mejorando la felicidad de otras personas ajenas al proyecto particular de este individuo.

El problema de las externalidades en economía es bien conocido, en general antes de emprender cualquier actividad que busca beneficios privados, los individuos, consciente o inconscientemente, desarrollan un análisis beneficio-costo dirigido a identificar los costos potenciales en que incurrirán y los beneficios que recibirán en contraprestación. Si la resta es positiva, lo más seguro es que decidan adelantar la actividad, si es negativa la evitarán. Así las cosas, cuando los costos de una actividad son asumidos por alguien más, son externalizados o sacados de la ecuación, es más probable que las personas decidan emprender una actividad que reduce de forma importante el bienestar del resto. Tal vez convenga describir un ejemplo para aclarar un poco más el concepto:

Cuando un vecino ruidoso, en un edificio de apartamentos, pretende adelantar una fiesta, durante el proceso de análisis beneficio-costo, considerará los costos del licor y los pasabocas que posiblemente se consumirán, el costo por hora de la música en vivo que animará la fiesta y potencialmente, la reposición de uno que otro implemento casero que sea destruido cuando sus comensales empiecen a elevar los niveles de alcohol en la sangre, no obstante, durante el proceso de tomar la decisión, no tendrá en cuenta los costos que le transferirá a sus vecinos, quienes con seguridad, estarán inmersos en otras actividades, la mayoría  de las cuales, se verán interrumpidas por la apoteósica fiesta que está a punto de adelantarse. No cabe duda que en el marco de un evento de estas características, quien organiza la fiesta y sus invitados experimentarán una mejora de bienestar sustancial, la cual compararán con los costos de la preparación y que dicha resta arrojará un resultado positivo, por lo que el proyecto de fiesta seguirá su rumbo sin mayores contratiempos. Otra sería la decisión si el vecino ruidoso considerara en su evaluación los costos que transfiere a los demás y que decidiera compensarlos de alguna manera por las incomodidades o que una administración responsable e interesada por el bienestar general de todos los residentes, optara por sancionarlo con una multa suficientemente alta como para compensar el malestar que está a punto de causar, en ese caso posiblemente el beneficio recibido por su escandalosa actividad no será suficiente para compensar tales costos aumentados.

En el caso de una actividad como la corrupción el análisis beneficio-costo privado es relativamente simple: modificando irregularmente, directa o indirectamente, un conjunto de decisiones, el corrupto recibirá montos de recursos públicos que utilizará para mejorar su propio bienestar y el de sus allegados, los costos evidentes en los que incurrirá tendrán que ver con la sumatoria de los montos que debe pagar para salirse con la suya, con el cuestionamiento de su integridad, las sanciones sociales, morales, legales y de toda índole, que deberá asumir por cuenta de tales decisiones. No obstante, ¿qué pasa con los costos no evidentes? ¿Qué pasa con los costos que el corrupto transfiere a los demás, no incluye en su análisis beneficio-costo y por los cuales no nos está compensando al resto de la sociedad? Hagamos un breve análisis de algunos de ellos utilizando en primera instancia un ejemplo, con la esperanza de que el lector extienda sus fundamentos a los demás escenarios públicos, teniendo en cuenta que las dinámicas en infraestructura, son similares a las de salud, educación, etc:

1.       Costos asociados a fallas en la provisión de bienes y servicios públicos: vamos a suponer que un corrupto incide en las decisiones, en lo que tiene que ver con la selección de un proponente que construirá una nueva vía, importante para la competitividad de un país entero. En este caso, son varias las formas en que transfiere costos a la sociedad que no son necesariamente evidentes. En primer instancia, El Estado que debe seleccionarlo diseña todo un show procesal dirigido a hacer más transparentes los mecanismos de selección y de dientes para afuera, intentar frenar la corrupción; esta condición hace que procesos que deberían tardar unos cuantos días terminen durando meses y que el disfrute de la vía con las respectivas implicaciones en materia de mejora en productividad, reducción de tiempos de viaje, reducción de contaminación del aire etc.,  se retrase innecesariamente.  De otro lado, considerando que el corrupto muy probablemente no va a ser el oferente más idóneo técnicamente o de lo contrario no necesitaría utilizar la corrupción como mecanismo para resultar favorecido, la sociedad va a recibir una vía de mala calidad que no va a satisfacer sus necesidades y que seguramente tendrá que reemplazar antes de lo esperado.  Así las cosas, el recibo de los anhelados bienes y servicios públicos por parte de la sociedad, puede tardarse 2 o 3 años más de lo que debería y considerando los costos del reemplazo, pueden costar el doble o el triple de lo que costarían unos de calidad razonable.

2.       Costos asociados a la complejidad y consecuente ineficiencia administrativa: de otro lado, para intentar lidiar con la mala calidad sistemática de los productos públicos entregados y el comportamiento deshonesto de sus servidores, la organización pública que contrata las vías, debe tener en su interior ejércitos de personas encargadas de adelantar cada uno de los dispendiosos pasos necesarios, para llevar a cabo la selección de los oferentes. En sus huestes contará con infinidad de abogados que se dediquen a elaborar términos de referencia y contratos  excesivamente complejos, multitud de contratistas que adelanten los procesos de supervisión e interventoría, hasta el punto de que su tamaño puede terminar siendo 4 veces más grande del que tendría en caso de que la corrupción no existiera. Además, considerando que a pesar del tamaño de estos ejércitos el control no será efectivo, se requerirán sendas instancias externas a la entidad, de magnitudes también especialmente grandes como contralorías, procuradurías, veedurías y otras tantas, que intentarán, de dientes para afuera, reducir la corrupción, también infructuosamente.

3.       Costos asociados al pago de impuestos innecesariamente altos: no es tarea fácil financiar los recursos que desaparecen por cuenta de la corrupción, los sobrecostos de la baja pertinencia y calidad de los productos y de un aparato público innecesariamente grande. Lograrlo requerirá un flujo de ingresos fiscales suficiente, para mantener un ecosistema criminal de estas características. En contraste, en países sin corrupción, con la mitad de los recursos se podría entregar el doble o el triple de bienes y servicios públicos. Así las cosas, las implicaciones para la sociedad de tener altos niveles de corrupción, están relacionados con tener que pagar una tasa impositiva que puede ser el doble o el triple de la que pagaría si no existiera este flagelo. En este sentido, si pensamos en que los impuestos son una forma de apropiarse de parte del ingreso de las personas, que lo que gana cada uno procede de horas de trabajo cuya remuneración es usada para comprar bienes y servicios que proporcionan bienestar; la corrupción se apropia de horas de trabajo de las personas y reduce su capacidad para adquirir bienes y servicios que con seguridad mejorarían su felicidad. Eso sin mencionar que eleva los precios de los productos que dicha sociedad produce, haciéndolos menos competitivos en el panorama internacional y por lo tanto, más difíciles de vender en mercados globales, reduciendo en conjunto el ingreso total de la economía y por lo tanto su capacidad agregada para proporcionarse bienestar.

4.       Costos asociados a la conformación de delincuencia organizada pública: con el ánimo de intentar controlar entornos tan complejos como los mencionados y de garantizar en el tiempo la sostenibilidad del lucrativo negocio, los corruptos intentarán ubicar en posiciones claves a sus fichas, por lo tanto, incidirán en procesos de elección popular y nominación pública, para garantizar en el legislativo,  actores capaces de definir normas que de dientes para afuera, satisfagan a la opinión pública, pero de dientes para adentro, faciliten su accionar; en el ejecutivo actores que tomen las decisiones más convenientes para sus propios intereses, aun en contravía del bienestar de la sociedad y en la rama judicial peones que tengan la potestad de incidir durante los procesos sancionatorios, de manera que los costos dentro de su ecuación personal, resulten ser lo suficientemente pequeños como para garantizar un análisis beneficio-costo positivo.  En este caso, el resultado para la sociedad no es otro, que contar con un conjunto de normas y decisiones que la perjudican en vez de beneficiarla y un esquema de justicia completamente desigual, que trata a las personas de forma totalmente inequitativa asignándoles diferente peso en la balanza.  

5.       Costos asociados a desigualdad social y violencia: una de las formas más claras y expeditas para reducir la desigualdad, es entregando bienes y servicios públicos de alta calidad a las clases menos favorecidas, que les permitan equipararse con las que están en mejor condición, sin duda, en primer lugar, es necesaria la reducción de la iniquidad en materia de justicia. Bajo las condiciones mencionadas en los anteriores numerales, en un entorno corrupto no es posible por definición materializar ni lo uno ni lo otro, así las cosas, la corrupción extiende indefinidamente la existencia de sociedades desiguales e injustas, con evidentes conflictos de intereses entre El Estado y los ciudadanos. Mientras el primero concentra su actuación en decisiones que benefician a los pequeños grupos dominantes, los segundos incrementan su nivel de frustración en un entorno en el que no gobierna la ley, con el consecuente surgimiento de multitud de fenómenos de violencia.  Por lo tanto, las consecuencias para la sociedad no son otras que polarización y muerte. Finalmente, para intentar controlar estos fenómenos, será necesario hacer gastos mucho más altos de seguridad y defensa que los que harían Estados en los que no existe la corrupción, con el consabido aumento en los impuestos que conducen a una apropiación aún mayor por parte del Estado, del bienestar de la sociedad y la desviación de recursos de sectores de alta rentabilidad social como educación y salud, a sectores que en principio no deberían existir como los mencionados.

A manera de cierre, vale la pena mencionar, que la sanción por corrupción debería en primera instancia, reconocer una compensación consecuente a la sociedad, por todos los costos que el corrupto le externaliza y que en segunda instancia, si la sanción es lo suficientemente efectiva para que el corrupto deba involucrarla en su  análisis beneficio-costo, seguramente tendríamos mucha menos corrupción pública en nuestras sociedades que la que hoy día tenemos. 

Disponible en audio: https://anchor.fm/armando-ardila/episodes/Las-externalidades-de-la-corrupcin-pblica-e1l4mfo/Las-externalidades-de-la-corrupcin-pblica-a888913

¿Queremos un Estado controlador o facilitador? ¿Alguien tiene la respuesta?

Todas las personas independientemente de la nacionalidad, tenemos similares ambiciones y capacidades, la diferencia entre nosotros radica fundamentalmente en las condiciones que nos proporciona el entorno para materializar todo nuestro potencial y lograr lo que nos proponemos.

De otra parte, las características del entorno dependen en buena medida de los estímulos que una organización denominada Estado define con cada una de sus decisiones.

Por lo tanto, la posibilidad de que las personas de uno otro contexto nacional, materialicen sus objetivos individuales depende en buena medida de la cultura del Estado que rige su existencia.

Estados con una cultura basada en el control de sus ciudadanos, en decidir qué pueden y qué no pueden hacer, para los cuales el pueblo está al servicio de la burocracia; son Estados en los que por definición se dificultará materializar cualquier clase de meta individual. Por el contrario Estados cuya cultura se abstiene por completo de restringir los objetivos de sus ciudadanos, pone la felicidad colectiva por encima de todo, para los cuales la burocracia está al servicio del pueblo; serán Estados en los que resultará increíblemente fácil lograr propósitos propios.

Ahora bien, los Estados del primer tipo, los controladores, son por definición ineficientes en términos de su capacidad para proveer bienes y servicios, en general deben invertir buena parte de su tiempo y recursos en supervisar y controlar a sus ciudadanos. Los del segundo tipo, los facilitadores, son altamente productivos pues todos sus recursos están focalizados en producir bienes y servicios oportunos y de alta calidad.

En consecuencia, los Estados controladores demandan una parte importante del total de la producción privada, la cual expropian a través de onerosos impuestos mediante los cuales financian su existencia. No obstante, dada su marcada ineficiencia, dichos gravámenes resultan siendo un costo para los ciudadanos que en la práctica no supone ningún beneficio. En contraste, los Estados facilitadores cobran impuestos bajos que regresan a los ciudadanos en la forma de bienes y servicios altamente valiosos que facilitan notablemente sus actividades cotidianas.

Ahora, dado este contexto, vale la pena preguntarse qué tipo de Estado tenemos en Colombia, para evaluar de manera sencilla sus características podemos remitirnos a analizar algunas de sus decisiones, en dos aspectos cruciales para la cotidianidad de cualquier ciudadano como el transporte y la justicia.

Si pensamos detalladamente en un bien o servicio público de alta relevancia para el logro de los objetivos de cada ciudadano como las vías por ejemplo, podremos lograr algún grado de validación para los conceptos recién expuestos.

Nuestro país ocupa los últimos lugares en calidad vial, una situación como ésta sería afrontada por un Estado facilitador focalizando todos sus esfuerzos y productividad en construir nuevas vías de altísima calidad. Sin embargo, buena parte de las medidas para solucionar dicha problemática se han focalizado en controlar el comportamiento de los ciudadanos, por ejemplo, reducen drásticamente la velocidad de movilización con la esperanza de evitar que las personas terminen muertas gracias a que las actuales características viales son causantes directas de accidentes.

En las áreas urbanas las restricciones han llegado al punto de racionar el uso de las vías a través de la implementación de mecanismos de carácter permanente como el “pico y placa”, que le otorgan la posibilidad de movilizarse a algunos vehículos determinados días de la semana mientras que otros deben permanecer parqueados. En contraste un Estado facilitador dirigiría todas sus baterías a ofrecerle a sus ciudadanos todos los modos de transporte existentes de forma que quien quiera transportarse lo pueda hacer como y cuando quiera.

Además, Colombia es un país con serios y claros problemas para garantizar “el gobierno de la ley”, no obstante, para mitigar este fenómeno su Estado focaliza sus medidas en controlar excesivamente todas las actuaciones de sus afiliados, aspectos como el uso de armas, el registro de la propiedad, las reglas contractuales etc., son excesivamente regulados en un esfuerzo infructuoso por evitar irregularidades, cuando lo lógico sería concentrarse en garantizar una provisión de justicia rápida y altamente efectiva que garantice el respeto universal por parte del pueblo, de un conjunto de reglas simples y elementales.

En el marco de estos antecedentes, ires y venires de gobiernos de una y otra ideología, los cuales logran poco o nada en términos de mejorar nuestra felicidad; vale la pena preguntarnos qué Estado queremos: uno controlador e ineficiente que nos dificulte la vida o uno facilitador y eficiente que nos ayude a materializar todas nuestras metas individuales. Sin embargo, antes de encontrar la respuesta, no perdamos de vista que cualquier asomo de cambio depende de las acciones futuras que cada uno de nosotros emprenda.